El juez Garzón demanda al diario EL MUNDO por considerarse injuriado en sus informaciones sobre como ha instruido el pleito de los peritos del ‘caso ácido bórico’ del 11-M

A ninguno de los lectores de EL MUNDO debería sorprenderle lo sustancial de lo ocurrido ayer en la Audiencia Nacional. Ya advertimos el jueves que, cuando abría diligencias en las que incluía la falsificación del informe que unía a ETA y el 11-M, todo sugería que Garzón se estaba prestando a una operación orquestada por el Gobierno y la Fiscalía con el objetivo de criminalizar a los denunciantes y exonerar a los denunciados ante la opinión pública. En lo esencial esto es lo que ha sucedido, pero la realidad ha superado en malas artes y marrullería cualquiera de nuestras previsiones.

Con el auto de ayer, Garzón ha perpetrado uno de los montajes judiciales más lesivos al Estado de Derecho de las últimas décadas y tal vez lo más grave de todo desde el punto de vista meramente procesal es que lo ha hecho sin competencia y en contra del criterio de sus superiores, que determinaron el miércoles que debía ser la jurisdicción ordinaria y no él la que llevara el caso. En vez de dictar apresuradamente un auto de imputación, Garzón debería -como máximo- haber deducido testimonio y haberlo remitido a los Juzgados de Plaza de Castilla.

El juez ni siquiera ha cubierto las formas ciñéndose a investigar lo que le pedía el fiscal: determinar la «relevancia penal» de los informes y «sus efectos desde la perspectiva probatoria». Ha llegado al extremo de tender una trampa a los peritos aprovechando su declaración como testigos para escribir un prolijo auto de imputación vulnerando su derecho a un abogado y a callar o incluso mentir en su defensa. En román paladino, su conducta es la del tahúr que se saca un naipe falso de la manga. En términos jurídicos y a la luz de la jurisprudencia del Supremo, reúne muchos de los elementos indiciarios de la prevaricación.

Pero si es grave el envoltorio jurídico de la operación, lo es aún más el contenido del auto, cuyas conclusiones se basan en un puñado de contradicciones e incongruencias. Garzón basa su decisión de imputar a los peritos en que éstos volvieron a firmar en julio de 2006 el informe que sus superiores habían hecho desaparecer el 21 de marzo de 2005. El instructor da por buena la versión del firmante del informe falsificado, Francisco Ramírez, quien asegura que el documento inicial nunca se firmó. Del relato del auto se deduce sin embargo que los peritos le entregaron en mano a Ramírez las tres páginas del informe. En un entorno en el que se trabaja con ordenadores, sólo tendría sentido hacerlo si fuera para añadirle algo que no podían poner en pantalla, es decir, su firma. En todo caso, tampoco sería lo importante. En julio de este año, y advirtiendo que su documento había sido falseado, los peritos se limitaron a recuperar el informe para probar la manipulación y denunciarla a través de la línea jerárquica.

Garzón dinamita la lógica jurídica cuando califica el informe genuino como «documento interno no oficial» y acusa al mismo tiempo a los peritos de un delito de falsedad «en documento oficial». Es incomprensible además que no impute en cambio a Ramírez, que se atribuyó en el informe falso la autoría de unos análisis que nunca hizo. Por cierto, si como hasta ahora ha dicho Interior el documento de los peritos no era más que «un borrador», ¿por qué el auto habla del «informe 48-Q3-05 con fecha del 21 de marzo» y no del que retocó Ramírez el día 22? Cuando lo hace, Garzón está reconociendo que existía un informe con esa fecha y esa referencia, lo que confiere mayor gravedad al auto.

Más allá de estos entresijos, lo que se percibe es que entre el Gobierno, la Fiscalía y el juez se ha urdido una estrategia cuyo resultado es amedrentar a cualquiera que se sienta dispuesto a contribuir a averiguar lo que ocurrió en torno al 11-M. Vuelven los peores modos del pasado, pero hoy como ayer estamos seguros de que antes o después prevalecerán la verdad y la justicia.

La imputación de los peritos que firmaron el documento que vinculaba a ETA y a un implicado en el 11-M, posteriormente falsificado por sus superiores, dio pie ayer a un vergonzoso linchamiento mediático de tres profesionales con una acreditada hoja de servicios en la Policía. Los diarios que vienen haciendo el caldo gordo a las tesis del Gobierno sobre el 11-M descalificaron con saña a estos policías llamándoles «falsarios» y «tramposos».

Los insultos tomaban como base el relato de los hechos del auto, en el que el juez les incrimina con el material obtenido de sus declaraciones como testigos. Incluso uno de los diarios gubernamentales reconocía que la actuación de Garzón al citar a los peritos imputados, a pesar de que la Audiencia Nacional no tiene competencia para investigar los hechos, puede ser anulada por una instancia superior. Pero es que, además, el auto está basado en una trampa tendida por el juez a los tres peritos, que entraron a declarar como testigos y salieron como imputados. Es obvio que el juez vulneró sus garantías procesales, en una conducta rayana en la prevaricación.

