El Tribunal Constitucional anula la ‘Ley Corcuera’ y José Luis Corcuera dimite como ministro de Interior

El Tribunal Constitucional le ha dado una «patada» a Felipe González en el trasero de José Luis Corcuera. Pero, como el presidente se resiste a marcharse (como Penélope, hace la maleta por la mañana y la deshace por la noche), le toca cesar al ministro de Interior quien, además, tuvo la osadía de apostar el cargo ante la prensa y la oposición. Y debe salir Corcuera no sólo por la palabra dada sino por el daño causado a las libertades y a la sociedad. Por haber liderado y aplicado durante meses, con la grosería que le caracteriza, unas normas contrarias a las libertades reconocidas en la Constitución. Las que rechaza el Tribunal Constitucional dando la razón a quienes, desde la minoría de la prensa democrática o desde la oposición (PP e IU), se atrevieron a hacer frente a este disparate político que consagra al tal Corcuera como enemigo probado y testarudo de la libertad. Y con él, deberían viajar al menos moral y políticamente el presidente del Gobierno, «mariscal araña» de los destrozos de su década, y sus compañeros de correrías. Desde el ponente de la ley, José María Mohedano, hasta el grupo parlamentario del PSOE (guerristas y renovadores incluidos). Y a no perder de vista, como cómplices, a Xavier Arzalluz y Jordi Pujol, que ofrecieron su apoyo al texto que acaba de retirar el alto tribunal. En esto, hay que decirlo, salvó la cara Garzón. Y el problema que ahora se plantea no es otro que el de una crisis de Gobierno (dicen que estaba previsto el relevo de Corcuera por Eguiagaray, en el próximo Congreso del PSOE) a tan solo pocos meses de las pasadas elecciones generales. Y mala salida tendría Corcuera, porque si no sirve para ministro por recortar la libertad, menos ha de servir para alto cargo del PSOE. Menuda «renovación» sería esta que los propios renovadores advierten como peligrosa: «Del guerrismo a la corcuerina». Lo que ocurre es que el Tribunal no podía esperar más porque estaba, al alargar los plazos de la sentencia, infringiendo su propia legalidad. Y la decisión ha salido escopetada y en mal momento: en pleno debate de los presupuestos, cuando el presidente va, de Barcelona a Las Plamas, con la chequera pagando la «gobernabilidad» y buscando a tientas (con el palo y el decreto) el «pacto social». De ahí que corra el rumor de que, aunque Corcuera anuncie que se va, González -artista diabólico es- no le acepte la dimisión. Y una escapada de este porte a la crisis de Gobierno, planteada por el Tribunal Constitucional en asunto tan serio, sería un fraude político más. Otro que traería a la memoria (de los mayores del lugar) casos de tiempos no democráticos. El recuerdo, quizás, de cuando Franco (mañana, por cierto, es «20 N») no le aceptó la dimisión al general Muñoz Grandes quien, en un gesto de rebeldía y a la espera de su cese, dejó el despacho oficial y se instaló en una cafetería a esperar la llegada del motorista del Pardo, disfrazado de «angel exterminador». Pero no imagino a Corcuera hablando de toros -la patada a la puerta de toriles- con Manuel Vicent y Pepe Díaz sentado en el café Gijón. Ni imaginaba, pero ocurre, que después de todo esto el Partido Popular iba a seguir tomando el té envenenado del «impulso democrático» sin conseguir, previamente, una sola prueba del cambio del recambio. Cualquier minucia: el cese de González, el de Jordi García Candau, o el del ministro de Interior quien desconcertado nos dice acusador que lo de la «patada a la puerta», como tal, no figuraba en el texto rechazado por el Constitucional. ¿No me diga, señor Corcuera? Pues, en ese caso, quédese unos mesecitos mas.

Los pronunciamientos del Tribunal Constitucional (TC) no deberían tener otro alcance, dentro del juego normal de las instituciones, que el estrictamente jurídico de expulsar del ordenamiento la norma considerada contraria a la Constitución. Pero en el caso de la Ley de Seguridad Ciudadana han sido tan llamativos el- empeño del Gobierno en sacarla adelante, el ardor del ministro del Interior en defenderla y la predisposición dócil de la mayoría socialista del Congreso al maquillaje terminológico de sus formulaciones, que la nulidad de dos de sus artículos -sobre todo, el 21.2, referente a la entrada policial en los domicilios particulares en relación a supuestos delitos relacionados con la droga- representa un inequívoco fracaso político para todos ellos.De entrada, la sentencia plantea la cuestión de si el ministro del Interior, que vinculó su permanencia en el cargo a la constitucionalidad de la ley, debe hacer efectivo su compromiso. Su dimisión plantea problemas bastante serios, dada la naturaleza del departamento afectado. Sin embargo, la dimisión debe producirse, y serle aceptada. Primero, porque era precisamente la evidencia de que planteaba un problema serio lo que otorgaba fuerza a la presión sobre el poder judicial implícita en el gesto. Sería un sarcasmo que, una vez que tal presión no ha dado resultado, fuera considerada fruto de un acaloramiento rnomentáneo que no habría que tomar en cuenta.

