Quiebra el brazo del Grupo KIO en España y sus responsables culpan al financiero Javier de la Rosa

KIO es una sociedad estatal dependiente del Gobierno de Kuwait que maneja fondos públicos y privados del emirato. Era, hasta la invasión iraquí, el mayor inversor institucional del mundo, con unos activos valorados en unos 100.000 millones de dólares. Ahora, el valor de dichos activos puede haberse reducido prácticamente a la mitad por la caída de las Bolsas internacionales y el crash inmobiliario. En la mayoría de los países occidentales donde tiene radicadas sus propiedades, KIO ha actuado siempre como un mero inversor institucional. Es decir, que no ha intervenido en la gestión de las empresas o bancos donde tenía sus dineros. La situación es radicalmente distinta en España, donde KIO, a través de Torras, ha manejado la gestión, entre otras, de la empresa química más importante del país, de una de las sociedades alimentarias más pujantes y de una de las inmobiliarias más activas. Esta filosofía diferente ha sido posible gracias al papel que ha jugado Javier de la Rosa, el hombre que ha manejado los intereses de KIO en España hasta hace seis meses. Tras el cambio producido en la cúpula de KIO, que tuvo como primera consecuencia la salida del vicepresidente del grupo, Fouad Jaffar, de la oficina de Londres, que controla de hecho todas las inversiones en el mundo, Javier de la Rosa, su mano derecha, cayó también en desgracia. Jaffar fue sustituido por Al Bader, un hombre de peso dentro de la estructura de poder kuwaití; y el puesto de De la Rosa lo ocupó Al Nouri, un funcionario perteneciente a la estirpe de los comerciantes kuwaitíes. La política de los nuevos jefes de KIO se ha basado en cuestionar no sólo la gestión del anterior equipo, sino en imputarle graves irregularidades. Este asunto ha sido utilizado en las elecciones kuwaitíes y también ha sido aireado en la prensa internacional. Las acusaciones más duras se han centrado en Jaffar y en De la Rosa. Según los actuales responsables del grupo, estos dos hombres son los culpables directos del enorme agujero de las empresas de KIO en España, cuyas deudas, en conjunto, suman más del 500.000 millones de pesetas. Todo apunta a que el fiscal general de Kuwait va a emprender acciones legales contra Jaffar. Por su parte, el despacho de Melchor de la Heras parece que pedirá responsabilidades a Javier de la Rosa. Esta acción punitiva puede desencadenar una guerra de imprevisibles consecuencias. En primer lugar, porque las decisiones de Torras, por más que sean equivocadas yadmitiendo dispendios varios, han sido aprobadas por el consejo de la sociedad. Es decir, que todos y cada uno de los consejeros son responsables de la situación. Entre ellos, Manuel Guash, que sigue siendo presidente de Ebro Agrícolas, una de las empresas más rentables del grupo, y que, además, sigue siendo hombre de confianza de los nuevos gestores. Otro asunto delicado es la participación de KIO en Ercros y en Prima. En las dos sociedades, KIO tiene más del 50% del capital, aunque una parte del mismo está colocado en sociedades fiduciarias. Estas se constituyeron en su día para eludir la ley de OPAS.Da la impresión de que Al Nouri y sus múltiples asesores no han medido en toda su amplitud las consecuencias de sus acciones. Tal vez, el único que juega, hoy por hoy, el papel de contrapeso es José Aureliano Recio. Luis Vañó, en quien Al Nouri depositó su confianza tras aterrizar en España, carece de peso específico para cuestionar la estrategia de los nuevos dueños. Además, las decisiones de KIO han estado tal vez demasiado condicionadas por las recomendaciones del bufete británico Stephensen Harwood, que presionó desde el principio para que se adoptara una posición dura, que llevó a la suspensión de pagos de Ercros. Esta decisión desencadenó el pánico en las entidades financieras, que dejaron de ver en KIO al inversor seguro y fiable que había sido hasta entonces. No sólo en España los bancos comenzaron a exigir el cobro de sus créditos sin esperar al vencimiento, sino que en otros países (por ejemplo, en Estados Unidos) entidades que antes siempre habían estado dispuestas a dar créditos a la Office le cerraron las puertas. La cicatería de KIO, su negativa a poner un duro más en España, demuestra el grado de ignorancia con que los nuevos propietarios aterrizaron en este país. KIO, como accionista mayoritario y casi único de Torras, tiene una responsabilidad, que es independiente de las buenas o malas acciones de Javier de la Rosa. El proceso contra el financiero catalán no puede ocultar sus compromisos. Por ejemplo, en el caso de Fesa-Enfersa, KIO debe hacerse cargo del fondo de pensiones de sus trabajadores. Los árabes, como accionistas de esta empresa, están obligados a cubrir los 20.000 millones que Freeport McMoran exige para quedarse con los fertilizantes. Una cosa es la responsabilidad de los administradores, (el consejo de Torras encabezado por Javier de la Rosa), y otra, la responsabilidad de los accionistas. KIO, además, ha recibido importantes ayudas del Gobierno español y ha adquirió el compromiso firme con el ministro de Economía y Hacienda de capitalizar 100.000 millones de pesetas y aportar otros 100.000 millones a sus empresas. KIO no puede escudarse en el agujero de sus empresas para no asumir sus responsabilidades. Poner en cuestión ahora las enormes plusvalías que KIO consiguió en España en los años del boom parece casi un sarcasmo. Si el dinero llegó o no a su destino es algo que deben dilucidar con sus gestores, pero no es argumento que valga para hacer tabla rasa de su trayectoria en España. El cambio de criterio en las auditorías, valorando las empresas que controlan por su cotización en Bolsa, implica un cambio de estrategia. KIO dice ahora que es un «inversor financiero», cuando, hasta hace pocos meses, decía que era un «inversor a largo plazo». Los numerosos acreedores y los 25.000 trabajadores del grupo KIO en España no parecen dispuestos a conformarse con esta sutil explicación. Como agencia dependiente de un Gobierno soberano, KIO debe cumplir sus compromisos.

