El Fiscal General del Estado, Conde Pumpido, echa a Eduardo Fungairiño como Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional

El fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha alegado motivos estrictamente profesionales, relacionados con la exigible unidad de criterio con que debe actuar el ministerio fiscal, para justificar el relevo del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño. No se trataría de una marcha voluntaria, sino forzada por ambas partes: por el interesado, que habría puesto a Conde-Pumpido en la tesitura de prescindir de él, y por el fiscal del Estado, que habría dicho hasta aquí hemos llegado, propiciando una renuncia pactada que no dificulta la promoción de Fungairiño a la fiscalía del Tribunal Supremo.

Mientras Fungairiño se ha escudado en «motivos personales» para eludir una explicación concreta sobre su marcha, Conde-Pumpido ha señalado algunos de los «motivos profesionales» que la han hecho ineludible: ocultamiento de determinadas decisiones a sus superiores jerárquicos y pasividad en la prevención de excarcelaciones de presos terroristas o en la solicitud de oficio de la pena de alejamiento para los implicados en causas de terrorismo. Es evidente que un comportamiento así supone un grave quebranto de la unidad de actuación que rige el ministerio fiscal, y es especialmente reprobable en quien ejerce la función de fiscal jefe de un órgano jurisdiccional de la importancia de la Audiencia Nacional, que entiende de las causas de terrorismo.

En todo caso, la insuficiencia de explicaciones ha dado paso a las más rocambolescas: el Gobierno se habría quitado de encima un impedimento para negociar con ETA, como si Fungairiño tuviera algún papel autónomo que jugar en ese caso. Y respecto a sus supuestas discrepancias con Conde-Pumpido sobre Batasuna, el hecho cierto es que fue el fiscal del Estado quien decidió apoyar al juez Grande-Marlaska en la prohibición del congreso de la formación ilegalizada en Barakaldo.

Fungairiño tiene fama de rebelde, sobre todo tras encabezar en 1997 la sublevación de los llamados fiscales indomables contra su antecesor en el cargo, al que forzaron a dimitir y que fue sustituido por el propio Fungairiño tras una decisión insólita del Gobierno de Aznar. Insólita porque fue interpretada como una recompensa al jefe de los amotinados y un desafío a la carrera fiscal, que le negó un solo voto en su Consejo.

De haber anomalías habría que buscarlas sobre todo en aquel nombramiento. Pues nunca la rebeldía, moralmente encomiable como expresión de convicciones firmes, puede traducirse en el boicoteo de un fiscal a las directrices de su jefe jerárquico, que está obligado a aplicar por ley. Eso lo saben Fungairiño y sus incondicionales. Por eso suenan un tanto huecas las encendidas loas del PP al fiscal, pues, si bien es reconocible su trabajo contra el terrorismo etarra, no puede olvidarse su implícita justificación de los golpes militares del Cono Sur latinoamericano.

Donde sea, Conde-Pumpido tiene que dar muchas explicaciones sobre la forma y el fondo de la renuncia a la que fue forzado el fiscal Fungairiño. Después de la pantomima de presentar la salida de Fungairiño como una decisión voluntaria, el fiscal general vino a reconocer ayer que todo se debió, simplemente, a su mera voluntad personal. Arbitrariedad en doble sentido. Primero, por apartar de sus funciones a un funcionario íntegro, culpable sólo de haber perdido su confianza. Segundo, por blandir la potestad disciplinaria que le reconoce el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal como un arma coactiva para doblegar voluntades ajenas. Si Fungairiño había cometido alguna infracción profesional, la obligación de Conde-Pumpido era incoar un expediente y no trocarlo por un relevo forzado, no regulado por la normativa del Ministerio Fiscal. Esto es una simple coacción, tanto más intolerable en quien es jefe de una institución sujeta al principio de legalidad, según la Constitución. La ley, en la propia sede de la Fiscalía General, ha sido sometida a ese tratamiento degradante que recibe cuando el oportunismo desplaza a la rectitud y la autoridad muta en arbitrariedad. No sorprende que la Asociación de Fiscales pidiera ayer la dimisión de Conde-Pumpido por la trayectoria sectaria de su gestión al frente de la Fiscalía.

José Luis Rodríguez Zapatero ha movido ficha. Arnaldo Otegi, acompañado de veinte matones a su cita con la justicia, le ha respondido que la propuesta de Anoeta «dará frutos» en las próximas semanas. Por si quedaba alguna duda Javier Arzalluz lo ha dejado bien clarito: Rodríguez debe «sujetar» a los fiscales si está iniciando un «arreglo» con el mundo etarra. Verde y con asas.