Segundo, porque en un momento de desmoralización ciudadana como el actual -escuchas, facturas falsas, fraudes diversos-, tan importante o más que la continuidad de la cúpula de ese ministerio es dar ejemplo en el terreno de los comportarriíentos: verbigracia, hacer honor a los compromisos, renunciando a nobles coartadas, siempre fáciles de encontrar. Eso también es impulso democrático. Además, si Corcuera sigue, ya no sería Corcuera: su buena imagen populair va unida a la impresión de solidez humana, de persona que cumple. Si no cumple su palabra, perdería la autoridad moral que el cargo requiere (ante la sociedad en general y ante sus subordinados en particular).

De otro lado, se sabía hace tiempo que la, sentencia establecería la inconstitucionalidad y que ello obligaría a dimitir a Corcuera. Si nadie ha previsto los problemas que eso plantearía en Interior, habría una razón más en favor del relevo. Pero es de esperar que alguien haya pensado en ello. Nadie es insustituible, y nada impide que -una vez dejada clara su solidaridad con el ministro y su voluntad de salir del departamento en cuanto sea posible- su equipo continúe el tiempo necesario para garantizar un relevo sin merma de eficacia. Y Felipe González, que se comprometió públicamente a no interferir en la decisión personal de Corcuera, también debería hacer honor a su palabra.Corcuera debe dimitir, pero ir más allá no tiene sentido. Afirmar, como algunos diputados del PP, que «se trata de la ley González y es éste quien debe irse» carece de fundamento. Corcuera tiene que marcharse, no por haber sido desautorizado por el tribunal, sino porque vinculó su permanencia al hecho de ver confirmado su criterio por los jueces. Además, ese planteamiento ligeramente ventajista de los Ipopulares casa mal con su afirmación de que se trata de una victoria, «no de nuestro partido, sino de la sociedad».

Pero es una victoria de la sociedad. Tal como estaba, la ley constituía una respuesta equivocada a un problema real: la creciente inquietud por el aumento de la delincuencia. Lo que la ley propiciaba con la introducción forzada de un concepto de «delito flagrante» (artículo 21.2), extraño a la jurisprudencia y contrario a la Constitución, era la arbitrariedad policial y, por ende, la inseguridad jurídica de los ciladadanos en su derecho a la inviolabilidad del propio domicilio. Y lo mismo cabe decir de esa remisión en blanco a las autoridades (artículo 26.j) de la facultad de establecer en reglamentos y normas de policía infracciones leves de la seguridad ciudadana no definidas previarriente por ley. Otro de los artículos de la ley jurídica y socialmente más contestados -el referente a la retención policial para diligencias de identificación- ha sido finalmente declarado confonne a la Constitución. Pero el TC lo ha reinterpretado de modo que modifica su contenido de manera que se identifica en la práctica con una forma de detención, sometida, por tanto, a las garantías de dicha figura, excepto la de asistencia letrada.Lo que el tribunal no ha podido evitar son los destrozos institucionales y personales producidos en año y medio de vigencia del artículo 21.2: vulneración de la inviolabilidad domiciliaria en muchos casos, ciudadanos llevados a los tribunales en virtud de pruebas ilícitamente obtenidas y, ahora, nulidad de los procesos pendientes y revisión de los concluidos.