ESPAÑA conoció ayer la mayor suspensión de pagos de su historia, presentada por el grupo Torras, propiedad de la Oficina de Inversiones de Kuwait (KIO). Los kuwaitíes pretenden desentenderse de la mayor parte de sus empresas en dificultades en nuestro país, lo que puede suponer 30.000 trabajadores en la calle -afectando indirectamente a casi 70.000 más- y una deuda próxima a los 500.000 millones, con descubiertos en Hacienda, la Seguridad Social y bancos y proveedores españoles.

La rocambolesca saga de las inversiones del holding kuwaití en España tiene connotaciones de cuento de las mil y una noches (la lucha de dos facciones de la familia Al Sabah por el control del mismo) y de novela picaresca española (la peripecia de Javier de la Rosa, anterior gestor de KIO en España, sobre quien pesa la sospecha de haberse enriquecido mediante manipulaciones financieras) y va a terminar en una paradoja jurídica (la suspensión de pagos es una medida legal creada para proteger al empresario, no a un Estado opulento), una tragedia para miles de familias, y una gran estafa al Estado español, al abdicar Kuwait de los compromisos contraídos por sus sucesivos ministros de Hacienda y por el propio emir ante nuestras más altas instancias. KIO desembarcó en España a mediados de los 80 tomando grandes participaciones en empresas en dificultades de los más variados sectores con un planteamiento de inversión a medio y largo plazo. La aparente solidez de sus propósitos sirvió para capitalizar el grupo Torras recogiendo parte del ahorro de muchos pequeños inversores. Luego vino el final del ciclo expansivo y la postguerra del Golfo que obligó al emirato a desviar parte de sus inversiones exteriores hacia la reconstrucción interna. La actitud de MO respecto a sus negocios en España cambió con la llegada de la nueva dirección encabezada por Al Nouri, fruto a su vez de los cambios en la cúpula del emirato. Asomados al agujero dejado por los anteriores gestores, los nuevos han optado por la espantada, cargando las culpas sobre Javier de la Rosa mientras se lavaban farisaicamente las manos. Vaya por delante que el financiero catalán y quienes le han protegido deben afrontar su responsabilidad. El abogado de KIO, Stampa Braun, que habló ayer sin eufemismo alguno de «apropiación indebida», prepara medidas legales contra el equipo presidido por De la Rosa, fundamentadas en cinco supuestas operaciones irregulares en otras tantas sociedades. Pero sean cuales sean las hipotéticas culpas de De la Rosa, KIO no puede utilizarlo como «ecce homo» para escudarse tras él y eludir sus responsabilidades. La Oficina de Inversiones es algo más que una empresa, del mismo modo que los acuerdos entre KIO y las industrias españolas no fueron simples tratos entre particulares. Los kuwaitíes no pueden irse por las buenas, abandonando a su suerte a unas empresas a la deriva. Tampoco pueden darle impunemente la espalda al país que participó tan directamente en la restauración de su independencia, invirtiendo 50.000 millones de pesetas en el envío de una flotilla, arriesgando las vidas de jóvenes soldados de reemplazo y prestando su suelo como repisa de los B52 que bombardearon Irak. El «caso De la Rosa» y el «caso Al Sabah» son dos caras -y nunca mejor dicho- de una misma moneda, pero requieren tratamientos distintos. Todo el peso de la ley debe recaer sobre quien haya obtenido un lucro ilícito y es de desear que la máquina de la justicia se ponga en marcha cuanto antes, sin que medie ningún pacto bajo cuerda. Pero a la vez toda la fuerza de nuestra política exterior debe volcarse en la puesta en marcha de cuantas represalias de índole diplomática o comercial sirvan para hacer ver a los señores feudales de Kuwait que abusar de la confianza de un estado amigo es un tipo de estafa que no puede quedar sin castigo.

