El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) denuncia que programas de la COPE vulneran ‘la libertad de expresión’

El Consell de l´Audiovisual de Catalunya (CAC) organismo que emana del parlament, considera que determinados programas de la COPE vulneran los límites constitucionales de la libertad de expresión. Estos existen: el Tribunal Constitucional ha dejado claro que no hay un derecho a mentir ni a insultar o injuriar. El CAC sostiene que cuando se superan esos márgenes el tema no sólo afecta a los agraviados, sino que además se vulneran las condiciones de la licencia de la emisión. Este dictamen es una advertencia. Cuando entre en vigor la ley audiovisual catalana, el CAC podrá hasta suspender las emisiones de la COPE en Catalunya.
Es evidente que muchas afirmaciones públicas de Jiménez Losantos atentan a la convivencia sin que desgraciadamente actúe de oficio – como debiera – la justicia. No es tan evidente, en cambio, que sea un órgano de designación parlamentaria, influible por la polític,a quien deba arbitrar cuestiones de opinión. Por otra parte, el CAC no debe secundar a quienes, como Losantos, se creen con derecho a fallar por su cuenta lo que es o no constitucional. Los cumplimientos técnicos objetivables son otra cosa, y en eso el CAC tiene que poder intervenir y sancionar.

La lectura del informe sobre los contenidos de la Cope, comunicado ayer por el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), nos retrotrae inevitablemente a la época de la censura franquista, cuando se cerraba o multaba a un medio de comunicación por ofender al dictador.

El CAC ha remitido este informe al Gobierno de la Generalidad de Cataluña, que va a abrir un expediente que, como sugiere el propio documento, podría acabar en sanciones contra la emisora como la retirada de sus licencias para emitir en esta comunidad.Las actuaciones del CAC, que es un órgano político-administrativo, y de la Generalidad suponen un ataque sin precedentes desde 1977 contra la libertad de expresión, ya que ninguna administración pública había cruzado hasta ahora la frontera de perseguir a un medio por sus contenidos.

Lo primero que hay que decir es que la propia pretensión del CAC es inconstitucional, ya que invoca una norma del Parlamento catalán del año 2000 para sancionar a la Cope. El artículo 81 de la Constitución afirma de forma taxativa e inequívoca que «el desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas» ha de realizarse mediante ley orgánica. Dicho con otras palabras, la Generalidad no es competente para legislar ni sancionar en materia de libertad de expresión.

Conscientes de este serio obstáculo jurídico, los autores del informe señalan que las autoridades gubernativas tienen potestad de imponer sanciones cuando se vulnera la ley de reuniones. El ejemplo se vuelve contra quien lo invoca, puesto que esa capacidad de imponer sanciones es atribuida por una ley orgánica, aprobada por el Parlamento de la nación. No es éste el caso.

Con una pretenciosidad campanuda que oculta la orfandad de los argumentos, los autores del informe recurren a diversos precedentes jurídicos que no son de aplicación en ningún caso porque -y esto es lo esencial- un órgano político-administrativo no puede valorar los contenidos de una información en una democracia que se asiente sobre la división de poderes.

Una cosa es que un Gobierno o una instancia como el CAC pueda vigilar que se cumplan las condiciones formales del contrato de una concesión y otra bien distinta, afirmar que la Cope «se ha ultrapasado» en su libertad de expresión o criminalizar a sus profesionales. Para eso, están los tribunales si quienes se exceden incurren en delitos o vulneran el honor de los demás.

Con una mentalidad inquisitorial, el CAC transcribe grabaciones de los programas de Jiménez Losantos y César Vidal y saca conclusiones que de ningún modo se desprenden de las afirmaciones literales.Otra técnica que utiliza es calificar esas opiniones de informaciones no contrastadas. Cualquier persona que se tome la molestia de ojear este informe sentirá una mezcla de confusión y vergüenza por la simpleza de los sofismas a los que recurre.

Si había alguna duda de que los miembros del CAC son simples paniaguados al servicio del Gobierno tripartito, ésta queda totalmente disipada al leer este informe. Cabe esperar que su espíritu inquisitorial y antidemocrático provoque una reacción en los medios internacionales y que el Tribunal Constitucional ponga fin a este disparate.

