El juez Joaquín Giménez (de ‘Jueces para la Democracia’) elegido nuevo presidente de la Audiencia de San Sebastián

La elección de Joaquín Giménez como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de San Sebastián ha estado acompañada de no pocas polémicas, de muchas presiones, de más molestias por los destinatarios de las mismas y de infinidad de llamadas que, finalmente, no sirvieron para que el Colegio General del Poder Judicial modificara una decisión que ya estaba ‘cantada’. En este caso sí ha habido una actuación independiente.

Al abandonar Donostia el magistrado Cándido Conde Pumpido, portavoz de Jueces para la Democracia, asociación a la que también pertenece Joaquín Giménez, quedaba la Audiencia de San Sebastián huérfana de magistrados progresistas. Ninguno de los que allí acudieron cuando pocos jueces querían ser destinados al País Vasco se mantenía. Como presidente quedaba Pablo Pérez Rubio, un magistrado conservador.

El Consejo General del Poder Judicial tenía decidido, antes de que se empezar a hablar de los relevos en la Audiencias, la sustitución de Pablo Pérez por Joaquín Giménez. Cuando ya estaba cerca la hora de los nombramientos, surgieron las presiones. El PSOE local guipuzcoano, con Enrique Múgica Herzog a la cabeza, prefería que no se produjera el relevo. También apoyaba a Pablo Pérez un hombre con mucho peso en el PSOE y en el Gobierno, el ministro del Interior, José Barrionuevo.

Hubo llamadas, se realizaron gestiones. Barrionuevo deseaba que en las Audiencias del País Vasco no hubiera magistrados dispuestos a procesar o condenar a guardia civiles o policías en sumarios por torturas. Él y sus hombres de confianzas consideran que eso entorpece la acción policial contra ETA. En el Poder Judicial, con buen criterio, se valoraba el que esos mismos magistrados procesan y condenan también a miembros de Herri Batasuna, no por contrapeso, sino porque hayan incurrido en acciones delictivas.

Esos magistrados a los que Interior no quiere consideran que deberían tener ellos jurisdicción en los delitos de terrorismo, es decir, están en contra de la legislación especial. Creen en los jueces naturales, a los que se refiere la Constitución.

Durante unas fechas, el nombramiento de Joaquín Giménez, que parecía indiscutible, estuvo en el alero. Cuando los medios de comunicación se hicieron eco de las presiones, los que dudaban tomaron posición sabían que si no se producía el relevo, había magistrados y vocales del Consejo General dispuesto a denunciar públicamente las maniobras. El Consejo tomó una decisión lógica, acertada e inteligente. Una decisión distinta podía haber dado pie a un gran escándalo. Ahora, pocos dudan de que Joaquín Giménez será un buen presidente. Entre estos pocos hay muchos vinculados a Interior. Triste, pero cierto.

Melchor Miralles

LAS DECISIONES adoptadas por el Consejo General del Poder Judicial para ratificar o sustituir a los presidentes de las seis salas del Supremo y a los de las 16 audiencias territoriales se han mantenido en un cierto espíritu de continuidad, sólo rota en cinco de esos casos. Esa política de designaciones ha decepcionado las expectativas de quienes apostaban por un cambio radical en la administración de justicia. La limitación temporal de esos mandatos de cinco años, que altera el carácter vitalicio de los antiguos, no cierra la posibilidad de renovaciones más extensas en un futuro.La sustitución de Rafael Mendizábal como presidente de la Audiencia Nacional por Gonzalo de la Concha -hasta ahora presidente de la Sala de lo Penal de esa jurisdicción especializada- ha sido la decisión más polémica. Rafael Mendizábal atribuye su cese a las moderadas críticas por él dirigidas contra la ley orgánica del Poder Judicial. Según el supuesto represaliado, el anterior régimen tuvo un comportamiento mucho más generoso con la «demoledora crítica» de la ley de Defensa de la Competencia realizada por el ex presidente de la Audiencia Nacional hace 20 años, hasta tal punto que las autoridades franquistas -un sistema que al menos «no se autodenominaba democrático»- le harían poco después subsecretario de Educación. Sin embargo, esa interpretación victimista no termina de encajar con el resto de las explicaciones de Mendizábal (quien afirma a la vez no haber solicitado la continuidad en su puesto y haber enviado «un breve escrito» para manifestar su deseo de continuar en el cargo). Porque, según la versión del afectado, el ministro de Justicia -un verdadero «caballero»- no sólo no tendría nada que ver con su defenestración «arbitraria e injustificada» -decidida por corta mayoría del Consejo General-, sino que habría patrocinado su candidatura. Si esa suposición llega a confirmarse, resultaría que Mendizábal ha contado con la complicidad de un miembro del Gobierno para tratar de influir ilícitamente en una decisión soberana del Consejo General. La existencia de una intriga fracasada, protagonizada por el ministro de Justicia y por el propio interesado, pondría entonces de relieve la independencia del Consejo General frente al Ejecutivo. Por lo demás, círculos jurídicos vinculan el cese de Mendizábal a su enfrentamiento, cuando era subsecretario franquista de Educación, con los sectores progresistas de la Universidad. Algunos de quienes protagonizaron entonces la protesta univeristaria contra la dictadura y fueron represaliados se sientan hoy en el Consejo General del Poder Judicial.

Merece la pena señalar que la Audiencia Nacional, de la que dependen los juzgados de instrucción centrales, ha sido objeto de severas críticas, por la demora de importantes sumarios (por ejemplo, el de la colza), por la falta de vigilancia judicial sobre las actuaciones policíales referidas a los delitos terroristas y por el contenido de algunos autos y sentencias. De hecho, sorprende que el Consejo del Poder Judicial no haga algún tipo de llamamiento al legislativo para que acabe con estajurisdicción especializada, demasiado parecida a un tribunal especial. En definitiva, las esperanzas de renovación puestas en el nuevo Consejo del Poder Judicial parecen ahora en gran parte infundadas: el corporativismo o la impotencia siguen oponiéndose a la reforma de la administración de justicia.