Dimite el juez decano de Barcelona, José María Regadera Sáenz, acusado de maltratar a su esposa durante una pelea conyugal mutua

Los actos de los jueces tienen repercusión pública. Lo que les pasa a ellos, también. La justicia es una actividad pública y quienes la administran se ven inmersos en esta condición, aunque no les guste, porque sus actos revierten en la sociedad, en los ciudadanos, lo mismo que los políticos o los periodistas.. Otro debate es dónde ponemos la frontera en que alguien que ejerce una actividad pública debe afrontar repercusiones por las acusaciones que se le hagan. Está claro que, en ese ámbito, la vara de medir en España es muy distinta si tú eres el afectado o un ajeno. Ejemplos los hay a mansalva. Y una tercera polémica podría ser la diferencia entre vida privada o pública. Pero, hoy por hoy, que el juez decano de Barcelona estuviera imputado y acusado por la fiscalía por maltrato a su esposa no dejaba margen de maniobra: la dimisión sólo era cuestión de tiempo, no de sentencia.

La imputación del juez decano de Barcelona José Manuel Regadera, por presuntos malos tratos a su esposa, de profesión notaria, trascendió el 4 de abril y causó sorpresa en nuestra sociedad. No es usual que un juez, que es persona con autoridad y potestad para juzgar a sus congéneres acabe siendo juzgado, como le ocurrirá al juez Regadera en septiembre. Tampoco lo es que ello se deba al motivo citado. Y menos aún que el caso comporte denuncias cruzadas entre esposo y esposa. El asunto produce, decíamos, sorpresa. E incluso estupor.

A la peculiaridad del caso, el juez Regadera ha sumado su morosidad a la hora de presentar la dimisión como decano de los jueces de Barcelona, que se produjo el pasado lunes. 55 días, con sus noches, han transcurrido desde que se dio a conocer la recíproca denuncia de los Regadera hasta que el juez tuvo a bien abandonar su cargo como representante de la judicatura barcelonesa. Y, según reseñó en carta remitida a sus colegas, lo hizo ‘por el único y exclusivo motivo de que algunos compañeros’ habían perdido la confianza en él. Es decir, sensible al malestar en el seno de su colectivo profesional, pero, por lo que se ve, sin ponderar el rechazo que su conducta hubiera podido causar entre el común de la ciudadanía.

El caso Regadera mueve a reflexión. La teoría apuntada por Aristóteles en su Política y fijada por Montesquieu en ‘Del espíritu de las leyes’ es un fundamento de la democracia, donde la protección de los derechos del ciudadano requiere de la división de poderes entre los estamentos legislativo, ejecutivo y judicial. Y donde, por tanto, se confía en que cada uno cumpla su parte del compromiso. Por desgracia, ciertos representantes del legislativo y del ejecutivo, poderes de encarnadura partidista, dan muestras de arbitrariedad, que rozan lo escandaloso cuando, sometidos a escrutinio judicial, se aferran al cargo de modo indecoroso: como si dicho cargo fuera de su propiedad, cuando sólo tiene sentido mientras sirve irreprochablemente al público… El poder judicial no está sometido a tales vaivenes cotidianos. Pero la conducta de algunos de sus miembros recuerda a la de esos políticos que se resisten a retirarse cuando existen indicios de que defraudaron la confianza en ellos depositada. Y eso es de todo punto lesivo para la democracia, además de lamentable. Por ello es una buena noticia que el juez Regadera – que no hace tanto sostenía que ‘estos desgraciados hechos’ pertenecen a su vida privada – haya recapacitado, reconocido la dimensión de sus actos y dimitido, librando de paso al colectivo judicial de una representación maculada.