Cuenta Julio Feo, ex jefe de gabinete de Felipe González y reputado «lobbyista» español, que el pasado mes de julio los nuevos hombres fuertes de la Kuwait Investment Office (KIO) en España se acercaron a él para ofrecerle un suculento contrato por hacerse cargo de la defensa de sus intereses. Y asegura Feo que a los pocos días, como por arte de magia, recibió una llamada de Javier de la Rosa desde Barcelona, haciéndole la misma oferta pero en sentido contrario: «Te pagaré el doble de lo que te ofrezcan ellos». La anécdota revela el calado de las aguas por las que desde el pasado mes de mayo discurre el «affaire» KIO en nuestro país. Aguas turbulentas en el imperio del sinsentido. Todo en KIO suena dislate. Famosos bancos de negocios, como Salomon Brothers, que trabajaron con los antiguos gestores y ahora lo hacen con los nuevos sin problemas de conciencia. Auditoras de renombre internacional que, a la carta, cambian los resultados de sus informes a conveniencia de los sucesivos dueños; gerentes que hablan mal de sus empresas magnificando sus problemas, y miles de millones de dólares que aparentemente se han perdido sin dejar rastro. Las desventuras de KIO en España han tomado carta de naturaleza internacional cuando el pasado miércoles, 25 de noviembre, The Wall Street Journal, con el título de «La caída de un imperio», dedicó al tema cerca de 500 líneas de texto para relatar la desaparición de una fortuna: «A partir de mediados de los ochenta, Kuwait invirtió cerca de 5.000 millones de dólares en España. Nadie parece saber qué ha sido de ellos». El Grupo Torras -Torras Papel, Ercros, Ebro, Prima- se tambalea, acuciado por deudas que se aproximan a los 500.000 millones de pesetas, frente a activos cuyo valor alcanza apenas los 150.000 millones. ¿Dónde han ido a parar los 350.000 millones de diferencia? El águila de Torras, con plomo en las alas, ya no puede volar. La historia de KIO en España está marcada por la intensa amistad que une a Javier de la Rosa con Fouad Khaled Jaffar, durante años gran capo de la «Office» en Londres, y por la peculiar estrategia desarrollada por la inversión kuwaití en nuestro país. En contra de la práctica seguida en otras latitudes, KIO tomó en España participaciones mayoritarias en grandes empresas industriales de los más variados sectores, asumiendo además la responsabilidad de la gestión en la mayoría de ellas. Todo parecía ir sobre medas mientras duró el ciclo expansivo, pero con la llegada de la crisis, la nave comenzó a hacer agua de manera insidiosa, revelando la precariedad de unas inversiones efectuadas en negocios maduros, como la química, de problemática rentabilidad en todo el mundo, o muy endeudados, caso de Prima.

Con todo, nada de lo ocurrido en los últimos meses en España hubiera tenido lugar si Sadam Hussein no hubiera decidido un día invadir el emirato. La reparación de los destrozos causados por el dictador iraquí se estima en casi 100.000 millones de dólares, 11,5 billones de pesetas al cambio actual. Los kuwaitíes, acostumbrados durante décadas al estilo de vida disipada de Marbella, Niza y otras plazas similares, se vieron obligados a apretarse el cinturón. Había que ahorrar. La posibilidad de que el emirato pudiera seguir proporcionando los fondos que necesitaban los negocios de Torras se tomó difícil. Por si fuera poco, la Bolsa española era ya un mar de lágrimas del que huía la gente de bien a toda prisa. Del 1 de junio del presente año al pasado viernes, 27 de noviembre, el valor de las participaciones de KIO en las tres empresas que siguen cotizando, Ebro (40%), Prima Inmobiliaria (80%) y Ercros (55%) ha retrocedido una media del 67,7%. Lo que el 1 de junio valía en Bolsa 80.899 millones, vale hoy 26.125, con una minusvalía de 54.774 millones de pesetas. Pero los nuevos responsables de KIO en España, al mando de un oscuro burócrata kuwaití instalado en Madrid de nombre Mahmoud alNouri, que sigue órdenes de un notorio kuwaití instalado en Londres de nombre Alí Rashaid alBader, no están dispuestos a admitir que el responsable del aparente desastre que vive el grupo sean la recesión y la debacle de la Bolsa (en el mismo periodo, Fomento de Construcciones y Contratas ha perdido en Bolsa un 57,5%; Corporación Banesto, un 52,3%, y la Corporación Financiera Alba, un 36,2%). Para al-Bader/al-Nouri, la catástrofe tiene otras explicaciones que conducen directamente ante los tribunales de Justicia. Alguien se lo ha llevado crudo, dicen en voz baja. ¿Quién? ¿Adónde? Una sensación de perplejidad invade desde antes del verano a la comunidad financiera madrileña, a cuenta de la conducta de los nuevos gerentes de KIO, quienes, parachutados en España con escaso conocimiento del país y su legislación mercantil, no han dudado en propalar las dificultades de sus empresas, llevando la desconfianza al mercado y haciendo prácticamente imposible su recuperación. ¿Quién va a prestar un duro a unas sociedades vilipendiadas por sus propios dueños? Al mismo tiempo, los nuevos gerentes han tratado de cargar las tintas sobre su antiguo hombre fuerte en España, Javier de la Rosa, achacándole la responsabilidad de lo ocurrido. Desde el mes de junio viene al-Nouri hablando «off the record» a la prensa de las maldades del financiero catalán. Desde el mes de junio viene amenazándole con los tribunales, aunque ni las acusaciones ni el recurso judicial terminan por concretarse. Varios meses de presión constante han colocado a De la Rosa en una situación comprometida. En la tarea, los nuevos responsables de KIO cuentan con poderosas ayudas. De la Rosa tiene el raro privilegio de ser el único rico de este país contra el que suele editorializar El País con carácter periódico, lo que da idea de su vulnerabilidad. Un millonario español que no haya sido capaz de llegar a un pacto de intereses con Jesús Polanco, no merece la condición de tal. Mientras todos aquéllos a quienes ha hecho ricos -abogados, auditores, agentes de Bolsa, banqueros, políticos, aristócratas- callan, los que no han rascado bola le pasan factura. Curiosamente, quienes más se escandalizan ahora son los que hace mucho tiempo pusieron a buen recaudo sus dineros en Suiza. Cosas veredes.

