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El juez estrella de la Audiencia Nacional se adelanta así al Tribunal Supremo que tiene que 'ejecutar' la Ley de Partidos en una sentencia prevista para 2003

El juez Garzón ‘clausura’ judicialmente a Batasuna como partido político y ordena el cierre de todas sus sedes

HECHOS

El 27.08.2002 la Erzainza clausuró las sedes de Batasuna siguiendo órdenes de la Audiencia Nacional.

LOS DIRIGENTES BATASUNOS TUVIERON QUE SER DESALOJADOS A LA PUERTA

2001_otegi Arnaldo Otegi y el resto de dirigentes de Batasuna se situaron dentro de las sedes en el momento de la clausura, por lo que la policía tuvo que sacar casi en bolandas al propio Otegi, a Karmelo Landa,  a Eusebio Lasa (que mordió al policía que le sacaba en un dedo) y resto de dirigentes de las instalaciones.

28 - Agosto - 2002

Auto de choque

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

En el pleno parlamentario del lunes sobre la ilegalización de Batasuna, ninguno de los grupos que se abstuvieron o votaron en contra de la aplicación de la Ley de Partidos -en el ejercicio de un legítimo y democrático derecho a discrepar de la mayoría- defendió abiertamente el mantenimiento de la legalidad de esa formación pase lo que pase. Incluso expresaron su apoyo a la ilegalización por la vía penal; es decir, si se demostrase en sede judicial que forma parte de un entramado claramente delictivo. Y eso es, justamente, lo que se demuestra en el auto del juez Garzón.

Sus casi cuatrocientos folios se fundamentan en la sistematización de datos aportados por la policía, y en particular en un informe, fechado en julio pasado, de la Unidad Central de Inteligencia. Algunos de esos datos -tomados de boletines internos de ETA, transcripciones de conversaciones, actas de reuniones- eran desconocidos, pero otros habían aparecido en la prensa o en libros recientes. Y era de conocimiento público que Batasuna presentaba casi siempre a presos de ETA en sus listas electorales. En las municipales de 1995, por ejemplo, hubo 32 presos en las candidaturas, según recoge el escrito del instructor.

La novedad no es tanto los datos como su sistematización. Leído de seguido, lo que más choca del auto es la transparencia de los jefes de ETA: les parecía tan natural que lavanguardia armada dirigiera todo el tinglado, incluyendo un partido que competía en las elecciones y cobraba subvenciones públicas, que dejaban constancia escrita de ello. Sólo muy recientemente, cuando Garzón se acercaba a lo que buscaba, tomó esa vanguardia decisiones como la de enmascarar, primero, y negar, más tarde, la existencia de KAS, la coordinadora utilizada por ETA para ejercer el mando. Fue Arnaldo Otegi el que, a finales de 1998, informó de que hacía años que KAS había desaparecido, cosa que se ignoraba; a fines de 1999 aparecía Ekin, que asumió, según Garzón, las mismas funciones.

Episodios como la intervención directa de ETA en los congresos del partido Hasi, núcleo ideológico duro de la vieja Herri Batasuna, incluyendo las purgas fulminantes, se conocían por las memorias de algunos protagonistas y otras fuentes. Pero el auto incorpora actas de numerosas reuniones de KAS que revelan el modo de funcionamiento. Todos tienen voz, pero la última palabra la tiene ETA. Su intervención se extiende a los nombramientos de directivos de medios de comunicación, y hasta al estilo poco entusiasta de algún locutor de uno de esos medios. También hay papeles relacionados con la participación de personas de la trama civil en el cobro del llamado impuesto revolucionario, y evidencias sobre una financiación de doble dirección: la rama ilegal financia iniciativas legales, pero a partir de un momento dado los beneficios de ciertos montajes legales sirven para financiar actividades ilegales, según se desprende del auto.

