El juez Juan del Olmo ordena el cierre del diario EGUNKARIA, por considerarlo un instrumento terrorista

El cierre cautelar del diario en lengua vasca EGUNKARIA, ordenado por un juez de la Audiencia Nacional, afecta a derechos fundamentales. Nadie puede escudarse en la libertad de expresión o en la promoción del euskera para cometer un delito. Pero el delito es una conducta individual y el cierre cautelar de un diario afecta también a terceros, sobre todo a sus lectores. Si se trata además, como es el caso, del único diario editado en lengua vasca, es lógico que esos lectores interioricen la medida como una agresión personal. De ahí la necesidad de actuar con la máxima prudencia: no es lo mismo cerrar una herriko taberna de la que se sospecha que encubre actividades ilegales que un periódico.

Mientras no se conozcan con más detalle los indicios incriminatorios que maneja el juez, sería aventurado pronunciarse sobre el fondo del asunto, que consiste en saber si también en el caso de EGUNKARIA se da una relación de dependencia respecto a ETA como la que el juez Garzón ha establecido para otras empresas y estructuras del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco. En el sumario de Garzón que motivó la suspensión cautelar de Batasuna hay referencia a algunos de los ahora detenidos. En concreto, escritos en los que la dirección de ETA se expresa con desenvoltura sobre sus preferencias para nombrar director de la publicación.

El Código Penal prevé la posibilidad de medidas cautelares orientadas a «prevenir la continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma». En el caso del cierre de EGIN, en 1998, se citaba la utilización del diario para transmitir desde sus páginas órdenes cifradas a comandos clandestinos y también para obtener información para realizar atentados. Ése era el argumento principal para la aplicación de medidas tendentes a evitar la continuidad del delito. Por lo que se sabe, los supuestos delitos de la decena de directivos y ex directivos del diario detenidos no guarda relación con nada parecido, sino con la eventual intervención de ETA en su financiación. O del diario en la trama de financiación de ETA, pues ambas cosas podrían deducirse de la extraña nota de prensa difundida ayer por la Audiencia Nacional, consensuada insólitamente con el fiscal y el Ministerio del Interior.

El mismo caso de EGIN, que no volvió a aparecer pese a que el cierre cautelar fue levantado un año después de su clausura, indica que es una medida difícilmente reparable. Urge, por tanto, conocer los indicios que han llevado al juez a adoptar una medida tan extrema, que puede poner en peligro derechos fundamentales.

El cierre temporal del diario EGUNKARIA, acordado por el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, ha reabierto la investigación sobre el frente informativo organizado por ETA en su proyecto «Udaletxe». La primera medida judicial adoptada en este capítulo de la acción antiterrorista fue el cierre del diario EGIN, decidido por el juez Garzón. Entonces, como ahora, fue necesario no confundir propaganda terrorista con libertad de información. Entonces, como ahora, tales medidas cautelares han provocado un desproporcionado movimiento de crítica por parte del nacionalismo, cuando aún no se conocen las razones concretas por las que el juez del Olmo ha decidido la clausura de EGUNKARIA. En todo caso, y como presupuestos de esta decisión, hay que tener presente el estado actual de todas las investigaciones judiciales sobre las tramas creadas por ETA para aumentar la eficacia de su actividad terrorista y facilitar el logro de sus objetivos. En estos últimos años, la Justicia ha puesto al descubierto los vínculos entre la banda terrorista y sus áreas de influencia, definidas y coordinadas en una estructura al servicio de ETA. La división del trabajo en el seno de la banda se tradujo en la creación de grupos de apoyo político, internacional, financiero, social, cultural y también informativo. Poco a poco se han levantado los velos y las terminales de ETA -Ekin, Xaki, Jarrai, Gestoras, Herriko Tabernas, HB-EH-Batasuna- han sido progresivamente suspendidas.