En el sinsentido de KIO hay muchas cosas que no encajan. El presidente de Torras ha sido Fahd Mohammed alSabah, «chairman» de KIO hasta el golpe interno que en mayo de este año le relevó del cargo. En el consejo de la papelera se han sentado Khaled al-Sabah y Muneer al-Sabah. El ministro de Finanzas, impulsor y supervisor de las inversiones de KIO, ha sido Alí Khalifa al-Sabah. Todos familia directa- del emir Jaber Ahmed al-Sabah. Todos los alSabah metidos hasta el cuello en KIO. ¿Estamos ante una guerra -de unos al-Sabah contra otros al-Sabah? Son muchos los indicios que apuntan a que la clave de lo que está ocurriendo con KIO en España reside en las luchas por el Poder que, entre bastidores, tienen lugar en el emirato. En el consejo de la propia Torras o en sus empresas se sientan personajes como Manuel Guasch -cuyos amigos mueven la guerra contra De la Rosa- o Rafael Alonso Botín, José María Figueras, Juan Antonio Samaranch, Miguel Angel Canalejo y un largo etcétera. Y de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, todos y cada uno de los miembros del consejo de una sociedad son responsables solidarios de las cuentas de la misma. Si, de acuerdo con nuestra legislación mercantil, todo el consejo de Torras es responsable de las hipotéticas irregularidades que se hubieran producido, ¿por qué pedir únicamente responsabilidades a De la Rosa? Mientras tanto, el financiero catalán calla, amagando a su vez con tímidas amenazas de recurso a los tribunales. Según él, «todas las decisiones tomadas en torno a las inversiones de KIO en España han sido consultadas y aprobadas por Londres, y tengo la documentación que lo prueba. Pero además, cuando yo dejé la responsabilidad de KIO, las empresas no tenían ningún problema. Lo que haya ocurrido después no es de mi incumbencia». Por su parte, los banqueros acreedores de Torras sugieren, como ayer lo hacía Financial Times, que alguien ha sacado miles de millones de pesetas de los negocios de KIO en España para colocarlos en empresas «offshore» propiedad de kuwaitíes. Entre un fusil y un soldado se perdió un pan. El último movimiento de los al-Nouri parece incidir en la sospecha original que levantó su llegada a España. Los nuevos amos de las finanzas del emirato quieren irse con la música de KIO a otra parte, dejando al pairo al Grupo Torras, lo que les liberaría de asumir sus responsabilidades. Sería la mayor suspensión de pagos de la historia de España, afectando a cerca de 100.000 trabajadores, entre empleos directos e indirectos. Y aquí es donde parece haber, entrado en juego, con buen criterio por una vez, el ministro Carlos Solchaga. Un gobierno cuya gestión ha estado presidida desde el 82 por el más feroz intervencionismo en los asuntos del sector privado, no puede llamarse andana en el tema KIO, no puede dejar que este asunto se le escape de las manos. Al fin y al cabo, el máximo ejecutivo de Ercros durante años fue un hombre nominado por el ministro de Industria. Al fin a la postre el único hombre que hoy trata de imponer sentido común al sinsentido de KIO en España, José Recio, es amigo personal del ministro. Los kuwaitíes no se pueden ir por las buenas de este país. Esto no es una república bananera, ni los trabajadores del grupo Torras son chóferes de BanglaDesh o chicas de servicio filipinas a las que los ricos kuwaitíes puedan tratar como a esclavos. Esto teóricamente es otra cosa, y hay que hacérselo saber. Al final, los B52 americanos despegaron desde suelo español. ¿O no? Es hora de luz y taquígrafos. Ni los al-Nouri de turno pueden seguir filtrando a la prensa medias verdades, ni los Javier de la Rosa pueden seguir parapetados en su ominoso silencio. Hay cosas, como esos supuestos contratos blindados por 10.000 millones que se autoconcedió la gerencia de Torras, que mueven al escándalo, y son un sarcasmo para un trabajador que debe conformarse con llevar a casa 150;000 pesetas al mes. De la Rosa está obligado a explicarse, so pena de que pueda empezar a aplicársele aquel dicho de que quien calla, otorga.

