Las 'Madres de la Plaza de Mayo' lideradas por Hebe de Bonafini protestan contra un sentencia que consideran demasiado suave por las cuatro absoluciones

El Juicio de Buenas Aires condena a los responsables de las Juntas Militares por los crímenes cometidos en Argentina

HECHOS

El 9.12.1985 Terminó el Juicio en Buenos Aires contra los 9 integrantes de las Juntas Militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983.

ACUSADOS Y SENTENCIA:

Videla General Jorge Rafael Videla – Condenado a Cadena Perpetua

Massera Almirante Emilio Massera – Condenado a Cadena Perpetua

Agosti General Orlando Agosti – Condenado a 4 años y medio de cárcel

Viola General Roberto Viola – Condenado a 17 años de cárcel

lambruschini Almirante A. Lambruschini – 8 años de cárcel

Graffigna Omar Graffigna – ABSUELTO

Galtieri juicio General Leopoldo Galtieri – ABSUELTO

Jorge Anaya General Jorge Anaya – ABSUELTO

Basilio Lami Dozo Brigadier Basilio Lami Dozo – ABSUELTO

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UN CORRESPONSAL ESPAÑOL EN EL JUICIO

martin_prieto_joven El periodista de EL PAÍS, Sr. Martín Prieto, fue uno de los principales corresponsales españoles en aquel juicio.

11 - Diciembre - 1985

El fiscal Strassera había solicitado penas más altas que las impuestas

Martín Prieto

El fiscal general de la Cámara Federal de Apelaciones, Julio César Strassera, reclamó el pasado 16 de septiembre, para los nueve triunviros de las tres primeras juntas militares argentinas, penas generalizadamente más altas que las impuestas.Strassera solicitó reclusión perpetua, más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado para los ex presidentes Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola, a más de para los ex comandantes de la Armada, Massera y Lambruschini, y para el ex titular de la Fuerza Aérea en el primer Gobierno de la dictadura, brigadier general Agosti.

La fiscalía pidió igualmente 15 años de prisión para el ex presidente Galtieri y para el ex jefe de la Fuerza Aérea de la segunda Junta, Omar Graffigna (siempre en libertad provisional y uno de los cuatro indultados); 12 años para el almirante Anaya y 10 para el brigadier Lami Dozo, ambos de la penúltima Junta Militar, que provocó la guerra de las Malvinas.

Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo han resultado absueltos por sus responsabilidades en su calidad de ex comandantes de arma aunque podrán ser nuevamente procesados por sus responsabilidades supuestas cuando se desempeñaban en cargos inferiores a las órdenes de cualquiera de las dos anteriores juntas militares.

La ‘guerra sucia’

Al mismo tiempo, y por el desempeño de esas mismas actividades previas a su responsabilidad gubernamental -ya cosa juzgada- permanecen expuestos a los reclamos judiciales de particulares por sus responsabilidades en la guerra sucia.Los abogados defensores ya han anunciado su intención de apelar las sentencias ante la Suprema Corte de Justicia, por más que observadores solventes y ante la generalizada clemencia de las sentencias estiman que nada podría lograr con su recurso. El fiscal Strassera, que a la postre obedece a instrucciones del Estado, aún no ha anunciado su intención de recurrir el fallo aunque quienes le conocen saben que lo haría de buen grado. Hará -lógicamente- lo que le ordenen, y eso reflejará el sentir del Gobierno radical ante este fallo judicial.

En el ámbito de las Fuerzas Armadas, no ha transcendido ninguna reacción institucional y sí la preocupación por la elevación al Consejo Supremo de las FF AA -máximo tribunal castrense- de todo lo actuado para dilucidar las responsabilidades de los mandos subalternos.

La única manifestación callejera, en el centro de Buenos Aires, se produjo en rechazo de la sentencia, y los partidos se han pronunciado a través de las manifestaciones personales de sus líderes, pero no institucionalmente. Dirigentes radicales, lógicamente, han acatado la sentencia como síntoma de normalización democrática; los de la extrema izquierda peronista la han repudiado y otro tanto han hecho los dirigentes de los partidos de izquierda. El estado de multidivisión del movimiento justicialista hace imposible recabar una opinión homogénea del primer partido de la oposición.

