El Gobierno del General Berenguer cierra durante cinco días el periódico HERALDO DE MADRID por apoyar las huelgas

Los comentarios que a los periódicos de la derecha ha merecido el reciente paro obrero de veinticuatro horas revelan su mala fe en el enjuiciamiento del conflicto y su limitada visión de la realidad de la vida social moderna. Algunos piden que se tomen medidas ‘para evitar en lo sucesivo la tiranía de los dirigentes del proletariado’; otros opinan que los obreros de servicios públicos importantes – tranvías, metro, etc – no tienen derecho a declararse en huelga.

Ante tamaños dislates vale la pena de reflexionar serenamente sobre el asunto. La falta de razonamientos y sobra de tópicos que los diarios derechistas exhiben la enjuiciar el paro de días atrás asombra y sonroja ‘La tiranía obrera’; ‘el orden social’, el prestigio de la autoridad, etc, etc. Y de estos lugares comunes, tan desacreditados, no hay quién los saque.

La entraña del problema radica en otro linaje de causas. Y es bien fácil hallarla si se la busca de buena fe, sin prejuicios y sobre todo sin agoísmos. Hela aquí:

Si en España los obreros manuales estuvieran bien pagados; si el Estado se cuidase además de resolver el trágico hecho de ‘los sin trabajo’ tendrían razón los que enjuician la última huelga al modo de los diarios retrógrados.

Si se repasan los distintos oficios manuales veráse como el 90% si no todos están mal retribuidos. Los que tienen sueldo fijo por ser de plantilla ganan, sin excepción, jornales miserables: éste es el caso de los obreros ferroviarios, los empelados del Metro, Tranvías, barrenderos, gas y luz.

Se da el caso singular de que los obreros de las grandes compañías que reparten pingües dividendos a sus accionistas ‘son los peor pagados de todos’. Y los propios copropietarios del capital de las Empresas, que sin trabajo alguno, con presentar el cupón de cobro, se embolsan anualmente miles de duros, son los que despotrican airadamente contra las huelgas de sus obreros pidiendo al Poder público que les ametralle, en vez de repartir entre ellos, por lo menos, la mitad de sus beneficios líquidos para mejora de sus míseros jornales.

Esta es la verdad serenamente expuesta. Hay que afirmar con energía que mientras en España el 90% de los trabajadores ganen salarios de hambre y existan unos centenares de miles de ciudadanos que viven espléndidamente sin trabajar, los obreros tienen razón.

¿Qué debe evitarse a toda costa la violencia? Evidente. Pero el camino a seguir para impedirla no es el de la fuerza gubernamental puesta al servicio de los privilegiados de la fortuna, sino la mejora de la situación económica del trabajo manual del único modo posible: disminuyendo en lo que sea preciso las ganancias del capital.

Ningún obrero debe percibir al presente menos de doce o trece pesetas diarias, como antes decimos. ¿Qué han de trabajar intensamente durante la jornada legal? De acuerdo. Pero denles ejemplo sus críticos, los adinerados, trabajando también. Que un albañil, por ejemplo, de las ocho horas de la jornada aproveche sólo tres, perdiendo el tiempo durante las cinco restantes, podemos condenarlo quienes laboramos intelectual o manualmente, no quien heredó una gran fortuna y vive en el ocio y la molicie. Estos son, sin embargo, los difamadores de los obreros. El autor de este artículo conoce a un joven millonario por herencia, de veintiocho o treinta años – ¡y cuántos hay como este en Madrid! – que cuanto pasa por una obra y ve a los albañiles descansando, aunque sea en horas a ello destinadas, se indigna y grita: “¡Qué vergüenza; qué modo de robar el dinero!” Y él no conoce otro trabajo que el coreógrafo de los cabarets.

Sánchez-Rivera

Que nuestra actuación ha respondido siempre a nuestro pensamiento y nuestro pensamiento ha sido, es y será la defensa de la libertad y de la justicia.

Hoy como ayer, mañana igual que hoy, cualquiera que sean los perjuicios que se nos irroguen y las persecuciones de que se nos haga objeto, HERALDO DE MADRID perseverará en la defensa de su ideario, sin que haya fuerza capaz de apartarle de la recta que se ha trazado como línea de conducta. Y aquí estamos, luego de cinco días de incomunicación con nuestros lectores, como si esta incomunicación no hubiera existido.

Hemos procedido en toda ocasión sincera y lealmente orientados hacia el bienestar moral y material de nuestro país; ningún interés bastardo, ninguna apetencia personal, ningún egoísmo, confesable o no, ha movido jamás la pluma de estos periodistas, que sólo son y sólo aspiran a ser eso: periodistas. Tenemos, pues, la conciencia tranquila de no haber merecido la sanción que se nos impuso, y esto nos obliga hoy a formar con absoluta firmeza nuestra protesta por esa suspensión, que tiene el valor ético de algo depresivo para la dignidad de quienes moral y profesionalmente no tienen nada de que acusarse, y que nos hace reaccionar con el mismo sentimiento, mezcla de ira y de dolor, de los antiguos deportados ante el arbitrario latigazo de la tiranía.