¿Por qué ha suspendido pagos Torras? «Sencillamente, porque los nuevos gestores opinan que de esta forma quedan al margen de las posibles responsabilidades civiles y penales que pueden derivarse de las decisiones adoptadas en la etapa anterior». Quien contesta de esta forma es el hombre que quizás con mayor denuedo ha intentado en los últimos meses convencer a los nuevos dueños de KIO que España no es Burkina Faso. Se trata de José Aureliano Recio, que fue fichado por Javier de la Rosa para ocupar la presidencia de Ercros y nada más firmar su acuerdo se dio de bruces con el merdé de la suspensión de pagos de la empresa que tenía que presidir. Recio, buen amigo de Solchaga, consejero ejecutivo del BBV, tuvo la gallardía de dimitir y el detalle (inusual en estos tiempos de pillaje) de romper en pedazos su contrato blindado de más de 90 millones de pesetas. Tras la salida de Javier de la Rosa y sus hombres de confianza del Grupo Torras, Recio fue reclamado por KIO para que concluyera su gestión en la negociación para la venta de Ercros a la norteamericana Freeport. Para los árabes, al margen de las habilidades del andaluz para colocar en mejores manos el grupo químico español, contaba sobre todo su proximidad a Solchaga. Tener a Recio cerca representaba para los señores del emirato algo así como tener a un embajador del Gobierno español en la nómina de su cuartel general, un interlocutor con el poder en un país extraño del que sólo conocen, hasta el momento, las vistas de la Castellana que ofrece el edificio acristalado de la Plaza de Emilio Castelar donde han instalado sus oficinas, el camino hacia sus lujosos chaléts en La Moraleja y el aeropuerto de Barajas. Desde hace meses, Recio se ha empeñado en que Al Bader, Al Nouri y la cohorte de kuwaitíes que tienen alguna responsabilidad en el Grupo Torras entiendan que han asumido unos compromisos que van más allá de sus querellas internas, de sus peleas de familia y de sus intrigas palaciegas. Sin embargo, haciendo honor a la historia, los árabes se han comportado como los peores enemigos de los árabes, y no les importa arruinar a su país con tal de aplastar a la facción enemiga. La familia Al Sabah acoge en su seno a príncipes de las mil y una noches que guerrean por el poder utilizando a España como campo de batalla. El dinero que debían emplear en cumplir su palabra (dada reiteradamente al ministro de Economía y Hacienda, y al ministro de Industria) lo destinan ahora a contratar bufetes de alto copete, caros asesores y auditores domésticos. Eso sí, la crisis no ha trastocado en lo más mínimo su nivel de vida de ensueño. Ellos siguen viviendo como el marajá de Kapurtala mientras anuncian la mayor suspensión de pagos de la historia de España. Los nuevos gestores de KIO no han hecho caso a Recio, como tampoco lo han hecho a Solchaga, ni al Gobierno español, al que deben considerar como una duanía de segundo orden. La afrenta de KIO es un problema de Estado, porque KIO es un fondo público que depende del Gobierno de Kuwait. España se comprometió en la Guerra del Golfo con el bando aliado para liberar Kuwait de las garras de Sadam Hussein.Los «tradicionales lazos de amistad con el pueblo árabe», como gustaba decir a Franco, han servido de muy poco en la actual coyuntura. Ni siquiera las gestiones del Rey de España ante el Emir de Kuwait han servido de nada. El Gobierno español debería pasar de las palabras a los hechos y exigir a Kuwait una respuesta oficial al desastre provocado. Al margen del problema político, la suspensión de pagos de Torras trae a colación un planteamiento jurídico de gran calado. ¿Puede un Estado soberano suspender pagos? Sobre todo en el caso de Kuwait esta pregunta adquiere una relevancia enorme. Otra cosa sería si estuvieramos hablando de Etiopía, pero, hoy por hoy, Kuwait es uno de los principales productores de petróleo del mundo y sus ciudadanos gozan del nivel de vida más alto que tenerse pueda sobre la faz de la tierra. Mientras que los privilegiados hijos de los señores del emirato estudian en Londres o en Estados Unidos y ven como sus cuentas corrientes engordan en virtud del Fondo para las Generaciones Futuras, que se nutre de los beneficios de KIO y de los ingresos por exportaciones de petróleo, los hijos de los trabajadores de Enfersa y del resto de las empresas del Grupo Torras en España tienen ante sus ojos un porvenir de paro y miseria. Simplemente no es justo. La política de tierra quemada seguida hasta ahora por los nuevos jefes de KIO es más propia de un Estado medieval que de un país moderno que entiende las relaciones internacionales en una doble dirección que implica derechos y deberes. La espantó de KIO va a provocar una catastrofe en cadena. La próxima empresa en caer será, con toda seguridad, Prima Inmobiliaria, propietaria de las emblemáticas torres de la Plaza de Castilla, las llamadas Puerta de Europa, que bien podrían llamarse ahora Puerta del Desastre. Se equivocan quienes piensen que el resto de las compañías, como Ebro Agrícolas o Torras Papel, pueden quedar indemnes a la retirada de KIO. Los bancos se están cuidando muy mucho de dar créditos a cualquier empresa que lleve el emblema de KIO en su solapa. Esta política inspirada en una lógica prudencia puede arrastrar al resto de las empresas sanas del grupo a una situación de no retorno. Y esta sí que es una responsabilidad de los nuevos gestores. Su ceguera, su empecinamiento ha empeorado aún más las cosas. Como también es responsabilidad de Al Bader y su gente la imagen de España como mercado financiero de pacotilla, donde uno campa por sus respetos sin que existan controles para evitarlo. Si estos señores tienen pruebas de que De la Rosa y su gente han metido la mano en la caja que lo digan, que les lleven a los a los tribunales y, si es cierto, que paguen por ello. Hasta ahora, lo único demostrado es que KIO ha conseguido unos beneficios en España de 150.000 millones que han salido del país certificados por la Dirección General de Transacciones Exteriores. En qué bolsillos están estos dineros es algo que la Office de Londres debe conocer al detalle, ya que eran los jefes kuwaitíes quienes ordenaban a las empresas españolas en qué cuentas bancarias debían ingresarlos. La espantó de KIO debería ser contestada por los gestores españoles con una dimisión en bloque e irrevocable.

