3 agosto 1996

Antonio Herrero echa en cara el incumplimiento de los GAL

El Gobierno Aznar decide no entregar los papeles del CESID, indignación en EL MUNDO y la COPE

Hechos

En agosto de 1996 el ministro de Defensa, D. Eduardo Serra, anunció que no entregaría los papeles del CESID reclamados por los investigadores del caso GAL

Lecturas

agosto_1996_Serra El diario EL MUNDO protestó por la decisión de D. Eduardo Serra, ministro de Defensa del Gobierno Aznar. Desde el principio tanto el diario EL MUNDO, como la COPE, como el líder de Izquierda Unida D. Julio Anguita se habían sorprendido con que el Sr. Aznar nombrara ministro de Defensa al Sr. Serra cuando este había trabajado para el Gobierno del PSOE de D. Felipe González precisamente en la etapa de los GAL y las escuchas del CESID bajo el mando de D. Narcís Serra.

¿AZNAR SALVA A FELIPE GONZÁLEZ DEL JUICIO DE LOS GAL?

Felipe_Gonzalez_presidente Para sectores de la opinión publica, la decisión de no desclasificar los papeles del CESID salvaba a D. Felipe González, ante los rumores de que en esos papeles podían estar las pruebas de que el ex presidente del Gobierno estaba al tanto de la ‘guerra sucia’ contra ETA: la creación de la banda armada contraterrorista GAL.

03 Agosto 1996

Aznar: La primera gran decepción

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

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El Gobierno de José María Aznar apeló ayer a «razones de seguridad del Estado» para no acceder a levantar el secreto de dieciocho documentos del CESID cuya desclasificación había sido solicitada por tres jueces que investigan crímenes de los GAL.

¿Dónde está la «seguridad del Estado» en todo este asunto? No en el contenido de esos documentos, buena parte de ellos publicados en EL MUNDO y cuya plena autenticidad, paradójicamente, ha venido a ratificar el Consejo de Ministros al ampararlos con el secreto. ¿Forma parte de la seguridad del Estado el plan de puesta en marcha de los GAL? ¿Se hace más seguro el Estado porque no pueda documentarse cómo se trucaron las pruebas en el sumario sobre la muerte de Lucía Urigoitia? ¿Qué clase de Estado es el que gana en seguridad impidiendo que se aclare cómo un conductor de autobús de San Sebastián, al que se confundió con un etarra, fue torturado hasta la muerte? Sinceramente: un Estado cuya seguridad se fortalece dificultando que se castigue a los culpables de haber secuestrado, torturado y asesinado a dos personas, enterrándolas finalmente en cal viva, puede ser cualquier cosa, pero no un Estado de Derecho.

El Gobierno de Aznar no tomó ayer una decisión jurídica, sino política, y de la peor especie. El Consejo de Estado había dictaminado que no existe obstáculo legal alguno que impida desclasificar los documentos en cuestión. Comunicó al Gobierno que, de decidir lo contrario, debe motivar pormenorizadamente, una a una, las razones de su opción. Veremos si lo hace.

Ayer el equipo de Aznar atravesó el Rubicón de la ética. Demostró que sus muy aparatosas condenas del terrorismo de Estado y de la labor obstruccionista del Gobierno de González ante la investigación judicial de sus desmanes no fueron sino puro oportunismo politiquero, destinado a ganarse la simpatía y el voto de los amplios sectores de la opinión pública que se mostraban justamente indignados por las bajezas cometidas precisamente en nombre de «la seguridad del Estado». Da la impresión de lo que finalmente se ha impuesto es un pacto a hurtadillas, revestido de «operación de Estado», piezas del cual serían desde el nombramiento de Eduardo Serra a las entrevistas de Aznar con González, destinado, sencillamente, a taparlo todo. ¿Qué ha sido de aquel Alvarez Cascos que bramó, cuando todavía no era vicepresidente, diciendo que los llamados «papeles del CESID» no afectan a la seguridad del Estado, sino a la de algunos gobernantes corruptos? ¿Dónde han quedado las pías declaraciones de intención de ministros y ministras que se han proclamado, incluso bien recientemente, a favor de la entrega de esos documentos a la Justicia?

Aznar ha traicionado la confianza de cientos de miles de electores que le dieron su voto no tanto porque creyeran en su proyecto global, sino porque pensaron que al menos eran sinceras sus promesas de regeneración de la vida pública, empezando por este más que turbio asunto de los GAL.

Ha sido la primera gran decepción de su mandato. Quedará marcado por ella.

03 Agosto 1996

El embrollo de los papeles secretos...

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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Enfrentado al peliagudo dilema de si desclasificar como habían solicitado tres jueces, documentos secretos del Cesid -parcialmente conocidos tras la publicación de algunos de ellos en la prensa-, el Gobierno ha optado por un criterio eminentemente político. Así se deduce tanto de la naturaleza de la resolución adoptada como del mensaje con que ha sido presentada. Por una parte, el Gobierno ha decidido aplicar el mismo criterio a todos los documentos solicitados, sin hacer distinción en función de su contenido; por otra, ha invocado el deseo de la sociedad de mirar al futuro más que al pasado, con el que dice identificarse el Gabinete, para dar el asunto por zanjado, a la vez que anuncia un nuevo marco legal que sustituya a la actual Ley de Secretos Oficiales.La hipótesis de que, el Gobierno desclasificaría algunos documentos, pero no otros, en función de su incidencia en la seguridad del Estado había sido considerada como probable. De un lado, porque permitía dar satisfacción a las diferentes opiniones que constaba existían en el seno del Gobierno. De otro, porque permitía un apaño entre la visión del asunto transmitida por el PP cuando estaba en la oposición -«no es la seguridad del Estado, sino la de González la que depende de los papeles»- y la más matizada luego adoptada desde el Gobierno. Era la solución más fácil, y por eso probable, pero ha sido otra la adoptada.

