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Tras haber estado negando durante meses su participación con los GAL, ahora reconocen que sí participaron, aunque sólo en el secuestro de Marey y siempre por indicaciones de Barrionuevo y el secretario de Estado, Rafael Vera

Damborenea y Sancristobal cambian su versión acusan a Felipe González y a Barrionuevo de ser los responsables del ‘caso GAL’

HECHOS

  • El 16.07.1995 el Sr. Planchuelo y el 17.07.1995 D. Julián Sancristobal y D. Francisco Álvarez cambiaban su versión en el caso GAL, confesaban su implicación en el secuestro de D. Segundo Marey y la implicación del Sr. Barrionuevo.
  • El 20.07.1995 D. Ricardo García Damborenea dio una rueda de prensa para responsabilizar  al Sr. Barrionuevo y a D. Felipe González de ese mismo delito.

El 17 de julio de 1995 el caso daba un giro radical cuando primero el Sr. Planchuelo y acto seguido el Sr. Sancristobal y el Sr. Álvarez – los principales procesados por los GAL hasta ese momento –  cambiaban su declaración, reconocía su participación en los GAL, que él ordenó el secuestro del Sr. Marey, pero que lo hizo con el consentimiento del Sr. Vera y el Sr. Barrionuevo.

Dos días después se sumaba el Sr. García Damborenea, que reconocía igualmente su participación en los GAL bajo las órdenes de sus superiories. Ahora ya no eran sólo las declaraciones de dos ex policías mercenarios condenados, ahora  era  las confesiones del que fuera Director de la Seguridad del Estado y el que fuera líder del PSOE en Vizcaya. Bien es cierto que el juez Garzón recompensó generosamente con la libertad provisional a los acusados que hicieron tan útil “confesión”. Otro echo objetivo es que ambos eran unos mentirosos, o bien mentían antes al negar haber colaborado con el GAL o lo hacían ahora que lo admitían. Mientras que EL PAÍS se limitaba a informar de la nueva versión (usando término como el de “terrorista confeso” para el Sr. Sancristobal y al Sr. Damborenea),  EL MUNDO definía esa nueva versión como “la verdad” y  publica su editorial “Felipe González era la X del GAL”.

DAMBORENEA ACUSA PERSONALMENTE A FELIPE GONZÁLEZ DE RESPONSABLE DE LOS GAL…

Damboreneazo_1995PulsoCESID_1995 D. Ricardo García Damborenea dio una rueda de prensa para asumir su rsponsabilidad en los GAL pero también para asegurar que D. Felipe González era quien estaba detrás de los GAL. En la misma también vinculó en esta organización al Sr. Txiki Benegas, a D. Ramón Jáuregui o al asesinado D. Enrique Casas, pero dejó al margen a D. Alfonso Guerra.  D. Felipe González se apresuró a desmentir a su ex compañero de partido y a anunciar que emprendería medidas legales contra él por difamarle. 

A partir de ese momento el periódico dejaba de atacar al Sr. García Damborenea y al Sr. Sancristobal y se concentraba en el Sr. Barrionuevo, el Sr. Vera y, naturalmente, don Felipe González. Ante la magnitud de las revelaciones, la Audiencia Nacional traspasó el caso al Supremo donde el juez Moner dio en enero de 1996. El “Jaque al Rey” fue procesar del exministro de Interior Sr. José Barrionuevo. El director de LA VANGUARDIA, don Juan Tapia, denunciaba el 24 de enero de 1996 que “en ningún país se habría tratado el caso GAL como se ha hecho aquí. Ahí está el envalentonamiento de ETA para demostrarlo”. Y, ciertamente ¿qué era el GAL comparado con bombazos de americanos y judíos? Lo tendrían que decir algunos de los “gal-obsesos” que años después apoyaron la guerra de Irak, otros dirán que Israel y EEUU comenten crímenes a la luz y no en cloacas.

