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Costavisión acusa al ayuntamiento de torpedear su emisión

El alcalde de Benalmádena, Enrique Bolín, se querella por injurias y calumnia contra Armando Robles, presentador de una TV local

HECHOS

En agosto de 1998 se hizo público que el alcalde de Benalmádena se querellaba por injurias contra el presidente de Costavisión (Onda Málaga S. L.), D. José Luis Caballero, y el director de uno de los programas de mayor audiencia de la emisora, D. Armando Robles.

La televisión local del municipio malagueño de Benalmádena, Onda Málaga S.L., con el nombre comercial de Costavisión, acusó ayer al Ayuntamiento de esta localidad del «destrozo del repetidor, robo de las instalaciones y corte de la emisión» de la misma.

Costavisión no emite desde la madrugada del viernes pasado, ya que las instalaciones que esta empresa posee en la sierra de Mijas fueron desmanteladas, según dijo el abogado de los responsables de la cadena, Ildefonso Arenas, quien señaló al alcalde del municipio, Enrique Bolín, como «principal sospechoso».

Además, Arenas dijo que «no sería la primera vez que tiene lugar una actuación semejante por parte del Consistorio, ya que con anterioridad se produjo un corte en la emisión y daños al repetidor, aunque en esta ocasión, además, han robado aparatos. El deseo del señor Bolín es eliminar la cadena desde que comenzó».

Asimismo, el regidor municipal ha presentado una querella contra el presidente de Costavisión, José Luis Caballero, y el director de uno de los programas de mayor audiencia de la emisora, Armando Robles, por «presunto delito de calumnias e injurias graves con publicidad», aún en trámite hasta el próximo 5 de octubre, en que ambos querellados acudirán al juzgado a declarar.

Por su parte, fuentes municipales informaron de que la orden de derribo del repetidor de esta emisora de televisión es «sólo la primera de una lista de once casetas de emisión que se encuentran en el término municipal de Benalmádena sin licencia».

El Ayuntamiento abrió expediente a estas dependencias hace más de un año y medio, les concedió un plazo para ajustar sus situación a la ley y les advirtió de que podían ser derribadas si no respondían a la solicitud del Consistorio, explicaron estas fuentes.

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