El juez progresista José Augusto de Vega, nuevo Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo por inesperado pacto PSOE-CiU

LA SOSPECHA de politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que parecía haber remitido tras la reciente renovación de sus miembros, vuelve a planear sobre sus decisiones. La inesperada elección de José Augusto de Vega como presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo -que juzgará. el caso Marey, uno de los sumarios de los GAL- obligó al recuento detallado de votos para saber por qué el candidato con más probabilidades, Luis Román Puerta, no obtuvo la presidencia. La reconstrucción del proceso de votación es compleja, pero de resultado claro: los votos de los magistrados propuestos por CiU se unieron a los del PSOE, y no a los del PP. Las interpretaciones, sin duda, pueden ser variadas. Pero es lícito deducir de todo el proceso que cada formación política pugnó por su candidato. Y si se acepta que hubo presiones por parte del PSOE para que finalmente saliera elegido Vega, un paralelismo lógico lleva a razonar que también las hubo por parte del PP para que saliera Puerta. La consecuencia es inquietante: hoy como ayer los consejeros elegidos a propuesta de cada uno de los principales partidos votan en bloque en favor de sus candidatos.En cuanto a la elección en sí misma, hay que destacar que José Augusto de Vega ya venía desempeñando el cargo en funciones desde que el 22 de mayo último se jubiló el presidente designado por el anterior Consejo, Fernando Cotta. Ante la falta de consenso sobre el nuevo nombramiento -Vega obtuvo 11 votos por 9 de Puerta y 1 en blanco-, cabe elogiar que se haya optado por la solución menos definitiva. A Vega le queda un año para su jubilación; a Puerta, ocho.

Como ocurrió en el caso de Cotta, la designación de Vega gustará a unos y disgustará a otros. Con la de Román habría ocurrido otro tanto. En ambos casos se examina mas el sentido de su voto sobre la citación o no de Felipe González en el sumario Marey que . sus respectivas trayectorias profesionales. Vega fue uno de los seis magistrados que rechazaron la comparecencia del ex presidente, y Puerta, uno de los cuatro que apoyaron la petición de suplicatorio. La realidad es que los 10 magistrados que tendrán que decidir sobre el caso GAL siguen siendo los mismos en una sala cuyo presidente, sea el que sea, carece de voto de calidad en caso de empate.

El Consejo General del Poder Judicial eligió ayer presidente de la Sala Segunda del Supremo a José Augusto de Vega, que ha estado ocupando el cargo provisionalmente. La elección -obra del PSOE, con la inestimable ayuda de CiU- supone la culminación de un proceso de politización y desprestigio tanto del Supremo como del CGPJ. La pinza entre socialistas y nacionalistas catalanes, que sirvió para tapar la corrupción, ha vuelto a funcionar. La sombra del partidismo planea sobre los miembros de ambas instancias, pero en lo concerniente a De Vega estamos ante un caso de descarada intervención en favor del felipismo. Su trayectoria está contaminada por actuaciones muy concretas, en relación con el «caso GAL», como avalan tres testimonios coincidentes. En primer lugar, la declaración de Amedo, relativa a la visita que en 1993 hizo a Eligio Hernández, entonces fiscal general. En presencia del ex policía, Hernández habló por teléfono con De Vega. «Tras colgar -refiere Amedo- me dijo que todo está arreglado, que el indulto iba a estar firmado para el 7 de mayo». En segundo lugar, la transcripción de una conversación grabada entre Rafael Vera y Rafael Mendizábal, hoy miembro del Constitucional. Vera comentó que le gustaría que De Vega se hiciera cargo de su caso. En tercer lugar, el testimonio de Roldán ante Móner. El ex director de la Guardia Civil sostuvo que De Vega asesoró a Vera cuando éste trataba de encubrir la trama GAL. Así las cosas, no parece casual que el nuevo presidente de la Sala haya sido junto con el juez Bacigalupo, el muñidor de la exculpación de González, desde el Supremo. Corolario de todo lo anterior: la elección es un premio por los servicios prestados. Una decisión en la que han tenido un papel determinante los votos de los dos vocales designados a propuesta de CiU (sumados a los del PSOE y al del presidente que optó por De Vega por ser el candidato de más antiguedad). Lo cual está en sintonía con la actitud obstruccionista de los nacionalistas catalanes para evitar que el Parlamento investigara la «guerra sucia». Pero la politización de la Justicia continuará mientras el Consejo General del Poder Judicial (cuyos vocales eligen a los miembros del Supremo) siga siendo una reproducción del Parlamento; una instancia controlada, de hecho, por los partidos y sujeta al pasteleo.