LA SUSPENSIÓN de pagos del grupo Torras, brazo inversor de la sociedad estatal Kuwait Investment Office (KIO) en España, será la mayor registrada en nuestro país. La deuda supera los 250.000 millones de pesetas, con la singularidad de que el principal accionista, KIO, es a la vez el principal acreedor, con más del 70% de esa cifra. El impacto industrial y laboral puede ser catastrófico.La decisión ha estado precedida de arduas negociaciones entre los representantes del grupo kuwaití, la Administración española y los bancos acreedores. Se pidió al Gobierno que apoyara al grupo, pero el Gobierno no ofrece ayudas concretas a empresas; se pidieron quitas y aplazamientos a los bancos, que han respondido con tibieza. Finalmente, algunos de los consejeros y asesores españoles de KIO propusieron una solución con aportaciones de las tres partes (KIO, banca y Gobierno): fue rechazada por KIO, inclinada a abandonar sus inversiones en Torras e incluso en España.

La decisión de suspender pagos pone en cuestión a KIO, a sus gestores y al Gobierno. A los gestores españoles del grupo, encabezados por Javier de la Rosa hasta el pasado verano: este financiero cantó las alabanzas de los kuwaitíes en la época de la invasión del emirato. Para entonces, KIO había obtenido más de, 100.000 millones de pesetas de beneficio en operaciones especulativas a través de Bolsa. Ahora, cuando los kuwaitíes anuncian acciones legales en su contra por considerar que desvió beneficios hacia sus propios intereses, De la Rosa les culpa del desastre y asegura que no son de fiar. Además, afirma que sus antiguos patronos-socios poseían paquetes de sus filiales superiores a los porcentajes autorizados. ¿Lo descubre ahora? ¿Por qué no lo denunció antes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores? No ha sido un mero administrador de KIO en España. Ha sido también su socio, su hombre de confianza y su primer beneficiario. Si Torras está técnicamente en suspensión de pagos -¿o en quiebra?-, como aducen sus actuales responsables, ésta no se ha podido generar en los escasos meses que median desde el abandono- del barco por el antiguo gestor de otros escándalos sonados, nunca aclarados del todo (Banca Garriga Nogués). Tiene un responsable. Y éste no es otro, en España, que Javier de la Rosa.

Al Gobierno y al Estado: es verdad que una empresa privada es soberana para adoptar las decisiones que considere oportunas. Pero este grupo ha recibido 80.000 millones de pesetas en ayudas públicas directas o indirectas. Sus decisiones afectan a cerca de 100.000 trabajadores y al tejido industrial español. Todos los esfuerzos son precisos tanto para evitar, o aminorar, los efectos de una decisión traumática como para deslindar responsabilidades en lo que todavía no se puede certificar con certeza si es una aguda crisis industrial o una monumental estafa de múltiples ramificaciones. ¿Dónde está el fiscal general del Estado? España debe exigir responsabilidades a KIO y al Estado kuwaití. El grupo inversor se comprometió desde el inicio a realizar fuertes inversiones en España y a mantener el empleo. Aseguró que destinaría los beneficios sobre todo a nuevas inversiones y a reforzar el grupo. No ha sido así. Puede que a los kuwaitíes les hayan engañado sus socios españoles; pero al final han sido muy poco rigurosos con sus propias promesas al Gobierno español, que seguramente creyó ver detrás de KIO la garantía del Estado de Kuwait -cuyo crédito internacional puede quedar mellado con esta aventura- y que tanto les ayudó durante la guerra frente a Irak.

Carlos Solchaga y Claudio Aranzadi ampararon las inversiones de KIO, respaldaron a De la Rosa -pese a sus poco tranquilizadores antecedentes- y han dejado que las empresas y sectores en los que estaba KIO -algunos ciertamente de difícil solución, como los fertilizantes- hayan quedado sin un patrón y sin amparo para afrontar su futuro. El Gobierno debe explicar en el Parlamento sus gestiones para evitar este desenlace. Pero está obligado, sobre todo, a amarrar el compromiso expresado por Al Nouri según el cual la salida de Torras no implica el abandono de las inversiones kuwaitíes en otros sectores y empresas: el aviso que ayer dio Felipe González, aunque tardío, está en el buen camino. No debe quedarse ahí.

Pero además, dada la situación actual de la economía española, la capacidad para retener o atraer inversiones extranjeras no depende ahora tanto de decisiones monetarias o macroeconómicas como de la seriedad y coherencia de la política industrial. Cuando KIO se metió en British Petroleum, el Gobierno británico exigió que diese marcha atrás para evitar una indeseada posición de control. Aquí no se ha controlado prácticamente nada. Al contrario, se han otorgado ayudas a algunas empresas del grupo por pertenecer a un sector en reconversión. Y se ha permitido vaciar los activos de algunas sociedades para especular sin piedad con ellos, como ocurrió en Ercros y Prima, y obtener unos formidables ingresos que no se sabe dónde han ido a parar. No, en principio, a KIO, a juzgar por las cifras manejadas en los informes de profesionales independientes. ¿A quién?

