El Gobierno Azaña vuelve a cerrar el diario católico EL DEBATE, que no podrá informar de la disolución de la Compañía de Jesús

Lleva con el de hoy lleva cuatro días suspendido nuestro querido colega EL DEBATE. Mientras la comisión designada al efecto entre los directores de periódicos de diversas tendencias realiza gestiones, no sólo respecto al caso de las suspensiones actuales, sino en prevención de otras que puedan presentarse en tanto sigan dependiendo las sanciones establecidas por la ley de Defensa de la República del puro arbitrio del ministro de la Gobernación, queremos ratificar nosotros un criterio mantenido siempre en ABC. A saber, que en ningún caso debe estar confiada la imposición de sanciones de esta índole a otro órgano que no sean los Tribunales de Justicia. La irregularidad jurídica que representa toda otra práctica no la podrá nunca justificar ninguna ley de excepción. La actual de Defensa de la República ha puesto en las manos exclusivas del ministro de la Gobernación esa facultad de extraordinaria trascendencia cuando se refiere a colectividades y singularmente a la Prensa, que queda así entregada al arbitrio ministerial, sin las garantías que ofrece el procedimiento judicial. Aun con la Ley de Defensa de la República parecía que se había impuesto la buena doctrina interponiendo en varios casos algunos periódicos la acción del fiscal, que siguió sus trámites normales recogida de ediciones, secuestro de formas, etcétera. Al propio EL DEBATE se le había denunciado días antes por este procedimiento, y en ese caso ni en ningún otro análogo ABC ha opuesto reparo alguno a la medida fiscal.

Pero las suspensiones gubernativas de los periódicos, aunque estén apoyadas en los preceptos de una ley, y aunque esta ley de clare abiertamente su excepción y la extraordinario esfera de sus preceptos, nos parecen reprobables en buena teoría liberal y democrática.

Sin entrar en el fondo de las causas que han motivado la suspensión de EL DEBATE, periódico de limpia y ejemplar historia, de clara actuación, irreprochablemente legal, dentro de la República, reiteramos hoy en términos generales y extensivos a toda la Prensa – sea cualquiera su filiación – que esté o pueda estar sometida a estas sanciones un criterio que es muy antiguo e invariable en ABC.

Hoy hace un mes que EL DEBATE no se publica. Redactores de este periódico todos los firmantes, no podemos dejar que pase esta fecha sin recordarla públicamente. Hace un mes que EL DEBATE no se publica. Nosotros quienes a las órdenes del director lo redactábamos día por día, protestamos sin alboroto y sin literatura, pero con cuanta firmeza cabe en unos hombres dignos que sufren las consecuencias de una pena injusta y arbitraria. Apresurémonos a decir que esas consecuencias no son de orden económico porque la generosidad de nuestra Empresa, que, a pesar de las pérdidas que sufre, paga íntegro su sueldo a todo el personal, lo ha impedido. ¿Pero somos acoso nosotros nada más que un conjunto de plumas honradas al servicio de quien las pague para fines honrados y que, por lo tanto, nos basta esa paga para sentirnos satisfechos? No; los que trabajamos en EL DEBATE hacemos más: laboramos por el ideal que más caro es a nuestro espíritu. Salvada la modestia, o la significación personal de cada uno, formamos entre todos un cuerpo de Redacción, que vive principalmente por el alma que alienta en él. La atmósfera propia de ese espíritu es la diaria comunicación con un núcleo extensísimo de suscriptores y lectores, de los cuales recibimos en estos días el apoyo de una eficaz adhesión. Y como hombres dignos, que, en uso de nuestra libertad y de nuestro derecho, mantenemos este contacto espiritual con el público sin salirnos de la esfera de la Ley, al par que proclamamos nuestra identificación con el periódico, pedimos que cese la suspensión de nuestras actividades.

Vicente Gállego, Francisco de Luis, Pedro Gómez Aparicio, Joaquín Arrarás, Manuel Boada, Santos B. Bollar, Antonio Botellla, Emilio Carrascosa, Tomás Cerro, Angel Crespo, Alberto Ferrer, Mariano Gálvez, Juan Gandullo, Jesús García Gil, Nicolás Gonzálz Ruiz, Manuel Graña, Acisclo Karag, Rafael de Luis, José de Medina, Felipe Olivares, Javier Olondriz, Luis Ortiz, Gregorio Puente, José María Sánchez Muniaín, Juan Miguel Seminario, Agustín Solache, Mariano Tejero, José Antonio Torrente, Luis Torrente, Joaquín Turina y Fenrando Urquijo.

