21 marzo 2018

La política del PP es acusada de mentir y responsables de la universidad de falsificar un documento público

El escándalo por un master regalado a la presidente de Madrid, Cristina Cifuentes, revienta su imagen y la de la Universidad URJC

Hechos

El 21.03.2018 el digital ELDIARIO.ES inició una serie de publicaciones sobre el master académico realizado por Dña. Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos.

Lecturas

La mañana del 21 de marzo de 2018 el periódico digital ElDiario.es de D. Ignacio Escolar García publicó una información de la periodista Dña. Raquel Pérez Ejerique en el que se cuestionaba la legalidad de un master académico realizado por la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Dña. Cristina Cifuente Cuenca, en el año 2012 (cuando era Delegada del Gobierno de Madrid) en la Universidad Rey Juan Carlos I.

 En el curriculum oficial de la Sra. Cifuentes publicado en la web de la comunidad de Madrid figuraba que tenía un master por la Universidad Rey Juan Carlos.

De acuerdo a la información digital, inicialmente figuraba como nota de la Sra. Cifuentes Cuenca a su Trabajo Fin de Master (TFM) un ‘no presentado’ que después se transformó en un ‘7,5’. La cadena La Sexta de Atresmedia da máxima difusión al caso mientras la política señalada no hace ninguna declaración pública.

Ante esa información el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, D. Javier Ramos López y el director del Master, D. Enrique Álvarez Conde comparecen ante los medios ese mismo 21 de marzo de 2018. Ambos aseguran que todo el proceso del Master de la Sra. Cifuentes Cuenca fue el reglamentario y que no hubo ningún trato de favor a la política madrileña, que sí que había presentado y defendido ante un tribunal de profesores de la Universidad su TFM.

Esa noche del 21 de marzo de 2018 la Sra. Cifuentes Cuenca manda un vídeo a todos los medios de comunicación en la que muestra un papel que dice que es el acta que acredita que presentó y expuso su TFM el 2 de julio de 2012 del master dirigido por el Sr. Álvarez Conde ante un tribunal formado por las profesoras Dña. Alicia Pérez de los Mozos, Dña. Clara Souto y Dña. Cecilia Rosado Villaverde y que mandará copia de ese acta a todos los medios. Finaliza su vídeo con una sonrisa a los que quieren que dimita: “No me voy, me quedo, me voy a quedar y voy a seguir siendo vuestra presidenta”.

No obstante ElDiario.es y La Sexta continúan aireando contradicciones del caso. El día 2 de julio de 2012 (fecha de la supuesta defensa del TFM, era el día que la selección Española celebraba su triunfo en Europa en el que la Delegación del Gobierno realizó un gran despliegue, la matriculación de la Sra. Cifuentes Cuenca se realizo fuera de plazo y ninguno de sus teóricos compañeros recordaba haberla visto por ahí. El 26 de marzo de 2018 Dña. Cristina Cifuentes Cuenca anuncia una querella contra D. Ignacio Escolar García y Dña. Raquel Pérez Ejerique a los que acusa de haber ‘atentado contra su honor’ (querella que será archivada).

El 4 de abril de 2018 la Asamblea de Madrid realicé un pleno centrado en el ‘caso Master’ en el que Dña. Cristina Cifuentes Cuenca vuelve a insistir que que no fue ni un master regalado ni tuvo trato de favor, sin convencer a la oposición.

Ese mismo día 4 de abril de 2018 El Confidencial publica que el acta mostrada por la Sra. Cifuentes Cuenca es una falsificación y que las firmas de dos de las profesoras (Dña. Alicia Pérez de los Mozos y Dña. Clara Souto) están falsificadas mientras que la tercera, la de la profesora Dña. Cecilia Rosado Villaverde se debe a que se prestó junto al Sr. Álvarez Conde a realizar un acta falsa a instancias de la asesora de Dña. Cristina Cifuentes, Dña. María Teresa Feito Higueruela.

La mañana del 6 de abril de 2018 un D. Enrique Álvarez Conde acorralado interviene en Onda Cero reconociendo que el acta que remitió a la Sra. Cifuentes el día 21 es una falsificación ‘reconstruida’ y asegura que lo hizo por orden del rector D. Javier Ramos López.

A media mañana de ese 6 de abril de 2018 D. Javier Ramos López comparece ante los medios, esta vez, solo, para informar que tras una investigación interna constata que no hay ninguna evidencia de que la evaluación del TFM de la Sra. Cifuentes, ni tan siquiera de que este fuera entregado en ningún momento, ni prueba real de que la política hubiera realizado el master. Además, el Sr. Ramos anuncia que emprenderá medidas contra el Sr. Álvarez Conde. El caso estaba sentenciado.

El 8 de abril de 2018 se producía un intento de ofensiva. El Mundo publicaba un reportaje de D. Javier García Negre, en el que señalaba a un militante del PSOE D. Salvador Perelló, profesor titular de sociología en la Universidad Rey Juan Carlos como la persona que había filtrado la información del master a ElDiario.es, con el intento de presentar a la política como víctima de una conspiración.

El 17 de abril de 2018 D. Javier Ramos López hace pública una Tribuna publicada en El País y otros medios planteando retirarle el titulo al Sr. Cifuentes Cuenca por una posible falsedad, Ese mismo día en El Confidencial se publica una carta de la Sra. Cifuentes Cuenca comunicando que ‘renuncia’ a su título del citado master. Pero el proceso ya se ha judicializado, siendo procesados por falsificación el Sr. Álvarez Conde, la Sra. Feito Higueruela, la Sra. Rosado Villaverde y la propia Sra. Cifuentes Cuenca.

El PSOE con D. Ángel Gabilondo Pujol a la cabeza presentó una moción de censura contra la Sra. Cifuentes Cuenca, pero Ciudadanos, la formación que sostiene al Gobierno del PP, rechaza una moción que derribe al PP del Gobierno y prefiere limitarse a pedir la retirada de la Sra. Cifuentes y su sustitución por otro candidato del PP.

La moción de censura no llegará a votarse al producirse durante el proceso la dimisión de Dña. Cristinas Cifuentes Cuenca al estallar el caso del ‘robo de frascos de crema’.

MÁXIMA CANCHA DEL GRUPO ATRESMEDIA

 El grupo de comunicación que más cancha dio al escándalo del master de Cristina Cifuentes fue el grupo Atresmedia, en especial a través de una de sus cadenas de televisión LA SEXTA. El director de la misma, D. Antonio García Ferreras, abrió durante 30 días todos sus programas de opinión hablando del caso, el ‘master-gate’ y llegó a dedicar 10 minutos de sus telediarios al tema por encima de cualquier otra noticia para impedir que cayera en el olvido. El caso había sido destapado por ELDIARIO.ES de D. Ignacio Escolar, un digital en la órbita de Atresmedia.

CIFUENTES NO DIMITIRÁ… POR EL MASTER.

Dña. Cristina Cifuentes negó reiteradamente que fuera dimitir por el ‘caso Master’, pero inmediatamente después aparecerá el caso de ‘el robo del Eroski’ que mercará su final.

21 Marzo 2018

Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas

Raquel Pérez Ejerique

Leer

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presume en su web de tener cursados dos máster, uno de ellos «en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos» de Madrid. Tal y como demuestra eldiario.es con documentación de la propia universidad pública, a Cifuentes, entonces delegada de Gobierno en Madrid, le cambiaron la nota de «No presentado» a «Notable» dos años después de matricularse y sin mediar nueva matrícula. Lo hizo una funcionaria que no trabajaba en el servicio de posgrado ni siquiera en el mismo campus donde se impartía.

La política del PP se matriculó en este máster en el curso 2011/2012 y pagó los correspondientes 1.586,39 euros, como ha confirmado eldiario.es. Según su expediente de notas, al que ha tenido acceso este medio, aprobó todo ese mismo curso.

Sin embargo, un pantallazo del sistema de gestión de alumnos de la URJC ( aquí puedes ver el documento ampliado) revela otra cosa. En 2011-12 aparecían como «No presentado» o «-«, que es lo mismo, dos materias: ‘La financiación de las comunidades autónomas’ y el ‘Trabajo Fin de Máster’.

La explicación está en ese mismo pantallazo. En 2014, dos años después de la matrícula oficial, el usuario que corresponde a la funcionaria Amalia Calonge entra en el sistema informático y cambia la nota de «No presentado» a sendos notables, concretamente 7,5, dejando rastro en el sistema. Días después de sus notables, Cifuentes paga el título y cuando va a recogerlo se hace una sonriente foto con la funcionaria Calonge, una imagen que estaba en el perfil de whatsapp de esta última hasta este martes por la tarde. Esas dos asignaturas suman 27 créditos (24 el trabajo y 3 créditos la asignatura) de un total de 60 que tiene el máster, es decir, suponen casi la mitad del posgrado.

En el registro se ve que Calonge está cambiando en el año 2014 las notas de 2011. En la columna de la izquierda se aprecia que la modificación se está produciendo para las calificaciones del año académico 2011-12 (bajo el epígrafe ANY_ANYACA). Ni la universidad, ni la funcionaria ni el profesor han explicado por qué.