Lo que se deduce del conjunto no es tanto que ETA y Batasuna sean lo mismo, sino que ambas estructuras forman parte de un entramado común dirigido por ETA; pero esa ETA dirigente puede estar formada por miembros de los comandos y otras personas que no se dedican a eso. Ésa es la hipótesis de fondo de Garzón.

El auto tiene efectos inmediatos, aunque haya recursos. La ejecución de la sentencia -que en el País Vasco corresponde a la Ertzaintza en funciones de policía judicial- había planteado inquietudes políticas, a la vista de algunos gestos rupturistas del PNV en los últimos meses. Sin embargo, tal como adelantó el lehendakari y defendió el diputado Anasagasti en el pleno, el Gobierno de Vitoria ‘aplica la ley, como no puede ser de otra manera’, y en este caso la resolución judicial. Los desalojos de las sedes de Batasuna en las capitales vascas por parte de la Ertzaintza provocaron ayer varios incidentes, pero no las catástrofes que algunos habían augurado.

Lo más importante es la actitud política de las autoridades vascas. Una negativa a actuar, como le exigían los dirigentes de Batasuna, sería equivalente a una declaración de rebeldía: al conflicto. El PNV, un partido con vocación institucional y tradición democrática, se habría separado de su electorado de haberse resistido a ejecutar la sentencia. La divergencia política con una iniciativa como la Ley de Partidos, o la jurídica con la del juez Garzón, no debe ser incompatible con el acatamiento de la legalidad. Ésa fue la doctrina del PNV tras la aprobación de la Constitución. El diputado nacionalista Iñaki Anasagasti declaró ayer que quizá ‘deberíamos volver al Pacto de Ajuria Enea’. Sería un efecto colateral muy beneficioso de la iniciativa del juez Garzón.

28 - Agosto - 2002

La nueva encrucijada del PNV

ABC (Director: José Antonio Zarzalejos)

