En un momento de especial sensibilidad por los crímenes de violencia de género la opinión pública dictaminó desde el minuto uno que los cinco acusados eran culpables y que cualquier sentencia que se dictaminara sería demasiado blanda contra ellos

Caso ‘La Manada’: El juicio sobre si la relación de cinco chicos con una mujer había sido consentido o forzada desata indignación social

HECHOS

El 26.04.2018 se hizo pública por la audiencia de Navarra la sentencia en primera instancia a cinco hombres acusados de violación y abusos sexuales contra una mujer.

PROTAGONISTAS DEL JUICIO: 

 D. José Ángel Prensa, D. Alfonso Jesús Cabezuelo, D. Jesús Escuredo, D. Ángel Boza y D. Antonio Manuel Guerrero mantuvieron relaciones sexuales con una mujer. Grabaron imágenes del momento y se la pasaron entre ellos posteriormente en un whatsap común. En el caso de D. Antonio Manuel Guerrero le robó el teléfono móvil a la mujer.

LA DENUNCIANTE

La mujer denunciante reconocía en su declaración que ‘se sometió’, que en ningún momento dijo ‘no’ y que lo que ninguno de los acusados recurrió a la violencia física contra ella, justificando su actitud en el estado de ‘shock’ en que quedó ante la presión de grupo que suponía la presión de grupo de cinco personas frente a ella por lo que consideraba el caso como una violación.

JUECES

 Los tres jueces que formaban parte del tribunal que juzgó el caso en primera instancia fueron D. José Francisco Cobo, Dña. Raquel Fernandino y D. Ricardo González. El juez Sr. González hizo un voto particular recomendando la absolución de los acusados por considerar que en el propio testimonio de la denunciante acreditaba que no había sido una violación. Pero se impuso el criterio de los jueces Cobo y Fernandino, que consideraron que aunque no se pudiera hablar de violación por ausencia de violencia, sí se podía hablar de abusos sexuales por la presión coactiva de cinco personas frente a una mujer, por lo que condenaban a los cinco hombres a 9 años de prisión.

ABOGADOS:

 D. Carlos Bacaicoa, principal abogado de la denunciante y defensor del criterio de que la actitud de aquellos cinco hombres debía ser calificado como una violación. Solicitaba 24 años de prisión para cada acusado.

 D. Agustín Martínez Becerra, abogado de tres de los miembros de ‘La Manada’, defendió que sus acusados, aunque ‘imbéciles’ no habían cometido ninguna violación porque las relaciones fueron consentidas. Durante el juicio fue reiteradamente insultado y amenazado en redes sociales y por grupos feministas por quienes consideraban indigno que un abogado defendiera a ‘violadores’. El Sr. Martínez Becerra fue abogado en su día de acusados en el caso Arny.

 D. Jesús Pérez y D. Manuel Canales eran los respectivos abogados de los dos acusados restantes. También solicitaban la absolución de los mismos.

 

 

28 - Abril - 2018

En manada

Isabel San Sebastián

No sé qué me asquea más, si la defensa de la «manada» sanferminera, basada en invertir los papeles y presentar a la víctima como instigadora de su propio suplicio, o el hecho de que haya quien compre semejante mercancía pútrida. Desde la célebre sentencia de la minifalda no se oían cosas tan gruesas como las proferidas a las puertas de los juzgados pamploneses o las repetidas por ciertos «periodistas» abrevados con esa basura. ¿Tan enferma está esta sociedad? ¿Tan anclada en un pasado más próximo al medievo que al siglo XXI?

A ver, señores y señoras… ¡Podría haber sido mi hija o la de cualquiera de ustedes! Una chica de dieciocho años que acude a unas fiestas en las que reina el alcohol, se pasa con las copas (o con lo que quiera que tomase, es completamente irrelevante a los efectos que nos ocupan) y se encuentra de pronto frente a frente con cinco hombres hechos y derechos que prácticamente le doblan la edad. Cinco tipos que se contemplan a sí mismos como lobos, a juzgar por el nombre con el que han denominado a la pandilla, y actúan en grupo, todos a una, cual jauría en busca de una presa fácil en la que desahogar sus bajos instintos. Cinco bestias. ¿Qué otro calificativo cabe aplicar a cinco varones adultos, en pleno uso de sus facultades, que introducen en un portal a una mujer recién salida de la niñez a la que acaban de conocer, la someten a prácticas que resultarían aberrantes incluso en una película de porno duro, le roban el móvil y la dejan abandonada, en estado de shock, para seguir la juerga hasta que el cuerpo aguante? Mientras no haya sentencia firme no me es posible tildarles de criminales o violadores. La justicia dirá. Nadie me impedirá, sin embargo, tacharles de lo que son: bárbaros, infames, salvajes, cerdos, canallas, miserables hijos de Satanás. Y tampoco nadie me moverá del lado de esa muchacha, podría haber sido mi hija, sometida al doble calvario de pasar por esa experiencia terrible y verse obligada a revivirla tiempo después en la sala de un tribunal, trasladada a la plaza pública, donde lo que parece juzgarse no es la gravedad de los hechos sino su culpabilidad. ¡Inaudito!