11 - Diciembre - 1985

Sentencia en Buenos Aires

EL PAÍS (Director: Juan Luis Cebrián)

LA Cámara Federal de Apelaciones argentina ha condenado a reclusión perpetua al ex presidente Videla, a prisión perpetua al almirante Massera, a 17 años de prisión al ex presidente Viola, a ocho años al almirante Lambruschini y a cuatro años y seis meses al brigadier general Agosti. También ha absuelto al ex presidente Galtieri, al almirante Anaya y a los brigadieres Graffigna y Lami Dozo. La sentencia, cierre del juicio de Buenos Aires contra las tres primeras juntas militares que aterrorizaron al país entre 1976 y 1982 (desde el derrocamiento de Isabel Perón hasta la guerra de las Malvinas) no permite una fácil lectura. Los seis jueces -designados por el Gobierno democrático- han tenido especial cuidado en que su fallo no fuese interpretado como una revancha de la sociedad civil frente a las instituciones militares. Sólo el gusto por mantener limpia la conciencia a costa de otros países o los ejercicios de demagogia podrían llevar a juzgar condenatoriamente a esos jueces -desde situaciones muy lejanas de la delicada democracia argentina- con el único y exclusivo criterio de que no han sido implacablemente severos.Es cierto, sin embargo, que algunas decisiones de la Cámara -por ejemplo, la leve pena impuesta al brigadier Agosti, coautor junto a Videla y Massera del golpe de marzo de 1976, triunviro en la primera Junta Militar y aparente corresponsable de los primeros y más espantosos años de la represión militar- no resultan fáciles de explicar. La propuesta del fiscal Julio César Strassera de juzgar a las juntas militares (llegó a solicitar incluso el procesamiento de la cuarta y última) sin individualizar a sus componentes disponía de convincentes argumentos a su favor. Aunque el Ejército de Tierra se reservó siempre la presidencia de la República, los tenientes generales Videla, Viola y Galtieri desempeñaron el papel de primus inter pares en el reparto al 33% que las tres armas hicieron del Gobierno. La Cámara Federal ha estimado, en cambio, que cada comandante en jefe actuó con independencia, y que las responsabilidades deben ser segmentadas. Ese criterio ha salvado a la Fuerza Aérea en esta causa. Es cierto que las tres armas argentinas son centrífugas e infantilmente celosas entre sí. El Ejército y la aeronáutica alcanzaron incluso el despropósito, militarmente criminal, de pelear por separado en la guerra de las Malvinas; la Armada, también por su cuenta, prefirió no combatir. Pero estimar que el brigadier Agosti no fue moralmente responsable de ningún homicidio (y sólo de casos aislados de tortura, detención ilegal y robo) es una sutileza de difícil comprensión.

El criterio de los jueces de no juzgar a las juntas, sino a las personas y a las armas de forma individualizada, ha permitido también la absolución de cuatro procesados y la reducción a 17 años de prisión de la condena dictada contra el ex presidente Viola. Por lo demás, la Cámara Federal -alto tribunal civil inmediatamente inferior a la Suprema Corte de Justicia- ha aplicado el Código de Justicia Militar en forma favorable a los reos. Aunque el código castrense argentino establece que basta la evidencia moral de los jueces para razonar una sentencia, sin necesidad de asentarla sobre hechos probados documentalmente, la Cámara lo ha aplicado con mentalidad civil, descendiendo el rasero de la justicia hasta juzgarlos individualmente y caso por caso, soslayando la convicción moral de que estos nueve militares sumieron por siete años al país en un caos de sangre y terror. El tribunal ha dado con ello ejemplo de moderación: la grandeza del Estado de derecho reside precisamente en su firme decisión de rechazar los métodos bárbaros de los enemigos de las libertades y de los violadores de los derechos humanos, incluso a la hora de juzgarlos por sus genocidios.

La sentencia también tiene otra lectura, aunque ésta no aporte consuelo a los familiares de las víctimas. Por primera vez en América Latina tres ex presidentes de una dictadura militar han sido sentados en el banquillo de los acusados, y dos de ellos han sido condenados a severas penas de prisión. Y al igual que sucedió en Grecia tras el derrocamiento del régimen de los coroneles, esa victoria de la justicia civil se ha producido en una democracia débil, económicamente derrumbada, con graves problemas de política interior, periférica y disminuida. Por lo demás, la sentencia eleva -cumpliendo el deber de denuncia- todas las actuaciones al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para que éste determine judicialmente las responsabilidades de los oficiales superiores, de los jefes de zona y subzona y de todos aquellos militares que tuvieron una responsabilidad operativa durante laguerra sucia contra la subversión. Esa medida implica que los absueltos -por ejemplo, el teniente general Galtieri, quien antes de ascender a la presidente de la República fue comandante del primer cuerpo de ejército- podrían ser juzgados no por los crímenes que supuestamente cometieron como triunviros, sino por los que cometieran como subordinados.