No debe extrañar en este contexto la posibilidad de que un diario en cuya gestión participan sospechosos de pertenecer o colaborar con ETA sea una manifestación más de la estructura de la banda terrorista. En todo caso, no se ha cerrado EGUNKARIA ni por sus opiniones ni por publicarse en euskera -justificación de las espléndidas subvenciones dadas por el Gobierno vasco-, sino por ser supuestamente un instrumento de ETA a través de las sociedades Egunkaria Sortzen, S. L. y Egunkaria, S. A. Los representantes del nacionalismo político, cultural y social no han esperado a conocer el auto del juez del Olmo, asumiendo el riesgo de tener que arrepentirse de sus palabras. Como si ETA no existiera y como si los antecedentes de EGIN y Radio Egin fueran irrelevantes, los nacionalistas se han apresurado a victimizarse nuevamente y, de paso, blindar a ETA y a sus entornos de las razones del juez. La explicación de que la suspensión cautelar es un ataque al euskera y a la cultura vasca sigue la estela de una actitud permanente de solidaridad del PNV con la izquierda abertzale, diluyendo los juicios estrictamente jurídicos -de los morales mejor no hablar- en el discurso de temer más a España que a ETA, según la frase célebre de Egibar. La asociación de una publicación proetarra con la defensa del euskera y de la cultura vasca responde a los sentimientos segregacionistas del nacionalismo, que hace del euskera un patrimonio nacionalista y suprime por decreto de la cultura vasca todas las manifestaciones no euskaldunas de quienes no eran ni son nacionalistas. Este es el fondo de la reacción nacionalista.

El Estado merece algo más que el beneficio de la duda. Es acreedor de la presunción de legalidad, que no es un cheque en blanco, sino la consecuencia de vivir en un Estado democrático y de Derecho, entre cuyas garantías se encuentra la publicidad y la motivación de las resoluciones judiciales. No son, precisamente, los nacionalistas, opuestos por sistema a cualquier medida legal y judicial que refuerce la política antiterrorista, quienes tienen autoridad moral y política suficiente para poner en cuestión al Estado en la lucha contra ETA.

Es difícil adivinar cómo será el paisaje después de la batalla deEuskaldunon Egunkaria, pero siempre es posible entrever, a la luz de una experiencia indeseada, algunos de sus trazos más previsibles.

Cabe imaginar, en el mejor de los supuestos, que se retiren los precintos del diario y que los profesionales que lo elaboran (y que, claro está, no se encuentren detenidos) puedan reintegrarse a sus puestos de trabajo y reanudar la tarea cotidiana. El resultado inmediato sería que los lectores del único diario en euskera podríamos ejercer de nuevo nuestro derecho a informarnos en esa lengua. Y, sin embargo, nada será como antes. Sabremos que planea sobre quienes nos expresamos en euskera la alargada sombra del «delito de opinión», y tendremos conciencia plena de la vigencia de una política de hechos consumados a la que tan apegados parecen, en lo tocante a la criminalización de las industrias culturales en euskera, ciertas instancias judiciales y gubernamentales.

Sabremos también que algunos periodistas y políticos son capaces de mostrar en público su regocijo por la tropelía cometida contraEuskaldunon Egunkaria, y habremos de resignarnos a gastar más tinta y más voz en explicar, por encima de la barahúnda, conceptos esenciales para la democracia como el de libertad de expresión y opinión.

Sabremos que los oportunistas habituales han vuelto a aprovechar la ocasión de arrojar el anzuelo de su sectarismo al torbellino de la indignación democrática. A quien es capaz de utilizar una manifestación como la del día 22 de febrero en San Sebastián para dar rienda suelta a sus particulares filias y fobias político-ideológicas, poco le importará dónde se halle el punto de consenso entre las decenas de miles de personas que nos congregamos para rechazar una actuación político-judicial (¿cómo denominar, si no, a un acto insólitamente pactado, conviene no olvidarlo, entre el poder ejecutivo y el judicial?); antes bien, a quien es capaz de gritar en un acto de esa naturaleza consignas como «Independencia», «PP-PSOE, fascistas», «EA-PNV, españoles» o «¿Es esto el Plan Ibarretxe?», lo que le molesta es, precisamente, que ese punto de consenso que unió a decenas de miles de manifestantes esté tan alejado de su programa y, más aún, de sus prácticas políticas particulares.

Comprobaremos, una vez más, que quienes deseamos llevar la reivindicación del euskera a un territorio amplio y habitable, confortable y sereno, seremos zarandeados de nuevo por quienes, desde una u otra posición política, pretenden instrumentalizar esa reivindicación vital en beneficio de sus objetivos sectarios.

