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Ciudadanos, PSC, Catalunya si que es Pot (Podemos) y PP votan en bloque en contra

El Parlamento catalán aprueba con los votos de Junts pel Sí y CUP iniciar unilateralmente la creación de la República de Catalunya

HECHOS

  • El 12.11.2015 el Parlament de Catalunya presidido por Dña. Carmen Forcadell, aprobó a propuesta de Junts pel Sí, iniciar la ‘desconexión’ con España para proclamarse ‘república independiente’.

10 - Noviembre - 2015

Firmeza y política ante la insurgencia

EL PAÍS (Director: Antonio Caño)

La declaración de ruptura con la España constitucional de Junts pel Sí y la CUP, que obtuvieron menos del 48% del voto en Cataluña, es un acto ilegal e ilegítimo que requiere una respuesta firme del Gobierno y las fuerzas políticas y la utilización de todos los instrumentos del Estado —legales, jurídicos, políticos e institucionales— para defender la democracia y la legalidad.

Pero una actuación defensiva, imprescindible, no es suficiente. Es necesario acompañarla de un plan, de un proyecto que permita responder al grave momento por el que atraviesa el país, momento del que Cataluña es un síntoma, extremo, alarmante, pero uno más de lo que claramente es un fin de ciclo histórico. Hemos clamado muchas veces en estas páginas por reformas y medidas políticas que hubieran podido evitar que se llegara a donde hoy nos encontramos. No las hemos pedido ni las seguimos pidiendo por contentar a los insurrectos o tratar de calmar infantilmente las aguas. Reclamamos acciones políticas porque son la mejor garantía de poder salir de la crisis actual con ciertas perspectivas de estabilidad futura.

Paradójicamente, el clima preelectoral que hoy domina España no es el más adecuado para requerir del Gobierno y de los partidos políticos un ambicioso y profundo proyecto de país. Precisamente por eso hubiera sido adecuado adelantar las elecciones generales y separar lo más posible la campaña de la crisis catalana. Pero el Gobierno —quién sabe con qué cálculo— prefirió no hacerlo así y ahora nos encontramos ante una campaña intoxicada y condicionada por la rebelión independentista.

Nuestra voluntad de que el Gobierno sea aún capaz de ofrecer un futuro para Cataluña no está, por supuesto, reñida con nuestro apoyo al uso enérgico de la ley. El presidente, Mariano Rajoy, respondió rápidamente al envite independentista con una declaración firme y preparada en la que detalló cuáles serán los próximos pasos del ejecutivo para hacer cumplir la Constitución.

La firmeza de Rajoy, que contrasta con la falta de respuesta durante años ante el desafío secesionista, es una buena noticia, como también lo es la unidad lograda con algunos de los principales partidos (PSOE, Ciudadanos y UPyD, entre otros), para defender la legalidad constitucional.

La medidas explicadas por el presidente parecen razonables y ajustadas a la ley. También es positivo que se quiera evitar a toda costa la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Pero los partidos constitucionalistas no pueden escudarse en la campaña electoral del 20-D para no luchar unidos contra la insurgencia en Cataluña y tomar decisiones, por muy difíciles que sean, cuando la situación lo requiera. Medidas legales y jurídicas, pero también soluciones políticas que requieren reformas de calado que modifiquen el marco de convivencia de nuestro país.

Las 12 horas y 13 minutos del 9 de noviembre se recordará como el momento en el que la representación de la mitad de los catalanes quiso dar un golpe a un Estado bajo cuyas leyes Cataluña ha logrado los mayores niveles de prosperidad y autogobierno de su historia. El ambiente en el Parlament respiraba aromas radicales, sin que el Gobierno de la Generalitat en funciones, con Artur Más a la cabeza, mostrara excesivo entusiasmo. Varios consellers no se prodigaron en los aplausos y todos parecían mostrar preocupación ante el nuevo paso dado con el abrazo programático a una CUP que ni siquiera va a aplicar la reciprocidad para votar la investidura de Mas. La desunión en las filas de Convergència se va escenificando día a día a medida que los diputados avanzan hacia el abismo con la sensación de estar secuestrados por ese pacto.