Al final, quien puede perder es la industria y los trabajadores, aunque, en principio, la suspensión afectará únicamente a la matriz y no a las empresas industriales. Pero el peligro de un derrumbamiento en cadena subsiste si no aparecen otros inversores dispuestos a quedarse con esas sociedades. ¿Pueden sus recientes gestores y los responsables políticos que les dieron luz verde ponerse la máscara de Pilatos?

EL MEMORÁNDUM que firmaron el pasado domingo las autoridades españolas y kuwaitíes según el cual ambos países se comprometen a encontrar una solución a la crisis de las inversiones del grupo Torras, al mismo tiempo que se garantiza alguna continuidad de las mismas y la evitación de nuevas suspensiones de pagos, es una buena aunque tardía noticia. Lo cierto es que se debía haber actuado mucho antes.Todo parece indicar que el empeño por atraer el capital extranjero a España no sólo se ha hecho con el sacrificio del carácter selectivo de dichas entradas, sino también a costa del necesario control, bien de las consideraciones sectoriales, bien de la magnitud de la inversión que en pura lógica ha de guiar esas autorizaciones. Y ello sin menospreciar la laxitud en la interpretación y aplicación de la normativa sobre inversiones extranjeras en España, en especial lo dispuesto acerca de la titularidad de los inversores: la inversión de KIO es de un Gobierno extranjero, y debería haber sido aprobada por el Consejo de Ministros. Y si, como dice el Gobierno español, los gestores de Torras -el equipo que encabezaban entonces el español Javier de la Rosa y los kuwaitíes Muhamed al Sabah y Fouad J. Jaffar- aseguraron en documento público que la inversión era privada, desde sociedades radicadas en la CE, y se demuestra que se han aportado datos falsos, el Gobierno debe adoptar medidas penales por la vía urgente.

Las noticias que por goteo (aunque selectivo; hay medios que no publican nada o sólo las versiones oficiales) se publican sobre los avatares del grupo KIO muestran una escasa capacidad de control sobre la gestión de dicho grupo. Sorprende en ese caudal informativo la falta de transparencia, las irregularidades contables o las prácticas fiscales discutibles. Todo ello cuestiona, en definitiva, la capacidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para garantizar la necesaria transparencia de las empresas que cotizan en Bolsa y, con ella, la protección de los intereses de los accionistas sin capacidad de control sobre las mismas. Las sospechas del ministro de Economía acerca del grado de corrección de la primera auditoría, según señaló en la entrevista que publicó EL PAÍS el pasado domingo, son, igualmente, preocupantes a este respecto. Las informaciones que empiezan a conocerse sobre la magnitud de los beneficios de las operaciones de compraventa intemas de acciones apuntan a serias irregularidades ante las que la CNMV no ha reaccionado. No es la primera vez que dicha comisión reacciona cuando el asunto está ya en la prensa. Paralelamente a esa sensación de marginación de lo que de relevante ocurre en nuestros mercados de valores, esa institución parece hacer valer las capacidades que le otorga la ley para definir excesivas barreras burocráticas a cuestiones no esenciales.

En todo caso, los antecedentes del responsable de los intereses del grupo KIO en España exigían una atención más estrecha. El Gobierno de Kuwait parece que ha pedido a las autoridades españolas una investigación jurídica sobre el ex vicepresidente de Torras Javier de la Rosa. Debe hacerse cuanto antes. Todo lo anterior pone de manifiesto una sensación de vulnerabilidad ante decisiones de inversores extranjeros que ha de preocupar más a nuestras autoridades que esa urticaria a la que, al parecer, resulta tan proclive el ministro de Economía ante la intervención estatal.

YA ESTÁ bien de comedia. Las empresas del grupo KIO en España han originado la mayor suspensión de pagos de la historia de este país, la querella por motivos económicos más espectacular jamás presentada en los juzgados y la crisis industrial y laboral más preocupante de los últimos años. Y, sin embargo, nadie es responsable de ella. ¿Nadie? Sí: el Gobierno, los kuwaitíes, la crisis económica, la guerra del Golfo y un largo etcétera hasta llegar casi al Papa de Roma. Esto es, todo el mundo en primera instancia, y sólo en último lugar y de pasada el equipo que gestionó el grupo empresarial en el último lustro, encabezado por Javier de la Rosa.Al menos así parece desprenderse de la lectura de lo declarado en los últimos días por diversos dirigentes del Partido Popular, el presidente de la patronal, la prensa sensacionalista y -lo que resulta más lógico y coherente- el propio De la Rosa, en un fuego dialéctico cruzado que converge en una clara maniobra de dispersión de la responsabilidad principal hacia agentes económicos, entidades o administraciones cuyos errores, incumplimientos o falta de vigilancia, sin ser leves, constituyen en todo caso una responsabilidad derivada.

