EL PAÍS inicia una campaña contra el ministro de Interior, José Barrionuevo, acusándole de frenar las investigaciones del caso GAL

El motivo decisivo de que Emilio Valerio fuese relevado como fiscal encargado de actuar en el sumario por el asesinato de Santiago Brouard fue el malestar registrado en los servicios de inteligencia del Estado a causa de la orientación tomada por las pesquisas, según fuentes jurídicas solventes. De acuerdo con tales fuentes, dicho malestar fue trasladado al Ministerio del Interior el pasado viernes, y desencadenó instrucciones del titular del departamento, José Barrionuevo, al fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, quien ordenó que Valerio, un fiscal de 28 años de edad, abandonara el caso. Burón manifestó ayer que había abierto una información sobre lo ocurrido entre Valerio y el superior de éste, el fiscal jefe de Bilbao.

El decreto firmado por Burón encarga a Eliseo García Martínez, inspector jefe de la Inspección Fiscal, con categoría de fiscal de sala del Supremo, que abra diligencias informativas para esclarecer lo ocurrido entre el fiscal jefe de la Audiencia de Bilbao, Fermín Hernández Villarroya, y el fiscal al que estaba encomendada hasta ahora la investigación del asesinato de Santiago Brouard, Emilio Valerio Martínez.Las disidencias entre uno y otro fiscal carecen, sin embargo, de relevancia para la sustitución de Valerio, según las fuentes jurídicas del País Vasco y de Madrid consultadas por este periódico. En todo caso, consideran que la «forma singular» en que el fiscal reclamó determinados datos de los servicios de Inteligencia -en algunos casos, con notas manuscritas y sin hacerlo mediante el juez instructor de la causa «han puesto en bandeja» al fiscal general del Estado el relevo de Emilio Valerio.

Las mismas fuentes reconocen que Valerio actuó precipitadamente, pero insisten en que la causa del relevo no han sido los defectos de procedimiento, sino la protesta de determinados servicios de Inteligencia, asumidos y trasladados por el Ministerio del Interior al fiscal general del Estado. Para estas fuentes, lo importante es que la investigación sobre el asesinato de Santiago Brouard se realice con profundidad. Dada la importancia del caso, estiman que debería haberse encomendado al propio fiscal jefe o a Javier Huete, uno de los fiscales más competentes destinados en Bilbao, según fuentes judiciales vascas.

Cualquier salida que asegure una investigación concienzuda es vista con optimismo en los citados sectores jurídicos, que lamentan las limitaciones puestas a una investigación sobre la que, en definitiva, la última palabra corresponde a la autoridad judicial. Según explicaron a este periódico, las pruebas solicitadas por el fiscal Emilio Valerio, que desencadenaron su relevo, podrán ser propuestas también por la acusación particular, que dirige el abogado Txema Montero. Aceptar la práctica de estas pruebas será competencia del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao y, en caso de que su resolución sea denegatoria, la decisión sobre el posible recurso de apelación corresponderá a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao.

Problema interno

En una comparecencia ante los informadores, el fiscal general del Estado se refirió al enfrentamiento entre el fiscal jefe de Bilbao y su subordinado, y lo definió como un problema interno, si bien no opinó sobre el carácter polémico de ambos fiscales. Burón afirmó: «Parece que el fiscal al que le tocó el caso no ha consultado con la debida frecuencia con el fiscal jefe. Y hay que recordar el sometimiento de todos los fiscales a los principios de legalidad y dependencia jerárquica. El fiscal, a efectos de la Audiencia, es únicamente el fiscal jefe, y todos los casos, en última instancia, dependen de él. Los otros fiscales sólo actúan por delegación y siguen las directrices del fiscal jefe». El Fiscal General del Estado afirmó también: «En el sumario abierto en el juzgado 1 de Bilbao sobre el asesinato del dirigente de Herri Batasuna Santiago Brouard, yo había dado instrucciones de que el fiscal jefe se mantuviera en contacto permanente con el caso, que no lo perdiera de la mano, y que la investigación se realizara en todas las direcciones posibles. Tenía que tenerme al corriente y para eso debía tener un contacto frecuente con el fiscal encargado del caso».