Artur Mas se declaraba “el mayor activo del independentismo” en su penúltimo intento de conseguir la investidura, sin darse cuenta de que se ha convertido en el mayor pasivo para una Cataluña próspera. Además de ser consciente de la ilegalidad de sus actos, él sabe que un país solo puede ser independiente si hay alguien dispuesto a reconocerlo, y hay unanimidad internacional en su contra.

En la calle, apenas 200 personas ondeaban las esteladas, un gesto mínimo comparado con el poder de convocatoria exhibido por el nacionalismo. Es como si los catalanes, en lugar de celebrar, empezaran a darse cuenta del laberinto al que les han llevado unos líderes que siguen huyendo hacia adelante incumpliendo las leyes de España y de Cataluña sin importarles más que salvar la cara.

Es la hora de utilizar todos los instrumentos del Estado para atajar este intento de ruptura. Instrumentos legales, jurídicos, políticos y también institucionales. Este país afronta su peor crisis tras el 23-F y no hay que olvidar que la Constitución de 1978 establece, entre las limitadas funciones del rey Felipe VI como Jefe del Estado, la defensa de la unidad de España y el papel de árbitro y moderador en la política.

10 - Noviembre - 2015

Es la hora de responder a un grandísimo desafío

EL MUNDO (Director: David Jiménez)

El Parlament cruzó ayer una línea roja al aprobar por 72 votos contra 63 el inicio del proceso de desconexión de Cataluña y la desobediencia expresa de las leyes. Ello viola la unidad de España, el principio de soberanía nacional y el respeto al Estado de Derecho, los tres pilares sobre los que se asienta la Constitución. Desde ayer, esta institución se ha situado fuera del ordenamiento jurídico.

Por la tarde, Artur Mas compareció en el mismo escenario para pedir su investidura, que se votará hoy. El president en funciones defendió una legislatura de 18 meses para acometer un proceso constituyente y poner en marcha unas estructuras de Estado. Mas explicó que ello concluiría con una consulta sobre la nueva Constitución en la primavera de 2017, fecha en la que teóricamente se proclamaría la independencia de forma unilateral.

No parece que el presidente tenga muchas posibilidades de continuar en el cargo porque la CUP ha dejado bien claro que no le votará. Pero Mas volvió a presentar una nueva hoja de ruta que le permitiría ganar tiempo en su permanente estrategia de alargar el calendario tras lanzar el balón hacia adelante.

La huida de la realidad que encarnó Mas en la tribuna de forma patética refleja la deriva de un proceso soberanista que está impulsando la CUP y en el que Junts pel Sí aparece visiblemente desbordado. En este sentido, Antonio Baños, su portavoz parlamentario, subrayó ayer que, aunque no haya acuerdo sobre la investidura, su grupo promoverá en el plazo de un mes iniciativas legislativas para hacerse con el control de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Si ello es así, el Gobierno de Rajoy se encontrará antes de las elecciones ante un desafío de formidable magnitud.

En este sentido, no parece que el recurso ante el Tribunal Constitucional que va a presentar mañana el Gobierno sea suficiente para amedrentar a los independentistas, que ayer ya anunciaron que les da igual lo que falle esa instancia. Oriol Junqueras dejó muy claro que el proceso seguirá porque la única legalidad que rige en Cataluña es la voluntad del pueblo catalán, expresada en las urnas.

Raül Romeva y el propio Mas insistieron también en la idea de que los resultados de las elecciones suponen un mandato para construir la nueva república catalana, lo que es una falsedad ya que, como la CUP reconoció en la noche electoral, no se puede iniciar un proceso de esta naturaleza con el 48% de los votos y con una Cámara partida en dos mitades.

Las intervenciones de Mas y Romeva dejaron patente la manipulación a la que se está sometiendo a los catalanes, ya que culparon de todo lo malo que está sucediendo en Cataluña a España y presentaron el nuevo Estado como un paraíso de justicia, libertad y bienestar.

Los nacionalistas no quieren asumir su desastrosa gestión de la economía, el incremento exponencial de la deuda, su incapacidad para resolver los problemas y la corrupción de la familia Pujol y de CDC, que ya ni siquiera puede utilizar sus propias siglas.

