El ministro de Interior, Rodolfo Martín Villa, replica a las acusaciones de ineficacia en la lucha antiterrorista de EL ALCÁZAR

El presidente de la Sala VI del Tribunal Supremo ha seguido al gobernador militar de Madrid en el sendero de la muerte a manos de las milicias irregulares marxistas. Si hemos de asumir el lenguaje impuesto por los políticos de la ruptura que nos guían hacia el caos, don Miguel Cruz es otro muerto constitucional. Otra vez se alzará el clamor de las protestas. De nuevo las centrales sindicales marxistas declararán paros obreros contra el terrorismo, con lo cual equivocarán a los ingenuos y contribuirán de paso a acelerar el hundimiento de la economía. El Gobierno, por supuesto, hará pública una nueva declaración vacante y acaso tengamos otra vez en las pantallas de televisión el espectáculo del ministro del Interior.

Por segunda vez ha sido agredida la Justicia en la persona de un magistrado del Tribunal Supremo. En términos políticos, la Justicia ha sido agredida en múltiples ocasiones e incluso constitucionalmente se ha puesto en manos de la plebe y bajo el imperio de un Consejo de hechura partitocrática. También en el ámbito de la justicia, lo mismo  que en el de la Fuerzas Armadas, la prevalencia de la ideología socialista se hace visible en las reformas constitucionales y en la práctica habitual de gobierno. El asesinato del presidente de la Sala VI del Tribunal Supremo, que ne términos marxistas será presentado por ETA como una ejecución, nos sumerge aún más profundamente en el dolor y en la incertidumbre de futuro. ¿También dirá ahora el ministro del Interior que en la rabia con análoga falta de convicción que cuando cabizbajo, impreciso y balbuceante lo dijo a raíz del ‘fallecimiento’ del general Ortín Gil? Pero hemos de secarnos las lágrimas y aplacar la rabia. La legalidad constitucional nos exige serenidad y disciplina, seamos lo que seamos y estemos donde estemos. No vale disentir de esta singular democracia, pues ello equivale a ‘culpabilidad fascista’ incluso para el señor Fraga, cuya no adscripción al bloque electoral de las fuerzas nacionales y de la Derecha Democrática no hay por menos que lamentar.

Con serenidad y disciplina debemos admitir que el problema del terrorismo no tiene solución. Con serenidad y disciplina debemos reformar el Padrenuestro y junto al pan nuestro de cada día, hemos de pedir al señor con resignación constitucional el muerto nuestro de cada día.

Quien analice con una mínima objetividad la situación actual de las Fuerzas de Orden Público encontrará hechos tan significativos como los siguientes:

• La policía tiene en la actualidad menos efectivos que en 1970. De los 1.500 agentes que existían en Madrid, en aquella fecha, sólo restan 900.
• La actuación policial está gravemente coartada por las decisiones políticas, cuya consecuencia más espectacular y negativa es la normativa que entró en vigor el 28 de diciembre.
• Las amnistías, los extrañamientos con premio económico de los asesinos, la vista gorda a las connivencias de ciertos sectores políticos con los terroristas, las limitaciones legales a la represión penal por la Justicia y otros factores de sobra conocidos, debilitan la moral de las FOP, anulan la colaboración pública con ellas y traban gravemente su antigua eficacia.

Ahora, cuando las balas asesinas se ceban en el presidente de la Sala VI del Tribunal Supremo y vuelven a hacer presa calculada en los más altos niveles de la Justicia, cabe preguntarse con máxima seriedad si la culpa corresponde sólo al terrorismo armado, y cuáles son las medidas a adoptar no sólo contra éste, sino también contra el terrorismo político y quienes hacen posible la impunidad de ambos y su crecimiento.

Mí querido director y amigo:

En relación con el editorial publicado en ese diario el día 10 de enero bajo el título ‘Los muertos acusan’ y para una más completa y cabal información de sus lectores, me permito exponerle, más amplia y detalladamente, los diversos puntos que se abordaran en dicho editorial.

En cuanto a la afirmación de que en Madrid existían en el año 1970 1.500 agentes y ahora sólo quedan 900 le significo que la provincia de Madrid contaba en el año 1970 con una plantilla de 1.140 funcionarios del Cuerpo General de Policía, 4.576 policías armados y 6.770 guardias civiles y en el año 1978 estos datos alcanzan las cifras siguientes: 1.440 funcionarios del Cuerpo Superior de Policía; 6.774 policías nacionales y 7.279 guardias civiles, lo que hace un total de 15.493 miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para todo Madrid. Piénsese que en 1978 se crearon en la provincia de Madrid nuevas Comisarías de Policía en Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Coslada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, Pozuelo de Alarcón, San Sebastián de los Reyes y Torrejón de Ardoz.

Respecto a considerar gravemente coartada la actuación policial por las decisiones políticas y en especial la normativa que entró en vigor el 28 de diciembre, debo hacer constar que jamás se vio en lo más mínimo coartada la actuación policial por ninguna decisión política y que la normativa a que se refiere el editorial que nos ocupa es la Ley 53/1978 de 4 de diciembre, por la que se establece la asistencia jurídica al detenido con la aclaración de que la Ley Antiterrorista nº 56/1978 también de 4 de diciembre, permite para los delitos de terrorismo la incomunicación de los detenidos.

Cuando se afirma que la Jefatura Superior de Madrid fueron desplazados a otras provincias 1.500 policías armados conviene aclarar que estos datos se refieren a policías alumnos o que hacen prácticas en Madrid y que una vez concluidas las mismas son destinados a sus puestos correspondientes, por lo que no se trata de traslado de personal destinado en Madrid a otras provincias.

Con relación a la lucha antiterrorista, en 1977, fue creada una Unidad Especial para este fin, habiéndose aprobado la legislación antiterrorista que reconoce a los Cuerpos de Seguridad del Estado las mayores facilidades policiales imperantes en los demás países del a Europa Occidental para combatir el terrorismo. Concretamente, desde la entrada en vigor de dicha legislación, es decir, desde el 30 de junio de 1978 hasta la fecha, han sido detenidos por la Policía numerosos sospechosos de haber participado en actividades terroristas, de los cuales, 249, fueron procesados por los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional, lo que representa un índice positivo de la eficacia policial.

Como comprenderá señor director, estas puntualizaciones y aclaraciones responden únicamente al deseo de patentizar con datos fidedignos la realidad de los puntos que se dejan expuestos y precisar que es totalmente inexacto especular con tensiones políticas, cuando en todo momento los criterios y decisiones en relación con los Cuerpos de Seguridad del Estado lo fueron de carácter estrictamente organizativo y profesional.

Confiando en la acogida y difusión que dispensará a esta carta, le saluda atentamente.

Rodolfo Martín Villa