«Si no dijo expresamente no, estaba queriendo decir sí», sostiene en resumidas cuentas el abogado contratado para conseguir la absolución de ese tropel lobuno. «Si no dijo expresamente sí, estaba diciendo no», responde con inapelable lógica el letrado de la víctima. Ahí es donde se pervierte la naturaleza del proceso para colocar el foco sobre la agredida, obligándola a rebatir los cargos que van cayendo sobre ella: provocación al ataque, conducta impropia ante sus verdugos, invitación a la violación, complicidad con los agresores, consentimiento de los abusos sufridos… ¿Debe probar la víctima de un robo que no deseaba regalar sus bienes al ladrón? ¿Y la de un atentado que no simpatiza con los terroristas? La violación es el único delito que obliga a quien lo padece a demostrar su inocencia.

Hoy entra en su fase final el juicio que ha sentado en el banquillo a los acusados de perpetrar una agresión sexual en manada durante las fiestas de San Fermín. La última palabra será para el defensor, empeñado en convencernos de que la chica, podría haber sido mi hija o la de cualquiera de ustedes, deseaba ardientemente participar de esa violencia. Para desacreditarla. Bien está que respetemos la presunción de inocencia y el derecho de todo imputado a una defensa justa, pero permítanme que sienta náuseas ante el hedor de esa porquería.

28 - Abril - 2018

Una indignación social que exige temple político

EL MUNDO (Director: Francisco Rosell)

LA CONDENA por abuso sexual a los cinco integrantes de La Manada ha causado un hondo impacto social de difícil parangón. A diferencia de otros sucesos de calado conocidos con anterioridad, en esta ocasión a la ola de indignación provocada por la Audiencia de Navarra a causa de no apreciar el delito de violación –pese a que en los hechos probados hace constar de manera explícita y detallada el sometimiento de la víctima– se ha unido una inédita movilización ciudadana y la unánime crítica política a un fallo discutible cuyo voto discrepante contiene expresiones humillantes e inapropiadas hacia la víctima.

Las protestas en las principales ciudades españolas aportan una novedad sustancial con respecto a otros casos que han suscitado escándalo social. Es la primera vez que las calles se llenan de mujeres y hombres para exigir no sólo la revocación de una sentencia, sino la modificación del Código Penal para agravar los delitos relacionados con agresiones sexuales. Resulta imposible no vincular esta reacción con la sensibilidad alrededor de las reivindicaciones de igualdad, cuyo epítome se materializó en las multitudinarias marchas del pasado 8 de marzo. Los jueces tienen la obligación de aplicar las leyes mientras que el deber de los ciudadanos, incluidos los representantes políticos, es acatar y respetar las decisiones de los tribunales. La ciudadanía no puede condicionar la labor de los magistrados hasta el punto de practicar una suerte de veredicto social impropio de un Estado de derecho.

El fallo de la Audiencia de Navarra sentencia a los acusados a nueve años de prisión por abusos sexuales. No es una condena baladí en términos derecho comparado teniendo en cuenta que la pena por homicidio alcanza la decena de años. En todo caso, el rechazo de amplios sectores sociales se debe al descarte de la condena de 18 años de prisión por agresión sexual, que exige penetración no consentida y que haya violencia e intimidación. Los hechos probados se basan en la versión de la denunciante: los cinco acusados la penetraron vaginal, anal y bucalmente sin su consentimiento libre. Sin embargo, el tribunal admite que existió prevalimiento y no intimidación, lo que resulta cuestionable teniendo en cuenta la superioridad física de los cinco hombres –entre ellos, un guardia civil y un militar–, el “sitio angosto” en el que se cometió el delito y el hecho de que ella estuviera ebria. Aunque no mediara violencia por no concurrir golpes u otros actos de fuerza física, las circunstancias reflejan una intimidación que anula cualquier resistencia y que supondría agresión sexual.

Desde luego, todo acceso carnal no consentido es violencia en sentido general. Sin embargo, la realidad es que la ley exige acreditar la falta de consentimiento en delitos relacionados con agresiones sexuales. Se puede disentir de la interpretación de los jueces, pero lo que resulta inaceptable es desacreditar a todo un tribunal por no dictar una sentencia a golpe de tuit o de emociones. En tal caso podríamos someter la arquitectura jurídica de nuestra democracia a la voluntad de las masas.