En opinión de Luis Burón, .parece que ha habido una precipitación por parte del fiscal encargado del caso en relación con unas solicitudes hechas al juzgado. Estas solicitudes, concretamente dos, no habían sido consultadas al fiscal jefe, a pesar de las instrucciones de que así lo hiciese». Respecto a si estas solicitudes eran requisitorias al Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) y a la Dirección General de la Guardia Civil para que investigasen la procedencia de las armas utilizadas en el asesinato de Brouard, Luis Burón manifestó que no puede decir nada por pertenecer al secreto del sumario. Fuentes de Interior se negaron a ofrecer precisiones o comentarios sobre este punto «a fin de no interferir las actuaciones judiciales».

LA FiSCALÍA General del Estado, en una nota informátiva, y el ministro del Interior, en una comparecencia televisiva, han negado tajantamente que sean ciertas las informaciones -véase EL PAIS de ayer- según las cuales José Barrionuevo habría dado directamente indicaciones o instrucciones al ministerio público para el apartamiento o sustitución del fiscal de la Audiencia Territorial de Bilbao que intervenía en el caso Brouard. Tan rotundo mentís no agota, sin embargo, las complejas cuestiones implicadas en las relaciones entre el poder ejecutivo y el ministerio fiscal. La nota oficial de Luis Burón Barba subraya que la Fiscalía General del Estado en ningún caso podría admitir instrucciones del Ministerio del Interior, pues este departamento carece de las necesarias atribuciones al respecto. Pero un lector poco versado en Derecho podría extraer de ese desmentido, irreprochable en su fundamentación teórica, la errónea conclusión de que el Gobierno carece de competencias sobre el ministerio público. Tampoco la declaración de que el Gobierno no ha intervenido en este asunto, en función de su respeto por la independencia judicial, deja de prestarse a equívocos. Aunque el título VII de la Constitución englobe bajo un único rótulo -Del Poder Judicial- a jueces y fiscales, y aunque unos y otros ingresaran hasta hace pocos años en la Escuela Judicial mediante las mismas oposiciones, los jueces son independientes e inamovibles, pero los fiscales son jerárquicamente dependientes y removibles.El Estatuto del Ministerio Fiscal establece que el Gobierno, a través de su presidente y del ministro de Justicia, puede «interesardel fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público». La acepción del Diccionario de la Real Academia más adecuada al caso es la que define al verbo interesar como equivalente a «hacer tomar parte o empeño, a uno en negocios o intereses ajenos como si fuesen propios». Dado que el ministerio fiscal ejerce sus funciones «conforme a los principios de unidad de acción y dependencia jerárquica», las indicaciones dadas por el Gobierno al fiscal gerieral del Estado se extienden, una vez admitidas, a los demás miembros del ministerio público. Porque el fiscal general del Estado es casi comparable al máximo responsable. de una cadena militar de mando: ostenta la jefatura superior del ministerio fiscal y su representación en todo el territorio nacional; le corresponde la dirección e inspección del ministerio fiscal; puede impartir a sus subordinados las órdenes e instruciones convenientes, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos, y puede designar a cualquiera de los miembros del ministerio público para que actúe en un asunto determinado.

Además, el fiscal general del Estado, que transmite órdenes a sus subordinados (situados en una estructura jerárquica y disciplinada) y que puede ser interesadopor el Ejecutivo para promover determinadas actuaciones, es designado por el Gobierno. Cuando las Cortes Constituyentes descartaron la idea de que el fiscal general del Estado fuese elegido por una mayoría cualificada del Parlamento, tal y como sucede con los magistrados del Tribunal Constitucional, y decidieron su designación por el poder ejecutivo, nuestro ordenamiento jurídico desaprovechó una excelente oportunidad para anular los fundamentos sobre los que descansan parcialmente las suspicacias en torno a la dependencia del ministerio público respecto del Gobierno. Unos recelos que la oposición, por lo demás, desplegó hasta la estridencia con ocasión de la querella contra los administradores de Banca Catalana.

