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Es el cuarto concejal del PP asesinado por los etarras tras Gregorio Ordoñez, José Luis Caso y Miguel Ángel Blanco

El ‘Comando Donosti’ de ETA asesina al concejal del Partido Popular en Zarauz, José Ignacio Iruretagoyena

HECHOS

El 9.01.1998 fue asesinado el concejal del Partido Popular en Zarauz, D. José Ignacio Iruretagoyena por un atentado con coche-bomba.

97_Iruretagoyena Los hijos y la esposa del Sr. Iruretagoyena lloran ante su féretro.

LOS ASESINOS:

txapote_amaia Los responsables de la colocación de la bomba que acabó con la vida del Sr. Iruretagoyena fueron García Gaztelu ‘Txapote’ e Irantzu Gallastegui, ambos condenados en 2009 a 46 años por aquel crimen.

TEMOR A ABANDONOS ENTRE CONCEJALES DEL PP

98_jorge_Knopff D. Jorge Knopff, el único concejal del PP vivo que queda en Zarauz, tras el asesinato del Sr. Iruretagoyena ha anunciado que seguirá asistiendo a los plenos. Sin embargo ha cundido el miedo entre todos los concejales del PP en Guipuzcoa a que, ante la escalada criminal de ETA cualquiera de ellos puede ser el siguiente en seguir los pases de D. Gregorio Ordoñez o D. Miguel Ángel Blanco Garrido.

10 - Enero - 1998

La realidad de ETA

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

Dos o tres personas -quienes ahora dirijan ETA- han ordenado asesinar a otro concejal vasco del PP, el tercero en seis meses, y los pistoleros han obedecido sin rechistar. Tampoco han rechistado los miles de seguidores de HB que el otro día se manifestaron pidiendo soluciones políticas, no policiales. Hoy leeremos en su periódico que la responsabilidad de esta nueva desgracia es del Gobierno y los partidos, por, su intransigente negativa a plegarse a las exigencias de esas dos o tres personas que deciden sobre la vida de los demás. José Ignacio Iruretagoyena ha pagado con la suya su negativa a aceptar a los terroristas autoridad para decidir de qué listas electorales se puede formar parte y de cuáles no. Los síntomas de disidencia tímidamente aflorados en el entorno de ese mundo y las insinuaciones sobre terceras vías han sido acallados por la vía rápida- habitual.El que se encarga de los comunicados escribió hace tres semanas que todos “los representantes políticos del PP, hasta el último concejal”, están “implicados hasta el cuello en la guerra para destruir a Euskal Herria como nación”. ¿Compartirán los concejales de HB de Zarautz esa acusación y la condena a muerte contra su compañero asesinado? Si no la comparten, que lo digan. Mientras no lo hagan será imposible no pensar que es el miedo lo que sella sus bocas. Porque en Euskadi el valor está del lado de quienes aceptan entrar en las listas de los partidos democráticos, y la cobardía, en el campo de quienes no se atreven a romper con ETA y HB. Algunas personas consideraban ayer incomprensible que ETA hubiera atentado contra un hijo del pueblo, alguien que hablaba euskera y tenía incluso lazos familiares con simpatizantes de HB. Sin embargo, todos los crímenes de ETA son injustos, cualquiera que sea la víctima.

Pese a ello, no han faltado voces dispuestas a compensar su condena del crimen con consideraciones que saben muy apreciadas por quienes lo ordenaron. Como ésa, reiterada ayer en alguna tertulia radiofónica, de que el problema es el déficit democrático resultante de no haber celebrado en Euskadi un referéndum de autodeterminación al inicio de la transición. Se eligió, por diversas circunstancias, otra fórmula de alcanzar el autogobiemo, y más de veinte elecciones han demostrado quees plenamente respetuosa con el pluralismo vasco. Porello, el único déficit democrático existente en Euskadi es el que resulta de la intervención criminal de ETA: contra UCD en su día, contra los socialistas más tarde y ahora contra el PP; contra cualquier partido que se haya enfrentado a sus delirios desde el Gobierno. Ahora son, los 166 concejales vascos del PP los que están bajo amenaza expresa de muerte. Ésa es la alternativa democrática de ETA.

Hay una incoherencia cierta en afirmar que ETA y HB practican “un fascismo de libro” y sin embargo contabilizar como propios los votos de HB para demostrar que existe una mayoría nacionalista. Se comprende que los nacionalistas no violentos se ofendan cuando se les responsabiliza de los crímenes y demás agresiones de ETA y su entorno, que también afectan a las sedes y afiliados del PNV y EA. Sin embargo, después de tantos años de democracia y autonomía, es irresponsable cuestionar permanentemente el marco institucional cuando hay constancia de que ETA interpreta ese discurso en términos de legitimación.