El Partido Popular ha amenazado con una querella criminal por prevaricación contra el presidente del Gobierno, salvo que el Grupo Socialista se avenga a crear una comisión parlamentaria de investigación. Fatal medio para perseguir un fin conveniente. Los 81.000 millones de ayudas públicas directas o indirectas concedidos a las empresas de KIO y el cumplimiento o no de la legislación vigente merecen una explicación y, en su caso, una investigación parlamentaria. Pero para conseguirlo resulta procedimentalmente atípico e institucionalmente disolvente enarbolar, a modo de chantaje, la amenaza de una querella. Si el PP tiene datos sobre una presunta actuación delictiva del Gobierno, debe llevarlos al juzgado, independientemente de que reclame las. responsabilidades políticas pertinentes en el ámbito parlamentario. En caso contrario, está obstruyendo la actuación de la justicia o incurriendo en acusaciones calumniosas.

El presidente de la patronal, José María Cuevas, ha salido en apoyo de estas posiciones arguyendo que el Gobierno no debe despachar las amenazas de querella con comentarios chuscos o amenazadores, porque el Ejecutivo ha sido poco riguroso con las inversiones de KIO. Cuevas pretende así erigirse en juez, quizá creyendo que todo el mundo ha olvidado su condición de parte en el litigio: el dirigente patronal ostenta la condición de consejero de la compañía Sarrió, y lo fue durante un tiempo de Torraspapel, antigua cabecera industrial del grupo Torras, portaestandarte de las inversiones de KIO en España.

Los hechos económicos del asunto se concretan en una volatilización de inversiones por una cuantía cercana al medio billón de pesetas, una suspensión de pagos de 250.000 millones (entre otras), unas crisis industriales en cadena y un grave peligro para 35.000 empleos directos y el doble de indirectos. Por más que la espantada de KIO de su actividad inversora haya contribuido a agravar estos problemas, y por más que su evidente torpeza en el replanteamiento de su actividad en España los haya multiplicado, los problemas, surgieron con anterioridad, por el vaciado de activos de las empresas y la frenética actividad especulativa en Bolsa. Los incumplimientos de los actuales directivos kuwaitíes, el defecto de celo en la vigilancia del Gobierno español y en algunas de sus instituciones son problemas añadidos a dilucidar. Hay que poner a los responsables de estos organismos frente a sus responsabilidades. Pero éstas vienen después o se producen a causa de una gestión atípica.

Después está la cuestión judicial. En su querella, KIO imputa a Javier de la Rosa y sus colaboradores haberse beneficiado en más de 50.000 millones de pesetas mediante los presuntos delitos de estafa, falsedad y maquinación para alterar el precio de las cosas -entre otros-, y denuncia la pura y simple evaporación de otros 70.000 millones. El financiero responde que todas sus actuaciones fueron legales y aprobadas por los pertinentes consejos de administración. Corresponde al juez admitir o no a trámite la querella. Además, deben aclararse, si existen, los blindajes practicados: si los antiguos gestores kuwaitíes eximen a los españoles y viceversa. Es decir, la verdad profunda de lo ocurrido con las inversiones de KIO en España.

Pero en caso de haberse producido algunas -o todas- de esas irregularidades, sus primeros responsables no son otros que los gestores y, en su caso, algunos consejeros del equipo anterior. Lo que es insólito es poner la carreta antes que los bueyes y representar una mascarada.

LA DECISIÓN del juez de Delitos Monetarios de supeditar la admisión de la querella presentada por KIO contra Javier de la Rosa y el anterior equipo gestor del Grupo Torras al procedimiento de suspensión de pagos de dicho grupo parece procedimentalmente correcta. Los hechos económicos narrados en la querella resultan graves y escandalosos. Pero su eventual encaje en el actual Código Penal resulta difícil por dos razones: porque el texto legal no tipifica la conducta de administración fraudulenta y porque el equipo jurídico querellante ha debido redactar su demanda sin aportar las pruebas específicas que conviertan las evidentes irregularidades económicas en indicios jurídicamente perseguibles de estafa, apropiación indebida o maquinación para alterar el precio de las cosas a tenor de la actual normativa legal. La prueba del nueve de esta presunción vendrá dada si los querellantes recurren o no el auto. Si no lo hacen, es evidente que una eventual responsabilidad penal de los anteriores gestores de KIO, de existir, puede ser deducida más fácilmente de la investigación judicial sobre la suspensión de pagos que de otra de carácter penal, al menos con los datos presentes.De ahí que sea realista esperar, a determinar si la suspensión de pagos deviene o no en quiebra fraudulenta y si encajarían en ese supuesto tanto las actuaciones presuntamente delictivas atribuidas a los antiguos gestores del Grupo Torras como las operaciones fraudulentas en perjuicio de los acreedores tipificadas en el Código Penal. En todo caso, lo que importa es que la justicia, en su ámbito civil y penal, no quede apartada de la investigacíón de un asunto tan significativo como el del Grupo Torras, en el que se han volatilizado medio billón de pesetas y están en juego cerca de cien miel empleos. Y es preciso que la justicia no quede marginada porque, más allá de las limitaciones del actual Código Penal o de las imperfecciones de la querella interpuesta, las conductas atípicas seguidas no son cosa baladí. Una cosa es que el despojo económico sufrido sea actualmente perseguible como delito, y otra es que no haya existido. Quizá no haya crimen jurídico. Pero hay cadáver económico. Y alguien es responsable. ¿O no?