Si los caminos del Señor son inescrutables, casi tan difíciles de averiguar son los vericuetos que recorre la información dentro de los aparatos del Estado. De un lado, nadie ha desmentido -ni podría hacerlo sin faltar a la verdad- el profundo descontento del Mínisterío del Interior ante las diligencias promovidas por el fiscal Valerio para esclarecer las eventuales responsabilidades de algunos servicios estatales en el asesinato de Santiago Brouard. De otro lado, resulta evidente que esa desazón policial llegó a conocimiento del fiscal jefe de Bilbao y se halla relacionada con la dimisión del fiscal Valerio. Que el ministro del Interior no transmitiera de forma directa ese malestar al fiscal general del Estado remite únicamente al problema de saber cuáles fueron los eslabones intermedios recorridos por el mensaje, ya que no existen dudas razonables acerca de que el contacto finalmente se produjo. Dentro de la lógica institucional, el Ministerio de Justicia y la Presidencia del Gobierno son los únicos interlocutores habilitados por ley para la comunicación oficial con la jefatura del ministerio público. La incógnita -de importancia menor- sobre el itinerario exacto recorrido por la información sólo podría quedar resuelta si el Gobierno y el fiscal general del Estado resolvieran completar sus desmentidos parciales con una exhaustiva explicación de lo sucedido. Es posible que el descontento policial ante la actuación del fiscal Valerio se expresara hábilmente con alarmadas preguntas o con escandalizada sorpresa, en vez de revestir la torpe forma de la presión directa o de la exigencia intempestiva. Pero tampoco parece revestir demasiado interés la tarea de averiguar si la manera en que las instituciones del Estado se intercambian los mensajes y se ponen de acuerdo entre ellas es cortés o desabrida, amable o intimidatoria.

En el supuesto de que las versiones oficiales dadas en torno al incidente fuesen exactas, habría que concluir que el fiscal Valerio cometió serios fallos profesionales y que su desenvuelta yuxtaposición de todas las conjeturas imagínables y de todas las posibilidades concebibles en torno al asesinato de Brouard -desde los ajustes de cuentas dentro de ETA hasta las actuaciones de servicios estatales, pasando por los crímenes de los GAL- apenas ayuda al esclarecimiento de los hechos. Pero en tanto que una información veraz y completa no ocupe el lugar de los desmentidos oficiales y de las contradictorias declaraciones del fiscal Valerio, resulta imposible descartar otras interpretaciones menos frívolas y bastante más ominosas.

En otra perspectiva, la sustitución del fiscal Valerio podría resultar un dato casi anecdótico. Al fin y al cabo, la instrucción del sumario es competencia fundamental del juez, cuya independencia e inamovilidad le ponen a cubierto de recibir órdenes o de soportar presiones. En cualquier caso, el ministro del Interior debe aceptar que sus subordinados están tan obligados como el resto de los ciudadanos a responder a las preguntas que el instructor de un sumario les formule. Y la práctica de las diligencias promovidas por el fiscal Valerio es ya imparable. Al mismo tiempo, también sería menester que el ministro del Interior de un Gobierno socialista desplegara el mismo celo y utilizara los poderosos resortes con que cuenta para aclarar, sin ir más lejos, los hechos denunciados ayer por el abogado Carlos Aguirre de Cárcer sobre los presuntos malos tratos y el presunto abuso de autoridad de una patrulla de la Policía Nacional. Sólo de esta manera se demostraría que José Barrionuevo es capaz de garantizar un régimen de libertades desde el difícil cargo que ocupa en este primer Gobierno del presidente González.

En relación con la información que publica hoy su periódico en la página 11, esta vez firmada, titulada La protesta del Ministerio del Interior, transmitida a la Fiscalía del Estado, desencadenó la sustitución de Emilio Valerio, y en la que se hacen diversas consideraciones sobre una pretendida intervención mía en el denominado caso Brouard, y que concluye con la frase: «queda claro que la línea investigadora seguida por el fiscal Valerio produjo una protesta de los servicios policiales que el Ministerio del Interior hizo llegar al fiscal general del Estado y que desencadenó el relevo de aquél», me veo en la obligación de rectificar nuevamente las aseveraciones contenidas en su periódico en lo que al Ministerio del Interior se refiere :Señor director: ningún servicio policial o de inteligencia, como se dice en la información de referencia, me ha presentado protesta alguna sobre las investigaciones seguidas por el asesinato de Santiago Brouard. Vuelvo a insistirle que no se ha transmitido por parte de este Ministerio al fiscal general del Estado ninguna indicación, observación, instrucción ni protesta por las citadas investigaciones.- Ministro del Interior.