La llamamos «ley Corcuera», pero en realidad es la ley González, pues no me creo yo que un ministro sin mayor solvencia se permita imponerle al presidente un proyecto absurdo, brutal y gamberro, como el de la patada en la puerta, sino que, muy al contrario, González sugiere la ley y esconde la mano izquierda. De modo que a quien le ha devuelto la patada el TC no es a Corcuera, sino al presidente del Gobierno, que ampara y fomenta leyes represivas, antidemocráticas y cachondas. Esto es como cuando decían, en los sesenta, que Fraga estaba comiéndole el coco a Franco para hacer aperturismo. Aquí no se hacía más aperturismo que el que decía Franco, o sea ninguno. Una de las habilidades de FG es que siempre ha tenido a alguien de muñeco de feria para recibir los pelotazos. Antes era Guerra y ahora es Corcuera. Guerra aguantó por amistad, fidelidad, espíritu de partido y todo eso que constituye su panoplia personal de valores. Corcuera aguanta porque no sirve para otra cosa. Por eso no debemos, los periodistas, cebarnos demasiado en la figura del ministro de Interior, ya que sólo es un mandado. El TC ha matado al mensajero, o al menos le ha pegado un par de cuchilladas, una en el paladar y otra en el bajo vientre. Matar al mensajero o al que va por café, cablear al ministro/recadero, son ganas de no enterarse. Esa ley represiva y maleducada se la debemos exclusivamente a don Felipe González Márquez. A quien más puede dolerle la dimisión o no dimisión de Corcuera es al presidente, que anda ya buscando otro hombre -¿Garzón, quizá?- para que siga en Interior haciendo franquismo democrático y recibiendo las hostias de los analistas, los críticos, la oposición y los jueces. En una situación como ésta, en que Felipe asume toda la «gobernabilidad» (una manera cursiva y elegante de llamar al autoritarismo y al personalismo), no cabe pensar que el jefe acierta siempre, mientras Solchaga y Corcuera se equivocan siempre. Quien se equivoca y acierta es siempre el mismo, el amo, mientras los otros ordeñan la llama dominicana o le pasan el polvo a la momia de don Pablo Iglesias. Lo cual que ésta es otra, lo de la «gobernabilidad». Una palabra que se ha sacado FG, tan rico en neologismos que debieran hacerle académico (y no a Enterría, que tiene cabreada a toda la clase abogacil). «Gobernabilidad» lo dice todo y no dice nada. Gobernabilidad es el pseudónimo de «poder personal», de caudillismo. Lo que tiene que haber no es gobernabilidad, sino Gobierno, que es lo que no hay, ni siquiera de electricistas. El Tribunal Constitucional, que se sabe muy bien todas estas cosas, y otras, le ha dicho que no al presidente, le ha tachado dos artículos de una ley. El mejor escribiente constitucional echa un borrón. Han sido dos, y muy bien echados en este caso. Si Corcuera se va, quedará más claro que el de la patada era Felipe. Si Corcuera se queda, estará muy claro que FG se protege a sí mismo protegiendo a un impresentable. De cualquier modo, la patada en la puerta ya ha sido aplicada, la ley González es la ley más antidemocrática que se puede parir desde una democracia. Tanta vergüenza ajena -«alipori»- nos da esa ley, que yo prefiero seguir llamándola ley Corcuera, por no manchar más el apellido del que trajo el socialismo, aunque ya se le ha olvidado. Fallida o no, que pase a la Historia como Ley Corcuera. Por respeto al pasado épico y lírico de Felipe González, hagámosle esa última concesión. Yo no quiero devolverle al presidente la patada en la puerta. Pero la Moncloa, casa de muchas puertas, mala es de guardar.

Yo no dudé nunca de la buena intención de Corcuera con la llamada «patada en la puerta», pero el hecho es que en ese lugar de la ley se establece una premisa capaz de funcionar aún sin haber sido probada. Consecuentemente las personas se convierten en infrapersonas para la maquinaria policiaca, al darle más importancia al delito posible que a la persona real. No hay manera de encuadrar en la objetividad jurídica un episodio así. La premisa es idealista porque únicamente la salva la intención, pero la intención no puede tener primacía sobre los datos. Si la interpretación de los indicios queda a cargo de la Policía, los policías usurpan el papel del juez. La premisa de la «patada en la puerta» es idealista porque prefigura el desiderátum policial de que todo sospechoso es culpable. En último término la rectificación corresponde al juez, pero después de la violencia contra la persona. Por tanto, la libertad deja de ser una noción integral. Ese «locus» sobre el que ya hay sentencia constitucional lleva ínsitos los fundamentos del miedo y por eso mismo no es defendible mediante argumentos jurídicos ni por la intuición moral. Una situación legal en la que, de un modo u otro, la casualidad puede jugar un papel decisivo en las irrupciones domiciliarias, es indecente. La sospecha, que es una magnitud oscilante, no fija, debe dejar también abierto uno de sus lados, el de la inocencia. ¿En qué idea última se basa el actuar sin condiciones contra la presunción de culpa en el sospechoso y no a favor de su posible condición de inocente? Eso equivale a anticipar un veredicto. La Policía se resiste a aceptar la inocencia del sospechoso, la Justicia a aceptar su culpa. Si coincidiera con la Policía, entraríamos en el reino del terror.