Videla y Viola -escasamente respetados en el seno del Ejército- y Massera -autoinmolado en sus propias orgías de poder, sangre y dinero- han sido las cabezas de turco del proceso. La Fuerza Aérea ha sido premiada por la democracia e, hipotéticamente, ganada para su causa. Y se ha evitado lo que más temía el presidente Alfonsín: que se juzgara a las fuerzas armadas como conjunto. Esta sentencia no es sino una pieza más del rompecabezas argentino que está intentando armar la frágil democracia. Hay un proceso en curso contra el contralmirante Chamorro (director de la Escuela de Mecánica de la Armada), el capitán de corbeta Acosta, el general Ramón Camps (ex jefe de la policía de Buenos Aires) y el teniente Astiz, acusados de torturas y asesinatos. Existen 3.700 causas abiertas, a instancia de parte, por ciudadanos particulares contra militares presuntamente responsables de torturas, desapariciones, muertes y robos. El juicio por la pérdida de la guerra de las Malvinas está listo para sentencia. Otros procesos por la guerra sucia económica se abren trabajosamente paso en los tribunales de Buenos Aires, y seis civiles y seis militares -sin contar al ex general Suárez Mason, prófugo- habrán de ser enjuiciados por los últimos actos terroristas que soliviantaron la capital. Sin olvidar que las actas del proceso ya sentenciado, que se celebró a lo largo de semanas y semanas en audiencia pública y en el centro de Buenos Aires, han permitido a la opinión pública nacional e internacional alcanzar un conocimiento detallado y angustioso de los aborrecibles crímenes perpetrados por el terrorismo de Estado de la dictadura militar argentina.

11 - Diciembre - 1985

Justicia en Argentina

ABC (Director: Luis María Anson)

La democracia argentina acaba de doblar el cabo de las tormentas con las sentencias que sus jueces han dictado a los generales condenados por los excesos en la represión del terrorismo durante el tiempo de la dictadura. El equilibrio y la prudencia que han presidido el veredicto de los jueces, serán posiblemente, repudiados por quienes están dispuestos a exonerar de responsabilidades a los extremistas de izquierdas, que arruinaron al anterior intento democrático argentino tras la entrega por el general Lanusse del poder a los civiles. Pero ese mismo equilibrio será rechazado también por quienes apostaron por la indefinida duración de la dictadura militar ajenos o no a las demasías gravísimas cometidas en el curso del terrorismo.

Hay que aceptar, sin embargo, que las sentencias han discernido lo que era justo discernir y diferenciar, tanto a la luz del Derecho como desde la perspectiva institucional e histórica en que se han situado los jueces. Estos han hecho posible la justicia necesaria. Las responsabilidades se han individualizado con el suficiente rigor. Ha prevalecido el sentido de la ejemplaridad. El honor de la institución castrense ha sido salvado de esa manera: evitándose todo género de desenlace procesal que comportara, objetiva o aparentemente, una condena generalizada de todos los militares argentinos.

Una desembocadura así del juicio a los responsables de una guerra contra el terrorismo por medio del recurso, probado en el proceso, al terrorismo de Estado, no se puede calificar de desembocadura o de desenlace político. Situarse en la correcta composición de lugar sobre qué justifica cabía hacer para no caer en injusticia ni en desórdenes mayores que los penalizados ha sido, sin duda, el gran mérito de los jueces argentinos. Y ello debe considerarse así, independientemente de que ese haya sido el propio parecer del presidente Alfonsín. Poderes separados democráticamente no quiere decir ni exige que en todo caso sean siempre contrapuestos. En ocasiones determinadas, cuando es un bien nacional y un interés de Estado, suprapartidista lo que se ventila, esa convergencia no sólo explicable, sino conveniente y necesaria.

La sentencia, en sus considerandos, ha dejado bien de manifiesto con los generales condenados se extralimitaron sistemática y metodológicamente en la ejecución del mandato democrático que habían recibido de acabar con el terrorismo de la extrema izquierda, cuya escala de actividad y cuyo nivel de daños realizados no han sido igualados después en ninguna otra nación por las bandas terroristas. Lo que se ha condenado no ha sido la represión hecha por el Ejército argentino, sino el hecho de que la represión en sus tramos iniciales y más significativos, se hiciera con extralimitación fuera de los cauces establecidos por la ley.

Esta diferencia, inferida de los distingos hechos por el Tribunal en los considerandos de la sentencia, es de importancia capital. Los militares no podían ser condenados por el mero hecho de reprimir el terrorismo Si así hubiera sido, ¿Qué habría ocurrido en los sucesivo, tanto en la misma Argentina como en cualquiera otra nación hispánica con las libertades políticas ametralladas por el terrorismo leninista, si este terrorismo pasara a una escala como el que tuvo en Argentina? Habría incuestionablemente, el otorgamiento de carta blanca a quienes realizan la guerra sucia. La respuesta militar al a guerra revolucionaria, cuando proceda, debe hacerse desde el derecho.

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