El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, confirmó el pasado viernes al director de EL PAIS, en una conversación telefónica, que los ministros de Interior y Defensa, José Barrionuevo y Narcís Serra, respectivamente, le informaron de la providencia del juez aprobando la práctica de unas diligencias solicitadas por el fiscal de Bilbao Emilio Valerio, encargado del caso Brouard. Esta precisión de Ledesma contrasta con lo que ayer afirmaba el ministro Barrionuevo en una nota en la que asegura que «no ha informado, entendiendo este término como iniciativa o adopción de alguna medida, en ningún momento al ministro de Justicia acerca de provindencia judicial alguna en relación con el denominado caso Brouard». En la misma nota, Interior anuncia que trasladará a los tribunales las informaciones que ha venido publicando este periódico sobre el mismo tema.

En la información publicada ayer en este periódico se confirmaba que los ministros de Interior y Defensa fueron los dos miembros del Gobierno que informaron al titular de Justicia sobre la providencia judicial, en torno al asesinato del dirigente de Herri Batasuna Santiago Brouard, que había remitido a la Dirección General de la Guardia Civil y a la Comisaría General de Información el juez de instrucción número 1 de Bilbao a solicitud del fiscal Valerio. A estos servicios de la seguridad del Estado se les reclamaba información sobre las armas que pudieron ser utilizadas en el asesinato de Brouard, la composición y funcionamiento de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y si algún estamento u organismo del Estado podría tener conocimiento de que se iba a perpetrar el atentado.EL PAIS publicó esta información después de obtener una declaración oficial del Ministerio de Justicia en la que, si bien no se citan explícitamente los nombres de los ministros de Interior y Defensa, sí, en cambio, se refiere «a los titulares de los departamentos afectados». La declaración oficial de Justicia decía textualmente: «El Ministerio de Justicia fue informado de la providencia judicial del caso Brouard por los titulares de los departamentos afectados. Del contenido de esta providencia se dio cuenta a la Fiscalía General del Estado. Por tanto, este ministerio no ha ejercido ningún tipo de presión, sino que se ha limitado a cumplir con su misión; o sea, trasladarlo a la Fiscalía General del Estado».

En la noche del viernes, Juan Luis Cebrián no consultó con José Barrionuevo ninguna información, como asegura éste en su nota de ayer, sino que le llamó por teléfono para contrastar los datos que tenía este periódico a partir de la mencionada nota del Ministerio de Justicia. El director de EL PAIS tuvo que realizar personalmente esta gestión ante las reiteradas negativas del departamento del ministro Barrionuevo a atender las llamadas que en los últimos días habían realizado redactores de este periódico.

Barrionuevo reconoció que conocía la existencia de un oficio del juez a la Comisaría General de Información y manifestó a Juan Luis Cebrián que no se había dirigido oficialmente al Ministerio de Justicia para comunicarle la existencia de la mencionada providencia judicial, ni había dirigido oficio o comunicación alguna a aquel departamento.

Barrionuevo pide silencio

Barrionuevo precisó, sin embargo, que sí informó verbalmente del tema al ministro de Justicia, lo que en opinión del ministro de Interior no podía ser considerado como un acto político, jurídico o administrativo. «Yo», matizó Barrionuevo, «puedo conversar sobre cualquier circunstancia con un ministro sin que eso signifique impulsar o presionar en ningún sentido».Juan Luis Cebrián preguntó entonces sí podía reproducir en el periódico el contenido de la conversación, a lo que José Barrionuevo contestó negativamente y añadió que, si era para publicar, él se atenía a la declaración oficial del ministerio de Justicia. Y esa última aseveración fue la que reprodujo EL PAIS en su información de ayer. Como quiera que el ministro del Interior ha revelado en su nota la existencia de la conversación que mantuvo con Juan Luis Cebrián y ha dado su interpretación del contenido de la misma, este periódico considera que no tiene objeto guardar el off the record solicitado por el ministro y ofrece la auténtica versión de lo manifestado por el mismo.

Sobre el tema hablé también telefónicamente el director de EL PAIS con los ministros de Justicia y Defensa, Fernando Ledesma y Narcís Serra, el viernes por la noche. Ledesma le confirmó que Barrionuevo y Serra le informaron de la providencia del juez aprobando la práctica de unas diligencias. El titular de Justicia precisó a Juan Luis Cebrián que su departamento lo que hizo fue poner en conocimiento de los hechos al Fiscal General, sin que ello, en opinión de Ledesma, pueda interpretarse como una presión «sino para facilitar que la justicia actúe con absoluta libertad’.