La suspensión judicial de Batasuna y el acuerdo parlamentario que insta al Gobierno a demandar su disolución sitúan nuevamente al nacionalismo vasco en una encrucijada, que le obliga a elegir entre el Estado democrático o la denominada izquierda abertzale. Hasta ahora, el PNV siempre ha resuelto sus disyuntivas anteponiendo la comunión nacionalista a los principios de la democracia, que sólo exigen la colaboración incondicional para acabar con ETA. La reacción social que cercó a la banda terrorista y a la entonces Herri Batasuna tras la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y el asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco desembocó en una crisis de nervios del nacionalismo, resuelta después de la manera más equivocada al elegir el camino del Pacto de Estella. Tras las elecciones autonómicas del año pasado, el PNV volvió a tener a su alcance la marginación definitiva de una izquierda abertzale que había perdido nada menos que 80.000 votos y la mitad de sus parlamentarios. También en esa ocasión, la respuesta política del nacionalismo democrático fue la escalada de tensión con el Estado, primero torpedeando de manera tosca y aparatosa la renovación del Concierto Económico y, luego, en julio pasado, implicando al Parlamento de Vitoria en un proyecto soberanista que contó con el visto bueno de ETA, a través de la abstención de Batasuna. Dos ocasiones históricas en las que los peneuvistas pudieron haber realizado una contribución determinante para asfixiar política y socialmente al entramado etarra, arrinconando a su «comando político» y erigiendo la erradicación del terrorismo como único fin legítimo de las instituciones vascas. No fue así y por eso estamos donde estamos.
Ahora, la desarticulación de Batasuna por los autos del juez Baltasar Garzón y la declaración política del Congreso de los Diputados contra esta formación proetarra sirven una nueva oportunidad al PNV para liberar a su política de las comprensiones y complicidades con la trama civil etarra, acumuladas en estos años de enloquecimiento soberanista. No es suficiente, como muestra de un cambio de actitud o de alineamiento con las fuerzas democráticas, que la Ertzaintza cierre las sedes de Batasuna en las tres capitales vascas. La sequía de gestos positivos hacia el Estado no puede convertir lo obvio en meritorio. La Ertzaintza, integrada en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha cumplido con su obligación legal como Policía judicial, ejecutando las órdenes de un magistrado de la Audiencia Nacional, lo mismo que han hecho los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la Comunidad Foral de Navarra. Para eso están las competencias asumidas por las instituciones vascas, para hacerlas efectivas cuando lo exigen las leyes y los tribunales de Justicia.
La prueba del cambio reside en otros ámbitos y la primera reacción política del Gobierno que preside Juan José Ibarretxe no alimenta demasiadas esperanzas. Su portavoz, Josu Jon Imaz, declaró ayer rota la colaboración con las fuerzas políticas no nacionalistas establecida en la Mesa de Arkaute y en los demás foros abiertos por el lendakari para hacer creíble sus compromisos éticos contra la violencia. Con decisiones de esta naturaleza, el PNV se asegura el acierto de su propio diagnóstico sobre el aumento de la crispación a causa de la ilegalización de Batasuna y abunda en el victimismo de que hizo gala su portavoz parlamentario, Iñaki Anasagasti, durante el histórico Pleno de la Cámara Baja celebrado anteayer.
Una vez más, el PNV rompe la frágil colaboración entre demócratas -para un fin tan claro como la seguridad de los concejales amenazados- para reafirmar que ante todo es nacionalista. Por eso no será fácil que el partido presidido por Xabier Arzalluz acierte esta vez con el camino correcto y aproveche la nueva encrucijada para zafarse de un pasado inmediato que sería todo un baldón para cualquier demócrata. Su propia estrategia de crisis permanente le exige no aproximarse al Estado y a los partidos democráticos. Cualquier síntoma de normalidad -como la unidad sin atisbo de fisuras contra ETA- iría en contra de la teoría del conflicto, imprescindible para sostener después ante las bases nacionalistas el proyecto de ruptura que se describe en el dictamen de autogobierno. Renunciar a este proyecto para no favorecer coincidencias de fondo con la izquierda proetarra sería el único gesto creíble de cambio de actitud en el PNV. La línea está ya mucho más nítida, sólo hace falta que los nacionalistas se atrevan a mirarla y dejen aislados en el lado más oscuro del camino a quienes ayer, en sus sedes, se encadenaban a sí mismos, es decir, a ETA.
30 - Agosto - 2002

A Dios rogando

Carlos Dávila

Era de esperar. A Dios rogando y con el mazo dando. Apoyo político a Batasuna y a la Ertzaintza, que se ha visto obligada a cumplir con su deber. El PNV y EA quieren aparecer ahora de víctimas. Los protagonistas del acoso desplegado desde todo el Estado no son los batasunos, los cómplices de ETA; los protagonistas, o sea, las víctimas, son los nacionalistas democráticos, el PNV, que EA es sólo un rabillo desgajado de la casa-matriz. Para el PNV es fundamental que su antedicho mensaje cale. Por dos razones: para hacerse perdonar por Batasuna y sus asesinos y para demostrar que, aunque haya usado a su Policía para cerrar Batasuna, ellos, los nacionalistas, están con los desalojados y no con el juez Garzón ni con los fiscales del Estado ni, mucho menos, con el Parlamento español, que no es cosa de ellos.
El PNV se encuentra en tal encrucijada que no es si quiera capaz de superar sus contradicciones. Por un lado, Anasagasti -¡vaya papelón el suyo en Madrid!- deposita en Garzón la única autoridad para ilegalizar Batasuna; por el otro, Egibar se mofa de Garzón e ironiza con que quiere celebrar su Nóbel de la Paz en el Bernabéu. Claro que la simpatía, e incluso la sintonía política entre Anasagasti y Egibar, es del mismo tamaño -pongamos un ejemplo- que la que existe entre Zapatero y Bono: mucho disimulo y nada más.
Pero a lo dicho: la campaña del PNV no reside en otra cosa que en esto: «nos acosan, van a por nosotros, nos están echando de España». A la espera del próximo jueves 12 de septiembre, fin del ultimátum de Ibarretxe, el Gobierno vasco dirigirá toda su artillería dialéctica en demostrar que la deslealtad viene de Madrid, que ellos apuestan -¡los pobres!- siempre por el diálogo, que la bota fascista de España es la que ha propinado patadones en las puertas de Batasuna; no la Ertzantza, no la Consejería de Interior, no el Gobierno de Ibarretxe.
Pero difícil tiene el PNV arreglar el conflicto. Batasuna no perdona, a no ser que rápidamente los nacionalistas decidan pasarse con armas y bagajes a su campo. No esperará mucho; lo más a este 12 de septiembre en el que, con seguridad, aparecerá Ibarretxe en su televisión para dar un mensaje a su «Nación», a la media nación que es suya, que la otra no le puede soportar ni un minuto más. Mientras llega la fecha, ¡hala!, a ponerse en la plaza pública y a presentarse como la víctima propiciatoria de España.
27 - Agosto - 2002