De no haber sido por los 39.000 millones que les ha prestado el Estado español en estos cuatro años, Cataluña estaría en la quiebra y no podría pagar las pensiones ni los servicios públicos, entre otras razones, porque las emisiones de la Generalitat son técnicamente bonos basura. En lugar de asumir una realidad tan molesta y en un alarde de demagogia, los dirigentes de Junts pel Sí trazaron ayer el dibujo de una Cataluña idílica fuera de España, en la que todos sus habitantes serían felices y tendrían un nivel de renta y de prestaciones sociales incomparablemente superiores.

Frente a este discurso totalmente alejado de la realidad, Miquel Iceta, el líder del PSC, les recordó que el proceso soberanista asumiría unos costes insoportables, empezando por el aislamiento internacional y siguiendo por la imposibilidad de obtener financiación.

Los argumentos de Iceta, Inés Arrimadas y García Albiol no hicieron ninguna mella en las filas independentistas, que hace mucho tiempo que no escuchan nada que contradiga sus propósitos. Por eso, lo que se vio ayer en el Parlament resulta tremendamente preocupante.

Pensar que Junts pel Sí va a dar marcha atrás o que va a propiciar una negociación con el Estado para buscar una solución pactada es hoy imposible. Lo que quedó meridianamente claro es que CDC y ERC van a hacer todo lo posible para proclamar la independencia cuanto antes y que, para ellos, las normas del Estado ya no están vigentes en Cataluña.

Mariano Rajoy -con el respaldo que Pedro Sánchez volvió a ratificar ayer- ha prometido que va a responder con la ley en la mano y con “proporcionalidad”, una estrategia que nos parece correcta. Antes de aplicar el artículo 155, lo lógico y lo coherente es apurar otras vías para intentar disuadir a Mas y Junqueras. Pero pronto va a quedar en evidencia que no acatan la paralización del proceso que supone la admisión a trámite de la impugnación ante el Constitucional y entonces el Gobierno tendrá que pasar a medidas más contundentes. Esto es lo previsible.

Ya no es posible hurtar gravedad a la resolución que aprobó el Parlament ni cabe consolarse con el sofisma de que no surte efectos jurídicos inmediatos. Lo que ha comenzado es el proceso de secesión unilateral de Cataluña mediante una serie de pasos en los que se va a vulnerar la Constitución y la legislación vigente.

Por tanto, el Estado -que es mucho más que el Gobierno- tiene que tener preparada una estrategia para dar respuesta jurídica y política a cada iniciativa del Parlament y la Generalitat, que hasta ahora han avanzado en sus objetivos sin respuesta de las instituciones. Esto tiene que cambiar porque ha llegado la hora de afrontar este gravísimo desafío.

10 - Noviembre - 2015

Por la rectificación

LA VANGUARDIA (Director: Marius Carol)

En una misma jornada y con un lapso de pocas horas, el Parlament votó ayer una proposición no de ley que rompe con la Constitución e inició el debate de investidura del presidente de la Generalitat con una fumata negra en el horizonte.

Se decide romper paulatinamente con España –una declaración unilateral de independencia encubierta– y se mantiene en puntos suspensivos la gobernación del país. Este es el mensaje que el Parlament de Catalunya está a punto de enviar a los organismos internacionales, a las cancillerías europeas, al Gobierno de España y a toda la sociedad. Ruptura y poder vacante por falta de un mínimo acuerdo entre la mayoría.

Hay mayoría parlamentaria para proclamar esa virtual ruptura mediante una moción retórica, hiper­bó­lica y mal redactada, y no parece haberla para formar gobierno. Hay mayoría para la huida hacia delante y no la hay para una gobernación coherente. Esta es la fotografía del 9 de noviembre del 2015, jornada que pasará a la historia de los errores de Catalunya, con el agravante de la parodia. Una pequeña, triste y desla­vazada simulación del Sis d’Octubre de 1934, que puede poner en riesgo la autonomía de Catalunya, la amplia corriente de movilización social en favor del autogobierno registrada estos últimos años, y la propia autoestima de los catalanes. Bastaba observar el rostro de los miembros del actual Govern de la Generalitat durante la votación. Rostros graves, muy preocupados y encerrados en sí mismos. El semblante del presidente en funciones, Artur Mas, describía perfectamente la situación. No fue ayer un día alegre. No lo fue para gran parte de los ciudadanos de Catalunya. Sólo los diputados de la Candidatura d’Unitat Popular transmitían felicidad. ¡Con sólo diez escaños y el 8,2% de los votos han logrado arrastrar las aguas del Parlament hacia su molino! El grave error táctico cometido por la coalición Junts pel Sí y muy particularmente por Convergència Democràtica –el partido que ha gobernado Catalunya durante 28 de los 35 años de autonomía–, consistente en tramitar una resolución maximalista y rotundamente inconstitucional a cambio de nada, lo puede acabar pagando el conjunto de la sociedad catalana. No es inteligente. No es justo. No es necesario. No fue eso lo que se votó el pasado 27 de septiembre.

