El caso de los EREs se lleva por delante al líder de UGT de Cádiz, Salvador Mera, encarcelado por corrupción

LA DETENCIÓN de dos sindicalistas por cobrar mordidas de los ERE para financiar a UGT y a CCOO permite constatar que esta irregularidad y la de las facturas fraudulentas tienen el mismo objetivo: repercutir en las arcas públicas la actividad sindical. Así se entiende que el decanato de los jueces de Sevilla decidiera la semana pasada poner en manos también de Mercedes Alaya el caso de las irregularidades de UGT en el cobro de subvenciones a la Junta.

Salvador Mera, secretario general de UGT en la provincia de Cádiz y Roberto Carmona, ex dirigente de CCOO, fueron detenidos ayer por la estafa de los ERE en una nueva redada en la que se practicaron otros siete arrestos. En su día, ambos admitieron el cobro de comisiones a una de las compañías que tramitaba las prejubilaciones en concepto de «gastos relacionados con el conflicto» en la minería de Huelva. Alegaban que con ese dinero extra sufragaban las concentraciones y las asambleas. Los sindicatos obtuvieron de esa forma 180.000 euros extra cada uno, al margen de lo que ya recibían oficialmente por su intermediación. Se trata de una suma abultada que permite costear muchas más actividades que las que se pretendían justificar, pero además supone el esperpento de que los mismos que pasan factura por participar en la gestión de los despidos, cobran también por alentar las protestas de esos trabajadores.

Todo indica, como ha advertido la juez Alaya en la instrucción, que estamos ante un caso de «financiación irregular» de los dos grandes sindicatos en Andalucía. En unas ocasiones estas prácticas habrían contado con la complicidad de dirigentes de la Administración socialista y en otras los autores han podido aprovecharse de la falta de control de la Junta en las subvenciones. De la magnitud del caso habla la cifra de encausados, que asciende ya a más de 130, entre los cuales hay 40 que ocuparon altos cargos.

La operación policial de ayer se desarrolló precisamente mientras la ex ministra Magdalena Álvarez declaraba como imputada ante Alaya por su actuación cuando era consejera de Economía. La vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones se encuentra en una situación muy incómoda por cuanto la sombra de la sospecha es incompatible con la confianza que requiere su actual responsabilidad. Álvarez manifestó en el juzgado que desconocía la finalidad de los cambios presupuestarios que realizó como consejera y que estaban dirigidos a sufragar los ERE. Sorprende su desconocimiento cuando estamos hablando de una cifra nada desdeñable: 125 millones de euros.

El descaro con el que los sindicatos se financiaban irregularmente a través de los ERE y la práctica sistemática con que UGT cobraba facturas fraudulentas a la Junta permiten sostener que ha existido durante años en Andalucía una cultura proclive a favorecer a los afines ideológicamente. Con esa coartada moral que da barra libre a los sindicatos y con la Administración convertida en un cortijo de la izquierda, se ha producido un verdadero saqueo de las arcas públicas. Misión de la Justicia es perseguir ahora a todos los responsables.