El alcalde de Lleida, Ángel Ros, defenestra a su ‘número 2’, Marta Camps, después de que esta le acuse de corrupción

LA POLÉMICA surgida en el Ayuntamiento de Lleida entre el alcalde, el socialista Àngel Ros, y la ahora ya ex concejal de Urbanismo, la también socialista Marta Camps, ha derivado en la difusión de un conjunto de informaciones que dejan a la luz prácticas que no son aceptables. El alcalde Ros cesó a Camps como primera teniente de alcalde y portavoz del grupo del PSC. Entre la documentación que se ha difundido, se encuentra la que demostraría el supuesto uso de dinero público para fines personales del edil y para cubrir gastos de representación poco justificados y justificables. La clase política debería ser consciente de que sus responsabilidades ante los electores les obliga a plicarse a rajatabla un estricto sentido de lo que es público y de lo que es privado para discernir en cada situación que son ámbitos que no deben mezclarse. Para bien de todos, las presuntas irregularidades que pueden llegarse a cometer –aunque sea sin mala fe– acaban siempre saliendo a relucir. En este caso, el motivo puede ser el rechazo a una decisión política, pero sea por lo que sea, las informaciones que están documentadas castigan la imagen como político del alcalde de Lleida. Las cuestiones personales, e incluso las de partido, han de quedar siempre al margen de las que conlleva asumir un cargo público. Si no, véanse por ejemplo otros casos de uso de dinero público o de influencias, que han derivado en la apertura de causas judiciales.