Después de más de tres años de intensas movilizaciones cívicas en favor de un mayor reconocimiento de Catalunya y de un trato más justo, llega el momento del error. Es decepcionante. Esas movilizaciones empezaron a desarrollarse en el 2010, inmediatamente después de la infausta sentencia sobre el Estatut, bajo la enseña del soberanismo, es cierto, pero desde el primer día han agrupado muchos matices y sensibilidades, logrando reunir a mucha gente con la premisa del gradualismo y la tranquilidad. El error del 9 de noviembre del 2015 consiste en dividir ese caudal cívico, instalar a la gran mayoría de la sociedad en una fase de angustia y alimentar, todavía más si cabe, los anticuerpos españoles contra el autogobierno catalán. Con el gesto de ayer nada se refuerza en Catalunya, salvo la genuina radicalidad de un partido que no alcanza el 10%. Nada se refuerza y el conjunto social sale perdiendo.

Quienes han auspiciado el error del 9 de noviembre deberían reflexionar urgentemente sobre ello y propiciar, lo antes posible, una inteligente rectificación. Nada se ha roto aún de manera irremediable. Hay que empezar a trabajar ahora mismo por una oportuna y eficaz reconducción. Hay tiempo. Existe una potencial mayoría parlamentaria para llevar a cabo esa rectificación después del 20 de diciembre.

La ruptura exprés y el maximalismo en ningún caso pueden ser la divisa de una mayoría parlamentaria que acudió a los comicios de septiembre con un logotipo de caligrafía cuasi infantil y con una promesa de independencia de costes reducidos. La coalición vencedora no se dirigió a los electores pidiéndoles el veloz advenimiento de la república catalana, expresión voluntariamente ignorada en su programa, con apoyo en votos inferior al 50% y sin mayoría absoluta. De haber incluido la resolución aprobada ayer en el programa, Junts pel Sí estaría hoy quizás por debajo de los sesenta diputados. El 27 de septiembre, la sociedad catalana no votó mayoritariamente ruptura exprés. Si el Parlament no interpreta correctamente esa realidad de fondo, podemos estar en puertas de una colisión nefasta para la autonomía de Catalunya tal como hasta hoy la hemos conocido.

La resolución aprobada por el Parlament no sólo choca con la Constitución vigente, sino que se sitúa al margen del orden europeo. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia la Unión Europea podría aceptar o mirar con simpatía que uno de sus territorios se proclame ajeno a las leyes vigentes y decida desconocer la jurisdicción del tribunal de garantías constitucionales. Desde la firma del tratado de Roma en 1957, jamás ha ocurrido cosa parecida en la Europa democrática. Quisiéramos recordar que el transversal catalanismo europeísta sigue teniendo mayoría en la sociedad catalana. Un motivo más para trabajar lo antes posible en la reparación del error.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció ayer mismo la puesta en marcha de los mecanismos de respuesta, que pasan por el Tribunal Constitucional (TC), dotado ahora de poderes coercitivos. La resolución será elevada al TC y este procederá a su anulación en las próximas 48 horas. Rajoy dijo ayer en la localidad de Béjar que la respuesta gubernamental será de carácter exclusivamente jurídico. “Aplicaremos sólo la ley, pero toda la ley”, afirmó el presidente, que hoy mismo volverá a entrevistarse con el jefe de la oposición, el socialista Pedro Sánchez. Es muy importante que el Gobierno se atenga al principio de “proporcionalidad” reiterado durante las últimas semanas y no se vea arrastrado por la reclamación de acciones punitivas, que viene efectuándose desde su ala derecha. La actuación del Tribunal Constitucional es suficiente.