La discrepancia mostrada por los principales líderes políticos, a rebufo de la ola ciudadana, obedece a una reacción de corte populista. El Gobierno se ha abierto a revisar la tipificación de las agresiones sexuales, pero no parece que este contexto sea un buen momento para revisar los tipos penales en esta materia. Primero porque la Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá la sentencia. Y, segundo, porque legislar en caliente –pese al comprensible enojo ciudadano por la gravedad del delito enjuiciado– supone un atajo inadecuado. Las agresiones sexuales constituyen una lacra que merece el máximo repudio social. Corresponde al legislativo evaluar si el reproche penal debe endurecerse. Entretanto, lo que erosiona el Estado de derecho es pretender que los juicios se diriman no en función de la ley, sino al arbitrio de la calle y los platós de televisión.

29 - Abril - 2018

Una sentencia en soledad

Manuel Jabois

El pasado jueves, a las 13.15, José Francisco Cobo leyó en una sala abarrotada una sentencia con la que solo estaba de acuerdo él. Sucedió en una Audiencia llena de abogados y fiscales que salieron barruntando recursos. Ante un público que bufó nada más levantarse de la silla. Escuchando la reacción de 200 personas que gritaban en contra. En una ciudad, Pamplona, en la que se colgaron muñecos con sus caras. En un país en el que las calles se llenaron a las pocas horas para protestar airadamente. Durante los 21 minutos que tardó en leer la sentencia, con los silbidos colándose en la sala, las acusaciones mirándole estupefactas, las defensas compungidas y el público tuiteando furioso, José Francisco Cobo supo lo que era estar solo de verdad.

Podría pensarse que el juez y su compañera, la magistrada Raquel Fernandino, tenían el apoyo de los que pensaban que no había habido agresión sexual, pero tampoco: el voto discrepante de su tercer compañero de tribunal, Ricardo González, era una bomba nuclear preparada a lo largo de cinco meses y utilizada rápidamente por los que se inclinaban por creer a La Manada. Se trata de un voto extraordinariamente armado que ocupa 237 folios de 371, y que sorprende por la abundancia de adjetivos, deducciones personales y, sobre todo, una implacable dureza contra sus compañeros de tribunal. Les acusa de un “sesgo voluntarista para poder justificar mejor su decisión de condenar a los acusados por un delito de abusos sexuales con prevalimiento”, sesgo que “se acrecienta” al valorar los vídeos; cuesta diferenciar ese “sesgo”, si se hubiera producido, de la prevaricación. Del mismo modo, cita González al Tribunal Supremo: “El discurso judicial nunca puede ser vicario de la voluble y a veces evanescente opinión pública. Con frecuencia se ha de remar a contracorriente”. Unas consideraciones que el Supremo hizo a propósito del asesinato del alcalde de Fago (Huesca) a manos de Santiago Mainar.

“Esos compañeros de tribunal seguirán, después de este juicio, recibiendo casos de agresión sexual, y de otro tipo, para juzgarlos juntos. Ellos verán cómo se componen después de esto”, dice un buen conocedor del mundo judicial en Navarra, que afirma no haberse encontrado nunca con un voto particular “tan abierta y contundentemente discrepante del resto, con valoraciones tan duras”. No es el primero de González: en los últimos cinco años ha emitido tres votos particulares en otras tantas sentencias. No hay un patrón ni un sesgo; él fue el magistrado que formuló las preguntas al jurado y firmó el veredicto de absolución de Pilar Marcos, acusada de matar a su marido tras sufrir 40 años de violencia machista; la decisión fue recurrida, se pactaron finalmente tres años y un indulto confirmó que Marcos no entraría en prisión.

José Francisco Cobo, el presidente del tribunal que juzgó a La Manada, puede ser, según quienes conocen y siguen su trabajo, “demasiado jurista, demasiado enciclopédico y quizás cuadriculado”, hecho por el cual en la sentencia, confrontando las versiones de él y Fernandino con la de González, “comunique” mejor la de este último, un juez obsesivo y detallista, que ha hilado estos últimos meses un voto contrario lleno de referencias y entrecomillados de las declaraciones de la víctima, tratando de convertir varias de sus contradicciones, que podrían pasar como naturales en su contexto, en pruebas definitivas contra ella. Por otro lado, la sentencia es una derrota absoluta de las acusaciones particulares y del juez instructor, explican fuentes judiciales. “Su manera de acusar y de asesorar, unido al estado de confusión de la chica el día de la declaración, y a un juez instructor que quiere instruir casos a velocidad de vértigo, nos lleva a esta entelequia”.

