ABC desvela la reunión de Carod Rovira con la cúpula de ETA forzado su dimision como consejero-jefe del Gobierno de Maragall

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, aceptó ayer la renuncia de su conseller en cap, Josep Lluís Carod, aunque de momento lo mantendrá en el Ejecutivo como consejero sin cartera. No es exactamente lo que había pedido Zapatero, la salida sin más del Gobierno, pero se le aproxima bastante y ése será el resultado por etapas. Porque el propio Carod anunció su intención de encabezar la lista de su partido por Barcelona para las legislativas de marzo, lo que le obligará a dimitir como consejero antes de la proclamación oficial de las candidaturas, el 9 de febrero. Y luego ya se verá. Una salida bastante florentina, que intenta compaginar la necesidad de hacer visible la asunción de responsabilidades políticas con la continuidad del Gobierno tripartito.

Carod se ha comportado de manera desleal, además de torpe. Su continuidad como conseller en cap y número dos de Maragall era imposible. Que quien ostenta esa responsabilidad se preste a «ser conducido» a presencia de los jefes de ETA -a quienes los policías a sus órdenes deben intentar detener-, y que lo haga a espaldas de quien le ha nombrado está por encima de lo tolerable, incluso si ello es condición para no romper una coalición que había despertado las esperanzas que mencionó Maragall. En realidad, las razones para destituir a Carod aumentaron tras su agresiva comparecencia de ayer, con claque incluida, y en la que vino a decir que lamentaba haber perjudicado al Gobierno tripartito, pero que lo volvería a hacer. Sus invocaciones a la paz, al diálogo y otras buenas intenciones, como si quienes combaten al terrorismo con las armas del Estado de derecho fueran partidarios de la guerra, son impropias de un político maduro.

La fórmula encontrada por Maragall no impedirá que el PP continúe su campaña de deslegitimación del Gobierno tripartito; pero eso es algo que habría ocurrido en cualquier caso: Rajoy ya había adelantado que no bastaría el cese de Carod y que lo que estaba en cuestión era la continuidad del Gobierno catalán actual. Ese Gobierno atraviesa una crisis que en el mejor de los casos tardará en superar. La solución que ha arbitrado Maragall terminará de hecho con la renuncia de Carod en breve. Su cese inmediato hubiera sido una salida más limpia a este embrollo, pero Esquerra Republicana no estaba dispuesto a sacrificar en estas condiciones al líder que en una década le ha llevado de la casi marginalidad política al Gobierno.

La iniciativa de Zapatero de exigir que Maragall modificase su primera decisión y aceptase la renuncia de Carod era lógica: el aval que había otorgado al experimento de Maragall, contra presiones diversas, le hacía acreedor a esa correspondencia, una vez producido uno de los supuestos de riesgo de la coalición. Pero además ha sido benéfica, pues ha favorecido la fórmula de salida pactada y a plazos del culpable de la crisis.

El «pueblo catalán debe decidir si hice bien hablando con ETA», ha dicho Carod. Es posible que muchos catalanes le den su voto el 14 de marzo, pero eso no le dará necesariamente la razón. Las elecciones sirven para decantar mayorías de gobierno, no para resolver dilemas morales o políticos como el planteado por su iniciativa. Seguramente habrá pocos ciudadanos que no compartan su mensaje: «Lo que yo quiero es que no haya más atentados». Y habrá muchos que le sigan en la idea de que lo mejor para acabar con la violencia es seguir «la vía del diálogo». Pero es responsabilidad de los políticos explicar que las cosas no son tan simples; que la experiencia nacional e internacional demuestra que con frecuencia ese diálogo sólo sirve para legitimar al terrorismo y estimular su continuidad.