Curiosamente, fuentes de Presidencia de la Comunidad de Madrid confirman que, efectivamente, se dejó «2 ó 3 asignaturas» como dice el sistema interno, pero que las aprobó en 2014, aunque no explican por qué entonces sus notas del expediente académico oficial dicen que las aprobó todas en 2011-12.

La única manera en la que podría ser factible que Cifuentes apruebe dos años después como ella defiende, es si se hubiera matriculado de nuevo, como marca la ley, pero según el historial de Cifuentes en el registro de administración de la URJC, no se matriculó de nada ese año, como ha podido confirmar eldiario.es

El único pago que aparece en 2014 de la alumna Cristina Cifuentes son 176,27 euros, lo que cuesta retirar el título, un pago que hizo 15 días después de esos ‘notables fantasma’. Preguntadas por cómo sacó dos notables en 2014 sin mediar matrícula, fuentes de Presidencia se aferran a que las abonó y que aprobó ese año lo que le faltaba: «Pagó para volverse a presentar, debe de haber un error». ¿Lo ha confirmado la presidenta de Madrid, pagó en 2014 y se examinó de nuevo de dos asignaturas? «No confirmo que fuera en 2014, no se acuerda del hecho de haber pagado o no, pero pagó y se sacó las asignaturas que le faltaban y que no había aprobado en primera instancia». La realidad es que no hay ningún registro de pago de matrículas o examen en 2014 por parte de Cristina Cifuentes. Todo lo aprobó y pagó en el curso 2011-2012, como revela la documentación oficial a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Por otra parte, según la propia normativa de la universidad, «para poder realizar la defensa del Trabajo Fin de Máster el alumno tendrá que haber superado el resto de las asignaturas del Máster, para lo que deberá entregar la justificación correspondiente». Según el expediente académico de Cifuentes, entre la calificación de la asignatura que le quedaba pendiente y la calificación del Trabajo Fin de Máster pasa un minuto, lo que tarda el usuario Calonge en cambiar las notas. Tiempo insuficiente para presentar un justificante, preparar un trabajo y defenderlo en público.

Por qué le cambiaron esas calificaciones dos años después es un misterio y ante qué comisión presentó su trabajo y con qué tutor, también. La universidad tampoco lo ha logrado explicar de momento. Fuentes cercanas a Cifuentes dicen que lo explicarán todo este miércoles con documentación.

Amalia Calonge, como ella misma confirma por teléfono a eldiario.es, no tenía en 2014 ninguna responsabilidad sobre los máster de la URJC, una universidad pública que depende de la financiación de la propia Comunidad de Madrid. En ese momento trabajaba en otro campus, en Móstoles (hoy es jefa en el Rectorado): «Yo no hago ni una sola rectificación de nada si no me lo ha pedido un profesor por escrito», y añade que no puede dar ninguna explicación más «porque es información amparada en la Ley de Protección de Datos».

¿Quién le pidió que cambiara la nota de un alumno de otro campus y otro departamento dos años después de la matrícula para cambiar dos «no presentado»? No se acuerda. «En aquel entonces era habitual que se hicieran matrículas y gestiones aunque fueran de otro campus, ahora ya no», zanja, sin dar más información. Preguntada sobre si es amiga de la presidenta y por su foto con ella, prefiere no responder. Desde el entorno de Cifuentes aseguran que no la conoce de nada.

El profesor en una de las asignaturas que aparece con Notable en 2014 fue Pablo Chico de la Cámara. eldiario.es le ha preguntado telefónicamente por esta célebre alumna, si fue a clase y por qué se le cambió la nota dos años después. No niega nada y se limita a decir que «es una información reservada, me remito a las autoridades de la universidad». Tampoco contesta si normalmente cambia las notas a alumnos con dos años de diferencia y sin que se matriculen de nuevo. «Me remito a lo que digan las autoridades».

El otro notable fantasma, el Trabajo Fin de Máster, supone casi la mitad de créditos (24), para el que hay que tener un tutor y que se expone en público ante una comisión evaluadora, como dice la normativa de la URJC. Tampoco nadie en la universidad da un nombre ni ante quién se presentó.

Sorpresa por el cambio de notas

José María Álvarez Monzonzillo, vicerrector de tercer grado de la URJC, se muestra sorprendido respecto al cambio de notas: «No sé ni quién es Amalia Calonge. ¿Pero es profesora? Si no es profesora no lo puede cambiar», aunque en una llamada posterior matiza que hace unos años una funcionaria de otro campus sí podía cambiar notas, y que por eso puede aparecer cambiado por ella.

Monzonzillo cuenta que ha hecho varias gestiones para averiguar el nombre del profesor de la asignatura, el tutor del trabajo y ante qué comisión se presentó públicamente Cristina Cifuentes a defender su proyecto. Con poco éxito. Por el momento, la sexta universidad madrileña no ha logrado averiguarlo y da explicaciones vagas sobre lo que ha podido pasar.

Fuentes jurídicas consultadas apuntan a que, si se confirma que ha habido un cambio de expediente ilegal, podríamos estar ante una presunta falsificación en documento público, regulada por el artículo 390 del código penal y que prevé penas de tres a seis años de cárcel para el funcionario que cometa la falsedad.

Desde el punto de vista académico, la URJC prevé sanciones por la «utilización de medios fraudulentos, con el fin de obtener resultados no merecidos en pruebas de evaluación, que conlleven la colaboración de agentes externos», según su reglamento disciplinario y lo considera una falta grave.

Este escándalo se suma a otro en la familia de Cifuentes: su hermana, Margarita Cifuentes es desde el 2016 profesora visitante en la misma universidad pública pese a que no cumple ninguno de los requisitos de la LOU, el convenio y los estatutos de la URJC. La hermana de la presidenta de Madrid fue personal de administración hasta que el exrector Fernando Suárez le hizo un contrato reservado a profesores de reconocido prestigio. Le dirigió personalmente la tesis y después la contrató como profesora haciendo uso de esa figura discrecional, que evita los concursos y controles.

La Rey Juan Carlos es la misma universidad que dirigía Fernando Suárez, rector hasta 2017, cuando tuvo que convocar elecciones por el escándalo desvelado por eldiario.es de la decena de plagios que había hecho antes y durante su rectorado.

21 Marzo 2018

Que te regalen un máster es otra forma de corrupción

Ignacio Escolar

Leer

Cuando Cristina Cifuentes se matriculó en un máster de la Universidad Rey Juan Carlos no era una alumna cualquiera que pasara por allí. Fue en el año 2012. Cifuentes ya era la delegada del Gobierno en Madrid. Antes había sido miembro del Consejo de Universidades de Madrid. Su nombre, en ese año, ya sonaba como probable candidata a las elecciones autonómicas por el PP. Llevaba más de treinta años en política –se afilió en 1980 a las juventudes de AP– y hacía ya dos décadas que era diputada en la Asamblea de Madrid. En esta universidad pública, que financia la misma administración que hoy preside, Cristina Cifuentes recibió un claro trato de favor. Solo se explica por ser quien es.

Ni Cristina Cifuentes ni la Universidad Rey Juan Carlos ni ningún otro de los protagonistas de esta exclusiva que nuestra compañera Raquel Ejerique publica hoy han sabido aclarar a eldiario.es cómo la hoy presidenta de Madrid logró sendos notables en dos asignaturas a las que no se presentó. Tampoco saben explicar por qué modificó esas notas una funcionaria administrativa de otro campus distinto, en vez de los profesores del máster. Ni por qué Cifuentes logró dos notables en su expediente el 23 de octubre de 2014: dos años después de terminar su máster y sin que figure ningún nuevo pago de matrícula por repetir.

No eran dos asignaturas cualquiera. Una de ellas era el trabajo de fin de máster. Entre las dos asignaturas pendientes, a Cifuentes le faltaban casi la mitad de los créditos necesarios para aprobar: 27 de 60.

La única explicación posible es que a Cifuentes le aprobaron por la cara. Por puro enchufismo. Por ser quien era. Mentir en el currículum suele ser motivo de dimisión en aquellos países europeos a los que nos queremos parecer. Falsear un documento público, un título de una universidad pública, es un abuso de una gravedad aún mayor.

El máster regalado a Cifuentes no es el único escándalo que ha salpicado a una universidad pública donde nada parece marchar bien. Es la universidad que mantuvo durante meses al rector plagiador. La misma donde la hermana de Cifuentes acabó colocada en un puesto a dedo que no le correspondía, de forma ilegal.

Casualmente, la funcionaria que le puso los notables por la cara, Amalia Calonge, tenía como imagen de perfil en su whatsapp una foto de ella abrazada a Cristina Cifuentes. Le hemos preguntado a Calonge si son amigas. Ha preferido no contestar. Más tarde, ha cambiado su foto de whatsapp.

Cristina Cifuentes ayer tuvo que aclarar en el Congreso de los Diputados un misterio difícil de desentrañar: cómo es posible que ella fuese la única política honrada que prosperase en la charca de batracios de Esperanza Aguirre e Ignacio González. “Cuanto esto acabe, volveré a la universidad”, aseguró en el Parlamento. Lo que no ha explicado es a qué plaza pretende regresar.