Aprenderemos, con dolor, que la lucha feroz entre patriotas de diversas banderías apenas deja espacio para un sistema de convivencia que se sustente, en lo individual, sobre la suprema libertad de opción personal, y, en lo colectivo, sobre la negociación permanente de condiciones y compromisos de convivencia fructífera.

Padeceremos la vergüenza de contar entre nuestros conciudadanos a personas capaces de calificar de «terrorismo de Estado» el cierre deEuskaldunon Egunkaria y, al mismo tiempo, mirar para otra parte cuando se produce el asesinato de, por ejemplo, Joseba Pagazaurtundua. No será menor la vergüenza ajena que sentiremos al comprobar cómo otros de nuestros conciudadanos cometen sin sonrojo alguno la aberración ética de imputar a la máxima autoridad democrática vasca la responsabilidad de un asesinato político, o de sugerir, al amparo de la sutil y contrastada fórmula jurídica «Te abofeteo, luego eres culpable de merecer mi bofetada», que las instituciones vascas han venido financiando poco menos que un órgano de expresión de ETA.

Nos sabremos más desvalidos ante un Estado que, cuando se producen denuncias públicas de malos tratos y torturas a detenidos, reacciona amenazando a los denunciantes, sin hacer siquiera el más leve gesto que demuestre algún interés por esclarecer los hechos y, en su caso, establecer las responsabilidades pertinentes, de forma que el acusador se convierte, por obra y gracia de la prepotencia del gobernante, en reo de su propio acto de denuncia. Y no nos quedará más remedio que repetirlo una vez más: la impunidad de los torturadores, tan consustancial a las policías políticas de los regímenes dictatoriales, es inconcebible en un sistema democrático, como inconcebible es el aval silencioso de quienes parecen excluir de la relación de derechos individuales dignos de ser reivindicados el de todo detenido a la presunción de inocencia y a un trato digno de su categoría de ciudadano.

Escucharemos las proclamas de quienes exigen que todo se posponga mientras dure el terror, como si ese mismo terror no hubiera surgido, precisamente, en una época en que todo, especialmente cualquier forma de libertad, estaba pospuesto, llegando incluso a sobrevivirla; como si despojar a la lucha antiterrorista de sus evidentes contenidos políticos e ideológicos beneficiara a alguien que no sea a los propios terroristas y a aquellos que, bajo el pretexto de combatir el terror, se proponen silenciar cualquier disidencia, por democrática que sea, en su cruzada contra la versión local del «Eje del Mal»; como si fuera más coherente desde el punto de vista democrático decir, pongamos por caso, «Constitución sí, ETA no» que, por ejemplo, «España federal sí, ETA no», «Libre asociación sí, ETA no» o, incluso, «Independencia sí, ETA no».

Arreciarán las acusaciones de «equidistancia» proferidas por los profetas de los absolutos más dispares, siempre empeñados en pintarlo todo del color de su bandera, contra quienes se nieguen, con idéntica intensidad, a engrosar las filas del terror o de la venganza.

Sabremos más cosas, sí, pero es muy posible que los conocimientos adquiridos en este tramo del camino no nos resulten de ninguna utilidad. Porque ni quienes cierran periódicos en nombre de la democracia ni los que asesinan en nombre de la patria parecen dispuestos a cejar en su empeño por redimirnos del inmenso pecado de desear vivir en la patria de la libertad, la única aceptablemente humana, la única decentemente defendible.

Anjel Lertxundi, Jorge Giménez Bech, Bernardo Atxaga, Inazio Mujika Iraola, Iban Zaldua, Patxi Zubizarreta, Joxerra Sagastizabal, Juan Garzia y Joserra Garzía.

El euskera es una lengua que conocen y emplean mejor o peor cerca de un millón de personas. Las instituciones vascas invierten enormes recursos en su promoción e implantación educativa. Es así porque, hasta hace poco, la mayoría de la sociedad vasca creía que, como dice la Constitución, el euskera necesita apoyos excepcionales.

Esta creencia era parte importante del pacto social implícito en el Estatuto. Y digo «era» porque, como está mostrando el caso Egunkaria, este consenso también peligra, empujando a la sociedad vasca un poco más hacia la fractura social. El envilecimiento producto del terrorismo y del nacionalismo étnico ha impregnado en profundidad al llamado «mundo del euskera», según demuestra que la mayoría de éste considere mucho más grave una acción judicial que todos los asesinatos terroristas.