EL PASADO martes, Julio Anguita acusó al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, José Augusto de Vega, de ser un «presunto delincuente». Se hacía eco de una acusación lanzada por el diario El Mundo, que se hacía eco de un recurso presentado por el Partido Popular. Tanto el diario citado como Anguita basaban su denuncia en la supuesta manipulación por ese magistrado de una sentencia del Tribunal Constitucional para avalar una resolución por la que se declaraba nula la acusación presentada por el PP contra 10 miembros del partido socialista en relación al caso Filesa. Ayer, la Sala de Vacaciones del Supremo expresó su preocupación por tales declaraciones y acusaciones, a lo que Anguita respondió reafirmándose en lo dicho y acusando a la sala de «escurrir el bulto» y «matar al mensajero».Hay tres cuestiones a dilucidar: la supuesta tergiversación, su incidencia en la causa y las acusaciones de Anguita. Sobre lo primero, de la comparación entre el original de la sentencia y el párrafo reproducido en el auto del que fue ponente José Augusto de Vega se deduce que, a partir de un momento dado, la reproducción no es literal. En la medida en que la frase aparece citada entre comillas, ello es irregular y el ponente o la sala deberán dar una explicación.

Sobre su incidencia en la resolución, de su lectura se desprende que la cita controvertida es un elemento que sirve para reforzar la argumentación, y no el núcleo de la misma; aunque no se hubiera incluido referencia alguna a la sentencia del Constitucional, las conclusiones hubieran sido las mismas: que había que dar por nula el acta de acusación presentada en nombre del PP. Así lo entendió también el fiscal.

Tanto en la resolución del Constitucional como en el auto del Supremo se trata de determinar si en los casos analizados se ha producido indefensión de una de las partes. El Constitucional argumenta que tal supuesto sólo es invocable cuando la causa de la indefensión sean acciones u omisiones de los órganos jurisdiccionales, pero no cuando la responsabilidad de esa indefensión sea la negligencia, impericia, desinterés, etcétera de la parte que invoca la indefensión. Aunque se refiera a situaciones muy diferentes, ambos casos tienen en común que la responsabilidad en la supuesta indefensión es de los abogados de la parte que, reclama: en un caso, haber dejado transcurrir un determinado plazo legal; en el otro, falta de concreción en las acusaciones presentadas. La confusión proviene de que las comillas no se cierran donde finaliza la parte de la sentencia aplicada al caso, sino que se prolongan a un par de frases en las que la cita ya no es literal. Puede tratarse, por tanto, de un mero error de redacción, o incluso de transcripción, que en todo caso no parece afectar al núcleo de la argumentación ni, por tanto, al sentido de la resolución. Pero sobre esto último habrá de pronunciarse el tribunal en su respuesta. al recurso del PP.

Lo de Anguita es caso aparte. De entrada, es lamentable que un dirigente político sea tan irresponsable: no se puede ir por ahí acusando de prevaricación a los jueces del Tribunal Supremo como quien suelta una machada en un bar; que el diario que primero lanzó, la acusación se distinga por defender a Anguita frente a los críticos de su formación no es motivo suficiente para seguirle la corriente. Llueve sobre mojado, porque fue Anguita el encargado de proclamar universalmente su convicción de que el entonces presidente del Gobierno era el jefe de una banda de terroristas. Pero es especialmente penoso que el líder de una fuerza de izquierda con más de dos millones de votantes vuelva a prestarse a hacer por cuenta del PP aquello que los dirigentes conservadores no se atreven. Porque les daría vergüenza. Pero ahí está Anguita: el mensajero.