Cifuentes se matriculó en este máster por una razón: porque lo necesitaba como paso previo para presentar una tesis doctoral con la que después poder optar a un puesto docente, como el que se llevó a dedo su hermana. La plaza de Cifuentes en la universidad es como funcionaria no docente: primero del grupo B y más tarde, cuando ya estaba en política, pasó a técnico superior.

Cabe preguntarse en qué momento de su día a día lograba la delegada del Gobierno en Madrid estudiar para su máster o acudir a las clases. O cómo pensaba sacar rato para una tesis doctoral mientras preside la Comunidad, sin tiempo suficiente ni para tomarse vacaciones de verano. Es fácil, cuando los títulos universitarios se aprueban así.

En otro país europeo más normal, la presidenta de la Comunidad de Madrid no seguiría en su puesto un día más.

23 Marzo 2018

Cifuentes debe dimitir

Ignacio Escolar

Leer

Cristina Cifuentes tiene un título universitario regalado, un máster que realmente no cursó. No pisó las clases un solo día. Una funcionaria muy cercana entró en su expediente y le cambió dos notas saltándose la ley. No consta en ningún registro oficial que presentase el trabajo de fin de máster. El documento no aparece por ningún sitio y es dudoso que tal trabajo siquiera exista: ni lo encuentra Cifuentes ni tampoco la Universidad. Podría falsificarlo, supongo que ha tenido la tentación. Tampoco sería el primer documento irregular que presenta para defenderse de las informaciones de eldiario.es. Pero si Cifuentes habla con un buen abogado, seguro que le aconseja frenar en esta carrera hacia el abismo. No solo tiene un problema político. También afronta un posible problema judicial.

Su versión de los hechos ha cambiado tanto en estos días porque todas sus explicaciones han sido falsas, de principio a fin. Las mentiras tienen las patas muy cortas y por eso se encuentra hoy así. “Va a caer por KO o a los puntos”, me dice un importante dirigente político. La única duda es si dejará la presidencia de Madrid con la dignidad que no ha tenido esta semana o si prolongará esta agonía un tiempo más. La Semana Santa o la excusa de una gripe no le servirán para huir eternamente. En su propio partido, ya son muchos quienes le aconsejan dimitir.

Cuando eldiario.es abrió este miércoles su portada con esta investigación de Raquel Ejerique donde decíamos, con todas las letras, que había obtenido un máster con notas falsificadas, no estábamos jugando a la ruleta rusa. Este periódico no especula con la información, ni apuesta a doble o nada con un simple rumor. Si no hubiésemos tenido la información atada, nunca habríamos publicado un titular tan contundente. Lo hicimos porque es lo que pasó, porque teníamos las pruebas, porque contábamos con todo tipo de fuentes y documentos que acreditaban decenas de ilegalidades. Porque sabíamos que una Universidad pública que depende de ella y donde fue consejera había regalado, por la cara, un título oficial a la presidenta de Madrid.

Ya hay una denuncia presentada y hasta el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, el presidente del partido que sujeta su Gobierno, está pidiendo a la Fiscalía intervenir. No es para menos, porque el escándalo también afecta a una de las universidades públicas de Madrid. Aquí no solo está en juego qué pasa con Cifuentes, sino el prestigio de una Universidad cuya marca ya estaba por los suelos, después del lamentable episodio de su exrector plagiador.

En su huida atropellada en las mentiras, Cifuentes está arrastrando también a todos sus cómplices en este escándalo. A su ‘conocida’, Amalia Calonge, esa amable funcionaria que le cambió las notas y que estaba disponible cada vez que Cifuentes necesitaba una gestión. Al director de máster que luego resultó que no lo era, el catedrático Enrique Álvarez. Al profesor Pablo Chico que le puso un “no presentado” –normal, no pisó la clase– y dos años después lo cambió por un notable; el mismo que tiene varios trabajitos en ayuntamientos gobernados por el PP. A las tres profesoras en precario que aseguran que participaron en un comité evaluador que es ilegal y que han firmado un papel muy dudoso y que las puede comprometer. También ellos, al igual que Cifuentes, se enfrentan a unas posibles consecuencias muchísimo más graves que una inspección interna de la Universidad.

El máster de Cifuentes era presencial, pero solo para los estudiantes sin pase VIP. Han hablado una cuarta parte de los matriculados –cinco alumnos de poco más de 20– y ninguno la vio jamás; la mayoría de ellos ni siquiera sabían hasta esta semana que habían compartido clase con la presidenta de Madrid.

La pregunta ya no es solo cómo logró Cifuentes sus dos notables en diferido, sino cómo pudo aprobar las otras once asignaturas sin pisar la clase. Tiene incluso cinco sobresalientes, el premio a un esfuerzo que nunca existió.

04 Abril 2018

El acta del máster que exhibió Cifuentes tiene al menos dos firmas falsificadas

José María Olmo (+ David Fernández & Rafael Méndez)

Leer
El acta del trabajo fin de máster de la presidenta madrileña fue fabricado horas después de que estallara el escándalo. El jefe de estudios intenta ahora coordinar una versión común

El documento que utilizó Cristina Cifuentes para tratar de demostrar que completó su máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en 2012 fue fabricado el pasado 21 de marzo, solo unas horas después de que estallara el escándalo. Al menos dos de las tres firmas de profesoras que figuran en la supuesta acta de presentación del trabajo fin de máster (TFM) de la presidenta madrileña fueron falsificadas, según han confirmado a El Confidencial fuentes del Instituto de Derecho Público (IDP) de la universidad, el organismo del que depende la titulación. El catedrático responsable del máster, Enrique Álvarez Conde, reunió ayer a las profesoras en el despacho de un abogado para tratar de pactar una versión común en su inminente declaración ante la investigación interna abierta por la universidad.

Un portavoz del Gobierno autonómico aseguró a este medio que la presidenta de la Comunidad de Madrid se limitó a mostrar los documentos que le facilitó la universidad para demostrar que había realizado el máster en derecho autonómico. Según el acta, Cifuentes habría presentado su TFM el 2 de julio de 2012, cuando era delegada del Gobierno en Madrid y el mismo día en que la selección española festejaba en las calles de la capital el triunfo en la Eurocopa. El tribunal que teóricamente la evaluó estaba integrado por las profesoras de la Universidad Rey Juan Carlos Alicia López de los Mozos (presidenta), Clara Souto (vocal) y Cecilia Rosado (secretaria). Las firmas de las tres aparecen al pie del documento que difundió Cifuentes como prueba de que tenía la titulación sin irregularidades.

Sin embargo, dos de las tres docentes, López de los Mozos y Souto, nunca estamparon su rúbrica en el acta, según han confirmado a este diario fuentes internas de la universidad. La firma de Rosado se está investigando. El documento fue improvisado el 21 de marzo, el mismo día en que ‘eldiario.es’ destapó que una funcionaria del centro de estudios manipuló el expediente de Cifuentes en 2014 —dos años después de que se matriculara en el máster— para convertir en notables los dos calificaciones de no-presentado que había obtenido en una asignatura y en el propio TFM. Este diario ha tenido acceso a las firmas originales de López de los Mozos y Souto y, efectivamente, no concuerdan con las que les atribuye el documento.

Los implicados están intentando pactar una versión ante su inminente paso por la investigación que ha iniciado la inspección de servicios de la universidad, con el apoyo de dos observadores externos de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). Este miércoles tenía que haber comparecido el director del máster y del IDP, el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde. Sin embargo, este ha maniobrado para ser el último en declarar. Finalmente, pasará el examen el jueves por la tarde. Antes, por la mañana, habrán pasado las profesoras.

Según ha podido saber El Confidencial, Álvarez Conde improvisó este martes por la tarde una reunión de urgencia para intentar unificar declaraciones. A la cita asistió el catedrático en Derecho Administrativo Juan Mestre —que además de amigo personal de Álvarez Conde es miembro del Consejo Académico Asesor del IDP de la universidad—. Este está actuando como asesor del grupo para minimizar sus eventuales responsabilidades. Otros dos letrados acudieron al encuentro para prestar igualmente labores de asesoramiento. La principal preocupación es que en algún momento el caso salte de la universidad a una posible investigación penal. Asociaciones de alumnos ya lo han denunciado ante la Fiscalía.

Pinche en la imagen para ver los documentos que ha presentado Cifuentes.
Pinche en la imagen para ver los documentos que ha presentado Cifuentes.

Álvarez Conde está intentando argumentar que el TFM no existe en la universidad porque se destruyó a los cuatro años de su supuesta presentación, es decir, en 2016. Además, el motivo por el que el acta habría aparecido sin sello ni registro es porque se envió a secretaría por correo ordinario, como se hace siempre, y se debió de traspapelar. El catedrático tiene ascendencia sobre las tres docentes, al haber sido el director de sus tesis doctorales. Además, solo una de ellas tiene plaza de profesora titular.

Un portavoz de la presidenta regional asegura que Cristina Cifuentes no ha falsificado ningún documento y que el pasado 21 de marzo se limitó a mostrar los documentos que le envío la universidad. Desde el equipo de Cifuentes no entienden quién ha podido falsificar ese acta y señalan que mantienen su confianza en las profesoras y en la dirección del centro. Fue la propia secretaria del rector la que el pasado 21 de marzo a las 17:36 envió a la Comunidad de Madrid el acta que exhibió la presidenta regional.