González, Cobo y Francisco Goyena formaron, durante muchos años, el tribunal de la sección segunda de la Audiencia de Navarra. Cobo fue, en 2010, el primer juez de España que dictó un auto en el que ratificaba la decisión de una jueza de aplicar la dación en pago y responsabilizar a los bancos de la crisis y del drama de miles de familias. Raquel Fernandino, la jueza que forma parte ahora de la terna, tomó posesión en 2015 tras la marcha de Goyena. Cuatro años antes se había incorporado el juez Ernesto Vitallé, que fue sancionado seis meses por acumulación de retrasos en las sentencias. Unos retrasos, por otro lado, famosos en la sección segunda, y que ahora han tenido en vilo a las partes en el caso del juicio a La Manada, especialmente porque los acusados se encuentran, desde verano de 2016, en prisión provisional.

No ha habido, sin embargo, nada que haya provocado tanta atención como el juicio de La Manada. En diversos foros judiciales se incide en dos aspectos: la posibilidad de que este tipo de juicios sea público para que de este modo todo el mundo tenga acceso a testimonios y pruebas, a pesar de que así se sacrifique la intimidad de los acusados; o, por el contrario, que no haya, como en cualquier juicio rutinario, ninguna medida extraordinaria, como en el caso de la lectura pública y retransmitida por los medios de comunicación de la sentencia. Entre distintas asociaciones de jueces hay un fuerte malestar por las críticas recibidas por el estamento judicial. Un ejemplo: “Es fácil distinguir entre el bien y el mal. Cualquier persona está en condiciones de trazar esa distinción. Si los jueces no actuamos en consecuencia es simplemente porque somos cómplices del mal, pues ese saber está al alcance de cualquiera”.

Conclusiones escandalosas
En el caso de la Manada, una gran mayoría de la opinión pública pedía agresión sexual de acuerdo, primero, a la versión de la víctima y, después, tras leer los hechos probados y reconocidos por el tribunal; una minoría, absolución. La mañana del jueves José Francisco Cobo y Raquel Fernandino sentenciaron que lo que ocurrió en un habitáculo de un portal de la calle Paulino Caballero de Pamplona el 7 de julio de 2016 no había sido una violación ni una relación deseada por la chica, sino un delito de abusos sexuales. Sostenido por unos hechos probados que daban la razón en todo a la versión de la víctima, que había sido penetrada varias veces. Lo que el tribunal venía a decir era que los hechos habían ocurrido como la víctima contaba, pero equivocaba la definición: no la habían agredido, sino abusado de ella. Porque no había habido intimidación o violencia.

Se trata de un debate complejo y un caso infernal con varias conclusiones escandalosas que afectan a millones de mujeres; quizá la mayor de ellas sea el hecho de que tres magistrados de un tribunal no se ponen de acuerdo, tras ver los vídeos y escuchar a todas las partes, en qué es un abuso sexual y qué una orgía.

29 - Abril - 2018

¡Jueces, firmen!

Arcadi Espada

Mi liberada:

Los socialistas de Valencia, siempre a la vanguardia de la corrupción, han hecho correr el animalito del veredicto social, a propósito de la sentencia contra la que nuestro Tadeu ha llamado en feliz paronomasia La Manada Mamada. Dicen los socialistas que la sentencia no recoge el veredicto social y quieren decir que hubo violación y que los jueces no la han considerado. La palabra veredicto está ajustada al caso. Es frecuente que en castellano se confunda con sentencia cuando veredicto solo alude al fallo del jurado, que no se traduce en núcleo de la sentencia hasta la redacción y firma del juez. Pero ya digo que se adecua al caso y describe con exactitud lo que está sucediendo en el ambiente moral español. Los jueces han quedado reducidos a la firma. El pueblo dicta el veredicto y ellos (o mejor ellas: juzga la calle y por sufragio cualificado) añaden algunas consideraciones técnicas destinadas a disfrazar la evidencia del dictado. Y que cumplen también una interesante función de distracción en el doble sentido del término. Los jueces españoles –¡y qué decir de los alemanes y su ingeniosa violencia necesaria!– escriben en código fuente para que los rábulas se den luego en los periódicos a la interpretación y a la bebida. Una sentencia española ha dejado de ser el claro, seco, sintáctico y comprometido relato de la verdad para convertirse en un piélago de justificaciones en torno a los hechos que se juzgan, y lo que es peor, en torno a muchos otros que no se juzgan y que nutren el llamado veredicto social.