Ley y política. La mayoría parlamentaria catalana ha cometido un grave error que contradice el deseo y la intención de parte de sus votantes y que puede colocar al Parlament en ruta de colisión con la propia sociedad, que mayoritariamente no desea rupturas, ni teatrales esguinces. El error debe ser rectificado. Estamos seguros de que después de las elecciones gene­rales habrá mayores márgenes para ello. Faltan poco más de cuarenta días para la cita del 20 de diciembre. La consigna catalana debe ser ahora mismo evitar cualquier tipo de aventura. Que se imponga la ­inteligencia.

10 - Noviembre - 2015

Declaración sin salida

EL PERIÓDICO de Catalunya (Director: Enric Hernández)

El Parlament consumó ayer la votación de la declaración soberanista que supone el presunto inicio de la «desconexión» con España y la desobediencia de las leyes y del Tribunal Constitucional si son contrarias a lo que decida la Cámara catalana. La resolución, recordémoslo, tiene la mayoría absoluta de los diputados del Parlament (72) pero queda muy lejos de los dos tercios (90) que los catalanes nos fijamos voluntariamente en el 2006 para modicar nuestro Estatut.

El independentismo se ha embarcado en un proceso de huida hacia ninguna parte que va a quedar en entredicho en escasos días cuando, a petición del Gobierno, el Tribunal Constitucionalsuspenda la resolución y advierta de inhabilitación a una serie de diputados y miembros del propio Govern (en funciones, para más inri). No dudamos de la voluntad de arrostrar las consecuencias judiciales, por ejemplo, de la presidenta del Parlament, pero ¿qué ocurrirá cuando se requiera la intervención de un funcionario para realizar una tarea derivada de la resolución? O esta es un brindis al sol del que sus señorías se van a olvidar mañana o las consecuencias que de ella se desprendan pueden poner a muchas personas fuera del marco legal. Se acabó el tiempo de las declaraciones cara a la galería. No se pueden organizar estructuras de Estado paralelas -leyes de Hacienda o de Seguridad Social, para empezar-, que derivan del mandato de ayer, a base de voluntarios. Como no es concebible la desobediencia de las leyes a gusto de cada cual. Con ello, el Parlament se sitúa al margen de cualquier regla del juego democrática y no puede encontrar la comprensión de nadie en el conjunto de España, en la Unión Europea, ni la comunidad internacional.

El sondeo de GESOP que este diario publicó el domingo indica claramente que la ruptura unilateral no es aceptada por la mayor parte de la ciudadanía y que hasta un 23% de los votantes de Junts pel Sí tampoco la comparten. La coalición ganadora de las elecciones, que no consigue los votos necesarios de la CUP para investir a Artur Mas, como veremos hoy, se ha cerrado todas las puertas a una negociación y se olvida del marco que genera el mayor consenso entre los catalanes, que es el de la consulta acordada. En su extravio, los independentistas conducen al país al precipicio y ni siquiera son capaces de elegir al conductor.

10 - Noviembre - 2015

Una traición que exige respuesta

ABC (Director: Bieito Rubido)

El Parlamento catalán consumó ayer su afrenta a la España constitucional. La mayoría independentista que conforman Junts pel Sí y la CUP, partido simpatizante de Batasuna, fraguó con una declaración ilegal su golpe de mano al Estado de Derecho y a la unidad de España. Hasta 72 diputados tomaron conciencia de estar ejecutando servilmente una ilegalidad prevaricadora para la creación ficticia de una república catalana, promovida por dirigentes contra los cuales es seguro que caben querellas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado por instigar un delito de sedición. Lo ocurrido ayer en Cataluña es la fase final de la secuencia de una traición, y un engaño masivo a casi ocho millones de ciudadanos que ya no merecen ser víctimas de una sola trampa más. Alimentar la mentira ya no es una utopía. Es sencillamente indecente. No habrá independencia simplemente porque es ilegal y porque –es una evidencia– va contra el criterio de una inmensa mayoría de españoles que aman a Cataluña como una parte inseparable de su identidad nacional.