Los linchadores de estos tres policías justificaron el delito de falsedad en que imprimieron y firmaron de nuevo el documento el 11 de julio de 2006, más de un año después de haberlo realizado. Sin necesidad de ser un experto, utilizando únicamente el sentido común, los peritos sólo podrían haber falsificado el documento si hubieran alterado su contenido en algún punto, cosa que no sucedió. Se limitaron a sacar del ordenador una copia del informe que ellos mismos habían elaborado. Expertos juristas aclaran hoy en este periódico que no puede haber un delito de falsedad porque los peritos «no redactan de nuevo el informe, ni le ponen una fecha para aparentar otra fecha distinta a la que contiene el propio documento». Se ha acusado asimismo a los peritos de haber sorprendido la buena fe de su superior directo, José Andradas, al entregarle el documento sin advertirle que lo habían rescatado del ordenador. Pero si Andradas firmó el recibí es porque sabía que el informe era de estos tres policías.

La maniobra de Garzón esconde la caza de brujas desatada en el Ministerio del Interior. Según denuncia hoy en EL MUNDO el secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Ignacio López, «a quien discrepa profesionalmente con la investigación del 11-M le cae una campaña de desprestigio». Con razón exigió ayer Rajoy a Rubalcaba que aclare en el Congreso lo que está pasando en el Ministerio, que recuerda mucho a los escándalos de la última etapa del felipismo. La maniobra de Garzón tuvo ayer su repercusión política. El portavoz socialista, Diego López Garrido, dijo que tiene la convicción de que se descubrirá «quiénes instigaron» a los tres peritos «a falsificar el documento». El portavoz popular, Eduardo Zaplana, le replicó de forma inteligente, tomándole la palabra. «Espero que una vez que tengamos resolución judicial sobre los verdaderos falsificadores investiguemos en vía parlamentaria la existencia de los instigadores de esa falsificación».

Toda la argumentación del Ministerio del Interior y del juez Garzón para incriminar a los peritos se sustenta sobre una hipótesis: que el informe presentado el 21 de marzo de 2005 a sus superiores era un simple borrador y que fue en julio de 2006 cuando trataron de darle apariencia de documento oficial. EL MUNDO revela hoy que cuatro instancias del Ministerio del Interior y el entonces ministro José Antonio Alonso tuvieron conocimiento de la realización de dicho informe y ninguno de ellos cuestionó su autoría.

Estos son los hechos: el perito Manuel Escribano, imputado por Garzón por un delito de falsedad, se dirigió al ministro para solicitarle una condecoración en octubre de 2005. En esa petición, Escribano hacía una relación de sus méritos profesionales y citaba expresamente el informe «48-Q3-05», que, según sus palabras, relacionaba la masacre del 11-M «con otros hechos terroristas».

La demanda de Escribano pasó por la división de personal, por la propia Comisaría General de la Policía Científica, por la Dirección General de la Policía y por la Junta de Gobierno del Ministerio de Interior. Finalmente, el ministro del Interior decidió en diciembre de 2005 no conceder esa condecoración y lo hizo en un escrito firmado por su puño y letra.

En la petición desestimada, Escribano fecha su informe, junto a la citada referencia, el 21 de marzo de 2005. La pregunta es obvia: si, como sostiene Interior, ese informe era un mero borrador sin ningún valor legal, ¿cómo es posible que todas esas instancias del Ministerio, su jefe Santano y el propio ministro no le comunicaran nada o incluso le abrieran expediente por atribuirse lo que no era suyo, sino que dieran por buena su afirmación?

La respuesta es muy sencilla: porque los mandos de Interior no querían levantar la liebre de que el informe de Escribano y los otros dos peritos había sido sustituido por otro que omitía los vínculos con ETA.

La prueba de que Escribano estaba convencido de que el suyo era un informe oficial con todas las de la ley es este escrito en el que hace una alusión expresa a su contenido. Si Escribano hubiera sabido que su informe había sido cambiado por otro, no habría corrido el riesgo de mencionarlo como un mérito. Estamos hablando de octubre de 2005, cuando nadie podía prever lo que ha sucedido ahora. El silencio que mantuvo entonces Santano, que sin duda tuvo que examinar el expediente, supone una admisión de la autenticidad del informe y le pone en evidencia. El episodio puede además poner en un serio aprieto al ministro.

Esta palpable demostración de que Escribano no falsificó nada contrasta con «el trato vejatorio y humillante» que recibieron los peritos de Garzón, al que también denunciaron ayer ante el CGPJ por «su actitud airada y soberbia» durante el interrogatorio.

