El dictador de Argelia, Mohamed Budiaf, asesinado por integristas islámicos durante un discurso televisado

El asesinato, ayer, de Mohamed Budiaf en Anaba coloca a Argelia en una situación límite. Budiaf era de hecho el presidente de la República, y su personalidad -prestigiada por su papel en la lucha por la independencía-, la clave de bóveda del Alto Comité del Estado, el órgano que surgió al dimitir el presidente Benyedid y que había asumido todos los poderes estatales en una etapa particularmente agitada y confusa. El propio carácter excepcional del poder detentado por Budiaf, sin un cuadro constitucional que lo ampare, complica ahora en grado sumo el problema de su sucesión. No será fácil encontrar otro Budia: éste, exiliado en Marruecos durante 17 años, se había mantenido apartado del sistema corrupto del Frente de Liberación Nacional (FLN), y gozaba por ello, en círculos nacionales y extranjeros, de una consideración que no tienen otros dirigentes argelinos.Como factor de continuidad aparece -y es una constante de la historia de Argelia desde la independencia- el Ejército. De hecho, la base real del poder de Budiaf, desde su retorno de Marruecos, han sido siempre los jefes del Ejército. Éstos son los que han ideado y llevado a cabo, en lo fundamental, la compleja operación política contra el movimiento islamista que se viene desarrollando desde hace medio año, y que acaba de sufrir un tremendo revés con el asesinato de Anaba. Cuando en diciembre pasado, en la primera vuelta de las elecciones parlamentarias, el Frente Islámico de Salvación (FIS) obtuvo más del 47% de los votos -lo que le garantizaba la mayoría en el Parlamento- se inicia esa operación conjunta de Budiaf y los militares: consistía en suspender las elecciones, obligar a dimitir al presidente Benyedid (el cual quería respetar el sufragio, si bien poniendo condiciones al FIS) y anular a este partido declarándolo ilegal y persiguiendo a sus seguidores con métodos de extraordinaria dureza.

Esta política se basaba en la teoría de que la influencia del FIS era una fiebre pasajera; si se le impedía actuar durante un periodo, perdería popularidad y pronto volvería la normalidad. Engañado por sus deseos, Budiaf había anunciado el pasado 9 de junio que se. acercaba el momento de crear «un nuevo partido patriótico», liberado de las lacras del FLN. Pero los hechos han desmentido radicalmente esta teoría. La violación de la democracia, aunque sea en nombre de sus principios, ha dotado al integrismo de nuevos argumentos para denunciar la hipocresía del sistema. Y un sector del FIS, cerrados para él los cauces legales, se lanzó en los últimos meses a una guerra civil larvada que ha dado lugar a combates en diversos lugares del país, asesinatos de policías (50 solamente entre marzo y mayo), ataques a centros oficiales, etcétera.

Por otra parte, la tensión en el país se había agudizado en los últimos días con la apertura del proceso contra el líder máximo del FIS, Madani, y sus compañeros, acusados de rebelión contra el Estado. En estas condiciones, y aunque por el momento no hay datos concretos, a nadie sorprendería la responsabilidad de los islamistas en el atentado. Hay numerosos ejemplos, empezando por el asesinato del presidente egipcio Sadat, que indican la tendencia de los fundamentalistas islámicos a emplear ese método.

Lo sorprendente es que, pese a las extremas medidas represivas, el asesino, o los asesinos, hayan podido preparar un doble atentado: una bomba estaba situada bajo la silla que debía ocupar Budiaf por si el primer atentado fracasaba. ¿Hasta dónde llegan las complicidades en este caso? Lo propio de movimientos con un claro componente de fanatismo religioso es su capacidad para penetrar en las más insospechadas esferas. En fin, cualquiera que sea la naturaleza de la conspiración, la situación creada es motivo de gravísima preocupación para Europa, y para España en particular. Por razones de vecindad y por la existencia de intereses compartidos, incluido el de la estabilidad en el Magreb.

La muerte, ayer, de Mohamed Budiaf, presidente del Alto Consejo de Estado argelino, a instancias -según todos los indicios- del Frente Islamico de Salvación (FIS) corona la espiral de violencia que vive Argelia desde hace medio año y representa un salto cualitativo hacia el desastre. «Nos obligan al derramamiento de sangre». Las amenazas vertidas a comienzos de año por el movimiento integrista, apartado del camino al poder cuando estaba a punto de recoger un fruto electoral que rozaba casi con los dedos, y declarado posteriormente ilegal por un tribunal, a instancias del Ministerio del Interior, parecen cobrar ahora todo su sentido. La venganza integrista ha alcanzado a la cabeza visible de lo que para ellos es un club de oligarcas usurpadores, empeñados en acallar una de las voces más representativas y genuinas del pueblo. No parece casual, en este sentido, que el asesinato del presidente argelino se produjera apenas 24 horas después de que comenzara el proceso contra los siete principales dirigentes del FIS (entre los que se encuentran los dos líderes de más autoridad del movimiento: Benhach y Madani) y fuera suspendido «sine die», tras la objeción de falta de legitimidad hecha por la defensa. Y que culmine un rosario de atentados y enfrentamientos violentos como respuesta a la reducción de integristas en campos de internamiento. El atentado deja en evidencia la debilidad del Consejo de Estado, incapaz de controlar a los elementos más radicales del FIS. Lo cual es consecuencia del mayúsculo error político que supuso forzar una situación de clandestinidad, al ilegalizar al movimiento integrista. Y deja abierta la puerta al enfrentamiento abierto. Las espadas están en alto. Los integristas se preguntan ahora cuál será la respuesta del Consejo del Estado. No es difícil augurar baños de sangre si se cumplen las probabilidades, muy altas, de que el nuevo presidente sea Jaled Nezar, responsable de Defensa (núcleo de poder efectivo del Consejo junto con Interior). Llueve además sobre mojado. El hecho de que la argelina sea una sociedad invertebrada (cada vez están más alejadas las posibilidades de reconducir la situación política posterior al golpe de Estado) profundamente desorientada, lastrada por la penuria económica y además peligrosamente polarizada (entre integristas y laícos) acentúa los riesgos de la guerra civil. Así las cosas, es lógica la preocupación de España -y de los gobiernos del Sur de Europa, expresada ayer por el ministro Solana, ante las consecuencias del foco de intestabilidad abierto en la orilla sur del Mediterráneo. No se puede olvidar, en el caso español, que con el agravamiento de la situación se alejan las posibilidades de cobrar la deuda pendiente (25.000 millones de pesetas) y queda ensombrecido el contrato del suministro del gas argelino.