Este diario lleva varios días intentando contactar con el director del máster y con las tres profesoras para recabar su versión de los hechos, pero ninguno ha contestado a llamadas ni a mensajes de texto.

El equipo de Cifuentes responde que la presidenta no ha manipulado nada y que solo presentó los documentos que le proporcionó la universidad

El rector de la URJC, Javier Ramos, defendió el primer día que, con la información de la que disponía en ese momento, no había irregularidades en el expediente de Cifuentes. Sin embargo, ese misma tarde ordenó a la jefa de la Inspección de Servicios que abriera una «información reservada» para aclarar el caso. Además, pidió a la conferencia de rectores dos inspectores de otras universidades para garantizar la independencia del proceso. Los funcionarios que asistirán a la inspección proceden de las universidades de Murcia y Burgos.

Ramos remitió el pasado viernes un correo a todos los profesionales de la URJC para prometer que reaccionará “con contundencia siempre que se ponga en entredicho la reputación” del centro. “No dudaré en investigar y esclarecer todos los casos en los que encontremos irregularidades. En el caso concreto que hemos sufrido estos últimos días, buscaremos decididamente la verdad”, aseguró. «Sé que los acontecimientos recientes han empañado el trabajo honrado y generoso de muchos de vosotros. Os esforzáis para que la Universidad Rey Juan Carlos esté en el buen lugar que le corresponde y no querría que desistierais de ese esfuerzo». Profesores de la Rey Juan Carlos han mostrado su preocupación por el daño a la imagen de la universidad que está suponiendo el escándalo del máster.

06 Abril 2018

Cifuentes no convence

EL PAÍS (Director: Antonio Caño)

Leer

Las sospechas de falseamiento que pesan sobre el máster que cursó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, deterioran gravemente la confianza en los políticos, ya suficientemente erosionada en este país. El caso no es, como puede aparentar, un hecho menor. Afecta de lleno a la ejemplaridad a la que se deben los líderes políticos; que es especialmente relevante en Cristina Cifuentes, supuesta abanderada de la regeneración del Partido Popular, formación a la que pertenece, acorralada y debilitada por graves casos de corrupción.

La duda fundamental que las informaciones periodísticas han sembrado sobre el máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos es que este no fue completado de forma exitosa y legal de acuerdo con los procedimientos habituales a los que se someten todos los alumnos, sino valiéndose de amaños y favores. La presidenta de Madrid esgrimió ayer en el pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid actas y documentos académicos que no disiparon la sospecha fundamental de que fue su influencia política y no su mérito la que le procuró el título. No solo no ha aportado Cifuentes durante estas dos semanas de escándalo su trabajo de fin de máster, sino que dejó entrever que cursó dichos estudios (de 600 horas presenciales) sin aparecer por las aulas universitarias. Y esta es quizá, por el momento, la peor de las implicaciones que conlleva el caso. Porque empeñada Cifuentes en defender su honorabilidad desvió las acusaciones de irregularidades y presuntas firmas falsas a la propia universidad pública, ofreciendo de ella una imagen extremadamente perjudicial. Es un daño colateral corrosivo, pues siembra el descrédito de los docentes y alimenta el agravio de todos esos estudiantes que se esfuerzan día a día por mejorar su formación y obtener títulos que les abran el camino del mercado laboral.

Cifuentes sostiene que todo es legal y que nadie ha demostrado su culpabilidad. Pero no ha empeñado lo más valioso que tiene un político: su palabra de que obró correctamente y, por tanto, de que realizó y defendió públicamente su tesis de acuerdo con las normas establecidas.

“Necesitamos confianza”, reclamó ayer el líder de la oposición madrileña, el socialista Ángel Gabilondo, en una brillante exposición. A falta de esa confianza en la palabra de los políticos, más preocupados por el contrataque al rival que por hacer resplandecer la verdad ante los electores, es la Universidad Rey Juan Carlos la única que puede desbrozar en parte el camino, aunque ello suponga un incómodo análisis de sus procedimientos. La petición del rector Javier Ramos a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas de observadores independientes para investigar lo ocurrido es la mejor iniciativa.

El PSOE ha anunciado una moción de censura contra Cifuentes, mientras que Ciudadanos se conforma, de momento, con una comisión de investigación parlamentaria. Ni una cosa ni otra resolverán en el corto plazo ese grave problema de confianza que sufre la política española. Cifuentes prometía poner su grano de arena en esa necesaria reconstrucción del respeto a la política, pero de momento solo se ha confundido con el paisaje.

07 Abril 2018

Cifuentes, más difícil todavía

ABC (Director: Bieito Rubido)

Leer
Si no asume su responsabilidad, su partido debe tomar cartas en el asunto porque está en juego la continuidad del liderazgo del PP en el centro-derecha en Madrid y en toda España

Cristina Cifuentes está sobre la línea roja de sus responsabilidades como cargo público y dirigente del PP. Tiene también un compromiso de coherencia personal, porque quien ha hecho bandera de la regeneración de su partido y de la transparencia política debe someterse a las mismas exigencias que predica para los demás. Por su condición de presidenta de la Comunidad de Madrid, no puede refugiarse detrás de la polémica abierta en el seno de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), porque no es una víctima de las graves incógnitas puestas de manifiesto en los últimos días. Ha sido su posible beneficiaria. El rector de la URJC, Javier Ramos, reconoció ayer que no hay acta de evaluación del trabajo de fin de máster de Cifuentes, pese a que debía estar archivada, que tampoco aparece la memoria de dicho trabajo y, lo que es aún peor, que no puede garantizar que se celebrara el acto de defensa pública del mismo. Previamente el presunto tutor de su trabajo, el catedrático Enrique Álvarez Conde, reconoció que había «reconstruido» el acta del tribunal el 21 de marzo. Un acta en la que consta la firma falsificada de quien aparece como presidenta del tribunal.

El problema es de la Universidad, sin duda, pero también de Cifuentes, y la presidenta madrileña se equivoca si pretende enfocar su situación desde la perspectiva de una alumna. Cuando hizo el máster era delegada del Gobierno en Madrid y hoy es presidenta de esta Comunidad, máxima responsable de la política universitaria. Su disyuntiva es muy sencilla: o presenta de forma inmediata -hoy mejor que mañana- las pruebas documentales de su trabajo de fin de máster, o debe hacerse a un lado para que la mayoría formada por su partido y por Ciudadanos en la Asamblea elija otro presidente autonómico. Y si no asume su responsabilidad por iniciativa propia, su partido debe tomar cartas en el asunto porque es mucho más importante lo que está en juego -la continuidad del liderazgo del PP en el centro-derecha en Madrid y, por extensión, en toda España- que el futuro político personal de un dirigente u otro.

El PP no debe presentarse ante la opinión pública como un partido en el que nunca pasa nada. Cae en Cataluña y en las encuestas, se le fugan votos y, ahora, se tambalea su último gran feudo en Madrid, y nada se conmueve, nada cambia en una formación que aspira a ganar las municipales y las autonómicas de 2019.

08 Abril 2018

Un militante del PSOE resentido con el PP destapó el ‘caso Cifuentes’

Javier Negre

Leer
Se hace llamar Profesor P y es el autor de la filtración que ha permitido sacar a la luz las presuntas irregularidades del máster de Cristina Cifuentes. Se trata de un profesor enfadado, militante del PSOE, que ejecutó su venganza contra la Universidad Rey Juan Carlos anticipando el escándalo en un foro on line. "Ya no tengo más material contra Cristina", afirma el autor de la Operación Cifuentes, "Ahora les toca a los partidos hacer su trabajo".

En 2014, este profesor se vio afectado por la decisión de la ex consejera popular de Educación Lucía Figar, que decretó la extinción del grado de Sociología, materia de la que era docente. Profesor P ya logró con sus denuncias la caída del rector de la URJC acusado de plagio.

Mediados de marzo. Fuenlabrada, Madrid. En un aula de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos un espigado profesor con gafas está impartiendo una clase de Estructura Social Contemporánea. El hombre, de piel blanquecina y perfecta dicción, imparte una lección magistral sobre el significado del poder. Y no sólo abunda en la teoría. También plantea a sus alumnos de Periodismo un ejercicio práctico: que saquen sus móviles para leer la exclusiva que había dado esa mañana eldiario.es sobre el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que habría obtenido en el centro de forma fraudulenta. «Yo soy la persona que está detrás de todo ello», les dice orgulloso. Toda una exhibición de poder. Los estudiantes le miran incrédulos. Y el maestro, para reivindicarse como el garganta profunda, les adelanta que en pocos minutos podrán ver una nueva noticia sobre el caso. Más poder. Los alumnos aplauden enfervorecidos. Así lo ha relatado él mismo a su entorno.

El profesor, también violonchelista, al que identificaremos sólo con una inicial, P., quería dejar constancia de que él era el director de esa orquesta que empezaba a sonar y que ha puesto en riesgo la carrera política de Cristina Cifuentes. Semanas antes, en un foro online universitario, había escrito a modo de profecía: «Se avecina una hecatombe de proporciones bíblicas». Una tormenta perfecta.