21 - Julio - 1995

Acusaciones de un terrorista confeso

Editorial (DIrector: Jesús Ceberio)

El ex secretario general de los socialistas vizcaínos Ricardo García Damborenea, hoy en las cercanías del PP, acusó ayer al presidente Felipe González de autorizar y dar amparo político a los GAL. Por toda prueba dijo haber hablado en varias ocasiones sobre el tema con el jefe del Gobierno, aunque se negó a detallar dónde y cuándo. González ha tachado de falsa la acusación, ha asegurado que jamás habló con Damborenea sobre la lucha antiterrorista y ha anunciado que emprenderá acciones penales contra él. En cualquier caso, se trata de una bomba política, no por esperada menos explosiva, que debe ser desactivada ante el órgano de la soberanía popular. Varios grupos parlamentarios se han apresurado a pedir la comparecencia de González ante un pleno extraordinario del Congreso. González prefiere esperar a la sesión ordinaria del mes de septiembre. Pero la gravedad de la acusación exige una respuesta inmediata. Pasa a la página 8 Acusaciones de un terrorista confesa,

Damborenea basa su imputación en dos elementos desordenadamente esgrimidos en la multitudinaria y caótica conferencia de prensa ofrecida ayer después de declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El primer elemento acusador corresponde a una teoría compartida en los últimos. años por buena parte de la opinión pública española, consistente en atribuir el diseño de toda la estrategia de guerra sucia contra ETA a una decisión tomada y aprobada desde altos organismos del Estado y, más en concreto, por el propio presidente del Gobierno. El segundo elemento acusador, que trataría de dar fuerza al anterior, es su propio testimonio personal como interlocutor de González en varias conversaciones en. las que se habría hablado sobre los GAL. Por el momento no hay, testigos, no hay fechas, no hay circunstancias verificables. Y una acusación de este calado debe ser probada.

No hay novedad respecto a la dirección que sigue la flecha acusadora en el caso GAL, desde que los ex policías Amedo y Domínguez decidieran arrepentirse, confesar y tirar de la manta. La única tabla de salvación para una pandilla de delincuentes que han secuestrado y asesinado, y en algunos casos además se han enriquecido, bajo la coartada obscena de combatir el terrorismo, es implicar en sus actividades al mayor número posible de responsables políticos, hasta alcanzar. al máximo responsable del Gobierno. Son numerosos los medios de comunicación que se han hartado en los últimos meses en repetir el sonsonete de que el señor X es Felipe González, como si de un mantra para traer la lluvia se tratara, sin que hubiera entonces pruebas que permitieran efectuar esta imputación, aunque con ello se iba creando un efecto inducido sobre el ánimo de los ciudadanos.

Hay algunos datos importantes de la trayectoria de García Damborenea que ayudan a comprender la ceremonia de denuncia pública realizada ayer. Se conoce su actitud ante el nacionalismo vasco, no únicamente ante ETA, y las posiciones críticas de buena parte de sus compañeros de partido, claramente disidentes respecto las apologías del terrorismoantiterrorista realizadas en el pasado por Damborenea. En 1990 fue expulsado del PSOE, y en la campaña para las elecciones europeas de 1994 mitineó junto a Aznar. No es difícil suponer una actitud de animadversión hacia el PSOE, hacia sus antiguos compañeros y hacia González en concreto, al margen del interés personal que pueda tener por cuenta de su propia situación como imputado en el caso GAL

Estas especiales circunstancias no anulan la gravedad de su testimonio público, en una conferencia de prensa que constituyó una nueva apología de la guerra sucia contra el terrorismo. Sus palabras de ayer permiten hacer, como mínimo, una primera distinción entre su posición y la de González y los otros personajes políticos implicados por su acusación. El actual Gobierno y los actuales responsables socialistas han venido condenando con insistencia, sobre todo en los últimos años, el terrorismo de Estado. Ricardo García Damborenea calificaba todavía. ayer de detención el secuestro de Segundo Marey y no se dignaba desgranar ni la más mínima frase de piedad o de disculpa en relaciónal dolor desencadenado por su actividad criminal, mediante secuestros y asesinatos que afectaron además en algunos casos a personas perfectamente ajenas al terrorismo de ETA.

Justificar los GAL

Nada más parecido a un terrorista de ETA que el terrorista de los GAL que compareció ayer en conferencia de prensa. Porque Damborenea sí asumió la paternidad de los GAL, en primera persona y sin atenuantes. Eso sí, para, que el efecto penal no sea excesivo, se limitó a admitir su participación directa en un secuestro. Porque en realidad, hay algo que ha quedado perfectamente establecido tras las palabras de Damborenea: se ha producido por primera vez una reivindicación política de la actividad criminal de los GAL; quien la realiza ha asegurado -además que, personalmente animó al presidente del Gobierno a adoptar esta línea de comportamiento terrorista y confiesa, en cualquier caso, su participación en reuniones destinadas a organizar el secuestro de Segundo Marey. Deberá ser trabajo de la justicia, y en alguna medida de Damborenea, probar la verdad de las acusaciones que implican a otras personas.