Lo que está pasando no es una consecuencia del idioma, sino de su empleo para el adoctrinamiento sectario. Ninguna lengua determina la mentalidad o la categoría moral de sus hablantes. El mejor modo de apoyar al euskera consiste en tratarlo como lo que es: un instrumento humano de conocimiento y comunicación, sin ideología preconcebida.
Hay muchos nacionalistas que apenas entienden el euskera o lo hablan fatal, como Ibarretxe, pero ETA ha matado a ciudadanos euskaldunes acusados de «españolistas». Cuando algunos dicen «euskera» en tono sublime se refieren a otra cosa: al narcisismo étnico, y también a intereses espurios e inconfesables. Por eso atajan cualquier crítica presentándola como «un ataque contra el euskera». A la sombra de ese tabú intimidador medra una oscura trama de nacionalistas fanáticos y burócratas de la «normalización lingüística» que lleva la voz cantante en el caso Egunkaria.

El revuelo provocado por el cierre ha eclipsado el hecho inexplicable de que un periódico con una tirada declarada de 15.000 ejemplares pudiera mantener una plantilla de 140 empleados. Algo imposible sin generosa ayuda pública, y quizás sin otras menos confesables. La consejera de Cultura, Miren Azkarate, ha liderado la protesta contra la interrupción judicial de ese milagro financiero. Azcarate, profesora de la UPV-EHU que asiste impávida al acoso contra compañeros suyos, también es académica de Euskaltzaindia, la Real Academia de la Lengua Vasca. Reunida tranquilamente en Hernani, que ya es un mérito, Euskaltzaindia ha denunciado a las «personas interesadas en presentar nuestra lengua y nuestra cultura en relación con actividades terroristas que le son absolutamente ajenas».

¿Qué pasa en esas manifestaciones culturales donde con la excusa del apoyo al euskera se jalea a ETA impune y subvencionadamente? ¿Puede ignorarse que ETA justifica muchos de sus crímenes como acciones contra «enemigos del euskera»? ¿Y que por lo general ese «mundo del euskera» manipulado suele otorgar callando? Y eso, en el mejor de los casos. Una de las muchas fotografías de reuniones de apoyo a Egunkaria muestra en primera fila Xabier Amuriza, famoso bertsolari (improvisador de versos) de bondadoso aire patriarcal. En un concurso reciente cantó unos versos dedicados a las escoltas de los 2000 vascos que disfrutan de esa atención, y entre otras perlas produjo ésta: «¿y sabrás tú cuanto te pagan por proteger a unos criminales?» Mensaje homicida tranquilamente divulgado por ETB, la televisión pública vasca (Ortuzar, director de la cosa, se ha justificado con la norma de no censurar ninguna expresión de la cultura vasca). Ese mismo sujeto participó en un acto de apoyo a Batasuna en cuyo transcurso se aplaudieron a rabiar imágenes del atentado del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas de Manhattan. Seguramente le hubiera gustado verlo a Pete Cenarrusa, el provecto y derechista gobernador republicano de Idaho a quien Martxelo Otamendi, director de Egunkaria, convenció para que apoyara la autodeterminación vasca. Si Cenarrusa comparte la opinión de Azkarraga -y cómo no, la de Maragall-, quien «confía plenamente en el valor supremo de la palabra del director de un medio de comunicación», quizá le sorprenda saber que Otamendi tiene abierta una querella en Estados Unidos por actividades políticas ilegales.

Un grupo de escritores en euskera ha publicado un artículo (EL PAÍS, 3 de marzo) donde afirman que, tras el cierre de Egunkaria, «planea sobre quienes nos expresamos en euskera la alargada sombra del «delito de opinión», y tendremos conciencia plena de la vigencia de una política de hechos consumados …» Creo que el problema es su afirmación de que la «política de hechos consumados» comienza con los problemas de Egunkaria, así como su presunción de que basta expresarse en euskera para presumir de inocencia absoluta y se diga lo que se diga, o ese fariseísmo que lleva a Atxaga a decir que «ahora estamos peor que en el franquismo». Juicio que, por cierto, también escuché a José Luis López de Lacalle, quien fue detenido, torturado y encarcelado durante la dictadura, pero eso sí, tuvo un juicio y que, como él mismo subrayaba, pudo regresar a su casa, privilegios de los que ETA privó a este amigo asesinado y a centenares de víctimas.