De ahí que resulte admirable el particular voto que este nuevo héroe civil, el juez Ricardo González, ha incrustado en la sentencia y donde pide la absolución de los condenados. Su poder de convicción radica en la brutal exposición de los hechos a través de una prosa con el tacto inexorable del proctólogo que explica una enfermedad. Las circunstancias le obligan. El documento fundamental del caso es una grabación de vídeo de 96 segundos hecha con un teléfono móvil que recoge parte de lo que sucedió entre los hombres y la mujer. Este vídeo solo han podido verlo el juez y las partes, lo que obliga a describirlo, porque las sentencias se escriben para la instrucción y ejemplo del pueblo y deben ser comprendidas por él. Tal vez por eso el editorial de este diario decía ayer que el voto discrepante contenía “expresiones humillantes e inapropiadas hacia la víctima”. Es el problema, a veces, de la verdad y de juzgarla: que es humillante e inapropiada. Tiene interés subrayar que, en este caso, el veredicto social se ha conformado más desprovisto aún que de costumbre de la realidad fáctica. Es decir, sin haber visto el vídeo. Al margen de la discusión sobre la existencia de abusos el vídeo solo exhibe públicamente conductas privadas. No documenta, por poner un ejemplo, el instante de un asesinato, sino banales movimientos del sexo entre humanos. Y son meditables las razones de que haya permanecido secreto y blindado a la curiosidad y el escarnio públicos, en un país donde todo está expuesto, incluidas las muestras de una patológica conducta cleptómana. Se aduce, obviamente, la necesidad de proteger de la cruda objetividad de la imagen los derechos de la víctima y de los acusados. Pero es una razón débil: las caras podrían velarse. Es probable que la dura objetividad sea la causa del secreto.

El voto particular es igualmente tajante no solo en la descripción de los hechos, sino en la aceptación de las conclusiones a que obligan los hechos. Es un voto hijo de la inducción a diferencia del carácter deductivo de la sentencia. En el fondo del voto particular hay una frustrante pero impecable conclusión: dadas las circunstancias de aquella madrugada de Pamplona no es posible determinar si los cinco hombres forzaron la voluntad de la única mujer. El veredicto social dice #yoestuveahí, pero el juez sabe que es mentira. Sabe que ni siquiera C –con un gramo de alcohol en sangre– estuvo ahí. Para ser coherentes con su relato de los hechos –entre el relato mayoritario y el discrepante no hay más que la discrepancia sobre un gemido, dolor o placer, cómo interpretarlo– los jueces que condenaron habrían resuelto que hubo violación. Pero tampoco confían plenamente en los hechos que describen. Por esa rendija de incertidumbre se cuela el veredicto social, que exige la condena prevista para las violaciones. El resultado es que la verdad se convierte en una negociación, en una equidistancia. Y los jueces acaban sentenciando, inconcebiblemente, que C quedó un poco embarazada.

La apariencia de ecuanimidad de la sentencia no ha aplacado la ira del pueblo. Ese pueblo, hoy dominante en la conversación española, para el que la violencia de Alsasua fue una discusión de bar, que acepta legislar en caliente según sea el carácter de los acusados (se comprenderá que no es lo mismo una mujer, y negra, e inmigrante, que un hombre, y blanco, y guardia civil) o que acepta como un acto ejemplar de libertad de expresión quemar en efigie al jefe del Estado, lo que no sucede en ninguna democracia seria del planeta. El pueblo está en su fumadero, donde ha estado siempre. Como decía ayer Sebreli en El País, ya no es la religión, sino los medios, su opio. El problema son las vaharadas mefíticas que se filtran por las ventanas. Y la mejor expresión de hasta dónde llega la alucinación colectiva es la reacción de tantos políticos españoles a la sentencia que condena a nueve años de cárcel –uno menos que por homicidio– a La Manada. La reacción importante no es la que se pone a disposición del pueblo alzado en red para cambiar la ley a su gusto errático. En lo que respecta a los planes automáticamente genuflexos del Gobierno Rajoy, esto puede no ser más que otra manifestación de su cinismo ya terminal. La desmoralización auténtica cunde al oír a dirigentes políticos decir que como tales respetan la sentencia, pero que como ciudadanos, padres, hijos, hermanos la rechazan profundamente. No recuerdo un caso en que la ley, en que su defensa ¡y la legítima emoción de su defensa!, hayan caído tan bajo en España. De la izquierda nada hay que esperar ni es novedad en este sentido. La posición de la izquierda quedó descrita en aquellas palabras de la alcaldesa Ada Colau cuando dijo que solo acataría las leyes que le parecieran justas. Aunque expresada con ingenuidad menor esto es lo que piensa y hace la izquierda española con la ley. Más sorprendente es que PP y Ciudadanos se vean obligados a decir el día no lejano en que se condene a los integrantes del gobierno presuntamente criminal de Cataluña que respetan la sentencia como políticos pero la rechazan como ciudadanos. ¿Es capaz de percibir quien suelta esa inepcia en qué lugar deja a la ley, a la política y a la propia democracia? ¿No comprenden que la ley es el punto de intersección entre el político y el ciudadano, entre los intereses particulares y los intereses generales, y hasta la sutura, si quieren emplear este lenguaje dualista, entre la emoción y la razón? Cualquier ciudadano puede criticar una sentencia. No es preciso que sea experto en Derecho. Basta con que razone. Pero ningún ciudadano puede rechazar una sentencia. La ley se critica, pero no se rechaza, porque detrás del rechazo solo aguarda la implacable jungla sentimental.