El gobierno no debe precipitarse en la ilegalizacion de Batasuna...

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

La democracia española vivió ayer una jornada histórica. Tanto la transcendente votación en el Congreso de los Diputados como el auto puesto en marcha por el juez Garzón consiguieron colocar ayer en capilla a Batasuna y a todo lo que representa como entramado de apoyo a la organización terrorista ETA.

Por un lado los partidos políticos decidieron por una abrumadora mayoría -295 a favor, 10 en contra y 29 abstenciones- votar a favor de la proposición presentada de manera conjunta por PP y PSOE para que el Gobierno de José María Aznar reclame al Tribunal Supremo su ilegalización por haber vulnerado la Ley de Partidos Políticos. Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acordó suspender por tres años las actividades de Batasuna y cerrar sus locales.

El precinto físico de las sedes de la coalición abertzale, ordenado en el auto del juez, supone sin duda una figura muy gráfica de la situación en que la democracia coloca a un partido abocado hacia lo que será la última recta de su nefasto camino.

En el Pleno del Congreso, los rostros morenos, los trajes claros de las diputadas y las corbatas vistosas de los diputados reflejaban la primera sesión del Parlamento que se ha celebrado, excepcionalmente, en un mes de agosto. Al margen de la anécdota, todos eran conscientes de la trascendencia del momento. No hubo sorpresas y cada grupo expuso sus convicciones en el sentido en el que estaba previsto.Los defensores del sí desplegaron sus argumentos meridianos sobre la necesidad de ilegalizar a un partido que justifica a ETA y que vulnera grave y reiteradamente los principios democráticos.

Los defensores de la abstención -CiU e IU especialmente- se alejaron de cualquier connivencia con el terrorismo y propugnaron también el derecho a la vida por encima de cualquier otra consideración.Sus objeciones fueron más de procedimiento. Insistieron en su preferencia por la vía penal y en lo innecesario de la vía parlamentaria.

Precisamente el auto de Garzón y sus consecuencias prácticas han dejado claro que ambos sistemas son complementarios. Sólo la ilegalización podrá impedir, por ejemplo, que los cargos electos de Batasuna continuen formando grupos propios en las instituciones ya que el juez no es competente para intervenir en las normas internas de los parlamentos vasco o navarro. Por cierto que la mayor prueba de que la Ley de Partidos no supone ningún ataque a la libertad de expresión o a la disidencia política se reflejó ayer en la intervención furibunda y ofensivamente antiespañola del representante de ERC.

El PNV, por su parte, a través de un Anasagasti desazonado, se preguntaba ayer si ellos serán los próximos. La respuesta es clara. Mientras respeten la legalidad -y ayer reiteraron que lo harán- sólo cabe respetar sus deplorables planteamientos.

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