Desde los sectores que desde hace años contraponen medidas políticas a policiales se insinúa la conveniencia de “gestos de distensión” para estimular los indicios de flexibilización que decían haber detectado en ETA o HB. Los moderadísimos síntomas de disidencia que han trascendido siguen atribuyendo al Gobierno y a las fuerzas democráticas la responsabilidad de la violencia, y lo único que cuestionan es la eficacia de ciertos atentados. No es que consideren injusto asesinar concejales, sino que critican esta estrategia porque con ella se está alimentando la cohesión de los enemigos. Pero si es la inutilidad de sus crímenes lo único que conmueve a ese mundo, lo que habrá que hacer es dejar claro que ningún partido democrático accederá a cambios políticos derivados de una negociación política con ETA. Lo contrario de lo que ha venido haciéndose y siguen auspiciando los equidistantes.

El momento es de resistencia y unidad democrática. Por eso resulta absurdo que personas con responsabilidades públicas como el delegado del Gobierno en el País Vasco aprovechen la emoción del momento para cargar culpas sobre la Ertzaintza por no proteger más eficazmente a los ediles del PP. ¿Aceptaría acusaciones equivalentes contra la policía o la Guardia Civil cuando los atentados ocurren fuera del País Vasco? Por supuesto que hay que extremar la seguridad y no dar facilidades a los terroristas, pero, si hubiera un policía autonómico tras cada concejal, ETA asesinaría a sus hijos. Ésa es la realidad de ETA.

10 - Enero - 1998

La Ertzaintza tiene el deber de proteger a los cargos del PP

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

La crueldad de ETA no tiene límites. Ayer se cobró la vida de José Ignacio Iruretagoyena, concejal de Zarauz, de 35 años, casado, con dos hijos. Según confesaban personas cercanas a la víctima, Iruretagoyena no creía posible estar en el punto de mira de la organización, confiando en su marcada ascendencia vasca. Pero, como ha demostrado en infinitas ocasiones, ETA aprieta el gatillo en función de sus frías estrategias: no importa que la víctima tenga ocho apellidos vascos o que sea más o menos querida por sus vecinos. Hace unos años, le interesaba crear el terror entre los funcionarios de Prisiones. Ahora, apunta (y dispara) a los concejales del PP.

José Ignacio Iruretagoyena, al que la banda colocó varios kilos de explosivos bajo su coche, había renunciado recientemente a tener protección. Parece que esta decisión había dado lugar a disputas familiares, que afloraron en los momentos de tensión posteriores a su asesinato. El drama refleja la peculiar sociología vasca, con familias divididas por sus opiniones políticas, pero hay que tener bien clara una cosa: que la responsable de esta muerte es ETA, que no se da cuenta de que, al hacer de los militantes del PP mártires de la causa democrática, está propiciando el ascenso de este partido.

El asesinato de Iruretagoyena pone en evidencia que la banda pretende diezmar a los concejales y cargos representativos del PP en la comunidad vasca. En siete meses, tres ediles han perdido la vida. Y, en los últimos quince días, otros dos conocidos miembros del PP en Zarauz han sufrido intimidaciones de la organización terrorista.

Es obvio, como ayer coincidieron en subrayar dirigentes políticos de todos los partidos democráticos, que ETA pretende amedrentar a los representantes del PP en Euskadi para poner al Gobierno entre la espada y la pared, para forzarle a negociar en condiciones de inferioridad moral y psicológica. En suma, para hacer chantaje al Estado.

Y es también evidente que de seguir esta trágica racha, la situación personal de estos militantes del PP se haría insostenible. Por tanto, el Estado debe proteger sus vidas, debe poner todos los medios necesarios para que estos hombres y mujeres puedan ejercer su vida política y familiar lo más libremente posible.

ETA ha dejado claro que se trata de una estrategia para poner en jaque al Estado. Por ello, el problema ha dejado de ser individual o partidista para convertirse en un asunto de todos. Según el ordenamiento constitucional vigente, es la Ertzaintza quien tiene las competencias de orden público y seguridad en Euskadi. De forma consecuente, es este cuerpo quien se debe hacer responsable de la vida de los 215 concejales, representantes y cargos del PP en las tres provincias vascas.

La Erzaintza cuenta con más de 7.000 agentes. Dado que estamos ante el mayor problema de orden público que existe en el país y ante un desafío a las leyes y las instituciones, la Ertzaintza tiene que volcarse en preservar la seguridad de todas y cada una de estas 215 personas. Si no puede o no quiere asumir sola esta tarea, las autoridades vascas tendrían que solicitar la ayuda del Ministerio del Interior, que podría proporcionar profesionales experimentados para colaborar en la labor.

La Constitución establece, en su artículo 155, que si una comunidad no cumple con las obligaciones que marcan las leyes, el Gobierno, previa aprobación del Senado por mayoría, puede imponer las medidas que garanticen su «cumplimiento forzoso». No hace falta decir que recurrir a esta facultad legal excepcional sería un gravísimo error por tratarse de una iniciativa inaceptable política y socialmente para cualquier comunidad autónoma.

Pero lo que las autoridades vascas no pueden sostener, como afirmó en una reciente reunión con el PP un alto cargo, es que carecen de medios para garantizar la seguridad de estos ciudadanos y, mucho menos, alegar que proteger a los dirigentes populares sería «un agravio comparativo» hacia el resto de los partidos. Aquí quien discrimina y agravia es ETA, que ha puesto a estos 215 «gorriones» en el punto de mira de sus pistolas para tenernos de rodillas a todos.

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