¿Cuándo y cómo se decidió el diseño de la estrategia de los GAL? ¿Quiénes participaron en estas reuniones? ¿Cuándo y en qué circunstancias Damborenea y González intercambiaron impresiones sobre las actividades de los GAL? De nada sirven imputaciones genéricas, Y menos si éstas se limitan a conversaciones privadas sin testigos, que pueden quedar invalidadas -palabra contra palabra- por el mentís de González. Hay que proporcionar fechas, participantes y detalles concretos. La alusión. a que todos los españoles mayores de 25 años conocían perfectamente la actividad de los GAL redondea de forma nauseabunda el intento de amparar los ensueños criminales de Damborenea bajo el manto de una especie de complicidad social. ¿No será que una parte del aparato del Estado y del socialismo vasco, que representaba Damborenea quiso obtener complicidades y buscó guiños de comprensión de instancias superiores para ir cubriendo sus actividades ilegales? Ésta es, ciertamente, una hipótesis piadosa, pero, tras escuchar a Damborenea, debe quedar perfectamente probado que no obtuvo respuesta alguna positiva.

El testimonio del ex secretario socialista indica que, como mínimo, hubo quien intentó organizar grupos armados contra ETA al amparo del aparato del Estado y de la pasividad del Gobierno y de su presidente, y esto constituye, en el fondo, lo más sustancial y grave, de su testimonio. Probada la catadura moral y política de Damborenca, ahora González y los demás ex ministros y políticos señalados por el dedo acusador deberán probar, no ya que no fueron los organizadores de los GAL, sin algo más serio por menos trivial, y es que no ampararon ni fueron los cómplices pasivos de las sucias actividades de esta pandilla de delincuentes. Debe haber pruebas validables ante los tribunales, naturalmente, pero también explicaciones políticas ante la misma opinión pública que ha escuchado aturdida las acusaciones de un terrorista reivindicando su crimen y buscando la cobertura de mayores responsables. La duda, la falta de pruebas o la propia imposibilidad de probar hechos inciertos puederí anular las responsabilidades penales, pero no pueden arrumbar las políticas.

Éstas no afectan sólo al Gobierno, a su presidente y al partido socialista, sino incluso a todos los ciudadanos, a los que se quiere ahora hacer cómplices pasivos de las andanzas criminales de una pandilla de asesinos. Los ciudadanos tienen derecho a contar, en cualquier caso, con una garantía absoluta por parte del actual Gobierno y del que le pueda suceder tras las próximas elecciones generales: no debe haber indulto alguno para quienes han situado al Estado a los pies de los caballos, quienes han jugado con la democracia y con los derechos, y libertades de los ciudadanos y quienes han alimentado al terrorismo de ETA con el peor combustible, que es el de un antiterrorismo igualmente criminal.

Nadie se ha mostrado por ahora partidario de tal medida, pero cabe sospechar que Damborenea y sus amigos puedan intentar alguna transacción con quienes pueden encargarse del Gobierno en los próximos meses, de forma que con sus revelaciones. acelerarían el relevo en el poder a cambio de medidas de gracia una vez se haya producido el cambio. Es obligación de todos, pero especialmente de José María Aznar, descartar de una vez por todas la posibilidad, moralmente repugnante de un chalaneo tan anticonstitucional como éste.

21 - Julio - 1995

González es la 'X'

Editorial (Director: Pedro J. Ramírez)

Felipe González no se enteró por la Prensa de los 27 asesinatos de los GAL. Fue el mentor e instigador de esta trama terrorista, según el testimonio de Ricardo García Damborenea, que ayer acusó implícitamente al presidente del Gobierno de ser la «X» de los GAL. El que fuera secretario del Partido Socialista de Vizcaya y figura emblemática del socialismo vasco durante la pasada década realizó ayer una autoinculpación en toda regla, reconociéndose cómplice del secuestro de Segundo Marey en 1983. García Damborenea ratificó punto por punto las declaraciones de Amedo, Domínguez, Planchuelo, Alvarez y Sancristóbal, señalando que todos ellos eran simples piezas de una «política antiterrorista» diseñada por González.