Es lo que ha pasado reiteradamente con ETA. Cada vez que ha estado cerca de su derrota, ha habido samaritanos que, convencidos como Carod (EL PERIÓDICO de Catalunya, 28-1-04) de la «honestidad» de su actuación desinteresada, han ofrecido concesiones que los jefes terroristas han interpretado como prueba de la eficacia de la lucha armada para obtener fines políticos. Los terroristas alcanzan su primer objetivo cuando la gente honesta dice que hay que dialogar con ellos, es decir, ofrecerles ventajas políticas a cambio de que dejen de matar por una temporada o a un determinado sector de la población. Y alcanzan su segundo objetivo cuando esas mismas personas comienzan a decir que tan enemigo de la paz es el terrorista que pone una bomba en un supermercado como el Gobierno que no acepta dialogar con él. «En estos momentos», decía Carod el 25 de noviembre de 2000, «hay dos enemigos de la paz: ETA e inmovilismo intransigente y autista del PP»; y auguraba: «Si vuelve a haber un asesinato en Cataluña tendremos que salir a manifestarnos diciendo: ‘ETA, no; Aznar, tampoco». Eso lo dijo Carod cuatro días después del asesinato de Ernest Lluch; la siguiente víctima de ETA fue Francisco Cano, concejal del PP en Viladecavalls (Barcelona).

El problema no es, como parece creer Carod, que ETA se niega a retirarse porque nadie hasta ahora había sabido explicárselo bien a sus jefes. Seguro que no fue a Perpiñán para decirles que podían seguir atentando siempre que no lo hicieran en Cataluña. Sin embargo, convendría que aclarase si su actitud fue la misma que se desprende de un artículo que publicó en Avui el 31 de mayo de 1991y reprodujo El Periódico el 12-9-02: «Os lo dije ya hace medio año, en algún lugar de Euskadi, cuando en nombre de mi partido os pedí formalmente que no actuaseis más en mi país (…) Ahora sólo me atrevo a pediros que cuando queráis atentar contra España os situéis previamente en el mapa». Un reproche era que cada bomba de ETA en Cataluña es «un torpedo contra la línea de flotación del independentismo catalán».

Un independentista pacífico como Carod puede contribuir a acercar el fin de la violencia haciendo todo lo posible por deslegitimar a ETA. Por ejemplo, apoyando la ilegalización judicial del brazo político de esa organización, medida que sí parece haber sido eficaz para debilitar al terrorismo. El argumento del juez Garzón y de cuantos luego han seguido esa vía es que entre ETA y su brazo político no sólo existe identificación ideológica sino continuidad organizativa. Carod se ha pronunciado reiteradamente contra la ilegalización de Batasuna. ¿Estaría dispuesto a reconsiderar su posición si se demostrase que tal continuidad existe, de manera que un dirigente de Batasuna pudiera ser a la vez miembro de la dirección máxima de ETA? El hecho, si se confirma, de que uno de sus interlocutores fuera el ex diputado Josu Ternera ¿le suscita alguna duda al respecto?

Si es así, debería decirlo. Eso sí que sería una contribución a la causa de la paz. Porque lo que diferencia al terrorismo de otras formas de criminalidad es su pretensión de legitimidad. El consejero vasco de Interior ha admitido que con ETA se puede terminar por la vía policial y judicial, y el sustituto de Arzalluz al frente del PNV ha manifestado que «no hay paz por precio político». El mensaje que esos pronunciamientos transmiten contribuye a la deslegitimación de ETA. Al revés que la iniciativa de Carod.

Existe gran asombro en medios políticos y profesionales ante el hecho de que el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, haya sido incapaz de detectar el encuentro entre el independentista catalán José Luis Carod-Rovira, a la sazón ‘socio’ del Gobierno de Maragall y la banda terrorista ETA. La burla al Estado de Carod-Rovira, ante las narices de Zarzalejos, tiene más inri cuando este último no hubiera tardado ni un minuto en filtrar la noticia, como tiene por costumbre, a su hermano José Antonio Zarzalejos.

De todo este coro loco de voces destempladas que gritan «¡Al traidor!» (y Carod R. no lo es) se crea un escándalo y se tapan otros. Los verdaderos: que el centro de espionaje (CNI) tenga topos en Esquerra y los mozos de escuadra estén trufados de los mismos agentes que en Irak; que sigan a Carod, filmen y graben sus entrevistas, se las pasen al Gobierno y éste las infiltre al periódico más afín a su partido es mucho más grave; es lo grave de todo este asunto. Muestra un Estado policial; y ese Estado no actúa contra los etarras a los que descubre, sino contra el que va a pedirles paz.

