5 febrero 1980

Blas Piñar anuncia la expulsión de los dos asesinos al saber que militaban en su partido

Terroristas fascistas asesinan a la joven estudiante Yolanda González Martín en Alcorcón

Hechos

El 2.02.1980 Dña. Yolanda González Martín fue asesinada en Madrid.

Lecturas

El 2 de febrero de 1980 la estudiante Dña. Yolanda González Martín fue asesinada por dos terroristas de ideología fascista, D. Emiio Hellín y D. Ignacio Abad, ambos militantes de Fuerza Nueva, partido del que fueron expulsados nada más conocerse su detención.

Sus cómplices en el crimen fueron D. Félix Pérez Ajero, D. José Ricardo Prieto y D. David Martínez Loza, este último era el jefe de seguridad de Fuerza Nueva.

ABANDONARON SU CADÁVER EN UN DESCAMBADO

YolandaGonzalez1 La golpearon, la dispararon a la cabeza y la arrojaron a un descampado.

LOS ASESINOS (DOS ARMADOS CONTRA UNA CHICA DE 19 AÑOS):

yolanda2 Emilio Hellín e Ignacio Abad, ambos fueron expulsados del partido político Fuerza Nueva por conocerse su implicación.

EL JUEZ INSTRUCTOR DEL CASO

varon_Cobos El juez de Instructor de la Audiencia Nacional, D. Ricardo Varon Cobos fue el instructor del caso. Fue muy criticado por la prensa por no procesar al jefe de Seguridad de Fuerza Nueva, David Martínez Loza, señalado por Hellín como ‘cerebro’ del asesinato.

12 Febrero 1980

La fuerza execrable

EL PAÍS (Editorialista: Javier Pradera Cortázar)

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La cadencia de asesinatos presuntamente protagonizados por organizaciones de extrema derecha merecen algunas disgresiones dentro del panorama general del terrorismo que padecen buena parte de los países europeos en general y España en particular. En las democracias parlamentarias se tiende siempre a esa utopía que procura erradicar toda violencia (incluida la posible violencia del Estado, que en tiempo de paz no debe contar con más coerción hacia los violentos que la de lajusticia).El terrorismo de ETA (que en sí mismo alberga diferenciaciones entre sus fracciones «militar» y «político-militar») o el de los GRAPO son perseguidos con mejor o menor acierto por el Estado y la justicia. Sin embargo, otros terrorismos, no menos execrables por pretender ser contrapuestos, encuentran todavía los flecos de antiguas complicidades y tolerancias a los que agarrarse, y son los que en verdad pueden erosionar la credibilidad de una sociedad democrática que no puede tolerar la venganza sin menoscabo de sus más caros principios; se trata de optar entre la justicia o los «justicieros», no entre un terrorismo u otro.

La creciente cadencia de asesinatos de jóvenes de difusa o concreta militancia izquierdista a manos de la extrema derecha (asesinatos que empiezan a equipararse en frialdad a los de los grupos terroristas antes citados), la parte de presunta culpabilidad que en su día se dilucidará sobre militantes o simpatizantes de Fuerza Nueva, la calidad de los arsenales hallados en poder de personas próximas a esta organización, exigen reflexionar a los poderes públicos -no menos que las declaraciones de sus líderes- sobre sus auténticos y últimos fines.

Esa misma reflexión es obvia sobre ETA o sobre el eterno misterio de los GRAPO; pero no es trivial acerca de una organización política fascista (el término «neofascista» ya es viejo hasta para los italianos, que lo acuñaron), que, junto con otras del mismo corte, obtuvo un escaño en el Parlamento en las últimas elecciones generales.

Lo más correcto que se puede escribir de tal partido y de su líder es que con su propaganda incontenida y demagógica engañan a algunos jóvenes e inculcan en su ánimo la idea aberrante de que el fin justifica los medios y de que la violencia es camino de regeneración social.

El asesinato de Yolanda González (réplica de los «paseos» tan denostados como practicados por el fascismo español) y el de Vicente Cuervo, el pasado domingo, en Madrid, piden algo más que la detención de los asesinos. Es precisa una investigación del Tribunal Supremo y del Congreso sobre las responsabilidades políticas parejas, que por acción u omisión pueden llegar a propiciar hasta el asesinato de aquellas personas que defienden (y lo pagan con su vida) las libertades constitucionales.

Fuerza Nueva debe clarificar sus archivos y definirse nítidamente ante los últimos asesinatos de la ultraderecha. Entonces podrá defender su opción «misma» sin que sobre ella caiga la sospecha objetiva de que han puesto un pie en el Congreso para procurarse una respetabilidad parlamentaria, mientras que mantienen el otro revolviendo en las tramas negras europeas. De otro modo seguirá siendo un partido execrable.