CORCUERA No debió vincular su continuidad a un fallo favorable a sus tesis por parte del Tribunal Constitucional, porque al hacerlo condicionaba dicho fallo. Pero una vez producida la sentencia, su salida era obligada porque la hipótesis contraria, que siguiera en el cargo, bien por retirada del compromiso, bien porque el presidente no le aceptase la renuncia, supondría añadir un elemento de burla al desplante. Sería insólito que quien planteó el problema en tales términos- objetivamente, de presión sobre el tribunal- tuviera luego la posibilidad de rehuir sus consecuencias, una vez que el desenlace ha sido diferente al previsto por él. Eso sí que sería desmoralizador, y en ese sentido tiene razón Corcuera cuando dice que habría que haber oído a los que critican su salida si por cualquier motivo -y siempre hay asesores dispuestos a apañarlos- se hubiera vuelto atrás de su compromiso de irse. Pero ahí se acaba el acierto de Corcuera en su despedida de ayer, porque casi todo lo demás que dijo fue bastante disparatado.Corcuera pudo haberse ido con la dignidad de quien ha jugado y ha perdido, pero no resistió la tentación de un último regate, y eso agrandó, en lugar de disculpar, su derrota. La vanidad que otras veces ha derribado a sus enemigos le perdió ayer a él, cegándole respecto a su verdadera situación, y sus descalificaciones de Anguita y Trillo, entre otros, bordearon el ridículo. Al secretario general del PCE le reprochó serlo tras haber dicho que no aceptaría el puesto. Aparte de que es un delito que comparten los secretarios generales de todos los partidos, no se entiende el sentido del reproche cuando la petición de coherencia que le había hecho Anguita coincidía con lo que el propio Corcuera acababa de exponer como fundamento de su dimisión. A Federico Trillo le calificó con soma de «eminente jurista», le recomendó volver a la Universidad y se ofreció para darle clases particulares. Pero no fue sabiduría jurídica lo que a continuación exhibió Corcuera en su intento, algo pueril, de hacer pasar por victoria la derrota que le había: llevado a dimitir.

Es cierto que el tribunal no ha declarado inconstitucional toda la ley, sino algunos de sus preceptos, pero: 1) ello ha ocurrido respecto de un texto que ya había sido expurgado de sus componentes antijurídicos más obvios tras el severo dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); 2) nadie había impugnado la totalidad de la ley, sino determinados artículos; 3) los preceptos que el tribunal considera inconstitucionales son dos (no uno, como dijo Corcuera), y sobre un tercero, el de la identificación, introduce tales cautelas, por vía interpretativa, que prácticamente modifica su contenido; 4) esos preceptos rechazados o reinterpretados son, en todo caso, los que habían polarizado la discusión, tanto entre los juristas como en la opinión pública.

Esa polarización fue en parte provocada por el propio Corcuera, que atribuyó al artículo 21.2 -el relativo a la entrada en domicilio sin orden judicial, en determinadas circunstancias- un papel crucial en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia en general. Imprudente atribución cuando desde el primer momento se sabía que existían dudas razonables sobre su constitucionalidad. Por otra parte, nunca ha sido cuestionada la facultad del Parlamento para definir legislativamente el concepto de delito flagrante, siempre que esa definición respetara, a los efectos de entrada policial en los hogares, los rasgos esenciales que la Constitución atribuye a dicho concepto. Justamente lo que, según la sentencia, no hacía el artículo 21.2. U obvia posibilidad de esa definición legislativa que recuerda la sentencia no constituye, por tanto, como pretendió ayer Corcuera, un tanto a su favor.

José Luis Corcuera ha sido un buen ministro del Interior, pero su empecinamiento en este asunto ha sido lamentable, y quienes le dieron la embarcada demostraron tan escaso talento jurídico como el ministro para no meterse en camisa de once varas. Por añadidura, ese empecinamiento ha dado a la discusión un tono de reyerta -agravado por el desplante de la amenaza de dimisión- que ha impedido plantear en términos racionales debates que sí eran acuciantes, como el de la necesidad de reforzar la colaboración entre los jueces y la policía para hacer frente a las nuevas y cada vez más extendidas formas de delincuencia.