España necesita un voto particular. Pero no hay a quién dárselo.

Y tú sigue ciega tu camino.

28 - Abril - 2018

No, señor juez, no

Lucía Méndez

A la atención del Ilmo. Sr. Ricardo González, Magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra.

“Señor juez, con la venia. He leído atentamente el voto particular discrepante emitido por Su Señoría en la sentencia que condena a los cinco acusados de La Manada por abuso sexual continuado contra una joven en los Sanfermines de 2016.

Puesto que carezco de formación jurídica, respeto su interpretación del Código Penal para pedir la absolución de este grupo de machos a los que una joven de 18 años condujo hasta un portal angosto con el fin de excitarse sexualmente en un ambiente de ‘jolgorio’ y ‘regocijo’. Según sus mismas palabras. Llama la atención, es verdad, que S.S. tenga una visión tan distinta de sus dos colegas de Sala, que han condenado a los acusados a nueve años de cárcel. Cada juez es un mundo. En sus manos está la interpretación del Código Penal. Santo y bueno.

No. No es del Código Penal de lo que yo quería hablarle. Es de la vida. De las mujeres. De su dignidad. Del respeto a la intimidad. Del derecho de las víctimas que acuden a pedir justicia a no ser insultadas en sus textos jurídicos. Usted tiene derecho a pedir la absolución de La Manada. Pero no a degradar, humillar, ofender, ultrajar y hacer escarnio de una mujer que denuncia haber sufrido una violación. Puede usted considerar que los hechos no merecen castigo penal. Lo que de ninguna manera es asumible, ni aceptable, sino vergonzoso, es que S.S. aprecie “regocijo” y “jolgorio” en el mismo portal donde la víctima se sintió violada. Me permito recordarle cómo define ambos términos la RAE. ‘Regocijo: Alegría intensa o júbilo. Jolgorio: Fiesta, diversión bulliciosa’. Piénselo. ¿De verdad alguien puede creer que esas prácticas sexuales de los machos que se detallan –hasta extremos ciertamente llamativos– en su voto particular fueron jubilosas para la víctima? No necesitaba atacar la dignidad de esta mujer para absolver a sus agresores.

Usted puede considerar –con el Código Penal en la mano– que no la violaron. Pero le digo, no se me ocurre ninguna razón por la que una joven denuncie una violación si en realidad los cinco machos de La Manada le proporcionaron el placer y la “excitación sexual” que refiere en su texto. Con la venia, esas consideraciones suyas son indignas, indecentes y obscenas. No, señor juez, no. Las mujeres no disfrutan siendo violadas. Y por eso salen a la calle. No porque hayan sido atacadas por el virus del populismo salvaje”.

05 - Mayo - 2018

Psicología de «La Manada»

Enrique Rojas

Hablamos de individuos con una gran falta de valores, que no tienen ni referente ni remitente, que buscan el placer sexual inmediato sin la más mínima afectividad, con una atronadora ausencia de modelos de identidad

Casi todo el mundo está centrado en la sentencia de este grupo infame. Para un psicólogo o un psiquiatra el hecho principal es intentar indagar ¿qué pasaba por la cabeza de este quinteto, cuáles eran sus motivaciones, qué pensaban cuando salieron de Andalucía e iban camino de Pamplona a celebrar las fiestas de San Fermín, qué llevaban dentro?