Bien lo sabía el docente. Ya tenía toda la información a su recaudo y sólo era cuestión de ordenar los pantallazos. De administrar los tiempos. De elegir el momento perfecto para cobrarse a su presa. Iniciaba su segunda gran cacería. En la primera se llevó por delante a un rector que terminaría siendo conocido como el rector plagiador.

¿Por qué desvelaba P. su juego de poder a los alumnos y otros compañeros de Universidad? El profesor anticipó que una vez que estallase el escándalo no tardarían en salir personas colgándose la medalla para medrar en la Rey Juan Carlos o ganar para su partido la Comunidad de Madrid. Un botín inesperado a un año de las autonómicas. De ahí sus esfuerzos sin disimulo por reivindicar su obra. Incluso, según cuenta él, lo hizo ante el rector de la Universidad, Javier Ramos, quien le habría pedido negociar. Después dio la cara ante otros profesores, a los que comenzó a mandarles los links de las informaciones que desacreditaban el máster en Derecho Autonómico de Cifuentes junto a un emoticono de gafas y dientes prominentes. «Es lo que uso siempre para identificarme como el autor de la maldad. En la universidad ya todos saben que he sido yo», ha explicado estos días.

P. quería dejar claro que él había sido quien manejaba el timing y el que había decidido cómo se iba a desarrollar la operación Cifuentes en sintonía con su medio de confianza. Limpiar la universidad era ya su obsesión. Había empapelado su casa con un árbol de decisión: un esquema donde definía cada uno de sus pasos, los distintos escenarios, los posibles movimientos de sus rivales y sus contraataques. Su hoja de ruta para derribar a Cifuentes. «Ni el CNI, ni Atresmedia, ni Paco Marhuenda [también profesor de la URJC], ni Soraya Sáenz de Santamaría, ni Ignacio González han tenido nada que ver. No ha habido fuego amigo. No está Podemos ni el PSOE detrás. No es una operación política. He sido sólo yo. Cuando he dejado todo resuelto, se han sumado otros», ha dicho este militante del PSOE. Pero lo curioso es que su objetivo inicial no era Cifuentes. Y dice que tampoco será el último, pues en esta historia de venganzas, traiciones, mentiras y juegos de tronos universitarios le quedan aún muchas figuras por derribar.

En este relato también hay una fecha oficial. El 24 de julio de 2014. Ese día, la orden 2385/2014 del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid recoge un cambio interno en la Universidad Rey Juan Carlos firmado por la entonces consejera de Educación, la popular Lucía Figar: la «extinción del grado en Sociología». La noticia no tiene eco mediático. Pero aquel BOCM sería el origen de los males de Cifuentes.

En aquel Boletín Oficial está la razón de ser de la vendetta de P., un profesor de Sociología que entonces se vio apartado de su materia. Según él, por la decisión de la Universidad de falsear los datos de alumnos matriculados para demostrar que el grado apenas tenía demanda. Y todo con el beneplácito de Lucía Figar, a quien P. llegaría a denunciar por prevaricación. Lo cierto es que se quedó sin poder dar su titulación y sus alumnos de Sociología, sin carrera. Él creyó, y aún cree, que la extinción del grado de Sociología fue el castigo de la dirección de la URJC por haber apoyado al candidato perdedor al rectorado. Se refiere al profesor de Estadística, David Ríos, aspirante a dirigir la Universidad que fue derrotado por Fernando Suárez.

Suárez había sido nombrado rector en funciones por Pedro González–Trevijano cuando éste accedió al Tribunal Constitucional. Era junio de 2013 y el primer escándalo no tardó en llegar. Justo tres días después de que Suárez convocase elecciones para ser la máxima autoridad de la URJC. Él pensaba que iba a ser un camino de rosas, pero trasciende que había sido imputado por amenazar cuando era vicerrector con «enterrar» al jefe del Departamento de Estadística si apoyaba a David Ríos, que se había presentado contra González-Trevijano. La conversación fue grabada por el profesor y se incorporaría a la querella. Aquella filtración a los medios no impediría que el rector noquease a Ríos. Según varios profesores veteranos de la Rey Juan Carlos, Suárez había tejido tal red clientelar que era invencible. Colocando en el campus a los familiares y amigos de profesores de la Universidad cuyos votos valían más en las elecciones.

En el fragor de aquella batalla sitúa el garganta profunda del caso Cifuentes la decisión de acabar con Sociología por venganza. Dice el profesor que se trató de laminar tanto a Ríos como al profesor de Estadística (redujeron el profesorado de su departamento) y a él mismo (le situaban detrás de las filtraciones a la prensa). «Suárez sabe que cuando me cerró el grado de Sociología por haber apoyado a Ríos él cavó su tumba», ha asegurado P. a su entorno sobre aquellos tiempos.

Detrás de aquella cacería, según su versión, también estaba González-Trevijano, ahora magistrado del Constitucional. El profesor ha dicho de él a su círculo que «sigue controlando esta Universidad corrupta como don Vito Corleone» y que desde que fue rector la utilizó para dar facilidades académicas a personas vinculadas al PP o colocar a sus familiares. Usó, según él, la URJC para medrar en los círculos populares porque quería ser ministro o miembro del Constitucional, como consiguió en 2013. Y ahora, el sociólogo ha explicado a su gente que está seguro de que Trevijano fue quien ayudó a a Cifuentes a obtener su máster de forma irregular en el que se matriculó en 2011 cuando él mandaba. «Es su padrino», ha dicho.

Una vez desaparecido el grado de Sociología, P. empezó su cruzada por destapar la «fosa séptica» de la Rey Juan Carlos. Cayese quien cayese. Por ello, pidió a funcionarios de confianza que luchasen por encontrar irregularidades.

Su sed de venganza era tan palpable que llegó a oídos de una facción del Opus Dei que quería destronar a Suárez, también vinculado a esta corriente religiosa. Suárez se había granjeado enemigos cuando fue nombrado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, director del Anuario de Historia del Derecho sin ser, como regía la tradición, el catedrático más antiguo en el escalafón. También querían acabar con él porque había formado parte del tribunal que negó una plaza en la Complutense a un catedrático de Historia del Derecho con influencia dentro de esa facción. Fue este grupo de poder, según ha dicho P., quien puso al profesor sobre la pista de que Suárez había plagiado varios trabajos académicos. Y éste comenzó a verter señales en un blog del que era administrador. Empieza a dar pistas sobre los escritos que ha podido copiar y anima a otros profesores a colaborar en el striptease de su copy and paste. Se crea el comando Zorro, un grupo de personas que empieza a comparar texto por texto. Y a P. comienzan a llegarle sobres. Con trabajos de Suárez plagiados. El tema comienza a circular por la URJC y aflora en la prensa una semana después de que el rector Suárez hubiese aprobado un sistema antiplagios.

Se abre la veda y P. implica a más medios para que el asunto tenga repercusión nacional. Es cuando aparece una oleada de fusilamientos que demuestran que Suárez había plagiado en 10 de sus publicaciones y que, como desveló Crónica [«El plagio definitivo del rector copión», 24/12/2016], había contado con «un grupo de negros» que le había hecho el trabajo más sucio de reproducir literalmente párrafos de otros autores. Suárez se enroca en su cargo. Sabe que ha tejido tal red clientelar que nadie le va a echar de su cargo y que incluso convocando elecciones podría ganar, dado el mayor valor que tienen las votaciones de los profesores a los que ha brindado privilegios. Sin embargo, P. manda un mediador al consejero de Educación, Rafael Van Grieken, que había sido vicerrector. Eran ya tiempos de Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad. Le dice que tenía «24 horas» para deshacerse de Suárez. «Si lo haces puedes poner al rector que quieras porque lo primero es salvar la imagen de la Universidad». Y Van Grieken acepta con el apoyo de Cifuentes, según fuentes universitarias. La Comunidad empuja a Suárez a convocar elecciones y a renunciar a su reelección. A cambio, pactan que su sucesor sea un afín. Suárez elige a Javier Ramos, uno de sus lugartenientes. Ahora son íntimos enemigos.

EL ‘CASO CIFUENTES’

Ese relevo pactado en el rectorado de la Rey Juan Carlos está en el origen del escándalo por el máster. El profesor P. siempre creyó que en la decisión de apostar «por la línea continuista» y no por un rector «de consenso y limpio» de cualquier mácula de corrupción» tuvo mucho que ver Cifuentes. «De ahí que el rector Javier Ramos le haya querido echar un cable a Cristina al principio», ha dicho P. Al ver el triunfo del rector Ramos, el profesor de Sociología dio orden a sus colaboradores de que entrasen en los sistemas y rastreasen todos los expedientes de los políticos que se habían sacado el título en la URJC.