Con ser importantes las formas, lo sustancial es que Escribano e Isabel López denuncian que el juez siguió tomándoles declaración como testigos cuando ya había aparecido el documento en el que Garzón basa la imputación. Esto es una flagrante violación de sus derechos y pone en evidencia que el juez no actuó de buena fe.

Ayer, el CGPJ se negó a respaldarle al considerar que nada de lo dicho o escrito en este periódico justifica el amparo o pone en peligro la independencia judicial. Y además, el CGPJ evitó ese apoyo al considerar que hay dos denuncias contra Garzón que deben ser investigadas.

El globo inflado por este juez está siendo pinchado por los hechos, que demuestran que los peritos son las víctimas de un montaje del Ministerio del Interior para tapar sus vergüenzas.

Nunca a un juez se le ha acusado públicamente de manera tan clara y rotunda de prevaricar como se ha hecho con Garzón, a raíz de su decisión de aceptar inicialmente la competencia en el caso del informe sobre el uso de ácido bórico como sustancia explosiva y de imputar a sus autores por falsedad en documento oficial. Al juez Del Olmo, instructor del sumario sobre el 11-M, también se le tachó, entre otras descalificaciones, desde el PP y su entorno mediático, de ser un pelele en manos de la policía, lo que en román paladino quiere decir prevaricar, pero con Garzón se ha elevado el listón al acusarle nada menos que de fabricar artificiosamente el proceso para criminalizar a unos inocentes y satisfacer los intereses del Gobierno.

La virulencia y gravedad de tales imputaciones sólo se explican por la decepción que ha debido causar a sus acusadores que Garzón desbaratara sus planes, primero haciéndose judicialmente con el asunto, y después descubriendo el pastel que pretendían vender a la opinión pública presentando como víctimas de la falsificación a sus presuntos autores. Pero lo más escandaloso es la actitud de los vocales del Consejo General del Poder Judicial afines al PP que, en lugar de dar amparo y salir institucionalmente en defensa de un juez acusado pública y explícitamente de prevaricar, como querían el resto de los vocales, han optado por mirar hacia otro lado, limitándose a una piadosa llamada a «la prudencia» en la crítica de las resoluciones judiciales. No es lo mismo imputar un delito a un juez -fabricar un proceso al servicio del Gobierno- que hacerle una crítica, por acerba que sea.

Tampoco se tiene en pie el pretexto alegado por los vocales afines al PP para eludir su amparo a Garzón: la investigación sobre el trato dado por el juez a los peritos imputados por falsedad, que fue solicitada por su compañero José Luis Requero, bien conocido por su extremismo ideólogico y reputado por su comparación del matrimonio homosexual con «la unión entre un hombre y un animal». Más bien suena a excusa. La obligación del CGPJ es amparar, como ha hecho en otros casos, la independencia de los jueces. Y si alguien cree que ha vulnerado la ley en su actuación, tiene los caminos adecuados para denunciarlo, sin que la mera petición de investigación pueda convertirse en la acción que paraliza al CGPJ, y con mayor razón todavía cuando el denunciante es a la vez juez y parte en el órgano que debe resolverla en última instancia.

Están claros los propósitos obstruccionistas de José Luis Requero, que deja a la institución bloqueada desde su interior, con el natural regocijo de quienes han perpetrado el ataque al juez. Aunque lo que en realidad han pretendido los vocales afines al PP es obedecer las órdenes impartidas por los acusadores de Garzón por miedo a provocar su ira, y lo que es más grave, por compartir sus delirios conspirativos sobre el 11-M en detrimento de la instrucción judicial.

No sé si Garzón saldrá ahora por tientos o por peteneras. Tampoco sé por dónde encaminarán su voluntad linchadora El País A y El País B. No sé qué atrocidades le dirá medio Gobierno a Gómez Bermúdez mientras el otro medio trata de averiguar con ahínco y dedicación dónde tiene la mano derecha. Desconozco, en fin, que hará la Ser, la Cuatro y demás medios polanquistas. Lo único cierto es que se ha demostrado una vez más que lo que ha hecho Garzón con los peritos es una barbaridad legal enfangada aún más por un comportamiento despótico, a su vez destinado a quebrantar la integridad y los derechos de unos ciudadanos que le resultaban molestos al Gobierno.

Como además de vulnerar la ley, Garzón tiene muchísimas cosas que hacer mundo adelante, desde asesorar a los indios del Cauca hasta aleccionar a los bosquimanos, sin descuidar a esquimales y pingüinos, me imagino que después de su estrepitoso fracaso pedirá otro año y pico con sueldo para estudiar lo que estudie Garzón, que no sé lo que estudiará, pero sí que no aprende. Ni inglés ni español ni Derecho ni nada. Ahora bien, el día en que se decida a impartir un Master en Vanidad, se forra.