Esta gente se representa a sí misma. Eso está claro. Ellos no son toda la juventud, sino una parte. Una parte relevante que merece la pena analizar. Se trata de un grupo roto, sin fundamentos morales, muy destruido, que convierte a la mujer en objeto de placer y si el alcohol está por medio a dosis altas, sale de ellos el instinto básico y primario, que es el consumo de sexo, pero rebajando a la mujer. Es la cosificación de la mujer, convertida en cosa. Esta es una sociedad en la que con cierta frecuencia, las personas son utilizadas como si fueran cosas. Y el acto sexual o el contacto físico es degradante. Los médicos sabemos que el alcohol destilado (ginebra, ron, wiski, etc., son de alta graduación) es un potente desinhibidor y el resultado final es un comportamiento en donde se pierde el control de uno mismo y asoma la parte animal y básica de la persona.

Me ha sorprendido el silencio psicológico que hay en torno a esos cinco sujetos. Pocos hablan de la psicología de «La Manada» y se centran en la sentencia y sus muchos matices. Hablamos de individuos con una gran falta de valores, que no tienen ni referente ni remitente, que buscan el placer sexual inmediato sin la más mínima afectividad, con una atronadora ausencia de modelos de identidad… Ellos no han llegado hasta aquí por casualidad, son la consecuencia de una cierta parte de los jóvenes perdidos, desorientados, sonámbulos de criterios, que producen pena, bochorno e irritación. Son portadores de una conducta ruin, penosa, hueca, vacía de cualquier contenido humano y que con el concurso del alcohol, el descontrol está servido en bandeja…

Pero hay un texto y un contexto. Vivimos en una sociedad hipersexualizada, en donde la pornografía se ha convertido para muchos jóvenes en la gran educadora, a la que se puede acceder con una sencilla aplicación en el móvil y que internet está a la vuelta de la esquina. Las revistas pornográficas clásicas se han hundido, pues ya no es necesario ir al quiosco y comprarlas, sino que el acceso es inmediato a través de esas otras vías. La pornografía es demoledora, pues presenta un sexo inmediato, sin compromiso, a la carta y que destruye su grandeza y su profundo sentido dentro del mundo de los sentimientos… y crea una adicción que es más grave que la adicción a la cocaína, pues afecta a unos circuitos cerebrales, muy difíciles de borrar… e invita mentalmente al consumo de sexo, que rebaja a la persona y la convierte en animal.

Esta sociedad que nos ha tocado vivir en la falda del siglo XXI es muy compleja. Llena de grandes avances técnicos, en otras épocas insospechados, en muchos campos: la medicina, las ciencias, los medios de comunicación, el transporte… y al mismo tiempo que ha perdido el rumbo sobre el sentido de la vida en los grandes asuntos: el amor, la familia, la dignidad de la persona y con dos grandes notas negativas envolviéndolo todo: la permisividad y el relativismo; todo vale y ya nada es bueno ni malo… estamos en la posverdad. Ese es a mi juicio buena parte del entorno en el que nos movemos.

Una sociedad herida por la permisividad y el relativismo y anestesiada por los medios de comunicación. Sin saber de dónde viene ni adónde va. Un ser humano que flota según las modas y los vientos del momento. Sus vidas son como un sótano sin vistas. La sombra del ciprés es alargada: porque una cosa es no tener tabúes (lo que es bueno) y otra cosa, no tener criterio (que es fatal). Porque la moral es el arte de vivir con dignidad. La ética es el arte de usar de forma correcta la libertad. En «La Manada» esto brilla por su ausencia. Mucha gente se centra en la sentencia, yo me voy a la raíz de por qué todo esto sucede. Los psiquiatras rastreamos el origen del comportamiento, yendo a las causas y motivos. En medicina hay dos tipos de tratamiento: sintomático, que va a la sensación que tiene el paciente; si hay dolor, un analgésico; si hay fiebre, un antipirético; si hay molestias digestivas, un protector gástrico. El otro tratamiento es etiológico, que es el mejor, porque va a la raíz de lo que lo ha producido, tratando de poner remedio a ese origen.

Educar es convertir a alguien en persona. Educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Educar a una persona es introducirla en la realidad con amor y conocimiento. La educación sexual es enseñarle a alguien a gestionar su vida emocional con orden, jerarquía y capacidad para la entrega en el mejor sentido de la palabra. De forma moderna, abierta, liberal…pero sólida y con unos principios antropológicos firmes y de respeto al otro. La sexualidad bien entendida es el lenguaje del amor comprometido. La sexualidad es la parte física del amor. El sexo sin amor se devora a sí mismo. ¿Cabe preguntarse qué habría sucedido si la víctima de «La Manada», al igual que muchas otras víctimas de los cientos de manadas que pueblan nuestra sociedad occidental, hubiera consentido ese tipo de relación/agresión sexual? ¿Media España estaría hablando de ella? He aquí la cuestión fundamental. ¿Cualquier aberración depende hoy en día casi exclusivamente de la existencia o no de consentimiento?

