El General Mena destituido y arrestado por recordar en público que el Ejército tiene el deber de garantizar la unidad territorial de España

En España existen problemas de política militar, como los hay de política educativa o sanitaria, pero no lo que en los dos últimos siglos se conocía como el problema militar; es decir, el de la interferencia de los militares en la vida política. Por eso resulta antes que nada anacrónico el discurso con el que el general jefe de la Fuerza Terrestre, teniente general José Mena Aguado, irrumpió ayer desde Sevilla en la conmemoración de la Pascua militar. Mientras el Rey, en el acto central de la tradicional celebración, apelaba en Madrid al «espíritu de reconciliación, concordia y consenso» que expresa la Constitución, y el ministro Bono hablaba de políticas de Defensa, el general Mena sembraba el desconcierto con una extemporánea y confusa apelación a la obligación del Ejército de intervenir si la reforma de algún Estatuto de autonomía -en implícita referencia al catalán- rebasaba los límites de la Constitución.

El artículo 8 de la Constitución atribuye a las Fuerzas Armadas la misión de «garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». No se trata, como a veces se ha pretendido desde sectores nacionalistas, de un planteamiento excepcional determinado por las circunstancias de la transición. Con esos u otros términos, las misiones asignadas a los ejércitos de la mayoría de los Estados democráticos son esas mismas, y ello marca una diferencia crucial con las dictaduras, en las que es esencial su papel en tareas de orden público y control del territorio.

El principio de supremacía del poder civil que preside la Constitución se aplica también al artículo 8, en el sentido de que no son los militares sino las instituciones representativas, el Gobierno y el Parlamento, las que determinan que existe una situación de peligro para la soberanía, independencia o integridad nacional que requiera el eventual recurso a las Fuerzas Armadas. Y el ordenamiento constitucional a que se refiere ese artículo es evidentemente el que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía, incluyendo el de modificar con arreglo a los procedimientos establecidos los respectivos Estatutos. La propia Constitución atribuye al Gobierno la dirección de la política militar (artículo 97), por lo que es absurdo suponer que los militares puedan por sí mismos decidir cuándo y de qué manera han de cumplir su misión constitucional.

Resulta incomprensible que un general desafíe unas normas elementales que se imparten en las academias militares. Y es incoherente que quien afirma que los militares no deben «entrar en disquisiciones políticas» lo haga de la peor manera, enturbiando lo que debió haber sido un día para la reflexión sobre los problemas de las Fuerzas Armadas y no para convertir a las Fuerzas Armadas en un problema. La mejor forma de solventarlo es que el Gobierno decida el cese inmediato que propone la Junta de Jefes de Estado Mayor.

Es un hecho grave e insólito en una democracia madura que un teniente general del Ejército, segundo en su línea de mando y responsable de la Fuerza Terrestre, sea sancionado con un arresto domiciliario y propuesto su cese al Consejo de Ministros por la formulación pública de valoraciones de índole política. Tanto la corrección disciplinaria como la destitución -si acaso la primera pudiera resultar una sobreactuación del ministerio de Defensa- se corresponden con la trascendencia de una situación que José Mena Aguado ha asumido con todas sus consecuencias en la conversación que ayer mantuvo en las dependencias ministeriales. El teniente general jefe de la Fuerza Terrestre no es, sin embargo, un militar de trayectoria dudosa; por el contrario, se trata de un profesional acreditado, al que el propio José Bono encomendó en noviembre de 2004 una misión estratégica en la cadena de mando del Ejército.

Por esta razón, y por la gravedad intrínseca de la situación (habría que remitirse al 23-F para encontrar el precedente de un teniente general bajo arresto domiciliario), el ministro de Defensa debe comparecer en el Congreso, como ha reclamado la oposición, y explicar qué sucede en las Fuerzas Armadas si es cierto -como sostiene José Mena Aguado- que se está produciendo un estado de opinión que ni el ministro ni las más altas jerarquías militares han sido capaces de detectar y, en su caso, desactivar.

Surge ahora, tras el reproche a la conducta del teniente general sancionado, la procedencia de recordar la teoría de la responsabilidad política, que consiste, simplemente, en aquélla que contraen los superiores, jerárquicos y políticos, por las acciones y omisiones de sus subordinados, en particular, cuando, como en este caso, se trata de aquéllos que ocupan cargos de libre designación.