En vano hemos aguardado todos estos días que el jefe del Gobierno explicara la causa eficiente de nuestra suspensión, ya que la determinante consignada en el oficio policiaco era pueril y no podía justificar tan rigurosa medida. El artículo de nuestro compañero, el culto y notable abogado y publicista Sr. Sánchez-Rivera, no justifica en modo alguno la dureza de la punición. Buena prueba de ello es que no existe en el mencionado artículo materia procesable y que la detención – de la que también protestamos enérgicamente – del Sr. Sánchez-Rivera tiene exclusivamente carácter gubernamental.

HERALDO DE MADRID conserva su tradicional ideología con el lógico avance impuesto por los siete años dictatoriales de execrable memoria. Hoy HERALDO DE MADRID hace honor a la orientación política que ne el año 1905, por ejemplo, mantenía el malogrado Canalejas, quien en el artículo de fondo del 30 de enero decía que combatía y seguiría combatiendo a Maura por su sentido clerical, por sus desplantes y desconsideraciones hacia la Prensa, hacia la Tribuna popular, hacia todo lo que representaba expresión no oficial del común sentir del país; por su jactancia de dictador en el Parlamento. Creía Canalejas que los hobres públicos no eran incondicionales servidores de los reyes, y que un partido y una mayoría no eran un regimiento de jenízaros. Y nosotros sostenemos todas esas cosas que opinaba Canalejas… y algunas cosas mías. Es decir, nosotros respetamos hoy lo que decíamos entonces. No podemos hacer al general Berenguer la ofensa de pensar que él no ha de hacer honor asus manifestaciones:  “Espero ser capaz de mantener el mayor estado de paz y bienestar en mi patria por el tiempo que me propongo gobernar” (7 de febrero).

HERALDO DE MADRID está hoy, al reaparecer ante sus lectores, en el mismo lugar que ocupaba cuanto interrumpió su publicación en virtud de una decisión gubernamental; y en ese mismo sitio permanecerá ocurra lo que ocurra, porque estima que ese es su deber y que así sirve los intereses de su patria. Plutarco Elías Calles dice que cuando se trata de salvar un pueblo no importa sacrificar una generación. No vamos nosotros a reparar cuando se trata de algo tan grande e importante como la salvación de España en la pequeñez que representa nuestro sacrificio. Por eso, y como consecuencia de este propósito, comenzamos al reanudar nuestra comunicación con los lectores: Decíamos ayer…

Tiene razón el insigne D. Augusto Vivero al sostener que mi reciente detención de cinco días – ordenada por la Dirección de Seguridad al parecer por el artículo inserto en este diario con el título de ‘Enseñanzas de la huelga’ – fue arbitraria, aun queriéndola justificar con la socorrida ley de Orden Público.

En el artículo sobre ‘Enseñanzas de la huelga’ – ¡hasta el título revela su licitud! – comentaba las consecuencias que, a mi juicio debieran deducir las personas sensatas del paro obrero últimamente acaecido en Madrid, demostrando que es menester elevar en todo lo posible los salarios de los trabajadores, acabando con la vergüenza social de los sin trabajo, para conjurar mayores males. Y explícitamente condenaba la violencia como sistema conforme puede leerse en las líneas 46 a 50 del mismo. De suerte que en él lejos de excitar a huelgas o motines, ‘señalaba el mejor camino para evitarlos’, en mi sentir, claro es.

Acaso el ya, sin merecerlo, célebre artículo – a juzgar por las innumerables personas que me lo han pedido para leerle – sea el más gubernamental y sereno de cuantos he escrito. ¡Júzguese, pues, mi sorpresa cuando el mismo día de su aparición, al as tres del a madrugada, se presentaron en mi domicilio tres agentes de Policía para detenerme y encarcelarme por orden de la Dirección de Seguridad! Justo es reconocer en descargo del atropello, que me trató con las mayores consideraciones, tanto por la Policía, que me llevó en automóvil particular a la cárcel, como por el personal de Prisiones, que se desvivió en complacerme. Pero con la misma nobleza que reconozco esto sostengo que mi detención gubernativa de cinco días carece de amparo legal.

No vemos claro que persigue el Gobierno con denunciar sistemáticamente artículos periodísticos, aun firmándolos quien, como el autor de estas líneas, está – según ha reconocido con singular acierto don Juan Sarradell, director de INFORMACIONES, que por cierto jamás ha cruzado con nosotros la palabra – por temperamento y por ideas bien alejado de todo propósito de barullo.

El Gobierno parece obseso en la persecución del disidente de la ortodoxia monárquica. Y debiera darse cuenta de que somos muchos quienes en España somos republicanos, no sólo por convicciones doctrinales, sino porque queremos que se resuelvan legalmente el problema agrarario, la cuestión social, la reforma tributaria, en un sentido más justo, etc, etc.

Por ello defendemos una República que llegue ‘al máximo avance social, dentro del máximo orden público’. Pero los hechos demuestran que ya estamos en pleno periodo electoral ‘y no se permite la propaganda republicana ni aun a quienes la realizamos con insuperable serenidad’.

En estas condiciones, la inhibición de republicanos y socialistas en el próximo Parlamento será obligada. Si se persigue y encarcela a los candidatos antimonárquicos no podemos dignamente luchar, pues la contienda electoral no es un concurso de mártires para enriquecer el santoral religioso o laico, sino pugna de idearios, dentro de la más amplia libertad para todos los criterios, aún para los más audaces.

Sánchez-Rivera