La desobediencia a las leyes y el ataque frontal a la Constitución no están amparados en la libertad de expresión. Tampoco la rebeldía. Llegada a este punto la provocación ilegítima de una mayoría del Parlamento catalán desleal con su compromiso de cumplir y hacer cumplir las leyes, solo caben una resolución del Tribunal Constitucional, que anule automáticamente la declaración secesionista de ayer, y la preparación urgente de los mecanismos policiales que garanticen de modo fehaciente su cumplimiento. Y, en su caso, una contundente acción penal que permita poner a disposición judicial a quienes se enfrenten al Estado de Derecho. Como cualquier otro delincuente. Conspirar para rebelarse contra la Constitución no puede ser una opción en España, y el Gobierno está obligado a no consentirlo, cueste lo que cueste. Poner en jaque al Estado de Derecho no es ninguna estrategia política que merezca las bondades del diálogo con quienes imponen un chantaje inasumible y nada quieren pactar. Nada de lo votado ayer en la Cámara catalana es abordable desde la cesión, la negociación o terceras vías vacías de contenido. El imperio de la Ley y la perversión de las mayorías reales no pueden ser negociables en democracia. Ahora solo cabe reponer el orden jurídico destruido en Cataluña por la más severa agresión causada a la Constitución desde el intento de golpe de Estado de 1981.

Cataluña vive en un caos político, económico, social y emocional. Ayer por la tarde, tras la votación de la infamia independentista, su Parlamento comenzó una nueva escenificación: un debate de investidura que tampoco saldrá adelante por la incapacidad de presentar a un presidente de la Generalitat que concite un mínimo de acuerdo. Sumidos en el shock de la mentira, los ciudadanos no saben a qué atenerse con una declaración unilateral de independencia abocada al fracaso, sin estructuras sólidas de poder, en manos de un rescate estatal para poder pagar sus nóminas públicas, o sus medicamentos, y sin certidumbre política alguna porque nadie descarta la repetición de las elecciones. Ni Artur Mas ni Convergència han podido equivocarse más. Hoy, el Estado debería condicionar la cesión de dinero del Fondo de Liquidez Autonómica a una rectificación de la “desconexión” anunciada ayer. Ser independiente a medias, y vivir de la solidaridad del Estado del que Cataluña quiere “desconectarse”, es decir, de España, es el colmo de una indignidad que no merece ni uno solo de los catalanes.

La réplica unitaria ofrecida ayer por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto con el líder de la oposición, Pedro Sánchez, y Albert Rivera es un consuelo dentro del drama. La unidad frente a la secesión realza el valor de España como una nación comprometida contra las embestidas del independentismo. Sin embargo, la tensión política es generadora de incertidumbre, y esta, a su vez, provoca desconfianza en otros países y en su capacidad inversora. Por eso, no es posible que el Estado dude en su réplica. Es demasiado lo que está en juego. La incertidumbre no suma. Frente a la amenaza no caben la división o el tacticismo partidista, y tanto Sánchez como Rivera están demostrando un sentido de Estado acompasado con el liderazgo de Rajoy frente a esta crisis. Artur Mas no ha podido hacer más daño a Cataluña. Ahora, con el TC, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y si es preciso con la suspensión de algunas facultades autonómicas previstas en el artículo 155 de la Constitución, es el momento de poner fin a una etapa atrabiliaria, delirante e inconsciente. Es la hora de frenar la secuencia de una traición. La ley lo exige y los catalanes lo merecen.

Ahora solo cabe reponer el orden jurídico destruido en Cataluña por la más severa agresión causada a la Constitución desde el intento de golpe de Estado de 1981.