José Bono -que con tanto ahínco ha perseguido la responsabilidad de Federico Trillo, su antecesor en el cargo, por el accidente del Yakolev 42- no habrá de extrañarse de que el Partido Popular reclame su comparecencia para que en sede parlamentaria explique cómo pudo ocurrir este desafortunado episodio. Causa perplejidad que ni el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, ni el Jefe del Estado Mayor del Ejército, ni el ministro de Defensa tuvieran noticia o aviso del campanazo del teniente general Mena Aguado. Y ruboriza que mientras José Bono se jactaba ante Su Majestad el Rey, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, de la sintonía de sus mandos con la sociedad civil y la clase política, el teniente general le desmintiese desde la capitanía general de Sevilla. En estas circunstancias, los indicios parecen avalar la tesis del PP, que reclama urgentes aclaraciones.

Lo de menos es que haya sido el ministro de Defensa quien más se haya referido al artículo octavo de la Constitución -lo hizo de manera amplia y explícita el 8 de diciembre de 2004 en la Academia de Infantería de Toledo ante el mismo presidente del Gobierno y los altos mandos militares-, porque, en definitiva, está legitimado para hacerlo, aunque en muchas ocasiones abuse en su afán de notoriedad; lo realmente sustancial es que ni su Ministerio ni el Estado Mayor han valorado el impacto que determinadas medidas gubernamentales están provocando no sólo en las Fuerzas Armadas, sino también en otros estamentos y ámbitos sociales. Porque el Ejecutivo no debe confundirse: la práctica unanimidad en reclamar disciplina y profesionalidad extremas a los mandos militares -y, por lo tanto, la corrección disciplinaria si así no se conducen- no implica en modo alguno respaldar su entendimiento con las fuerzas nacionalistas, que, como las catalanas, están planteando un jaque mate a la Constitución de 1978.

Defender la Carta Magna consiste en propugnar que cada cual asuma su responsabilidad -y la de los militares se subordina al poder civil- y, también, recordarle al Gobierno cuál es la suya. Y entre las que al Ejecutivo corresponden se cuentan las de dar estabilidady evitar innecesarias inquietudes a la sociedad española. Por eso, si se supone que con la «ejemplaridad» de la sanción y la destitución del teniente general Mena Aguado, el Gobierno, y Defensa en concreto, ha resuelto el expediente, se incurriría en una grave confusión. En este asunto media una responsabilidad política -una culpa in vigilando- que hay que depurar.

Miedo me da este miedo. Pánico. Nadie se atreve a decir en público que está de acuerdo con lo que preocupa al general Mena y por lo menos a los diez millones de votantes del PP y a parte de los otros diez millones del PSOE. Me da miedo que la mera lectura pública de la Constitución pueda ser un acto inconstitucional. Como nos estamos jugando a las cartas la propia Carta Magna, hay artículos de la Constitución a los que, por lo visto, aunque estén ahí, les pasa como a la sangre de Ignacio sobre la arena en el lorquiano llanto por Sánchez Mejías: que no quiero verla.

Que no quiero ver la sangre de España sobre la arena. Con todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que presumiblemente va a pasar, el único problema de España, perdón, del Estado Español (no me vayan a meter un paquete), tiene tres estrellas de cuatro puntas, un bastón y una espada cruzados y se llama Mena. Que mandaba la Fuerza Terrestre, y no la Fuerza Extraterrestre, como hubieran querido algunos.

El excelentísimo señor teniente general don José Mena Aguado no es militar. Es de Caballería. Un caballero que se atrevió a decir lo que silencia la España del «come y calla». Esta España que ahora asiste cobardemente callada a su linchamiento. Un caballero más constitucional que las dos columnas del escudo, pero con dos… lanzas de Caballería como para decir acerca de la desintegración de España lo que media nación y parte de la otra media calla, muerta de miedo ante la dictadura de lo políticamente correcto, la tiranía del progresismo radical y el chantaje en sesión continua de los separatistas.

A mí me da miedo este miedo. Por eso no me atrevo a decir como aquella madre en el desfile de la jura de bandera de su hijo, y afirmo que el único que va con el paso cambiado es Mena. Estamos en la España de los despropósitos donde los separatistas sí que saben marcar el paso, un, dos, papa y arroz, que no les falte de nada. Y donde citar la Constitución es golpista. Sé que me la estoy jugando. Me llamarán golpista por atreverme a decir que el artículo 8 de la Constitución está ahí, aunque sea como Francisco Alegre: un nombre en los carteles (o en los cuarteles) que nadie quiere mirar. Y sé que el general Mena dijo en su discurso algo que nadie ha recordado, que desde sus malas conciencias han silenciado por tierra, mar y aire: «No olvidemos que hemos jurado o prometido guardar y hacer guardar la Constitución. Y para nosotros, los militares, todo juramento o promesa constituye una cuestión de honor.» ¡Qué tío más golpista y más facha! ¿Cuidado que venir a hablar de honor en una nación de perjuros?