Recuerda las operaciones del anticomunismo, cuando los perseguidos eran aparentemente los que hablaban con los comunistas: y se desmontaba una izquierda pensante y dialogante que se oponía a la guerra fría y a la que podía ser ardiente. No es casual que las voces unificadas de la política se lancen a la caza del zorro con trompas, caballos, jaurías y ojeadores, mientras el país está afligido por el aumento del paro -estadísticas de ayer-, el crecimiento del precio de la vivienda -cifras de cada día- y todo el peso negativo del año anterior, cuando estamos en plena campaña electoral de antes de la campaña electoral, que es otra anomalía de la anómala democracia.

Los dos grandes rivales -el «derbi» dicen los que no saben lo que esa palabra y aquel lord significan: incluyo la segunda acepción del Diccionario- actúan de consuno en este escándalo: los de Aznar, para ladrar contra la coalición catalana y culpar al PSOE, dividirlo, utilizar su miedo y su inseguridad; los de Zapatero, para huir de la contaminación del antiterrorismo, arma de Estado policiaco. Y caen sobre un público que tiene psicología de contemplador de fútbol con residuos de taurino. Si Aznar es el Nixon de Watergate, aquí nadie le echa –impeachment– del Gobierno.

¿El error de Carod R? No saber que el país es así; creer que, viajando sin escolta, la policía no sabría dónde iba; creer que una idea honrada de que se puede convencer a ETA de una tregua y una discusión lógica pueden hacerle ceder en el crimen (para eso ya está Imaz) y tener el desdén suficiente como para no pensar que iba a pesar sobre la campaña, sin conseguir nada. Errores como para no recomendarle como político. Pero puede ser muy mío el error: puede que, cabeza de lista en las elecciones generales, sea diputado en Cortes, votado por una buena mayoría catalana, y que su aspiración le permita salir de la Generalidad por su propio pie.

La oposición pidió ayer explicaciones al Gobierno sobre diversos aspectos relacionados con la reunión mantenida por el ya ex conseller en cap del Gobierno catalán, Carod Rovira, y ETA. No se cuestiona el derecho legítimo de un periódico a informar sobre un hecho de enorme interés público, sino la eventual utilización partidista de un informe de los servicios secretos (CNI). Sería extremadamente grave que desde la Presidencia del Gobierno, destinataria de este tipo de informes, se hubiera filtrado información reservada para obtener réditos electorales.

La sospecha no es gratuita. El PP ha centrado su campaña en torno a unos temas -prioridad de la lucha antiterrorista, riesgos para la unidad de España, vacilaciones del PSOE en su política de alianzas- que convergen en la consigna de que el cambio de mayoría sería peligroso. La noticia de los contactos de Carod, socio del PSOE en el Gobierno catalán, con ETA le hace gratis la campaña al PP. La cuestión es saber si ese efecto fue deliberadamente buscado mediante una filtración de efectos calculados: a mes y medio de las elecciones y el mismo día en que se inauguraba en Madrid el Foro Internacional de Víctimas del Terrorismo, en el que estaba prevista la intervención de Aznar.

El martes por la mañana, horas antes de que se conociera la salida dada por Maragall al conflicto, el candidato del PP, Mariano Rajoy, ya adelantó que el eventual cese de Carod no resolvería nada porque lo que «verdaderamente está en crisis» es el tripartito. El Gobierno de Maragall cuenta con la legitimidad de la amplia mayoría de 74 escaños que le respaldan. Cuestionar esa legitimidad por la desgraciada iniciativa de Carod es abusivo. Y sería algo más que eso si se demostrase que ese efecto había sido deliberadamente buscado con la rápida filtración de este encuentro, pues perjudica sobre todo a la lucha antiterrorista y dificulta la ya difícil tarea de los agentes del CNI.

La responsabilidad política de lo sucedido le corresponde en primera instancia a Carod, al que le ha costado el cargo de conseller en cap. Tampoco el Gobierno de Maragall y por extensión el PSOE han salido ilesos del caso, que aún guarda muchos puntos oscuros. Entre ellos, el uso que desde el Gobierno haya podido hacerse de un informe reservado del CNI, cuya filtración puede causar serios daños en la lucha antiterrorista.