Desde sus posiciones de siempre vuelve EL DEBATE a hablar a su público tras una incomunicación de sesenta y seis días, impuesta gubernativamente- Causas de esta suspensión han sido, más que aquellas que por oficio se nos comunicaron y que las otras oídas por el Parlamento, las dichas recientísimamente a un periodista por el Sr. Azaña, y que luego hemos de comentar. Aquellos del menosprecio a las Cortes fue un pretexto inhábil. No hubo en nuestros escritos tal ofensa, sino ejercicio legítimo del derecho a juzgar la labor infeliz de unos diputados. Y lo que entonces pedimos, y ahora volvemos a pedir, es que las actuales Cortes, divorciadas del pueblo, como públicamente han afirmado diversos prohombres republicanos, sean disueltas apenas aprueben los presupuestos y, a lo sumo, la ley Electoral.

¡No! No ha sido la suspensión sufrida por EL DEBATE castigo de ningún delito, de ninguna infracción legal. Ha sido pura y simplemente, un acto político. El Sr. Azaña ha creído que EL DEBATE era un adversario temible ‘por su intención, por su organización y por su catequismo’ – tales han sido sus palabras – y con toda la fuerza del Poder público que en sus manos retiene usada a discreción, con libérrima voluntad, ha suprimido durante dos meses al adversario temible. ¡Ni más ni menos! Es un acto de fuerza sobre un periódico de oposición, y por serlo. Se ha apretado la garganta hasta ahogarle la voz de un órgano de los disidentes de la política que impera. Por ello, este acto de Poder, de puro arbitrio del Poder, encierra tal gravedad, que trasciende la órbita en que se contienen los intereses de una Empresa, aún tan elevada y respetable como es un periódico digno, para afectar a más amplios órdenes de la política general. ¡Es a la Prensa, a toda la Prensa a quien más importa lo ocurrido! La suspensión de EL DEBATE hiere en su esencia a la libertad de Prensa. Se nos ha agredido precisamente porque somos un periódico; un órgano de pública opinión, un difusor de una ideología. Este ataque no tiene precedente en la historia de la Prensa nacional; y sólo encontrará par en la de la extranjera en aquellos países como Italia y Rusia, donde la estatificación de la Prensa ha exterminado la libertad de la pluma. Señalemos aún la circunstancia agravante de que a todo ello ha acompañado la complicidad de algunos diarios madrileños.

El lance daña, también, muy en lo hondo, al Parlamento y aun a la Constitución, todavía fresca en las páginas de la Gaceta. La mayoría se ha mostrado por entero supeditada al Gobierno y aun otros grupos, si insinuaron una protesta contra el desafuero, al instante retrocedieron con la alegación de fútiles motivos. Los diputados no han respondido a la ideología ardientemente proclamada en los días prerrevolucionarios y en las propagandas electorales…

Fluye de todo esto una censura de más amplio alcance, que en todos los labios esta: tal censura proclama la insinceridad de la vida pública española. Se crean instituciones políticas sin aquel espíritu que – solo él – puede hacerlas cosas viva y no tinglado de ficciones. O se vota una Constitución cuya mente pugna no ya con el pensar y el querer de la mayoría del país, sino aún con la convicción del Parlamento que la hizo ley y aun de la Comisión que la redactara. ¿Acaso no nos ha dicho el presidente de ella que no la Dictadura dominadora de España durante siete años, sino la persona que la asumió fue la causa de su repulsa?

Cuando así imperan la ficción y el convencionalismo harto se advierte el peligro de que la política sea presa de la arbitrariedad – ‘muy española’ según dictado de un insigne polígrafo – que a nuestro país ha regido durante lustros enteros. Tal peligro gana actualidad, se personaliza ahora, porque es el señor Azaña el jefe del Gobierno: y el señor Azaña no sólo no ha ocultado sino que a las claras ha manifestado la fácil y consciente disposición de su espíritu en pro de las formas expeditivas de gobierno. Es sabido su desprecio por lo jurídico y lo académico. “Yo no sé si esto es jurídico” – decía no hace mucho… ¡y suscitaba el regocijo de las constituyentes! – “Pero es de un sentido común que me deslumbra”. En su discurso de Valencia, cuando aún no era jefe del Gobierno, dijo su deseo de que la Constitución fuese… la menos cantidad posible de Constitución, y las Cortes, un instrumento revolucionario. “Trescientos hombres decididos…”.

Nada, pues, tenemos que rectificar, nuestra actitud será la de antes. Nuestro pensamiento, el de antes. Nuestros modos los de siempre. Dentro de la ley, con solas las armas de la razón y de la justicia; pero decididos a no ceder una línea y a no desviarnos un punto de nuestro camino. El Gobierno podrá suprimirnos; pero será impotente para conseguir que nuestra voz, si suena, no diga palabras de sincerísima verdad.

Proclamamos pues, y mantenemos nuestra libertad de crítica y nuestro propósito de oponernos por todos los medios legítimos, con la máxima energía a la ley injusta y a su perniciosa aplicación. Y seguiremos impulsando cuando signifique actuación de las derechas en todos los órdenes singularmente en relación con las elecciones generales futuras, con la esperanza de que de ellas salgan unas Cortes con las cuales podamos usar de aquella benevolencia que no hemos podido dispensar a las actuales.