Cosas veredes. Acaba el año y servidora va y escribe un artículo cuyo título nunca hubiera soñado -ni en pesadillas- escribir. Como buena catalana, formo parte del ejército de masoquistas que en las épocas gloriosas escuchaba a José María García para que le subiera la adrenalina culé, y que ahora, a dosis controladas, oye las invectivas matinales contra la maldad catalana, por parte de Jiménez Losantos y su alegre cuadrilla de obispos, ora pro nobis. Ciertamente, no es necesario tomar nada más para despertarse de golpe y funcionar todo el día, y si yo fuera el chico éste que lleva la prensa de Esquerra, le aconsejaría que enchufara la COPE en los mitines del partido, y vería como quiere proclamar la república catalana hasta el paquistaní que limpia el local. Sin ninguna duda, el programa de Jiménez Losantos es el invento más eficaz que se ha creado para fabricar almogávares catalanes. Carod Rovira tendría que enviarle un fuet de Vic y una caja de cava como agradecimiento. Es cierto que ni en fin de año podemos tomarnos a broma algunos de los epítetos que el radiopredicador nos ha dedicado, y cuyos dardos envenenados atacan directamente al corazón de la convivencia. Es cierto, también, que todos nosotros hemos levantado micrófonos para denunciar esa gramática de la intolerancia que se camufla bajo el lenguaje de la libre expresión. Y aún es más cierto, como escribió el hombre que más reflexiona sobre periodismo en este país, Josep Cuní, que no se puede confundir la libertad de expresión con la libertad de insulto.

Siendo, pues, todo cierto, el solemne informe que ha elaborado el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) me parece una solemne sandez. Y quiero considerarlo una sandez para no considerarlo un síntoma inquietante, lo cual elevaría excesivamente la trascendencia en este día de alegre fiesta sandunguera. No saben ustedes lo que cuesta ponerse seria en fin de año, sobre todo si una milita en el malvado relativismo hedonista que combate sabiamente maese Ratzinger.

Veamos. Si la Cope no nos gusta, lo mejor que podemos hacer es no escucharla. Si nos ofende, tenemos la opción de combatirla dialécticamente, y en eso estamos. Si creemos que vulnera el Código Penal, ahí está el susodicho para amparar los derechos de los sufrientes ciudadanos del reino. Y si el Código Penal la sentenciara, cosa que aún no ha pasado, habría que negarle la licencia no por antipática, sino por delictiva. Ese es el juego democrático, el único posible, un juego tan tiránico que incluso defiende a los que no nos gustan. Meter en calzador, en medio de esas reglas de juego democráticas, organismos paracaidistas que aterrizan desde lo político sobre lo periodístico, es algo difícil de digerir y más difícil de justificar.

Ya sé que el informe del CAC nos ha dejado el cuerpo un poco arreglado, y como todos estamos enfadados con la COPE, pues alegría que son dos días. Sin embargo, si desnudamos al rey, lo que observamos es un organismo creado por el poder político, cuyos miembros no son los periodistas más reputados del país, sino gente más o menos notable con carnet de identidad partidista y cuyos objetivos están mucho más vinculados a las ideologías que representan que al código deontológico del periodismo. Esto del CAC no es la BBC y su mitificada independencia del poder político, ni en absoluto es el fuerte periodismo norteamericano, auténtico puntal democrático de Estados Unidos. Este es un invento que se sacó de la manga Convergència para poder perseguir el culito del Shin Chan y las bromas sobre religión que se colaban en los programas algo gamberros. Después, el tiempo trajo nuevos tiempos y sus nuevos gobiernos, y el CAC se consolidó como un organismo aparentemente necesario. Personalmente nunca he entendido su necesidad, porque ese aire de comisariado mediático que respira me resulta preocupante. Sin ser un organismo censor, tiene una naturaleza que se le parece.

Lo peor es la sensación de profunda inmadurez que nos queda, como si nuestra sociedad necesitara tutelaje, como si las reglas de juego democráticas no fueran del todo fiables, y tuviéramos que inventarnos organismos que las vigilaran de cerca. Lo que ha ocurrido con el informe del CAC me parece altamente significativo. Tenemos una radio que dice cosas, en el marco de la opinión libre. Ejerce de oposición dura y, en muchos casos, de oposición hiriente. Algunos de sus opinadores rozan el insulto y el mal gusto y, escuchadas con lupa sus opiniones, podríamos tipificarlas de intolerantes. Pero ello no es óbice para que un grupo de ciudadanos, puestos a dedo por unos partidos que gobiernan, decidan lo que es ideológicamente pertinente. En democracia todo es pertinente menos aquello que atenta a las leyes. Y si atenta a las leyes, que actúen los tribunales. ¿O es que el CAC es un tribunal que tutela a los tribunales?

