El Gobierno vasco de Ibarretxe (PNV) se querella contra el juez Garzón acusándole de prevaricación en su proceso a Batasuna

La coalición nacionalista moderada, que dispone de mayoría relativa en el Parlamento de Vitoria y controla el Gobierno vasco, ha abierto esta semana la caja de los rayos para fulminar al juez Garzón por su osada decisión de suspender cautelar y temporalmente las actividades de Batasuna como parte integrante de ETA. El sobreactuado tono de las acusaciones vertidas por el portavoz del Ejecutivo y por el presidente de la Cámara del País Vasco contra el magistrado de la Audiencia Nacional que investigó los crímenes de los GAL y pidió la extradición de Pinochet resultaría incomprensible si se omitiera la motivación política, situada en las antípodas de la razón jurídica, provocadora de tan desmesurada reacción. A nadie puede extrañar que esa injuriosa ofensiva haya sido lanzada simultáneamente desde el Legislativo y el Ejecutivo vascos: las dos voces proceden del mismo ventrílocuo -la coalición nacionalista o tal vez la dirección del PNV- y obedecen a la batuta del director del orfeón.

A media mañana del pasado martes, el Gobierno de Ibarretxe anunciaba la interposición de una querella criminal contra Garzón por un delito de prevaricación: el motivo sería que los autos de confirmación o aclaración de la suspensión cautelar de Batasuna dictada el 26 de agosto conculcan el derecho de manifestación e invaden las competencias autonómicas. La adivinable estrategia del Ejecutivo vasco -subyacente a la querella- de retrasar, dificultar o impedir las indagaciones judiciales para documentar la inextricable vinculación de Batasuna con ETA fue malamente disfrazada por el portavoz Imaz con el burdo sofisma de que la ilegalización por la vía penal del brazo político del terrorismo significaría ‘la incriminación de la mayoría de la sociedad vasca’. La valoración jurídica de la anunciada acción penal del Gobierno de Ibarretxe contra Garzón exigirá el examen de su fundamentación legal; sin embargo, el anticipo disponible hace recordar las querellas temerarias que los deudores insolventes interponen contra sus acreedores legítimos para ganar tiempo.

Media hora después de la comparecencia del portavoz del Gobierno vasco, la Mesa de la Cámara hacía pública su decisión de considerar ‘nula de pleno derecho’ la sección del auto que ordena la suspensión del grupo parlamentario de Batasuna; el presidente Atutxa anunciaba también una enloquecida querella contra Garzón, esta vez por un delito de usurpación de atribuciones. No cabe infravalorar, desde luego, los problemas jurídico-constitucionales de la ejecución ‘a su arbitrio’ por un Parlamento de una medida judicial ‘obligatoria’ cuyo incumplimiento ‘no sería justificable’. Tal vez se trate de un punto ciego del ordenamiento legal que sólo el Constitucional podría resolver: en cualquier caso, la circunstancia de que el Parlamento navarro lo haya aplicado en su propio ámbito muestra que el requerimiento de Garzón no es ‘nulo de pleno derecho’ como la Cámara vasca -actuando de tribunal- pretende.

El inexcusable análisis jurídico de las medidas adoptadas por el Gobierno y el Parlamento vascos para hacer arder a Garzón en la hoguera se sitúa en marco político con lógica propia. La ofensiva del PNV y EA contra el juez que comenzó a investigar el secreto de polichinela -para la sociedad vasca- de la pertenencia de Batasuna al conglomerado organizativo del terrorismo ofrece a los dos socios de la coalición parlamentaria y de gobierno la oportunidad de calafatear su alianza: las fisuras de ese pacto se debieron precisamente a la aplicación por la Consejería de Interior de los autos de Garzón dictados para cerrar las sedes, embargar las cuentas e impedir las algaradas callejeras del brazo político de ETA. A cualquier demócrata comprometido con los derechos humanos y las libertades le resultará descorazonador que el nacionalismo moderado, forzado a elegir camino en esta encrucijada, opte por linchar a un magistrado antes que romper con sus hermanos separados instalados en el mundo del crimen.

Los dirigentes del PNV están literalmente acollonados. El miedo les atenaza. Han conseguido durante los últimos años salvar el pellejo mientras caían socialistas y populares. La política de Arzallus – unos sacuden el árbol y otros recogen las nueces – ha sido una bendición para ellos. Por eso el ayatolá goza de excelente salud política.