22 Febrero 1980

Un policía por encima de toda sospecha

EL PAÍS (Editorialista: Javier Pradera Cortázar)

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LOS RUMORES que empiezan a circular sobre las presuntas conexiones -sean relaciones o implicaciones- de uno de los inculpados en el asesinato de Yolanda González con miembros de los servicios de seguridad del Estado no podrán, evidentemente, ser tomados en consideración hasta tanto la investigación policial y la instrucción del sumario progresen y conviertan esas todavía inseguras informaciones en pruebas. Sin embargo, ese flujo de noticias, que se ha producido también con ocasión de otros crímenes o atentados de la ultraderecha, constituye, de por sí, un síntoma de la desconfianza de un amplio sector de la opinión hacia determinados departamentos policiales especializados, en el antiguo régimen, en labores de investigación, información y represión políticas.Las presuntas amistades peligrosas salidas a la luz en el juicio oral de la matanza de Atocha, y que establecen la familiaridad de trato entre algunos encausados por ese crimen y algún funcionario del Cuerpo General de Policía no hacen sino dañar el prestigio y el respeto de esa institución. Ya va siendo hora de decir que resulta inaceptable que el Gobierno fuerce a los ciudadanos a soportar unos servicios de seguridad incontrolables y en los que desempeñan responsabilidades personas sospechosas de desdén hacia los preceptos constitucionales y de estar relacionadas con opciones grupusculares de ultraderecha, so pena -según dicen- del desmantelamiento del necesario aparato policial para vigilar el cumplimiento de las leyes. Esa imprescindible labor de vigilancia para que la ley se respete tiene que comenzar por un examen de la aptitud de los vigilantes para cumplir con eficacia y lealtad sus deberes. Y a este respecto, la labor de muchos y muy buenos policías es a veces lamentablemente empañada por los errores (llamémoslos así) de determinados y concretos miembros del Cuerpo. El anterior ministro del Interior se empecinó en asociar la necesaria reforma del Cuerpo General de Policía, en función de la competencia profesional y la neutralidad política de cada cual, con una operación de depuración política, que nadie pidió nunca, pero que no hubiera sido legítimo solicitar habida cuenta de la triste y espeluznante historia de la Brigada Político-Social del franquismo. A esa decisión de negarse a una imprescindible operación de reajuste se unió luego la canonización del comisario Conesa, que había sido durante el anterior régimen un hombre de apasionadas y proclamadas convicciones políticas antidemocráticas, como puede testimoniar la larga lista de inquilinos forzosos de los calabozos de la Puerta del Sol que hoy se sientan en el Parlamento, o incluso en despachos ministeriales. Ese comisario Conesa, ya jubilado, del que el señor González Pacheco, alias Billy el Niño, parece ser discípulo.

Pero es que ni Conesa ni González Pacheco han sabido, por lo demás y por lo que se ve, unir a sus preferencias ideológicas y políticas, difícilmente compatibles con los valores propios de un régimen constitucional de libertades, el talento para la investigación y la eficacia profesional que, en última instancia, son las únicas cualidades que deberían haber justificado sus ascensos y sus destinos. Su único y misterioso acierto fue la resolución del caso Oriol-Villaescusa, y frente a ese acierto se pueden señalar no pocos errores y fracasos. Mientras tanto, el Cuerpo General de Policía ha demostrado, en los últimos meses, que su escalafón incluye a excelentes detectives y magníficos funcionarios capaces de realizar su labor con un escrupuloso respeto por las libertades ciudadanas y con magníficos resultados. Así, el comisario Francisco de Asís Pastor, para quien no existen asesinos de derecha y asesinos de izquierda, sino sólo criminales, resolvió en pocos días el enigma del Batallón Vasco Español y procedió a la detención de los autores del siniestro «paseo» de Yolanda González, como último listado de continuos éxitos «profesionales », entre los que cabe destacar la detención de los acusados por la matanza de Atocha y la de los del atentado contra la cafetería California. ¿Tan insensato sería utilizar la sabiduría profesional y la competencia de este funcionario a fin de organizar sobre bases más racionales nuestra policía? ¿O el Gobierno piensa seguir de nuevo el principio de premiar a los incompetentes con fulgurantes ascensos y castigar a los eficientes relegándolos al olvido?

El comisario Pastor va a ser jubilado, al parecer, a finales del próximo mes de abril por razones de edad. Sin embargo, esa nueva situación administrativa no sería obstáculo para que fuera designado a un alto cargo de responsabilidad en la policía. Suponemos que al Gobierno le interesa de verdad reducir esa preocupante brecha de confianza que separa a la opinión pública del Cuerpo General de Policía, abierta por hombres corno Conesa, y que perjudica tanto a la gran mayoría de los miembros del Cuerpo como a los ciudadanos y al propio sistema político. Y una buena prueba de ello sería, por ejemplo, que no prescindiera de la eficacia y la honestidad del comisario Pastor. Un hombre y un policía que se encuentra política y profesionalmente por encima de toda sospecha, y que cuenta con un equipo profesionalmente preparado, según ha venido demostrando.