Por eso no puedo estar más de acuerdo con el silencio ominoso de la mayoría. Bono dijo que iba a hacer una ley por la que todo soldado podrá llegar a general. Ayer la puso en práctica, urgentemente, y en sentido inverso: todo general puede llegar a soldado, con arresto de ocho días en prevención incluido, si se atreve a desafiar la peor dictadura. Que no es la de Castro ni la de Pinochet, sino la dictadura de lo políticamente correcto.

Así que bien arrestado y destituido. Ha resultado tan socorrido como lo fue Rusia para Serrano Súñer: Mena es culpable. De hoy a mañana empezaremos a saber que Mena fue el que negoció con la ETA en Perpiñán. Mena, el que no quiso cumplir con Batasuna en el Parlamento Vasco la sentencia del Supremo. Mena, el que ha incumplido el Pacto Antiterrorista y la Ley de Partidos. Mena es la suma de todos los males sin mezcla de bien alguno. Hay que linchar a Mena. ¡Heterosexual el último!

Y el vicario general castrense, que tenga mucho cuidadito. Que no se le ocurra recitar el Credo. Porque como se entere el JEMAD de que ha recitado el Credo en un acto castrense, le pide al Papa su excomunión, por atreverse a decir en un Estado Laico que Dios existe. A Mena ya lo han excomulgado por recitar el credo del honor.

La alta y justificada sensibilidad que existe en nuestro país hacia cualquier tipo de pronunciamiento político de los mandos del Ejército explica la polvareda que despertaron ayer las palabras del general jefe de la Fuerza Terrestre, José Mena Aguado. En su discurso con motivo de la Pascua Militar en Sevilla, expresó la supuesta opinión del Ejército -pulsada en razón de su trabajo a pie de cuartel- sobre la reforma del Estatuto catalán. Mena Aguado dijo que si el Estatuto fuera aprobado tal y como está redactado, rebasaría los límites de la Constitución y sería de aplicación el artículo 8, que atribuye al Ejército la misión de «defender la integridad» de la Nación y «el ordenamiento constitucional».

Horas más tarde, trascendía que el Jemad ha pedido al ministro de Defensa el cese del general como jefe de la Fuerza Terrestre, al haber perdido la confianza en él. Bono le destituirá con toda probabilidad, tras concederle audiencia, simplemente porque pronunció un discurso político en un día en el que la única opinión de tal índole que debe escucharse en el Ejército es la del Rey, que es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas. Es indudable que tanto el Jemad como el ministro de Defensa están haciendo lo correcto y actuando con habilidad. Le destituirán como cargo de confianza, pero no le impondrán sanción disciplinaria alguna.Además, han logrado soslayar el fondo del asunto, que es la opinión de las Fuerzas Armadas sobre el Estatuto de Cataluña.

Ahora bien, una cosa es que el general Mena Aguado merezca ser destituido porque un general no debe opinar sobre un proyecto de ley que está en discusión en el Parlamento y otra es el análisis de fondo de lo que plantea. Desde luego que es un disparate decir que el Ejército podría intervenir si los estatutos rebasan la Constitución, si acto seguido no se añade que es el Gobierno quien debe decidir la intervención de las Fuerzas Armadas.

Pero las objeciones concretas que Mena Aguado formuló acerca de la lengua y la justicia, por ejemplo, han de ser tenidas en cuenta. El general señaló que la obligación de conocer el catalán obligaría a regular los destinos de las Fuerzas Armadas «como los del extranjero». Idéntico problema se les presenta al resto de los funcionarios del Estado. Las dificultades para ocupar un puesto en la Administración en Cataluña si no se conoce el catalán constituyen un asunto de la mayor gravedad, tanto desde el punto de vista de la discriminación que sufren los funcionarios como en cuanto al retroceso del Estado en una comunidad autónoma.En todo caso, las palabras del teniente general, probablemente representativas del sentir de una importante institución del Estado, deberían ser un elemento más para la reflexión del presidente Zapatero. Cuando el Rey volvió a pedir ayer por enésima vez que se respete el consenso del 78, su empecinamiento en excluir al PP de la negociación sobre el Estatuto catalán empieza a ser gravemente irresponsable.