El PNV no se atreve a enfrentarse con Batasuna, es decir, con ETA. A la vez no quiere echar a rodar la estabilidad constitucional. Pero el juez Garzón es un moscardón cojonero. Cerró las sedes de Batasuna y el Gobierno del PNV obedeció a regañadientes. Prohibió una manifestación de los proterroristas y el Gobierno del PNV pactó con los organizadores para que el acto tuviera la repercusión deseada. Así es que permitió que los manifestantes se concentraran y después los disolvió cuando ya las cámaras de televisión había tomado las imágenes.

Finalmente el juez Garzón ordenó la disolución del grupo batasuno en el Parlamento Vasco. El Gobierno del PNV, que tiene terror a la respuesta etarra, una sangre sin fin que se derrama a reaccionado querellándose contra Garzón y se mantendrá mientras pueda al grupo batasuno así como las subvenciones con que los ciudadanos pagan, bien a su pesar, a los que amparan el terrorismo y la kale borroka. ¿Pero qué se esperaban ustedes?

Luis María Anson

El Gobierno vasco ha anunciado su decisión de querellarse contra el juez Garzón por un presunto delito de prevaricación, mientras la Mesa del Parlamento vasco ha rechazado suspender el grupo parlamentario Batasuna en aplicación de un auto del mismo juez. Esta segunda decisión es más grave que la primera, pero ambas forman parte de una misma ofensiva del nacionalismo vasco por deslegitimar la instrucción de un sumario en el que Garzón sostiene que Batasuna forma parte del entramado de ETA y está dirigido por personas con doble militancia.

La Mesa del Parlamento vasco considera ‘nulo de pleno derecho’ el auto de Garzón del 6 de septiembre, en el que precisaba (y, según sus críticos, modificaba) los contenidos del auto principal, de 26 de agosto. Hay motivos para cuestionar algunos aspectos de ese segundo auto, pero su nulidad habría de decidirla, en su caso, otro tribunal, no la Mesa del Parlamento vasco. El informe de los servicios jurídicos del propio Parlamento planteaba serias objeciones al auto, pero recordaba también que, de acuerdo con el art. 118 de la Constitución, la Cámara está obligada a aplicar las resoluciones judiciales y a suspender el grupo de Batasuna. Ésas son las reglas del juego. La mayoría nacionalista ha optado por romperlas deliberadamente. Y eso es muy grave, con independencia de lo mejor o peor fundado de sus objeciones.

La principal es que invade competencias de la Cámara. Es un asunto delicado. El auto principal suspendía todas las actividades orgánicas de Bastasuna, incluyendo las ‘institucionales’, lo cual incluye, obviamente, las parlamentarias, aunque sobre éstas establecía una distinción entre la titularidad del escaño, que es personal y no puede ser retirada, y la del grupo parlamentario. Y remitía a la Cámara -en términos confusos- la aplicación práctica de la suspensión del grupo en cuanto tal.

Cabía interpretar esa remisión de diferentes maneras, pero un segundo auto de Garzón establecía que la resolución implicaba en todo caso la prohibición de que los electos siguieran funcionando como grupo y recibiendo las subvenciones correspondientes. Las objeciones a esa decisión son defendibles, pero no puede afirmarse seriamente que contradiga al primero. Lo que hace es aclarar su sentido en dirección contraria a la deseada por quienes lo impugnan.

El Gobierno vasco justifica la querella por prevaricación porque los autos ‘limitan de forma infundada, ilegítima y arbitraria’ el derecho de reunión y manifestación, y extiende sus efectos a personas ajenas a Batasuna, hasta el punto de que ‘incriminan a la mayoría de la sociedad vasca’. Esto último es un exceso retórico, porque nadie objetó la manifestación convocada por EA en Gernika.

También se argumenta que las resoluciones de Garzón vacían de contenido las competencias del Departamento vasco de Interior como autoridad gubernativa. Y esto ya tiene más fundamento. Quien debe aplicar las resoluciones es la Administración competente, y parece lógico que al hacerlo sea ella quien aprecie si la convocatoria en concreto encaja o no en los límites del auto de suspensión; contra su decisión podrá plantearse recurso. Pero también es lógico que el juez vigile la ejecución de su resolución. Tratándose de un derecho fundamental, en caso de duda debería prevalecer el de manifestación. Confundir el celo del juez en la aplicación estricta de su auto con prevaricación sólo puede atribuirse a una deliberada voluntad de ofender al juez que ha convertido la verosímil conjetura de que Batasuna forma parte de ETA en una hipótesis respaldada por sólidos indicios incriminatorios.