Este periódico trató ayer de contrastar la información de que los titulares de la Comisaría General de Información y de la Dirección de la Guardia Civil, Jesús Martínez Torres y el teniente general Saénz de Santa María, respectivamente, trasladaron la providencia judicial que habían recibido a los titulares de los ministerios de Interior y Defensa. Saénz de Santa María declinó hacer cualquier declaración sobre el tema. Un colaborador de Martínez Torres manifestó «que estaba reunido y no podría atender ninguna llamada en toda la tarde».

Un portavoz del Ministerio de Justicia manifestó ayer a este periódico que no existe constancia de que Interior haya iniciado, por el momento, ninguna actuación judicial contra EL PAIS.

El ministro del Interior no ha informado -entendiendo este término como iniciativa para la adopción de alguna medida-, en ningún momento, al ministro de Justicia, don Fernando Ledesma, acerca de providencia judicial alguna en relación con el denominado caso Brouard, contrariamente a como informa hoy en su primera página el diario EL PAIS.

El director de EL PAIS, don Juan Luis Cebrián, consultó anoche telefónicamente con el ministro del Interior si éste había dirigido algún tipo de comunicación al Departamento de Justicia en el sentido que señalan las informaciones que viene publicando EL PAIS en relación con el caso Brouard.

a respuesta del ministro del Interior fue que, si en algún momento hubiera comentado con algún miembro del Gobierno, como por ejemplo el ministro de Justicia, aspectos relacionados con el referido caso, siempre al hilo de la actualidad que el mismo comporta y a instancia, generalmente, de sus interlocutores, nunca podría entenderse como información que fuera transmitida de manera oficial con la intencionalidad política de promover cualquier tipo de acción administrativa.

Cualquier interpretación, contraria a la señalada, de las conversaciones que entre sí puedan mantener los miembros del Gobierno en el curso de sus frecuentes encuentros por razón de sus cargos, debe considerarse como inexacta o errónea.

Asimismo, el Ministerio del Interior reitera, una vez más, que su titular no ha recibido muestra alguna de ningún tipo de posicionamiento por parte de los servicios de él dependientes y que hubieran recibido providencias judiciales en relación con el caso Brouard, todas las cuales fueron atendidas en su momento con la discreción a que obliga la ley de Enjuiciamiento Criminal.

El ministro del Interior, por último, quiere explicar a la opinión pública las razones que le impulsan a rechazar con firmeza cualquier sombra de duda que pudiera recaer sobre él, como responsable político del departamento, o sobre cualquier servicio de éste dependiente, en relación con el necesario esclarecimiento del asesinato de don Santiago Brouard.

La persistencia en relacionarle con una decisión ajena a su rsponsabilidad y que, en algún medio informativo, aparece insinuada como un oculto interés de los servicios dependientes de Interior, o de otra instancia gubernamental, en dificultar las investigaciones judiciales, constituye una insidiosa y grave acusación que deberá ser aclarada ante los tribunales, a los que el ministro del Interior trasladará las informaciones que ha venido publicando EL PAIS en tal sentido.

LA NOTA facilitada ayer por la oficina de prensa del Ministerio del Interior, resuelto al parecer a proseguir indefinidamente la fatigosa polémica del titular de ese departamento con EL PAIS, está salpicada de errores gramaticales, tergiversaciones de hechos, contradicciones flagrantes, explicaciones no solicitadas y amenazas. La circunstancia de que José Barrionuevo dirija sus quejas a la vez a la opinión pública y a los tribunales de justicia nos obliga, muy a pesar nuestro, a responder a ese peregrino documento, digno retoño de la literatura policial de la época de la dictadura.Las informaciones publicadas por EL PAIS durante la última semana se limitaron a poner en relación la dimisión o el relevo del fiscal Valerio, que intervenía en el caso Brouard, con sus peticiones para que el juez instructor del sumario practicara determinadas diligencias cuya realización afectaba a funcionarios dependientes del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Aunque no resulta fácil determinar con exactitud todos y cada uno de los pasos de la información circulada dentro del aparato del Estado, se sabe ya, en buena parte gracias a la investigación de este periódico, que la remoción del fiscal Valerio fue precedida por las comunicaciones facilitadas al ministro de Justicia por el ministro del Interior y por el ministro de Defensa. También está confirmado que el ministro de Justicia transmitió tal información a la Fiscalía General del Estado, que la hizo llegar al fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Bilbao. El director de EL PAIS no consultó anteayer con el ministro del Interior, sino que preguntó a José Barrionuevo, a Fernando Ledesma y a Narcís Serra acerca de las circunstancias en que se habían producido esas comunicaciones. Respetando criterios profesionales, la información aparecida ayer en este periódico se basó exclusivamente en las respuestas oficiales de los tres ministros.

