El juez de Filesa, Marino Barbero, se retira de la judicatura después de que el CGPJ le negara el amparo ante los ataques del PSOE

El juez Marino Barbero tiene todo el derecho a renunciar a la carrera judicial, a la que se incorporó libremente como jurista de reconocido prestigio por el llamado cuarto turno (tradicional vía de acceso directo al Tribunal Supremo para cubrir la cuarta parte de sus plazas vacantes). Pero no con vence que alegue como causa de su súbita decisión la falta de amparo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante ciertas críticas del presidente de la comunidad autónoma de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Más que un argumento parece un pretexto.El juez Barbero ha estado bajo la mirada de la opinión pública durante su larga y, sin duda, compleja instrucción del caso Filesa.Muchas de sus decisiones han sido criticadas legítimamente. Él mismo, sin duda animado por la notoriedad que le dio instruir un asunto de tanta trascendencia política y social como el caso Filesa, no escatimó las críticas públicas al Gobierno. En ese contexto hay que enmarcar las que, a su vez, le tocó padecer a él por una labor instructora que parecía inacabable. Muy especialmente sufrió la rudeza verbal de Rodríguez Ibarra. Sus críticas fueron duras, y puede que en parte injustas, pero en ningún momento cuestionaron su legitimidad jurisdiccional y su independencia.

Ése es el fondo de la cuestión. El juez Barbero puede o no aguantar las crítica, pero no puede escudarse tras el Consejo del Poder Judicial. Esta institución no está para defender a los jueces de la crítica social, e incluso política, sino para velar por su independencia y para que nadie -poder público o privado- se entrometa en sus decisiones. El Consejo ha aplicado los amplios baremos de libertad de crítica que los tribunales admiten en el campo de las relaciones políticas y sociales.

La agria y violenta polémica que hoy sacude a este país, en la que los jueces desempeñan un papel sin duda excesivo, somete a los protagonistas a fuerte presión. Pero no es el juez Barbero quien puede tirar la primera piedra en este campo. No ha dudado en criticar a quienes eran objeto de su instrucción e incluso a los magistrados de la Sala Segunda del Supremo, que en ocasiones le han llamado la atención o han *rechazado sus propuestas. Barbero no necesitaba, por lo demás, acusar al Poder Judicial. para justificar una espantada, que muchos españoles aceptarán con comprensión. La interminable instrucción del caso Filesa tendrá que esperar ahora hasta septiembre a que se nombre un nuevo juez instructor que se haga cargo del asunto. Antes de comenzar la tarea tendrá que ponerse al día de los miles de folios que Barbero ha acumulado durante tres años de investigación. Malos augurios para la rapidez exigible siempre a la justicia.

También Marino Barbero, el juez instructor del «caso Filesa», sufrió en su momento durísimas presiones y un prolongado acoso. Y ha decidido tirar la toalla, alegando que el Consejo General del Poder Judicial no le amparó cuando Juan Carlos Rodríguez Ibarra llegó a compararle con ETA. Resulta discutible una decisión así. Habrá quien piense, no sin razón, que dejar no sólo la instrucción del caso, sino también la carrera judicial porque el CGPJ no le amparó suena a excusa. Sobre todo si se considera la larga, defectuosa y escasamente eficaz instrucción de Filesa. Pero, al mismo tiempo, resulta llamativa la gravedad objetiva de las imputaciones de Rodríguez Ibarra. Analicemos los hechos: La comparación con ETA parte de un presidente de Comunidad Autónoma -Poder Ejecutivo-. De esa comunidad es el juez criticado. Y el magistrado investiga la supuesta financiación delictiva de un partido a cuya Ejecutiva pertenece el autor de la comparación. Todo muy significativo y revelador. Parece como si todo aquel juez que tiene la osadía de investigar al PSOE hubiera de arrostrar durísimas pruebas y peligros, como si de un héroe se tratara.