Es obsceno negar que el acoso y tormento diario que tantos vascos sufren desde hace años ni siquiera merezca ser considerado algo tan bobo como «un ataque contra la cultura vasca». Euskaltzaindia sufre por el académico Joan María Torrealdai, ahora detenido y autor del libelo titulado El libro negro del euskera (1998). No se confundan: no es un estudio de las dificultades que afronta la cultura en lengua vasca (como el sectarismo nacionalista o la tolerancia hacia el terrorismo), sino un listado -en castellano- de supuestos enemigos del euskera. Vaya una muestra: Julio Caro Baroja, Javier Marías, Francisco Umbral, el Tribunal Constitucional de 1986 … y Jon Juaristi, Fernando Buesa, Aurelio Arteta, Mikel Azurmendi, Matías Múgica y quien esto suscribe. Pero a Euskaltzaindia nuestra seguridad y libertad le importan un carajo.

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El juez del Olmo deberá probar si tenía o no razones para cerrar el periódico. Pero lo que el cierre ya ha demostrado es que el cinismo más absoluto domina buena parte de ese «mundo del euskera» que pretende erigirse en víctima robando el sufrimiento a quienes sufren una verdadera persecución, agravada por su indiferencia.

El cierre cautelar del diario Euskaldunon Egunkaria podrá ser justificable cuando la policía o la Justicia aporten más explicaciones que las que ayer se ofrecieron, pero con los datos de la escueta nota de prensa y sin conocerse el auto judicial sólo se puede decir que tan grave decisión no ha quedado justificada.

Tratándose de un medio de comunicación, su clausura -siquiera temporal- representa una medida de enorme trascendencia porque afecta a un principio constitucional como es el derecho a la información de los ciudadanos que recoge el artículo 20. Por eso la apoyatura legal debería ser irreprochable, para que no se pueda sospechar siquiera que se trata de acallar una voz representante de una ideología determinada, que además es la del único diario en euskara. Dadas las circunstancias, nada de sorprendente hay, pues, en la oleada de protestas en el País Vasco, aunque el tono exaltado de las que han hecho el PNV o su socio EA puedan dar la impresión de que se trata de un esfuerzo por desviar la atención ante la posibilidad de que, finalmente, queden demostradas actividades delictivas, relacionadas con ETA, de un medio que ha recibido desde su fundación cuantiosísimas subvenciones del Ejecutivo nacionalista de Vitoria.

Lo que sabemos por ahora es mucho más escueto: que «el grupo mayoritario de las pesquisas están relacionadas (sic) con estudios económicos, contables y financieros», «con la premisa inicial, avalada por documentación intervenida en la década de los 90, de que la banda terrorista ETA intervino en la creación, designación de directivos y dinamización del diario» y que «se pretende demostrar la intervención de ETA en la financiación del rotativo (…) y si siguiera siendo una de las empresas del Proyecto Udaletxe, que desarrolló la banda terrorista previamente a la caída de su cúpula en Bidart en 1992».

Las menciones de la época de la fundación de Egunkaria (1990) y de Bidart indican un origen histórico, pero no se agrega ningún dato sobre la continuidad del presunto delito hasta la actualidad.Se puede suponer que el juez haya acudido, como Baltasar Garzón al cerrar Egin hace cinco años, al artículo 129 del Código Penal, que faculta a ordenar un cierre cautelar en determinados supuestos como el de asociación ilícita, tipificado en el artículo 515.Ya entonces se criticó tal atajo jurídico. Como resaltaba EL MUNDO, no delinquen los periódicos, sino las personas: se puede detener y procesar individualmente a administradores y profesionales, pero no se debe privar de un medio a sus lectores, salvo que el delito se cometa insistentemente a través de sus columnas (haciendo apología del terrorismo, por ejemplo). Además, y según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, nuestro sistema legal no permite cerrar un periódico o una emisora como medida cautelar, sin resolución firme de los tribunales: la clausura es el final, no el principio.