El rasgo más sorprendente de esta historia es que, al menos formalmente, no hay nada ilegal en esa secuencia informativa dentro del aparato del Estado. Resulta casi obligado que los subordinados del ministro del Interior comuniquen al titular del departamento la recepción de esas diligencias. Es comprensible que el ministro del Interior transmita al ministro de Justicia esa información. Y se halla dentro de las posibilidades legales que el ministro de, Justicia ponga tales hechos en, conocimiento del fiscal general del Estado: las comunicaciones del Gobierno, a través de su presidente o del ministro de Justicia, con el fiscal general del Estado están previstas por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que «el Gobierno podrá interesar del fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público». Dado que el ministerio fiscal ejerce sus funciones «conforme a los principios de unidad de acción y dependencia jerárquica», el fiscal general. del Estado, una vez interesado en un asunto específico por el poder ejecutivo, tiene pleno derecho a impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes y a designar a cualquier miembro del ministerio público para un asunto determinado.

¿A qué viene entonces la irritación y el desasosiego del ministro del Interior en este asunto? La nota de la oficina de prensa, redactada con un notable desprecio por la exactitud y por el idioma, se debate con un adversario inexistente. El ministro del Interior, que reconoció anteayer haber informado al ministro de Justicia de la existencia de las providencias judiciales relacionadas con el caso Brouard, aclara a los ciudadanos que la palabra información no debe ser entendida como «iniciativa o adopción de medida alguna». Ninguna de las definiciones dadas por el Diccionario de la Academia a ese término contiene esa disparatada acepción. Obsesionado por la mala conciencia, el redactor de la nota insiste en que los datos transmitidos por el ministro del Interior al ministro de Justicia sobre esas diligencias no deberían entenderse como información transmitida de manera oficial «con la intencionalidad política de promover cualquier tipo de acción administrativa». El señor ministro del Interior, se nos viene a decir, acostumbra a charlar con otros colegas del Gobierno sobre conflictos interdepartamentales con el exclusivo objeto de matar el tiempo, distraer los ocios o ampliar sus conocimientos de cultura general.

La nota también afirma que el ministro del Interior «no ha recibido muestra alguna de ningún tipo de posicionamiento por parte de los servicios de él dependientes, y que hubieran recibido providencias judiciales en relación con el caso Brouard, todas las cuales fueron atendidas en su momento con la discreción a que obliga la ley de Enjuiciamiento Criminal». Aunque no resulta fácil desentrañar el significado de la frase, la misteriosa negativa parece dar a entender que los subordinados afectados por las diligencias judiciales comunicaron su existencia al ministro del Interior con gesto imperturbable, sin añadir comentarios y tal vez en posición de firmes.

El ministro del Interior, finalmente, pasa a «explicar las razones» que le impulsan a «rechazar con firmeza» cualquier «sombra de duda» sobre las responsabilidades propias o de cualquier servicio de su departamento «en relación con el necesario esclarecimiento del asesinato de don Santiago Brouard». Esas razones, sin embargo, brillan por su ausencia en el texto, que se limita, a considerar una «insidiosa y grave acusación» la insinuación de que los servicios dependientes del Interior o de otra instancia gubernamental se hallen ocultamente interesados en dificultar esas actuaciones judiciales. Pero si los argumentos faltan, siempre existe la posibilidad de que una buena amenaza supla su ausencia. De esta forma, el ministro del Interior anuncia el envío a los tribunales de las informaciones publicadas por EL PAIS en torno a la rocambolesca sarta de silencios, desmentidos, contradicciones y omisiones oficiales que ha acompañado a la sustitución del fiscal Valerio en el sumario de Brouard. Para su desgracia, no ha sido EL PAIS, sino la propia torpeza del Ministerio del Interior la causa de que algunos medios -y en ningún caso este periódico- hayan dado pábulo a esa ominosa hipótesis. Alguien ha mentido en este asunto. Y desde luego no ha sido EL PAIS, que se ha limitado trabajosamente a esclarecer un asunto inútilmente oscurecido por el Ministerio del Interior.