Y a principios de este año le llamó uno de ellos anunciando caza mayor. La inmaculada presidenta de la Comunidad. Le informó de que se había sacado el máster en Derecho Autonómico de forma fraudulenta. «Si es verdad me cargo la Comunidad», le dijo el profesor que, meticuloso como nadie, le exigió pruebas documentales. Y a los pocos días le apareció con un pantallazo con datos de la intranet del centro que avalaba su hipótesis. Pero quería más. Necesitaba más pruebas, consciente de que si iba a disparar contra un elefante necesitaría munición de mayor calibre, y con la sospecha de que el engranaje de la URJC iba a defender a Cifuentes. Y le trajeron tres pantallazos más. Definitivos para tumbarla a su juicio.

Era cuestión de elaborar un planning sobre cómo y cuándo sacar la información. Decidió lanzarla cuando vio cómo Cifuentes se retrataba ante la comisión de investigación de la financiación irregular del PP como una política honesta. Le enervó tanto que no pudo aguantar más. El primer tiro contra Cifuentes fue difundir ese pantallazo que demostraba que le cambiaron dos notas de «No presentado» a «Notable» tres años después de matricularse en 2011 y sin mediar nueva matrícula. Lo hizo una funcionaria que no trabajaba en el servicio de posgrado ni en el mismo campus donde se impartía. Cuando la información fue publicada, P. reivindicó su autoría ante el rector, quien, según el relato del profesor, le ofreció negociar. No aceptó. «No tengo ninguna novia ni ningún hijo tonto a quien colocar», dijo.

También avisó de que todo iba en serio a su amigo Enrique Álvarez Conde, el director del máster que se ofreció a dar la cara por Cifuentes. Pero éste no le creyó y aceptó comparecer en una rueda de prensa pactada con la parte afectada defendiendo la honorabilidad de Cifuentes. Los responsables de la Universidad lo achacaron a una «mala transcripción en la introducción de las notas». A un error informático. Y ni rastro de su trabajo fin de máster.

Tras la rueda de prensa, P. telefoneó a Álvarez Conde avisándole de que al día siguiente tenía munición que les dejaría en ridículo. «Me ha dicho el rector que tú no puedes tener nada que contradiga nuestra versión», le dijo el director del máster. «Si quieres te mando los documentos originales antes de publicarlos», le desafió el profesor. Desconocía que su amigo tenía varios pantallazos que demostraban que Cifuentes cuatro meses después de «aprobarlo todo» en noviembre de 2012, según su versión, pagó 6,11 euros para poder presentar y defender el Trabajo Fin de Máster (TFM) que teóricamente ya tenía aprobado con un notable. Álvarez Conde entró en pánico. «¡Joder, he hecho el gilipollas!», le dijo a P.

Y después ya empezó a tocar el resto de integrantes de la orquesta. El Titanic cifuentino hacía agua. Y se abrían nuevos frentes: los partidos exigían responsabilidades, compañeros de máster de Cifuentes aireaban que nunca habían visto en clase a la entonces delegada del Gobierno en Madrid… También aparecieron una serie de informaciones que permitían sospechar por qué la Universidad estaba protegiendo a Cifuentes. «El profesor del máster falsificado de Cifuentes fue colocado por el PP»; «El director del máster de Cifuentes fue alto cargo de Rajoy» y «La universidad que regaló un máster a Cifuentes contrató como profesora a su hermana de manera ilegal» fueron algunos de los titulares publicados.

Al profesor se le acercaron intermediarios del PP, de Podemos y del PSOE. Unos para informarse, otros para sacar rédito político. A los socialistas les transmitió que él podía tener carné (se afilió después de las europeas), pero que también había corruptos socialistas en el campus. Por eso, ha asegurado que tiene preparada su carta de baja, aunque el PSOE le ha pedido que aguante. También les dijo que era partidario de una moción de censura pero manteniendo a un político popular. Y les reprochó que él había hecho «más en 72 horas por limpiar la URJC que ellos en 20 años».

A pesar de las evidencias, Cifuentes se aferró al sillón. En la mañana de su comparecencia, El Confidencial se sumó a la causa explicando que el documento que utilizó la presidenta para tratar de demostrar que completó su máster fue fabricado unas horas después de que estallara el escándalo y que dos de las firmas de las tres profesoras que figuran en la supuesta acta del tribunal del TFM fueron falsificadas. «Alguna de las firmantes del acta falsa acabará cantando por consejo de su abogado para evitar el delito de falsedad documental», pronosticó P.

Su profecía se cumplió un día después de que Cifuentes insistiese en su honorabilidad en la Asamblea de Madrid. Una de las profesoras dijo que no había firmado esa acta. Era el aparente fin de Cifuentes. Pero la presidenta decidió resistir. «He demostrado que con tres pantallazos se puede hundir una Comunidad.Ya he conseguido acreditar que todo es un chanchullo y que debe dimitir. Ya no tengo más material contra Cristina…Ahora toca a los partidos hacer su trabajo», dijo P. el pasado miércoles. El PSOE ya ha activado la maquinaria.

Mientras tanto, P. amenaza con seguir levantando alfombras en la URJC donde, según su entorno, existe un sistema para falsificar TFM. «El registro de entrada está en la red; ellos quitan internet, cambian la fecha del ordenador, reactivan internet y ponen la fecha que necesitan en el documento», aseguran desde la URJC. El sociólogo también quiere destapar a otros políticos. Cambiar al rector y si no, que cierren la URJC. «Fraccionarla por campus y adscribirlos a otras universidades, pero eso dependería de la Comunidad». También quiere desmontar toda la red clientelar ideada por Trevijano, acabar con los profesores corruptos («ellos son más corruptos que Cifuentes») y sobrevivir a la caza de brujas que les espera a él y a sus colaboradores. Una orquesta que promete no dejar de sonar.

17 Abril 2018

Si hay falsedad, pediremos retirar el título a Cifuentes

Javier Ramos (Rector URJC)

Leer

Desde el pasado día 21 de marzo, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha sido objeto de numerosas informaciones, muchas de ellas relacionadas con hechos de una gravedad extrema, que repercuten directa y negativamente en el prestigio y la reputación de nuestra institución.

Son muchos los que han aprovechado esta circunstancia en beneficio de sus propios intereses y batallas, y en contra de la propia Universidad, olvidando a menudo que somos un centro educativo y de conocimiento y no una arena política donde dirimir sus diferencias.

Como Universidad y desde nuestras capacidades y recursos, durante las últimas semanas, hemos actuado con eficiencia, rigurosidad y energía para erradicar irregularidades que nunca deberían haber pasado en un centro educativo, y por las que, en nombre de la URJC, pedimos disculpas a la comunidad educativa y a la sociedad, en general.

A partir de ahora, y de hecho ya lo estamos haciendo, vamos a tomar todas aquellas decisiones necesarias no solo para garantizar que las malas praxis detectadas no se vuelvan a producir, sino también para actuar de manera contundente y de la mano de la justicia contra todos aquellos responsables de este desprestigio.

Reconozco que resulta muy doloroso ver cómo unas actuaciones circunscritas en un centro determinado y con unos implicados muy concretos dañan el buen hacer de toda la URJC, cuando esta institución, en su gran mayoría, trabaja diariamente ajena a esa triste realidad y lo hace con la mayor honestidad y profesionalidad posible. Está fuera de duda la honorabilidad de la inmensa mayoría del profesorado, del personal de administración y servicios de los centros de esta Universidad y por supuesto de sus estudiantes.

No vamos a permitir que 46.000 estudiantes y cerca de 3.000 docentes y empleados, además de las 345 titulaciones oficiales, resulten afectados por las malas prácticas de un solo centro y de unas determinadas personas.

Se han cometido errores en estos días, no somos infalibles, pero se han tomado todas las decisiones posibles que estaban en la mano del equipo de Gobierno de la Universidad para poner punto y final a la peor situación vivida en nuestra historia reciente. Y es posible que en el proceso de llegar hasta donde sea necesario, se detecten o se conozcan nuevas irregularidades o incidencias y, ante ello, ya ha quedado suficientemente claro que no vamos a desistir en nuestro empeño de erradicarlas.

Para nosotros, lo sucedido queda encauzado por las soluciones planteadas: Traslado a la fiscalía de todas las irregularidades detectadas, intervención del Instituto afectado por los casos detectados, apertura de expedientes disciplinarios a las personas implicadas e inicio de auditorías contables y académicas en todos los institutos y centros propios de la Universidad.

Aunque los medios de comunicación y una parte importante de la sociedad nos solicita la retirada del título de la alumna Cristina Cifuentes Cuencas, tengo que insistir en que este proceso no puede iniciarse hasta que se pronuncien los órganos judiciales. No tengan ninguna duda de que, de confirmarse el delito de falsedad documental, solicitaremos al Ministerio de Educación su retirada.

La URJC quiere ser y va a ser, desde hoy mismo, referencia en el marco de la ética, la profesionalidad, la transparencia y el buen hacer. Estamos trabajando para ello, a pesar de que todos esos acontecimientos fueron originados con anterioridad al actual equipo de Gobierno, que apenas ha cumplido un año en sus funciones.

Adoptadas las medidas necesarias y establecido el marco de actuación ante irregularidades, iniciamos una nueva etapa donde todos juntos coincidimos en que la URJC va a volver a trabajar en la senda que habíamos marcado antes de lo sucedido: una clara vocación internacional, la captación de talento y una oferta educativa adaptada a las necesidades de la sociedad actual.