A esa conclusión se agrega el hecho absolutamente insólito de que el Ministerio del Interior y el juzgado -es decir, el poder ejecutivo y el judicial- anuncien mediante una nota conjunta toda esta operación, con lo que queda en entredicho el papel garantista de la Justicia. Para que no crezca la impresión de que se ha actuado precipitadamente -se podía proseguir la instrucción sin cerrar el diario, sino quizá nombrando a un administrador judicial- y con opacidad, urge que las autoridades corrijan errores y disipen esas sospechas.

ETA contamina todo lo que toca. Los indicios dados a conocer por el juez Del Olmo apuntan a una intervención de esa organización terrorista -que se financia con los frutos de la extorsión, el secuestro y otras prácticas delictivas- en la creación, en 1990, del diario en lengua vasca Egunkaria. ETA habría tenido la última palabra en relación a decisiones como el nombramiento de su director. El juez imputa a nueve directivos o ex directivos por un delito de pertenencia a ETA y ha ordenado el cierre cautelar del diario.

Los indicios incriminatorios proceden de una decena de documentos incautados a la dirección de ETA entre 1990 y 1993. No son pruebas concluyentes pero sí indicios serios, aunque extraña que hayan llegado a manos de la justicia con 10 años de retraso y no en el momento de ser intervenidos por la policía. En todo caso, su antigüedad no resta valor probatorio si apuntan a actuales responsables de la publicación.

Es dudoso, sin embargo, que la incriminación judicial de sus directivos deba acarrear el cierre del periódico como medida cautelar destinada a «prevenir la continuidad de la actividad delictiva», como establece el artículo 129 del Código Penal. Una vez neutralizada la actividad de los imputados, la publicación como tal, formada básicamente por sus trabajadores (periodistas y administrativos), difícilmente puede participan en esa presunta práctica delictiva. En un proceso penal que afecta a los responsables de una empresa periodística, de los que se sospecha que la utilizan para fines delictivos, el cese de su actividad sólo debería acordarse a falta de alternativas menos drásticas. Entre éstas cabe una intervención judicial que, mientras se sustancia el proceso, garantice que la publicación llega a manos de sus lectores, cuyos derechos también deben ser contemplados.

Pero no hasta el punto de prescindir de todo lo demás. La vigorosa reacción del mundo nacionalista al cierre de Egunkaria demuestra el fuerte arraigo del ideal asociado al euskera. Pero la creencia de que un ideal compartido por mucha gente justifica el recurso a medios delictivos para realizarlo es una de las peores perversiones introducidas por ETA en sectores amplios de la sociedad vasca. Los drásticos pronunciamientos realizados estos días contra la decisión de la Audiencia Nacional tendrían más fuerza si fueran acompañados de un rechazo claro a esa creencia.

Es posible que ETA se atribuyera en los documentos intervenidos más influencia de la que tenía realmente, o que esa supuesta influencia inicial desapareciera luego. Son cuestiones que el propio proceso deberá dilucidar. Pero no es lógico pretender que, dada la noble misión del único periódico en lengua vasca, haya que archivar sin más el sumario. Dirigentes nacionalistas como Atutxa o Egibar invocaron en su día la existencia de actas que probaban lo mismo que ahora sostiene el juez.

Pero es impropio que, entre los motivos alegados para el cierre cautelar de Egunkaria, el juez introduzca una referencia al «ideario terrorista» que ese periódico estaría transmitiendo. Esa mezcla entre delitos e ideología desenfoca la cuestión. También es preocupante la torpeza de los ministros de Justicia e Interior metiéndose donde no los llamaban para dar por probadas las acusaciones. Pero igualmente lo es que el consejero de Justicia del Gobierno vasco dé por buena, sin más averiguaciones, la denuncia pública de torturas y malos tratos realizada por el director del diario al ser puesto en libertad. En todo caso conviene aclarar cuanto antes si la denuncia tiene fundamento y que sea el Gobierno quien tome la iniciativa, con todas las garantías. Precisamente la pasada semana el Gobierno vasco aprobó una serie de medidas destinadas a evitar las «falsas denuncias» de malos tratos que, en su opinión, suelen presentar los detenidos relacionados con ETA.