Termino. Ese binomio de la permisividad y el relativismo hace estragos. Como Saturno devorando a sus hijos, esta es una sociedad que fomenta lo que luego condena.

05 - Mayo - 2018

Yo no te creo

Tribuna de Cartagena (Director: Josele Sánchez)

Las caras y los nombres de los oficialmente “no violadores” han sido difundidas hasta la saciedad, dañando para siempre sus vidas personales. Por el contrario nada se ha dicho de la oficialmente “no violada”, una joven madrileña de 20 años, estudiante de Ingeniería Química en la Universidad Rey Juan Carlos, llamada (…) y cuyas redes sociales no evidenciaban, precisamente, la vida de una mujer recatada: a mí no me gustaría ver una imagen de mi hija en instagram con una camiseta con un letrero que diga: “Hagas lo que hagas, quítate las bragas”.

Mira, niña… ¡yo no te creo!, precisamente porque tengo una hija de 18 años, precisamente porque respeto a cualquier mujer, porque soy hijo de mujer, padre de mujer y hermano de mujeres, precisamente porque no tolero ningún abuso de los muchísimos que se producen contra las mujeres, precisamente porque comparto absolutamente ese eslogan que se está gritando en todas las manifestaciones de mujeres (mujeres manipuladas por la opinión pública en tu defensa) de “NO ES NO.

Pero es que tú, niña, no dijiste “NO” en ningún momento.

Como tú mismo reconoces durante las instrucciones, a ti te entra un vacilón del tres al cuarto y – acaso borracha perdida, eso no lo sé y es cuenta tuya – le contestas aún más vacilona: “¡Yo puedo con los cinco!”.

Y como se demuestra durante el juicio oral, te vas – por tu propia voluntad – con los cinco ‘mascachapas’ al a búsqueda de una habitación para follar. ¿O la habitación era para echar una partidita de cartas?

Y las cámaras del hotel recogen que mientras los chavales están intentando alquilar la habitación, tu permaneces unos pasos atrás – como avergonzada ante el conserje – pero tranquila. No echaste a correr ni pediste auxilio, porque ibas a los que ibas, a pegarte una pasad de orgía y desenfreno con cinco desconcocidos.

No voy a entrar en detalles que están más que explicados en el voto particular de un magistrado honesto, por mucho que hasta el imbécil del ministro de Justicia se invente que el juez tiene problemas y lo ponga a los pies de los caballos. ¡Cómo será de profesional este magistrado que hasta las mujeres jueces de Navarra se han manifestado a su favor…!

Yo no te creo, porque el hecho más evidente de que estos cinco impresentables ‘machitos’ sean vulgares, nada hombres y despreciables, no justifica que sean unos violadores.

Y, efectivamente, como reconoce la sentencia, no te violaron.

Pero, aún más, tampoco creo que se pueda llamar abuso al acto sexual consentido. Irse con cinco tipos a un hotel – repito – no es para jugar a las cartas. Quisiste ir de guay y tener una experiencia de liberación femenina de esas de la que tnato se habla – e incluso se aconseja ahora con la ‘ideología de género’ o llevabas tal borrachera que, en lugar de cantar Asturias patria querida – como debería hacer cualquier joven normal cuando se emborracha – decidiste montártelo con cinco macarras de mierda.
Por mucho que el lobby feminista se nos meta hasta en la sopa y haga que baile a su son la justicia, el miserable ministro Catalá, presentadores de televisión, actrices, cantantes, grandes intelectuales como Lucía Extebarría, partidos, sindicatos, aficionados del fútbol, colectivos LGTBI y la madre que los parió a todos, niña. Yo no te creo.

Marcos Larrazabal

Nota del Director de Tribuna de Cartagena:

Clara, yo tampoco te creo. No es que no crea que fuiste violada (eso ya lo deja claro la sentencia) es que, discrepando de la sentencia de los jueces (hecho perfectamente lícito) tampoco creo que sufrieras abuso y también estoy convencido -tal y como reza el voto particular del juez Ricardo González- que disfrutaste con la orgía que libremente te decidiste montar con cinco auténticos impresentables.

Que no me vengan con el cuento de los hombre malvados. Si alguien hace algo por las mujeres es La Tribuna de Cartagena, denunciando redes de pederastia, denunciando violaciones aunque los autores sean musulmanes, poniéndonos en la piel de las miles de mujeres que sufren de verdad agresiones sexuales y a quienes insulta una víctima que -tal y como reconoce la sentencia- mintió sobre su violación.

Así que la opinión de La Tribuna de Cartagena queda clara con este Editorial firmado por su director.

Josele Sánchez

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