El arresto domiciliario y previsible destitución del teniente general Mena por su medido y pensado discurso sevillano en defensa de la Constitución, incluido el famoso artículo 8 (casi tan discutible como lo de «nacionalidades y regiones», porque no define el mecanismo de actuación militar a las órdenes del Gobierno para defender el orden constitucional) ha provocado cierto estupor estético y ha agravado la creciente y ya indisimulable inquietud política.El estupor reside en lo anacrónico y casi grotesco de la sanción de arresto semanal en casa, un castigo muy poco logsiano y posmoderno pero que, con Bono de por medio, se explica perfectamente: así no podrá hacer declaraciones mientras él explica las hazañas militares de nuestra Armada en esa guerra de Irak de la que hemos desertado pero en la que seguimos luchando junto a americanos y británicos. Imagínense que Mena, roto el precinto de su silencio y harto de verse insultado por los socios separatistas de Zapatero y Bono, dice lo que los militares tenían que haber dicho sobre la desvergonzada manipulación de los soldados muertos y de los vivos, del Yak a Afganistán, de las misiones de paz que son acciones de guerra y de este ministrazo que dice que prefiere morir a matar. O sea, que además de mentir, no pinta nada en el cargo.

Después de leerme el discurso de Mena, que no es tan malo como el del JEMAD Sanz de hace tres meses, diciendo que el Ejército «tiene interés en el mantenimiento del orden constitucional» (como si en vez de un juramento tuviera un crédito de la Caixa) o el hórrido artículo de autobombo del susodicho publicado en La Razón el 6 de Enero, pero que tampoco alcanza la intensidad de la arenga patriótica de Bono en la Pascua militar del año pasado, mi preocupación es de orden estilístico. Los que vivimos la época del ruido de sables -y a mí me fichó Pedro Jota nada menos que al empezar el juicio de Campamento contra los golpistas del 23-F, donde, entérese López Garrido, no sólo se arrestó en democracia a un teniente general sino que le cayeron treinta años- sabemos que ese discurso no encaja con la tradición y la lógica de actuaciones que rompan la cadena de mando. Un amigo me dice que lo que Mena leyó, sin margen a la improvisación o al grito, es un dictamen jurídico militar sobre las consecuencias del Estatuto de Cataluña. ¿Y qué sentido tendría? A mi juicio, marcar la posición legal y moral de los militares ante la liquidación del régimen constitucional por su base, que es la existencia misma de la Nación española. Vamos, que no se dejarán aplicar la eutanasia activa. Previsible. Lo peor es que una asociación militar (AUME) ha jaleado la sanción a Mena mientras otra (AME) la ha criticado. O sea, que no hay ruido de sables, sino sables rotos. Zapatero también se ha cargado la silente unidad del Ejército.Con Bono.

Con el cese y el pase definitivo a la reserva del jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra, teniente general José Mena, decidido ayer por el Consejo de Ministros por su discurso sobre el Estatuto catalán el día de la Pascua Militar en Sevilla, hay que suponer que el caso queda definitivamente cerrado, al menos en lo que respecta a su vertiente administrativa.

Sería ingenuo, sin embargo, concluir que el asunto no ha dejado heridas en el estamento militar y convulsiones en el ámbito político. En el primero, parece que la solidaridad de algunos de sus conmilitones es inferior a la opinión de quienes creen que el teniente general se excedió al mezclar un discurso institucional con un tema que es objeto de confrontación política. Un mando militar está en su derecho a simpatizar con un proyecto político, pero viola las ordenanzas militares, y debe por tanto ser sancionado, si proclama sus opiniones en público.

¿Qué decir del ámbito político? Por desgracia hay que destacar una vez más que el principal partido de la oposición no ha estado a la altura de las circunstancias. Las primeras manifestaciones complacientes del portavoz popular justificando las palabras de Mena fueron deplorables. Tampoco parecen responsables las de su presidente Rajoy, al afirmar que la actitud del presidente del Gobierno sobre el proceso estatutario provoca este tipo de comportamientos. Salvadas todas las distancias, sería como atribuir a Adolfo Suárez la responsabilidad por la intentona golpista del 23-F, de la que se cumplen 25 años.

Conductas como la de Mena sirven, además, para exacerbar sentimientos nacionalistas, para que emerjan las letanías de victimismo autonómico o para que algunos líderes del PNV comparen ETA y el Ejército al rechazar «tutelas» en el País Vasco y pidan la abrogación del artículo 8 de la Constitución, que otorga a las Fuerzas Armadas la misión de «garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». Puede resultar discutible la redacción de ese artículo y el hecho de que forme parte del núcleo constitucional especialmente protegido, pero las Constituciones son hijas de su tiempo y muchos creyeron en 1978 que era una forma de rebajar los temores ante el nuevo Estado autonómico. En todo caso, el texto constitucional no plantea ninguna duda sobre el sometimiento de los Ejércitos al poder civil que emana de la soberanía popular. Sería temerario plantear la reforma del artículo 8, que exige doble referéndum, para eliminar un riesgo inexistente.