Señaló que él «estaba absolutamente de acuerdo» con secuestrar a etarras residentes en Francia para presionar a las autoridades galas en la lucha contra ETA y que habló de estos extremos con González en «unas cuantas ocasiones». Corroboró que se encontraba en el despacho de Julián Sancristóbal, en el Gobierno Civil de Bilbao, cuando éste llamó a Barrionuevo para informarle de que habían secuestrado por error a Marey y no al etarra Larrechea. Aseguró que Narcís Serra, entonces ministro de Defensa, y José Barrionuevo «eran los brazos ejecutores de la política antiterrorista». Y afirmó que José María Benegas, secretario del partido en Euskadi, también estaba al corriente de la creación de los GAL.

Según la versión del antiguo número dos del PSOE en el País Vasco, los GAL no sólo eran un montaje efectuado por y desde el aparato del Estado sino que contaba con el apoyo activo de importantes dirigentes del partido, con la significativa excepción de Alfonso Guerra, que, según la versión de Damborenea, nunca fue informado de la trama.

Lo declarado ayer por García Damborenea ante el juez Garzón y sus palabras posteriores ante los medios de comunicación no sólo constituyen una acusación política implacable contra Felipe González sino que pueden tener serias implicaciones penales.

Si lo que dice García Damborenea es cierto, Felipe González habría cometido dos presuntos delitos de inducción y cooperación necesaria, tipificados en el artículo 14 del Código Penal, que establece el mismo castigo para inductores y cooperadores necesarios que para los que cometen la acción material.

El presidente del Gobierno está, pues, bajo fundada sospecha de haber cometido delitos penados con decenas de años de cárcel. Las imputaciones de García Damborenea no sólo son verosímiles sino que encajan con los datos, indicios y testimonios recogidos en el sumario por el secuestro de Segundo Marey.

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#Frente al Supremo

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Todo apunta, pues, a que el juez Garzón no va a tener otro remedio que remitir el caso a la Sala Segunda del Tribunal Supremo al existir serios indicios de la implicación en los GAL de cuatro personas aforadas: Barrionuevo, Serra, Benegas y González. Si el Supremo entiende que sus conductas pueden ser constitutivas de delito, deberá solicitar el correspondiente suplicatorio al Parlamento para investigar los hechos y proceder, si así lo estima, penalmente contra ellos.

El procesamiento de Felipe González era, hasta ayer tarde, una simple especulación. Hoy es una seria posibilidad. Ya no es suficiente su palabra frente a un testimonio que le acusa directamente y frente a las incontestables evidencias de que sus subordinados organizaron, financiaron y ampararon la comisión de 27 asesinatos, utilizando para ello el aparato de Seguridad del Estado.

Lo primero que debe hacer hoy González, si le queda un mínimo de ética política y de autoestima, es solicitar su urgente comparecencia en el Parlamento para dar una explicación. No basta con el simulacro televisivo de anoche, con sus tajantes negativas ni con su amenaza de acciones judiciales contra Damborenea. Ya demandó a Amedo y ni siquiera su iniciativa fue admitida a trámite. Tiene que acudir al Congreso -como exigen Aznar, Anguita y Pujol- y rebatir razonadamente todas y cada una de las acusaciones que se le han formulado estos días.

González dijo hace años -y ha reiterado esta semana- que era imposible probar que el Gobierno estuviese implicado en los GAL. Se comprometió a dimitir el día en que se demostrase que uno de sus ministros había organizado o tolerado las actividades de esta banda.

Ese día ha llegado. Seis testigos -dos de ellos, ex altos cargos de la Seguridad del Estado- acusan directamente a Barrionuevo de dar las órdenes de los GAL. Aportan datos irrefutables de cómo cuatro agentes de la Policía -que lo han confirmado ante el juez- participaron en el secuestro de Marey, planeado en la Jefatura de Policía y en el Gobierno Civil de Bilbao. ¿Qué más quiere González? ¿Una filmación en vídeo de los hechos o una nota autentificada ante notario por Barrionuevo?

Ya sólo los testimonios de los tres arrepentidos (Sáncristobal, Alvarez y Planchuelo) serían suficientes para que González hubiera dimitido como presidente del Gobierno por una mera aceptación de sus responsabilidades políticas. Pero la denuncia de García Damborenea -que corrobora el trabajo de investigación realizado por periodistas de EL MUNDO desde 1987 y las tesis de la acusación particular- eleva sensiblemente el listón: estamos hablando de responsabilidades penales y de la comisión de gravísimos delitos de terrorismo de Estado.