En la decisión final parece haber primado el criterio político de no sentar un precedente que podría resultar fatal para la credibilidad de los servicios españoles en el supermercado mundial de los secretos. Abrir la posibilidad de que un día puedan desclasificarse informes que se consideraron secretos cuando fueron realizados plantearía serios problemas internos: los agentes evitarían informar de ciertos temas. Pero también, sobre todo, en relación a los servicios secretos de otros países cuya colaboración, solicita España; para combatir a ETA, por ejemplo. Al aplicar el mismo criterio a todos los papeles, con independencia de su contenido concreto, el Gobierno transmite un mensaje dirigido sobre todo a ese mundo de agentes y servicios secretos.

Al justificar la resolución con el argumento de que hay que dejar de mirar al pasado, el Gobierno se sitúa también en un terreno político antes que jurídico. Transmite la idea de que comparte con la mayoría de los ciudadanos la sensación de hartazgo ante cuestiones que fueron acuciantes hace 10 o 12 años, pero que no figuran entre sus preocupaciones actuales. La idea se refuerza con el anuncio de un nuevo marco legal para los secretos oficiales, reconociendo así que el anterior -en el que se amparó el Gobierno socialista para desestimar la petición de los jueces- no es satisfactorio. El mismo sentido tiene aprovechar la ocasión para reiterar su voluntad de reformar el Cesid.

Para actuar de esa manera, el Gobierno se ha tomado tiempo -tres meses-, durante el que, además de enfriar el asunto, se ha asegurado de que al hacerlo no vulneraba ninguna norma legal. Una sentencia del Tribunal de Conflictos había establecido ya en diciembre pasado que la potestad para clasificar y desclasificar documentos secretos corresponde en exclusiva al Gobierno. El dictamen emitido hace dos semanas por el Consejo de Estado confirma esa exclusividad, afirmando que es el Consejo de Ministros quien debe valorar «los lntereses en juego» y en particular «el de la seguridad del Estado, cuya exclusiva interpretación le corresponde». Al motivar su decisión con el argumento de que los documentos en cuestión inciden en la seguridad del Estado, el Gobierno cuenta con el aval indirecto de casi todos los miembros de la comisión parlamentaria de secretos oficiales, los cuales, tras conocer el contenido de los papeles objeto de la polémica, admitieron hace diez meses, aunque en algún caso con matizaciones, que sí afectaban a la seguridad.

El otro problema es si, como ayer opinaron algunos políticos, la resolución implica garantizar la impunidad del general Rodríguez Galindo y demás procesados en sumarios cuyos instructores solicitaron esa desclasificación. Es improbable que así ocurra porque en los sumanos hay los suficientes elementos incriminatorios como para que, por ejemplo, el juez Gómez de Liaño, pese a no poder tomar en consideración los papeles robados por Perote cuya desclasificación solicita, estimara en un auto que existían «diáfanas responsabilidades» de Galindo en el caso Lasa-Zabala.

03 Agosto 1996

La firmeza de Aznar

ABC (Director: Luis María Anson)

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Según adelantó ABC a sus lectores de forma precisa y minuciosa, dos eran las posiciones de los ministros ante la eventual desclasificación de los papeles del CESID, solicitados por dos jueces: la de Eduardo Serra, que sostenía el descrédito que supondría ante los servicios secretos extranjeros y la eventual futura de éstos a suministrar informaciones; la de la mayoría de los ministros, partidarios de desclasificar sólo los documentos que no afectaran a la seguridad del Estado, manteniendo clasificados el resto. A nadie se le ocultaba, sin embargo, el fondo de la cuestión: varios de los papeles, sobre todo uno, implicaban a González, presuntamente, en el asunto GAL, lo que hubiera significado que habría sido llamado a declarar y probablemente procesado por el Tribunal Supremo.

Ante una situación política de tan profundo calado, José María Aznar optó por la prudencia y por los dictámenes técnicos y jurídicos. Ciertamente, el PSOE había anunciado la guerra total si se desclasificaban los papeles. Ciertamente Aznar estaba dispuesto a soportar esa guerra si jurídicamente le era exigible la desclasificación para colaborar con la Justicia. El enredo estaba servido, mientras la presión de cierto sector que le baila el juego a ETA se hacía diario e insoportable.

Pero los dictámenes técnicos y jurídicos dentro de su ambigüedad venían a subrayar la inconveniencia de la desclasificación, en contra, por cierto de la posición de este periódico, que entendió siempre como desclasificarle aquello que no afectara a la seguridad del Estado.

Con prudencia, con firmeza, con serenidad, apoyado en los dictámenes solicitados, José María Aznar, en la soledad terrible del gobernante, ha decidido no desclasificar, respaldado por la unanimidad sin fisuras de su Gobierno. Deberá aguantar ahora la polvareda de una crítica inmisericorde. Aun siendo su decisión contraria a lo que ABC había planteado, debemos convenir que Aznar ha actuado con independencia y sobre una información cualificada de la que los demás carecemos. No será este periódico quien le critique en su primera gran decisión de calado político. Algunos de sus ‘amigos’, de esos que sólo lo son si hace lo que ellos dicen, le están ya poniendo a parir. Es la servidumbre de la política y de la independencia.