Ese va a ser desde hoy nuestro principal objetivo y nuestro día a día.

Quiero manifestar que, a partir de ahora, cualquier nuevo caso de corrupción académica o económica que descubramos en nuestra Institución, no vamos a considerarla como un caso más, sino como un caso menos, que nos acerca a la máxima integridad moral.

Javier Ramos

17 Abril 2018

Carta de renuncia al master de Cifuentes

Cristina Cifuentes

Leer

Me dirijo a ti en relación con la polémica surgida en torno al Máster de Derecho Público Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos, correspondiente al curso 2011-2012.

Un Máster, del que poseo el correspondiente Título Oficial, así como todos los certificados acreditativos del pago de tasas y de las calificaciones obtenidas en cada una de las distintas materias, debidamente sellados y compulsados por la Secretaría de la Universidad.

Todos y cada uno de estos documentos están expedidos por las autoridades académicas competentes, y los mismos acreditan dos cosas: en primer lugar, que yo no he cometido ninguna ilegalidad, y, en segundo lugar, que hecumplido los requisitos que la Universidad me puso para conseguir dicho título.

En todo caso, a mí se me ofreció una modalidad y unos requisitos que no creo que hayan sido ni mejores ni peores que los que se hayan propuesto a otras personas en mis circunstancias, y si la universidad no hubiera planteado esta posibilidad, sencillamente no habría cursado el Máster. No consideré entonces, que las condiciones establecidas por la universidad para realizar el Máster, a pesar de mis dificultades personales, pudieran ser consideradas por alguien como un agravio.

Ni que se pudieran sentir perjudicados aquellos alumnos cuyas condiciones personales les permitían seguir estrictamente el régimen académico ordinario, lo que no ocurría en mi caso.

Tampoco consideré que podía haber motivo de agravio para nadie, puesto que la posesión de este Máster no me ha reportado beneficio ni ventaja profesional de ningún tipo. Ni ha facilitado mi promoción de ninguna manera en ningún ámbito laboral ni político.

Ni me ha habilitado para un ejercicio profesional que no estuviera ya en condiciones de desarrollar con anterioridad.

Hay que tener muy en cuenta, en este sentido, que el Máster no me ha otorgado una titulación de la que yo no esté en posesión, y ello, por dos razones. En primer lugar, porque mi Licenciatura en Derecho ya se corresponde con el nivel Máster del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES. Nivel 3). Y, en segundo lugar, porque cuando me matriculé en el año 201 1, ya contaba con un título de Máster en Administración Pública, cursado en 1999-2000, en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense.

Aun así, y a la vista de lo que está ocurriendo, si me equivoqué, y en aquel momento debí rechazar las facilidades que me ofreció la Universidad, pido disculpas a cualquiera que haya podido sentirse agraviado.

Como ya he dicho, sólo me movió a participar en este Máster mi interés por ampliar conocimientos, pese a las dificultades personales que me impedían cursarlo en un régimen ordinario.

En ningún momento pretendí sacar ventaja entonces de este Máster, ni pretendo sacarlo en el presente ni en el futuro, por lo que te comunico formalmente mi decisión de RENUNCIAR a la utilización del Título expedido por la Universidad Rey Juan Carlos, solicitando que dicha renuncia sea considerada con carácter inmediato, a los efectos oportunos.

Quiero, en todo caso, reiterar que siempre he actuado conforme a la legalidad y dentro del margen académico establecido en mi caso por la Universidad Rey Juan Carlos.

Una Universidad de la que quiero destacar especialmente el esfuerzo y el sacrificio de todos y cada uno de los alumnos, y el extraordinario trabajo que llevan a cabo los profesores y el resto del personal, que en ningún caso pueden verse mermados por una polémica cuyo origen, causas y consecuencias, corresponde determinar a la Justicia. Quedando a tu disposición, recibe un cordial saludo».

No obstante, según se desprende de la información reservada abierta por la Universidad, la obtención de dicho máster se ha visto afectada, al parecer, por diversas irregularidades administrativas, totalmente ajenas a mí, pero que han dado lugar a su cuestionamiento.

En el ámbito de esas presuntas irregularidades administrativas, tiene especial relevancia el Acta del Trabajo Fin de Máster que, como bien sabes, nos fue remitida directamente por la Secretaría del Rector el pasado 21 de mazo, a las 17.36 horas, procediéndose por tu parte un cuarto de hora después a dar instrucciones para abrir una Información Reservada, al existir dudas sobre su contenido.

Una circunstancia, estimado Rector, que no puede por menos que sorprender puesto que dicha acta no había sido solicitada por nosotros. No obstante lo cual, procedimos a su distribución a los medios en base a que confiábamos plenamente en que esta documentación era veraz, dada la fiabilidad que tenía para nosotros el remitente, que era tu propia Secretaría.

Debo significar, en todo caso, que desconozco por completo el origen y contenido tanto de este documento, como del referido a las convalidaciones de asignaturas de varios alumnos, que también ha sido puesto en tela de juicio.

Como alumna de este Máster, soy la primera interesada en esclarecer cualquier anomalía que haya podido existir en e| proceso de obtención de| mismo que insisto, es algo completamente ajeno a mí, puesto que yo siempre he cumplido la legalidad y me he atenido a las indicaciones de la Universidad.

De hecho, y con esta finalidad, he solicitado la práctica de diversas diligencias en la querella criminal ya interpuesta en el Juzgado.

Tengo plena confianza en que |a Justicia esclarecerá la totalidad de |os aspectos relacionados con los procedimientos académicos y administrativos que se siguen en la Universidad Rey Juan Carlos para realizar los cursos de posgrado, tanto el mío, como el del resto de los alumnos.

Espero también que la Justicia pueda determinar las responsabilidades correspondientes ante una preocupante vulneración de la Ley de Protección de Datos en la Universidad que diriges,que no solo ha podido facilitar el acceso y divulgación de datos personales, sino también su manipulación.

Tengo que poner de relieve, por otra parte, que, en mi caso concreto, me incorporé a este Máster -que fue financiado por mí en su totalidad-, movida únicamente por el deseo de profundizar en el conocimiento de una materia de gran interés personal, como es el Derecho Autonómico y, en especial, en lo que se refiere al sistema de reparto competencial en materia de seguridad ciudadana, dada mi condición de diputada regional primero, y delegada del Gobierno después.

Y me incorporé al Máster, porque inicialmente me encontraba en condiciones de cursarlo con plena dedicación, circunstancia que se vio alterada por mi nombramiento como delegada del Gobierno en Madrid, pudiendo continuar con el mismo al facilitar la Universidad que prosiguiera los estudios, en unas condiciones flexibles para una persona que, como yo, a partir de determinado momento tenía obligaciones que me impedían seguir el mismo régimen académico que el resto de los alumnos.

Entiendo que haya personas que consideren que los requisitos establecidos no fueron suficientes, según sus propios criterios, y entiendo también que haya quien piense que mi esfuerzo no fue equiparable al suyo. Yo eso no lo puedo saber ni comparar, sólo digo que los requisitos que me fijaron, los cumplí.

17 Abril 2018

Las mentiras de Cifuentes en su carta de “renuncia” al máster

Ignacio Escolar

Leer

“La obtención de dicho máster se ha visto afectada, al parecer, por diversas irregularidades administrativas totalmente ajenas a mí”

Falso. No son irregularidades administrativas sino ilegalidades flagrantes, que ya está investigando la Fiscalía. Y tampoco han sido ajenas a la presidenta de Madrid, que ha sido la principal beneficiaria de todos estos presuntos delitos, con papeles oficiales falsificados.

Cifuentes no fue “ajena” a todo lo que pasó en su máster porque no hay nadie tan ingenuo como para pensar que es normal que una Universidad te permita aprobar un título oficial sin ir a clase, sin ir a los exámenes, matriculándote fuera de plazo, con actas falsificadas, con una funcionaria conocida que te cambia las notas y sin presentar el Trabajo de Fin de Máster.

“Tiene especial relevancia el Acta del Trabajo de Fin de Máster, que como sabes, nos fue remitida directamente por la Secretaría del Rector el pasado 21 de marzo a las 17:36. (…) Una circunstancia, estimado Rector, que no puede por menos que sorprender puesto que dicha acta no había sido solicitada por nosotros”

Falso. El equipo de Cristina Cifuentes llevaba todo el día presionando a la Universidad para que le enviasen toda la documentación disponible sobre su máster, todos los papeles que sirvieran para desacreditar la exclusiva de eldiario.es, que ese mismo día publicó que había conseguido un título universitario con notas falsificadas. Esa misma mañana, una amiga personal de Cifuentes y asesora de su Gobierno, Maite Feito, estuvo en el Rectorado como enviada. No fue la única de su Gobierno que habló con la Universidad para pedir papeles con los que desmentir nuestra noticia.

“Debo significar, en todo caso, que desconozco por completo el origen y el contenido de este documento”

Falso. Salvo que la presidenta de Madrid sea la única persona que “desconozca” que ese papel lo mandó “reconstruir” el catedrático Enrique Álvarez Conde, el mismo que dijo ser “tutor” del máster de Cifuentes y que presionó a sus “discípulas” para que falsificasen ese documento, según él mismo ha confesado. También es falso que Cifuentes “desconozca el contenido”, pues lo leyó bien alto en público, en este famoso vídeo.

