El Fiscal General del Estado, Javier Moscoso denuncia a Pedro J. Ramírez (DIARIO16) ante la Junta fiscal por acusarle de prevaricar

En el prólogo a su reciente libro ‘Terrorismo, política y derecho’ el profesor Diego López Garrido sostiene la desalentadora tesis de que las medidas dictadas en las democracias occidentales para combatir el terrorismo ‘ha empezado a contanimar al resto del conjunto normativo con unos rasgos antijurídicos que le acercan a la razón de Estado». Para este legrado de las Cortes Generales, tal ‘consolidación del derecho de emergencia’ y su ‘vocación expansiva’ están poniendo en riesgo nada menos que las conquistas básicas del Estado liberal perfilado durante el siglo XIX.

Siendo grave la perversión de las garantías jurídicas – por ese camino deseaa continuar avanzando González – mucho más lo es aún la vampirización de las conductas políticas por parte del utilitarismo moral, hasta ahora sólo característico de los terroristas. Así, apenas recuperados de los hechos que la justicia ha considerado probados en el ‘caso Nani’ – un delincuente común al que ‘se hace desaparecer’, aplicándole la ley Antiterrorista con el consentimiento expreso del gabinete del ministro del Interior – topamos ahora con la inconcebible actitud del fiscal general del Estado, a mi entender incursa en el tipo de comportamiento que el Casares en su página 677 define como ‘prevaricación’.

Javier Moscoso ha ‘faltado a sabiendas a la obligación del cargo que desempeña’ porque a él, más que a nadie corresponde procurar que delitos como los que, en base a múltiples testimonios y evidencias se atribuyen a Amedo y Domínguez, sean castigados y porque sólo un ataque temporal de incapacidad mental justificaría de otra manera la importancia que ha otorgado a las tres ‘cartas portuguesas’.

Pese a nuestros limitados medios de investigación, DIARIO16 ha vuelto a proporcionar una pista decisiva para esclarecer también este episodio. Interróguese concienzudamente al letrado Gracio Ribeiro y se terminará sabiendo quién fue el ‘español anónimo’ que le encargó el trabajo.

Pero al margen incluso de que las cartas no hayan sido escritas espontáneamente por sus firmantes, proporcionarles relevancia alguna en el contexto del sumario supone nada menos que contemplar la hipótesis de que los mismos días y en los mismos restauranes y hoteles en los que Amedo y Domínguez pagaban las facturas de diferentes personas, otros dos españoles de similares rasgos físicos pagaban en la mesa de al lado y en la habitación de al lado consumiciones equivalentes, efectuadas por los mercenarios portugueses. Al no haber rectificado estos su versión de los hechos – sólo se han echado atrás en la identificación – y existir además pruebas materiales, tales como los recibos de la tarjeta Visa, la delirante coincidencia debería continuar después en forma de dos coches que hacen la misma ruta, el mismo día, por la misma carretera, desde Portugal hasta el País Vasco, para desembocar simultaneamente en las inmediaciones de la Comsiaria de Bilbao. Todo esto es imposible que se lo crea Javier Moscoso.

Si la sala de la Audiencia Nacional cede esta semana a su insólita presión, la credibilidad de la democracia española alcanzará entre amplias zonas del a ciudadanía vasca sus cotas más bajas desde el comienzo de la transición

Pedro J. Ramírez