Miren ustedes, servidora quiere vivir en un país donde la Cope pueda existir, y una pueda ejercer el libre albedrío de apagarla. Un país cuya madurez social no la convierta en una radio escuchada. Y, sobre todo, un país donde las leyes actúen si son vulneradas. Pero ahórrenme ustedes organismos censores, cuya eficacia es tan nula que no sólo no resuelve un problema, sino que lo multiplica. Con el informe del CAC, hoy la Cope es más fuerte, va más de víctima y probablemente tiene más oyentes. Y encima, no sólo no estamos los ciudadanos más protegidos de los abusos, sino que ahora tenemos que protegernos también de los que quieren protegernos. No sé, pero alguien la jodió cuando hizo el invento.

Por supuesto, acabo aterrizando en la fecha del calendario. Les deseo un fin de año lleno de buena comida, diversión y sexo seguro. Que ya lo saben ustedes, mi gente sabia: todo lo que es pecado, es divino.

Tres asuntos públicos relacionados con la libertad de expresión se dieron cita la pasada semana. Primero, el Parlamento catalán aprobó la Ley Audiovisual de Cataluña, cuyo articulado faculta al Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) -creado por una ley autonómica de 2000- para asumir competencias reguladoras y sancionadoras ejercidas anteriormente por la Generalitat; aunque formalmente aparezca como un órgano administrativo independiente, los miembros del CAC son elegidos por mayoría parlamentaria cualificada y su actual presidente es un antiguo diputado autonómico afiliado al PSC. Veinticuatro horas más tarde, el CAC remitía a la Generalitat y al Ministerio de Industria un severo informe sobre los contenidos políticos e ideológicos de una veintena de comentarios de la Cadena de Ondas Populares (COPE) -bajo control de la Conferencia Episcopal- vejatorios para las instituciones de autogobierno. Casi en paralelo, la difusión por la COPE de una fraudulenta entrevista -supuestamente chistosa- con el presidente electo Evo Morales, cuyo interlocutor simuló la voz del presidente del Gobierno español, dio lugar a un incidente diplomático con Bolivia.

El dictamen del CAC es una obvia constatación del carácter partidista y sectario de la COPE, una grosera Santa Alianza de fanatismo eclesiástico y matonismo periodístico cimentada sobre la intolerancia hacia las creencias ajenas y la transformación en enemigo de cualquier discrepante religioso o político; la facción ultraderechista del PP y las empresas financiadoras de la emisora son las beneficiadas de ese furor universal. Cualquiera que se haya visto obligado a soportar alguna vez la fobia inquisitorial de esa excitada peña de energúmenos sin ingenio no necesitará leer el informe del CAC para conocer el monótono repertorio de insultos, calumnias y linchamientos de su tosco estilo libelista: el presidente y el consejero delegado del grupo editor de EL PAÍS, así como los directivos, redactores y colaboradores de este periódico, son víctimas predilectas de esa estúpida saña. Por lo demás, las invocaciones de la Cope a la defensa de la libertad de expresión se limitan a su propio corralito. Durante el mandato de Aznar, algunos tertulianos -entre otros Jiménez Losantos y Ramírez- trataron de que el Gobierno del PP aplicase la solución final a los medios de comunicación de la competencia; las campañas de la Cope contra Sogecable y la SER ilustran el doble rasero que manejan esos interesados farsantes.

Pero el debate sobre el papel de la libertad de expresión en un sistema democrático comienza precisamente a partir del tipo de conflictos que la Cope plantea. Por lo pronto, como señaló James Madison, «cierto nivel de abuso es inseparable del uso adecuado de cada cosa, y ello es especialmente cierto en el caso de la prensa». Después, la Constitución otorga al Poder Judicial el monopolio de dirimir los pleitos acerca de la libertad de expresión; los consejos audiovisuales no tienen competencia sobre los contenidos políticos de los medios. Pero la vía judicial -criminal o civil- implica demasiadas veces la impunidad en la práctica de los bronquistas; las campañas victimistas desde la prensa y la demora de los procesos logran transformar demandas y querellas bien fundamentadas en coces contra el venenoso aguijón. Y tampoco faltan políticos que firman la paz por separado con los profesionales del chantaje que extorsionan a sus correligionarios.

La excelente antología de las sentencias básicas del Tribunal Supremo estadounidense publicada por M. Beltrán y J. V. González García (CEPC, 2005) analiza los argumentos que llevan a sus magistrados a plantearse los casos relacionados con la Primera Enmienda (la prohibición de que el Congreso promulgue leyes que coarten la libertad de palabra o de imprenta) con extrema prudencia. Oliver Wendell Holmes exhortaba a «estar siempre vigilantes para poner freno a quienes pretendan controlar la manifestación de ideas y opiniones que detestemos o que consideremos que conducen a la muerte». Y otros jueces siguen su ejemplo cuando invitan a considerar los errores informativos y las expresiones de odio como el precio a pagar «para que las libertades puedan respirar».

Javier Pradera