Cuando Cifuentes presumía –“Por cierto, saqué notable”– debía saber también que el documento era falso. Si a mí me entregan un acta que dice que soy piloto de la NASA también sabría que es mentira al primer vistazo, sin necesidad de chequear ninguna firma ni encargar un peritaje caligráfico.

Por la misma razón, ella mejor que nadie debía saber ya entonces que ese papel era falso porque nunca defendió ese máster ante ningún tribunal el 2 de julio de 2012, como han confesado ya las profesoras. Cifuentes mintió y lo hizo en reiteradas ocasiones y con todo lujo de detalles, explicando incluso cómo fue su defensa, y que «duró poco, «unos diez o quince minutos». Unas mentiras bien gordas.

“Como alumna de este Máster, soy la primera interesada en esclarecer cualquier anomalía que haya podido existir en el proceso de obtención del mismo”

Falso. El principal interés de Cifuentes no es esclarecer unos hechos que ya están bastante claros, sino intentar sobrevivir políticamente y resistir a cualquier precio en la presidencia de Madrid.

“Con esta finalidad [esclarecer los hechos] he solicitado la práctica de diversas diligencias en la querella criminal ya interpuesta en el juzgado”

Falso. El objetivo de esa “querella criminal” contra dos periodistas de eldiario.es, contra Raquel Ejerique y contra mí, no es tampoco “esclarecer los hechos”. Cifuentes pide cárcel contra nosotros para intentar amedrentarnos y porque no tenía otra respuesta ante nuestras informaciones que esa amenaza, que anunció a través de un plasma.

“Tengo que poner de relieve, por mi parte, que en mi caso concreto me incorporé a este Máster (…) movida únicamente por el deseo de profundizar en el conocimiento de una materia de gran interés personal, como es el Derecho Autonómico”

Falso. Cifuentes se matriculó en ese título porque era imprescindible para presentar después la tesis doctoral y lograr el doctorado. Esa era su intención, que declaraba ella misma en su currículum en 2012, donde aseguraba que estaba “cursando el doctorado” en la URJC. Solo le interesaba ese título porque, si algún día dejaba la política y volvía a la Universidad, como doctora podía aspirar a regresar a una plaza de docente, y no la que tiene ahora que es como funcionaria de administración y servicios. Además, difícilmente iba a “profundizar en el conocimiento” de nada sin ir a una sola clase.

“Y me incorporé al Máster, porque inicialmente me encontraba en condiciones de cursarlo con plena dedicación, circunstancia que se vio alterada por mi nombramiento como delegada del Gobierno en Madrid”

Falso. Las clases eran jueves por la tarde, viernes por la tarde y sábado. Y Cifuentes no podría tampoco haber asistido en ese horario con “plena dedicación” porque los plenos de la Asamblea de Madrid, de la que era vicepresidenta, se celebraban entonces los jueves por la tarde. Además, es dudoso que el 28 de diciembre, cuando Cifuentes pagó su matrícula, no supiera ya que iba a ser nombrada delegada del Gobierno solo unos días más tarde. Ni tampoco es una dedicación muy plena matricularse en un curso cuando el primer trimestre ha terminado.

“Entiendo que haya personas que consideren que los requisitos establecidos no fueron suficientes, según sus propios criterios, y entiendo también que haya quien piense que mi esfuerzo no fue equiparable al suyo”

Salvo que haya aprobado el resto de su formación académica de la misma manera, Cifuentes también debería entender que a ningún alumno normal le piden unos requisitos así: sin clases, sin matrícula en plazo, sin exámenes y sin presentar el trabajo. Además, también es falso que pactase esos “requisitos” con los docentes. Una de las profesoras de ese máster ya ha explicado que nunca la vio y que nunca negoció nada con ella, menos aún un trato de favor tan escandaloso.

“A mí se me ofreció una modalidad y unos requisitos que no creo que hayan sido ni mejores ni peores que los que se hayan propuesto a otras personas en mis circunstancias”

Falso. Salvo que las “circunstancias” sean militar en el PP con un cargo importante o ser alguien cercano a Enrique Álvarez Conde. Solo así se podía lograr un título oficial en la URJC con estos inexistentes “requisitos”. Lo único que hizo Cifuentes fue pagar tarde la matrícula. Nada más ha quedado acreditado de su paso por la URJC.

“Hay que tener muy en cuenta, en este sentido, que el máster no me ha otorgado una titulación de la que yo no esté en posesión, y ello por dos razones. En primer lugar, porque mi Licenciatura de Derecho ya se corresponde con el nivel del Máster”

Falso. Cuando Cifuentes se matriculó, en 2011, ese máster era imprescindible para cursar el doctorado. Fue después, en el año 2014, cuando el Ministerio de Educación cambió las normas y permitió a los que ya tenían la vieja licenciatura de cinco años –en lugar del grado de cuatro– saltarse el máster para acceder al doctorado.

Además, desde 2014, también habría necesitado acreditar 300 créditos de investigación y formación para acceder al doctorado. Parte de esos créditos de investigación se los podría ahorrar igualmente con ese máster, por lo que aprobarlo era mucho más útil de lo que ahora quiere asegurarnos. Sí le aportaba una titulación que no tenía.

“En segundo lugar, yo ya contaba con un título de Máster en Administración Pública, cursado en 1999-2000 en el Instituto Universitario Ortega y Gasset”

Falso. Ese título no es un máster equiparable al que después recibió por la cara. No le valía para el doctorado y por eso Cifuentes tuvo que matricularse en la URJC. Ni siquiera se llama máster, sino “Curso Superior en Administración Pública”. Es de agradecer, al menos, que esta vez no lo llame “Máster en Administración Pública y Dirección de Empresas”, como asegura falsamente el currículum oficial de la presidenta.

“Quiero reiterar que siempre he actuado conforme a la legalidad y dentro del margen académico establecido en mi caso por la Universidad Rey Juan Carlos”

Falso. El único marco en el que se desenvolvió Cifuentes no fue el establecido por la Universidad, sino por los apaños del catedrático Enrique Álvarez Conde. En cuanto a la legalidad, pues ya veremos. Dependerá de cómo evolucione la investigación de la Fiscalía. Además, lo relevante en este caso no es si Cifuentes acaba o no imputada. Es que recibió un trato de favor por ser una política importante, que recibió un máster regalado en una Universidad pública, que mintió cuando eldiario.es descubrió ese abuso, que se defendió usando papeles falsificados y que sigue mintiendo cada día. No debería hacer falta nada más para asumir responsabilidades políticas.

“En ningún momento pretendí sacar ventaja entonces de ese Máster, ni pretendo sacarlo en el presente ni en el futuro, por lo que comunico formalmente mi decisión de renunciar a la utilización de ese título”

Falso. Cifuentes puede esconder su título pero no borrar su existencia. Y no puedes devolver algo que nunca fue tuyo.

18 Abril 2018

Alguaciles alguacilados

OKDIARIO (Director: Eduardo Inda)

Leer

Si Francisco de Quevedo fuera cronista político en el siglo XXI personalizaría susalguaciles alguacilados en las figuras de Javier Ramos y Pilar Charro. A tenor de la correlación de los hechos que les desmenuza en exclusiva OKDIARIO, la actuación del rector de la Universidad Rey Juan Carlos y de su guardiana de las actas  es cuanto menos llamativa. Si el máster era falso —como todo hace indicar— Cristina Cifuentes tendrá que asumir responsabilidades. No obstante, no puede ser la única, ya que Ramos y Charro aún tienen que dar muchas explicaciones. Sólo cuando Cifuentes ha expresado su deseo de que se esclarezca una posible violación de la Ley de Protección de Datos ha reaccionado Pilar Charro. 

Hasta entonces nadie sabía que la secretaria general de dicha Universidad había denunciado el robo de su ordenador el día previo a que saltara toda la polémica con los estudios de posgrado de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Llama mucho la atención que dicho robo fuera denunciado apenas 24 horas antes de la publicación de la noticia. Si de verdad se produjo la sustracción de una información tan sensible, se entiende que la denuncia fue inmediata. Dando eso por hecho —que sería lo normal— resulta muy difícil de creer que esos datos acabaran siendo parte de un producto informativo con tan poco tiempo para comprobarlo y contrastarlo. Una serie de dudas que también rodean al rector Javier Ramos. 

Denota una actuación poco creíble el hecho de que mandara un acta falsa a Cristina Cifuentes por correo electrónico y 19 minutos después abriera una investigación sobre la falsedad de esa misma acta que él acababa de mandar como auténtica a la regidora autonómica. Un hecho revelador si tenemos en cuenta que la propia Cifuentes basó toda su versión en la fiabilidad de la misma. Algo que habla del estilo y del modus operandi de Javier Ramos. Esta manera de proceder exige explicaciones pormenorizadas de los dos trabajadores de la Universidad Rey Juan Carlos. Al final, tanto daño le está haciendo el celebérrimo máster a la institución como las dudas que genera el comportamiento de sus propios dirigentes.