El presunto presidente de todos los españoles ha entregado en bandeja a la banda terrorista al hombre que encarnaba la firmeza de la lucha del Estado de Derecho contra ETA. Tras veintiséis años de lucha contra el terrorismo con un procesador de datos en el cerebro y la rectitud del espíritu y la letra del Derecho como únicas armas, Eduardo Fungairiño ha sido purgado por el fiscal político de Rodríguez Zapatero. Desde hacía ocho se había convertido, como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, en todo un símbolo de la lucha contra los terroristas y quienes les apoyan. De manera indigna y humillante Cándido Conde-Pumpido le ha obligado a dimitir mediante un chantaje mafioso inconcebible en una democracia, más propio del bananerismo al uso del régimen actual.

Su cese –expulsión– publicado por el BOE del pasado viernes por orden del Consejo de Ministros convierte a Fungairiño en fiscal adscrito al Tribunal Supremo. Paradojas de la vida. Su incorporación coincide con la convocatoria por Conde-Pumpido esa misma mañana de una reunión extraordinaria de las dos secciones de lo Penal de la Fiscalía del TS. ¿Motivo? El emblemático cambio de criterio de la Fiscalía del Supremo frente a la Audiencia Nacional al apoyar el recurso presentado por el terrorista más sanguinario de la historia condenado a 4.799 años por 82 asesinatos (cinco de ellos niños) y que permitiría su excarcelación en 2009.

«La paciencia tiene un límite», dijo sin vergüenza el ejecutor Conde-Pumpido. ¿La de Henri Parot y Arnaldo Otegi? La purga para la rendición ya no tiene vuelta atrás.

Una persona que, como Eduardo Fungairiño, lleva más de 25 años sirviendo al Estado en la lucha antiterrorista no se merecía un trato tan humillante como el que sufrió ayer. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, le citó en su despacho para exigirle que firmara su carta de renuncia voluntaria al cargo si no quería ser objeto de un expediente disciplinario. Conde-Pumpido le conminó a tomar la decisión en el acto, probablemente para impedir que Fungairiño reflexionara sobre la encerrona que le había preparado.

No sabemos las razones que llevaron al fiscal jefe de la Audiencia Nacional a firmar su carta de dimisión -probablemente el deseo de rehuir el escándalo de un pulso que no podía ganar-, pero sí conocemos su brillante trayectoria profesional y su coraje moral en la lucha contra el terrorismo. Fungairiño era la persona que mejor simbolizaba la resistencia al chantaje de ETA en el sistema judicial español.

Hemos discrepado en más de una ocasión de su criterio, pero este periódico -como toda la carrera judicial, incluida la Unión Progresista de Fiscales que votó en contra de su nombramiento y ayer elogiaba su figura- no puede dejar de reconocer el extraordinario mérito de este hombre que, desde una silla de ruedas, siempre ha defendido el Estado de Derecho con rigor y convicción.

Su forzado relevo es un acto de arbitrariedad de Conde-Pumpido, que no le ha perdonado unas recientes declaraciones en las que Fungairiño se expresaba en contra de que Batasuna pudiera celebrar su proyectado mitin.

La firmeza de criterio del fiscal jefe de la Audiencia Nacional era, sin duda, un obstáculo para los planes del Gobierno de excarcelación de terroristas si se produce una tregua y una negociación con ETA. Fungairiño jamás se habría prestado a ese papel, por lo que cabe suponer que Conde-Pumpido ha preferido sustituirle por alguien mucho más dócil.

La forzada dimisión del fiscal jefe de la Audiencia Nacional es una depuración que, por la forma como se ha producido, revela un talante despótico que no vacila en los medios para conseguir determinado fin. Pero también pone de relieve la utilización política de una institución que se presta a actuar como correa de transmisión del Gobierno.

Zapatero prometió ante el Comité Federal del PSOE «un futuro de fiscales independientes» diez días después de ganar las elecciones.El énfasis de aquel compromiso acentúa la magnitud de la felonía cometida con su consentimiento. Hasta ahora habíamos concedido el beneficio de la duda a Conde-Pumpido. Pero la actuación de ayer supone cruzar un punto de no retorno en su credibilidad.Quedará estigmatizado para siempre por esta injusticia que le degrada como político y como jurista y humilla a todos los demócratas.