Duras condenas contra los ex consejeros de Bankia y Caja Madrid por beneficiarse de Tarjetas Black que no abonaban retenciones

Los dos últimos presidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, han sido condenados a penas de seis años y cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida. La Audiencia ha considerado probado que permitieron que, a través de unas tarjetas opacas a Hacienda -las denominadasblack– directivos y consejeros de la entidad gastaran fraudulentamente 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012.

Los jueces son contundentes en su auto. Dicen que Miguel Blesa «propició» el uso de esa tarjeta corporativa fraudulenta «al margen de las retribuciones convenidas contractualmente», que la dedicó a «atenciones personales» en detrimento de los recursos de Caja Madrid, y que amplió su uso a los miembros del Consejo de Administración y de la comisión de control. De Rato, la Audiencia afirma que «extendió la práctica a su favor», y añade que aprovechó el sistema para soslayar las limitaciones de ingresos que puso el Gobierno del PP a los ejecutivos de la entidad en 2012. Blesa y Rato tendrán que responder solidariamente por esos 12,5 millones gastados en las black.

Junto a los dos ex presidentes, otros 63 encausados han sido condenados a penas menores -entre tres meses y cuatro años de prisión-, pero también significativas. Entre ellos hay políticos de los principales partidos, empresarios, sindicalistas y otros representantes de la sociedad civil, que fueron «colaboradores» en el uso fraudulento del dinero de la caja. Precisamente esta circunstancia es lo que hay que destacar del caso de las tarjetas black. Ha sido un proceso contra una forma de gestión «depredadora» -en palabras del fiscal-, en la que se manifestó la codicia de todo un sistema corrupto. Directivos y consejeros con la vida resuelta usaron el dinero que no era suyo para gastos personales, desde lencería hasta almuerzos en restaurantes de lujo, pasando por moteles o la compra en el supermercado habitual.

A pesar de que hay casos judiciales de otras cajas en los que el expolio ha sido mucho mayor, sin duda, el episodio de las tarjetas black quedará marcado como el paradigma de una época de despilfarro. No hay más que recordar el escándalo que provocaron las informaciones sobre el caso. Por eso hay que felicitarse, en primer lugar, por que la Justicia, aunque lenta en ocasiones, ha cumplido con su deber. Después, porque la Audiencia ha dictado unas penas proporcionales para todos los condenados -en condición de «autores», «colaboradores» o de «cómplices»- que consideramos acordes con la alarma social que causó el conocimiento de estos hechos bochornosos.

Ayer también conocimos que la Audiencia de Palma mantuvo a Iñaki Urdangarinen libertad provisional sin fianza tras la condena a seis años y tres meses de prisión que le impuso la semana pasada. Aunque el auto causó un cierto revuelo social, nos parece ajustado. Privar de libertad a un individuo sin sentencia firme es un hecho trascendente que tiene que tener unas causas justificadas. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que se podrá dictar prisión provisional cuando tiene como fin evitar el riesgo de fuga, impedir la ocultación, alteración o destrucción de pruebas, o que pueda cometer otros delitos.

Ninguna de las circunstancias anteriores concurren en el ex duque de Palma. No hay riesgo de fuga y la prueba es que ayer acudió a la Audiencia a recibir la notificación sobre su situación procesal. Tampoco existe la posibilidad de alterar o destruir pruebas porque el caso ya está juzgado. Tanto de Urdangarin como de Diego Torres, los jueces afirman que «disponen de arraigo suficiente (familiar, social y laboral) en territorio nacional» para no hacer preciso el ingreso en prisión. Si no hay una justificación jurídica para enviarles a la cárcel, tampoco la hay para imponerles una fianza, precaución que sólo tiene la intención de dificultar una posible huida. Presentarse mensualmente en un juzgado es la única medida cautelar para ambos. Es lo ajustado a la ley, mientras esperan la sentencia firme.

La Audiencia Nacional ha condenado a los expresidentes ejecutivos de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, a 6 años de prisión y a 4 años y dos meses respectivamente por un delito de apropiación indebida en el uso de las llamadas tarjetas black entre los años 2003 y 2012. Por el mismo delito, la sección cuarta ha condenado a los más de 60 encausados (exconsejeros y exdirectivos de la entidad) en calidad de colaboradores, salvo al ex director general de Medios, Ildefonso Sánchez Barcoj, al que se considera cómplice de apropiación indebida y a quien se impone una pena de 2 años y 6 meses. Rato y Blesa deberán hacer frente de forma solidaria al coste de los sobresueldos delictivos obtenidos mediante las tarjetas, que asciende a unos 12 millones.

La sentencia (259 folios) ha sido relativamente rápida y tiene una virtud principal: explica claramente y con rotundidad las razones por las cuales las tarjetas negras eran una retribución irregular, abusiva y dañina para los intereses de Caja Madrid primero y de Bankia después. Carecían de justificación del gasto, su utilización no estaba incluida en ningún contrato profesional de los implicados con la entidad, su uso fue discrecional además de abusivo y estaban al margen de cualquier control para la declaración de IRPF. Hacienda resultó perjudicada por la autoatribución de retribuciones opacas y fuera de cualquier control.

La Audiencia no deja lugar a dudas: las tarjetas black fueron un saqueo organizado a través de sobresueldos indebidos. Impugna además una concepción de la empresa como un territorio que puede ser esquilmado con impunidad. El valor jurídico del texto es muy elevado. Establece el precedente de que las retribuciones de los directivos y altos cargos tienen que estar sometidas a justificación contable y fiscal (los argumentos de las defensas y de los implicados en el sentido de que el dinero obtenido mediante las tarjetas era una parte de la retribución ha quedado desmentida) y separa con nitidez lo que puede ser interpretado como una práctica de saqueo (las black) de lo que puede admitirse legalmente como gastos de representación.

Sin embargo, la sentencia presenta algunas dificultades de interpretación. Está clara la tipificación de apropiación indebida en los casos de quienes toman la decisión de autorizar o mantener gastos sin control (los presidentes); pero es más discutible la tipificación para quienes simplemente se beneficiaron de las tarjetas como de un procedimiento en marcha. La segunda ausencia es más notable y exige una aclaración. Existe sin duda una infracción fiscal, un perjuicio a la Hacienda pública, que la audiencia debería haber señalado con rotundidad. Existe un daño al patrimonio público que tiene que ser tasado, sancionado y cobrado.