El Comando Andalucía de ETA de Harriet Iragi e Igor Solana asesina al concejal del PP en Málaga, José María Martín Carpena

José María Martín Carpena, concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Málaga, murió ayer abatido a tiros, en lo que se trata, según la mayoría de los indicios, del quinto atentado con víctimas mortales de la organización del fascismo vasco ETA desde la finalización del alto el fuego. El asesinato a tiros, ante su propia familia, del representante de los ciudadanos malagueños sucede apenas cuatro días después de la colocación de un coche bomba en el centro de Madrid que afortunadamente no produjo víctimas. Las últimas actuaciones de la banda totalitaria no dejan lugar a dudas: ETA se halla en plena campaña de presión violenta, que esta vez ha querido trasladar fuera del País Vasco sobre los representantes de los ciudadanos y específicamente sobre el Partido Popular.La nueva acción asesina se produce apenas unas horas después de una asamblea nacional del PNV en la que el partido nacionalista intentó una vez más mantener sus equilibrismos entre las declaraciones en contra de la violencia y su colaboración con Euskal Herritarrok, la coalición electoral que presta su apoyo político a los asesinos. El PNV anunció la ruptura de sus acuerdos municipales con EH en Guipúzcoa en caso de que la formación radical no apoyara una moción a favor de los derechos humanos, pero a la vez estos mismos días ha intercambiado borradores con EH para seguir explorando la vía soberanista y ha aprobado el plan de actuación de la asamblea de municipios vascos. El obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, que actuó de mediador entre ETA y el Gobierno en la única entrevista mantenida durante el alto el fuego, dio ayer, antes de conocerse el asesinato, la respuesta exacta que merecen el Gobierno vasco y el PNV al hartazgo de violencia y muerte que están perpetrando sus socios de la organización terrorista. El obispo apeló «al deber moral de adoptar posiciones netas en este fenómeno perturbador» y pidió para las personas que sufren las amenazas y la presión terrorista «el apoyo público de sus autoridades y de sus conciudadanos», cosas ambas que sólo serán efectivas si el Gobierno de Juan José Ibarretxe rompe de forma tajante cualquier tipo de relación con los abanderados de ETA, que le han venido proporcionando votos y apoyos políticos y parlamentarios.

Esta vez ETA no avisó. Anoche, el concejal del PP en Málaga, José María Martín Carpena, de 49 años, fue brutalmente asesinado de varios tiros en la nuca delante de su mujer y su hija. No hay palabras para describir el horror y la repulsa que suscita un crimen como éste.

Hace tres días, la banda terrorista había colocado un coche-bomba en el centro de Madrid en un intento de demostrar que nadie está a salvo de la largo mano de ETA. Ayer, pasó de las amenazas a los hechos. Y volvió a recordar a la sociedad española el valor que hay que tener para ser concejal del PP. ETA ha asesinado ya a ocho.

Martín Carpena vivía a 1.000 kilómetros del País Vasco, no tenía ni la más mínima relación con el conflicto, pero ello no le ha salvado la vida. Tampoco a Jiménez Becerril, el concejal del PP en Sevilla, asesinado en 1998. Hoy como entonces, ETA pretende intimidar a los miles de dirigentes locales y regionales del PP repartidos por todo el país. Pero no puede ni debe conseguirlo.

Un Estado democrático no puede ponerse de rodillas ante ETA. Debe combatir a la organización armada con todos los medios que la ley pone a su alcance. Y todas las fuerzas democráticas tienen el deber político y moral de prestar todo su apoyo al Gobierno para acabar con esta lacra.

En una situación límite como ésta, no vale la ambigüedad. ETA ha trazado una raya con sangre y hay que definirse a qué lado uno se coloca. Se puede estar con las víctimas o con los verdugos. Pero no hay elección intermedia.

El pasado viernes, el PNV celebró su asamblea para discutir la vía soberanista. Sus principales dirigentes, Arzalluz y Egibar, siguen defendiendo la alianza con EH para avanzar en este camino hacia la autodeterminación. Pero EH es el socio, el aliado, el brazo político de ETA. Y es la banda quien administra los tiempos políticos de la izquierda abertzale y quien inspira su estrategia.

El PNV debe romper de inmediato con EH, lo que supone abandonar el Pacto de Lizarra y dar por terminados todos los acuerdos municipales. No tiene otra opción si no quiere verse acusado de complicidad con los asesinos. Una formación democrática como el PNV no puede prestarse a servir de comparsa en una estrategia política que se sustenta en el crimen para obtener réditos políticos.

Ya no valen las expresiones de solidaridad retórica. Si el PNV conserva un mínimo sentido de la decencia política, tiene que demostrarlo con hechos. El tiempo se le acaba porque los asesinatos de ETA no sólo suponen una intimidación al PP sino, sobre todo, un desprecio a la sagrada voluntad de los ciudadanos, expresada en las urnas.

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