El piélago delictivo y delictuoso en que Garzón se ha sumergido por su propia voluntad y pese a la advertencia de sus superiores en la Audiencia, que no pudo ser más explícita, podría, quién sabe, salirle bien al estrellado juez y al estrellador Gobierno, en el que Garzón sería un adecuadísimo ministro de Justicia. Pero al final todo el montaje garzonita ha sido una ilegalidad al servicio de un atropello: el de los derechos civiles de los tres peritos que informaron sobre el ácido bórico y la posible utilización coincidente por parte de islamistas y etarras. No tenía mucho valor en sí la deducción. En todo caso mucho menos que el hallazgo de los teléfonos de los cuatro etarras, empezando por Parot, que guardaba el islamista Bensmail junto a la composición de la cloratita según la receta de la ETA. Pero si el informe no era en sí mismo casi nada, la falsificación del mismo a manos de Ramírez El Malo y su jefe Santano es casi todo, de una gravedad espeluznante. El linchamiento de Escribano y los otros dos peritos en los dos periódicos de cabecera de Rubalcaba es todavía más grave. Porque lo malo no es que un Gobierno ampare la ilegalidad, que un juez la cometa y que dos periódicos sin escrúpulos rematen la faena inventándose un delito del que los supuestos culpables eran víctimas y no verdugos. Lo malo es que todo eso se haga de consuno, en plan montonero, según la idea de justicia en cuadrilla que ya conocemos de tiempos de Míster X, el número uno del dos Garzón. Lo peor es esta auténtica conspiración para destruir como profesionales a unos policías cuyo único delito ha sido el de no cometerlo. ¿Y ahora qué, Garzón?

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El juez Baltasar Garzón renunció anoche a seguir investigando a los peritos de la Policía Científica. Así se lo había requerido horas antes la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional, que le pidió que se inhibiera y remitiera el caso al decanato de los juzgados de Madrid.

El oscuro auto del fiscal jefe de la Audiencia no venía sino a rendirse a la evidencia tras el varapalo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que dejaba muy claro que Garzón no puede instruir un delito de falsedad documental por carecer de competencias, la tesis sostenida por EL MUNDO desde el primer día.

Pero la decisión de Garzón tiene trampa porque, a la vez que se inhibía, dictó otro auto exculpando a Francisco Ramírez y los demás mandos policiales acusados de falsificación. Resulta bastante difícil de entender que un juez que se inhibe se pronuncie al mismo tiempo sobre el fondo del asunto como si actuara a título póstumo. La maniobra no puede ser más chapucera y pone en evidencia los propósitos del juez: ayudar al Gobierno a tapar este asunto.

Hay, además, otra segunda trampa en la inhibición de Garzón, ya que, al enviarlo al decanato, lo que pretenden el magistrado y el fiscal jefe de la Audiencia es que el asunto vaya de nuevo a reparto, a pesar de que la juez Gema Gallego lo ha admitido a trámite y ha iniciado ya las primeras diligencias, citando a declarar para hoy mismo a los peritos. La Fiscalía de la Audiencia argumenta que los informes y los imputados son distintos, por lo que la investigación de Garzón debería ser asumida por otro juez de instrucción, que abriría un nuevo sumario, diferente del que instruye Gema Gallego.

La tesis es absurda porque provocaría dos instrucciones en paralelo sobre dos aspectos de un mismo episodio. Dada la evidente conexidad de los hechos, la única juez competente es la que ya está investigando. Por tanto, no hay necesidad de proceder a un nuevo reparto, que sería un verdadero disparate jurídico.

El decanato tendrá que decidir al respecto, pero lo que ya está fuera de toda duda es que Garzón ha fracasado en su intento de retener el caso. A pesar de ello, el juez envió ayer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una relación de artículos publicados en este periódico y en otros medios para justificar su petición de amparo. Garzón asegura que EL MUNDO le ha atacado estos días con «ferocidad» para intentar «perturbar» su independencia.

No es cierto. Este periódico no le ha insultado ni le ha menospreciado ni le ha ridiculizado. Hemos criticado con argumentos jurídicos que Garzón asumiera un caso en el que carece de competencias, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por ello, dijimos en su día que existen «muchos de los elementos indiciarios de la prevaricación», una afirmación que se sustenta en la doctrina del Supremo sobre este delito y que está perfectamente matizada. La decisión de inhibirse de Garzón nos da, en definitiva, la razón.

Aquí hasta ahora no ha habido más víctimas que los tres honrados peritos vapuleados por una campaña de desprestigio sin motivo alguno. Para ellos, se abrió ayer un rayo de esperanza cuando la juez Gallego les citó como testigos a pesar de estar imputados por Garzón. La verdad acabará abriéndose paso.