Resuelto a proseguir con ustedes «la fatigosa polémica» para que, ante la opinión pública, vaya quedando claro ¿Quién miente? en la presentación de las distintas intervenciones en el caso Brouard (cosa que en mi opinión se va consiguiendo, aunque trabajosamente, es verdad), me dirijo nuevamente a su periódico.De todos es conocida -y nunca suficientemente alabada- la proverbial objetividad y sentido de la responsabilidad de su periódico, especialmente en su línea editorial, en todo lo que se refiere a mis actuaciones y decisiones públicas, así como el afecto, y consideración con los que siempre distinguen el trabajo, difícil y arriesgado, de los funcionarios del Ministerio del Interior (policías y guardias civiles).

Aunque sólo fuera por esta notoria predilección por la parcela de la política gubernamental en seguridad y libertades, no dudo que sabrá comprender mi torpeza en insistir ante el director de un periódico que, como el suyo, nunca se ha equivocado en sus comentarios e informaciones, o, por lo menos, nunca los ha rectificado, que yo sepa.

Veamos, señor director, cómo hemos llegado a la situación que motiva esta nueva carta de quien suscribe, y a su periódico le fuerza a editorializar bajo el título: ¿Quién miente?

El pasado día 11 de los corrientes, su periódico publicaba en primera página una información, sin firma, titulada: Los servicios de espionaje se oponen a ser investigados sobre el ‘caso Brouard’, y de antitítulo «Barrionuevo pidió a Burón el relevo del fiscal Emilio Valerio».

A usted, señor director, no se le escapa la gravedad de tal afirmación de interferencia que sobre mí, personal y directamente, vertía su periódico en relación con una supuesta intencionalidad de determinados servicios del Estado de entorpecer el esclarecimiento de un asesinato.

Tan grave acusación, aunque velada o sugerida, fue secundada, después de que su periódico lanzara tal insidia, por otros medios informativos, que, al parecer, confian en la credibilidad y rigor que caracterizan el trabajo profesional de EL PAIS.

Pues bien, señor director, tras las investigaciones de sus redactores, sus comunicaciones con el Ministerio de Justicia, con el de Defensa, conmigo mismo, las informaciones facilitadas por el fiscal general del Estado y otros fiscales, se trata de contestar sencillamente a una sencilla pregunta: ¿la información y titulación de su diario sobre el tema del pasado día 11 se corresponden estrictamente con la realidad de los hechos o, por el contrario, se observan ligerezas, inexactitudes o falsedades en lo publicado?

Aunque quizá, como me dijo usted personalmente, la intención difamatoria no esté en sus redactores, sino en sus fuentes de información, cosa que -reconozco- es posible, pero usted es el responsable de su publicación.

No le oculto, señor director, que la respuesta a mi pregunta, en algo coincidente con la que se formula editorialmente en su periódico, tiene mucha influencia en cuanto a las acciones jurídicas que, en cualquier caso, voy a seguir, con toda calma, reflexión, preparación y tranquilidad -eso sí-, ya que las acciones que voy a ejercitar tardan varios años en prescribir.

Y otra cosa, señor director: se lamenta su editorial de hoy de la falta de información en torno a las actuacíones judiciales que se siguen para esclarecimiento del caso Brouard. Y ese lamento lo dirigen hacia este departamento, al que han escogido, con una preferencia obsesiva, como causante de todo mal.

Pues, ya ve usted, señor director: en esta ocasión también están equivocados, ya que, de acuerdo con la ley de Enjuiciamiento Criminal, las actuaciones judiciales deben ser secretas, y en este ministerio, que somos escrupulosos cumplidores de las normas legales, hemos cumplido con nuestra obligación y hemos sido discretos.

Así que si su afán informativo no se ha visto satisfecho, oriente sus quejas a quien corresponda y deje ya de descalificar con falsos argumentos, aludiendo a la socorrida torpeza del Ministerio del Interior.

El tiempo juzgará quién fue el torpe, señor Cebrián.

Termino, señor director. Espero sus decisiones ante estas líneas para decidirme yo, a mi vez, sobre la afirmación que hace un buen amigo mío de que usted es un fervoroso partidario de la libertad de prensa, pero un decidido enemigo de la libertad de expresión. Usted tiene la palabra.- ministro del Interior.