Es inaceptable, por tanto, que el presidente del Gobierno se contente con desmentir los hechos ante la TV, dejando para sus colaboradores el recurso a la surrealista teoría de la conjura antidemocrática y la descalificación ad hominem de Damborenea. No puede seguir en sus altas funciones como si nada hubiera sucedido.

La gravedad de las imputaciones contra González carece de precedentes en la historia de las democracias europeas durante las últimas décadas. Nunca un jefe de Gobierno había sido acusado con fundamento de organizar una trama terrorista ni de ser el inductor de 27 asesinatos. El general De Gaulle abandonó el poder tras perder un referéndum, Willy Brandt renunció a la cancillería al descubrir que su jefe de Gabinete era un espía y Margaret Thatcher dimitió al ser cuestionada en su partido. ¿Qué va a hacer ahora González?

Su permanencia en el poder se convierte a partir de estos momentos en un grave descrédito para las instituciones democráticas. Un dirigente político y, máxime un presidente de Gobierno, no sólo debe estar por encima de toda sospecha sino que debe ser un ejemplo de comportamiento ético. Los políticos tienen que ser el espejo en el que se mire la sociedad. González es hoy un antiejemplo como líder.

Por tanto, no sólo debe dimitir como presidente del Gobierno. Debe renunciar también a la secretaría del partido y retirarse de la vida política. Ayer, Ciprià Ciscar insinuaba que González no se va a presentar como candidato a las próximas elecciones generales, pero sí dejaba muy claro que continuaría al frente del partido.

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#Sin privilegios

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Si lo que Ciscar anuncia se cumple, González habrá conseguido un doble objetivo. Primero, eludir el castigo ante las urnas por la interminable serie de casos de corrupción de los que es responsable político. La paternidad de la probable derrota correspondería al nuevo candidato del PSOE, que tendría que afrontar una durísima campaña. Segundo, González seguiría mandando en el partido y, por tanto, ejerciendo el papel de líder de la oposición.

Por tanto, González debe dimitir de ambos cargos a la vez y afrontar, sin ningún tipo de privilegio procesal, sus eventuales responsabilidades penales. Si no lo hace, el PSOE quedará también profundamente desacreditado. Ya lo está, pero todavía tiene tiempo de reparar errores como el cometido al avalar a Rafael Vera. El partido de Pablo Iglesias, paradigma de la honradez y la lucha por las libertades, no puede permitirse seguir teniendo como secretario a una persona como Felipe González. Y no puede seguir respaldando a militantes como José Barrionuevo y Rafael Vera.

Presa del vértigo de una caída en el vacío, nada parece importar a González arrastrar en su hecatombe al Partido Socialista en su conjunto. Quienes dentro del PSOE traten de salvar la herencia de una organización esencial para la historia de la España del siglo XX, deben romper amarras de un modo decidido con la sórdida etapa de González. Es esencial para el partido y también, de algún modo, para la consolidación de la democracia española.

El Análisis

DONDE DIJE DIGO, DIGO DIEGO

JF Lamata

“Soy inocente, soy víctima de una conspiración del juez Garzón y del señor Zeta”, dijo Julián Sancristobal antes las cámaras de TVE. “No he tenido nada que ver, si yo hubiera creado el GAL, hubiera funcionado bien, no hubiera sido esa chapuza”, digo Ricardo García Damborenea ante las cámaras de TELECINCO. Ahora ambos se retractaban de todo y resultaba que reconocían que sí, que habían participado en los GAL, concretamente en el caso del secuestro de Segundo Marey.

El más directo fue Damborenea, que casi justificó el terrorismo de Estado y acusó a Felipe González, a Enrique Casas y a José María Benegas de estar implicados. Esas acusaciones no llegarían lejos, pero sí las que iban contra José Barrionuevo y Rafael Vera como ‘cerebros’ del secuestro de Marey. Tanto Damborenea, como Sancristobal, como Francisco Álvarez, como Miguel Planchuelo coincidían ahora en que estos dos eran los cerebros del secuestro, aunque estos lo negaran. A cambio de implicar a Barrionuevo y Vera Garzón les sacó temporalmente de la cárcel. ¿Conclusión? La última parte del caso Marey se iba a basar en la palabra de unos contra la palabra de otros. Lo que ya difícilmente se podía negar es la implicación de miembros de la Seguridad del Estado.

J. F. Lamata

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