10 - Noviembre - 2015

Democracia frente a separatismo

LA RAZÓN (Director: Francisco Marhuenda)

Hay que evitar el dramatismo con el fin de mantener la lucidez suficiente para abordar la esencia del plan independentista en Cataluña: de imponerse sobre el conjunto de los españoles, sería una derrota de la democracia. Lo que se aprobó ayer en el Parlamento catalán fue una declaración unilateral de independencia, es decir, una ruptura con el Estado español, aunque nos ahorraron el bochornoso espectáculo de oír de nuevo los viejos agravios históricos y algo más importante que se ocultó intencionadamente: las consecuencias que tendría en el bienestar de catalanes y españoles. La aprobación de ayer fue un acto execrable porque no se ajusta a la legalidad, se basó en una burla aderezada con prosa tan grandilocuente como vacía y radicalismo de manual, y no se respetó la mínima formalidad requerida para una declaración de esa trascendencia: si para reformar el Estatuto de Autonomía se requieren dos terceras partes de votos de la Cámara a favor, es un abuso despótico que para decidir la independencia sólo sea necesario poco más del 50%. Pero no entraremos en esos juegos minados a los que nos tienen acostumbrados los nacionalistas, unas trampas retóricas para argumentar que es necesario un «Estado nuevo» –de reminiscencia salazarista y corporativo– que resuelva la justicia social, la igualdad y la reconciliación entre ciudadanos pobres y ricos siempre que sean catalanes y, por lo tanto, erradicando el debate de ideas y el contraste de opiniones. Hablamos de un Estado con una clara tendencia a la uniformidad. Un Estado construido sobre estas bases es lo más parecido al totalitarismo descrito por Hanna Arendt: la anulación de la pluralidad y de la diversidad humanas. Aunque estamos acostumbrados a oír que España es culpable de todos los males de Cataluña –desde la corrupción integral de CDC hasta la privatización de la Sanidad–, no deja de reflejarnos la bajeza moral del nacionalismo al ocultar sus carencias en la gestión de los asuntos públicos –dicho después de 30 años de autogobierno, va más allá del cinismo: es desvergüenza en el mentir, según el diccionario de la Lengua española– para armarse de razones en la proclamación de la independencia, precisamente anunciado desde uno de los territorios más prósperos de Europa. Vuelven las instituciones catalanas a situarse en la ilegalidad, tanto la presidencia como el Parlamento, jactándose, además, de que no cumplirán las «leyes españolas» ni, por supuesto, la sentencia del Tribunal Constitucional. Conviene tener claro que la responsabilidad de lo sucedido ayer es única y exclusiva de los 72 diputados que votaron a favor, así como de la propia presidenta del Parlamento. Por lo tanto, no entremos en el juego de las simulaciones, sino en la aplicación estricta de la Ley. El Consejo de Ministros se reunirá mañana para aprobar el recurso que presentará ante el Tribunal Constitucional, previo informe del Consejo de Estado. El Gobierno, como ayer reiteró Mariano Rajoy en Béjar, pedirá la suspensión cautelar de la moción, que se hará efectiva en el momento en que el Alto Tribunal acepte a trámite el recurso. Sabemos que la deriva provocadora de Artur Mas y los líderes del independentismo les llevará a no obedecer. En este sentido, dicha suspensión será comunicada a la presidenta del Parlamento catalán «para que tenga en cuenta que la iniciativa recurrida no tiene ningún valor y no puede tener ninguna consecuencia». Tampoco ayer se habló de las consecuencias inmediatas de una declaración de independencia. Entre los argumentos a favor de Junts pel Sí y de la extrema izquierda de la CUP, en ningún momento se habló de algo tan básico como que Cataluña quedaría fuera de Europa. Jean-Claude Juncker, como presidente de la Unión Europea, ya anunció que «el territorio de un Estado miembro está determinado por el Derecho constitucional nacional y no por una declaración de un Parlamento autonómico contraria a la Constitución de este Estado». La anormalidad del «proceso» llevó a que, una vez aprobada la resolución, diese comienzo el debate de investidura del candidato Artur Mas. Es patético ver al máximo responsable de este golpe al Estado ofreciéndose para presidir de nuevo la Generalitat, él, que no es un ejemplo ni moral ni político de lealtad al conjunto de la sociedad catalana. Mas encarnó ayer la imagen esperpéntica del general que después de llamar a la insurgencia, se ofrece como remedio. Si Cataluña no reconoce que se sitúa abiertamente en la ilegalidad, indicará que sufre unas carencias democráticas graves. La pregunta es: ¿y ahora qué? Ante todo, debemos ser conscientes de que el choque se produce entre los defensores de los principios democráticos universales y los separatistas que no respetan la legalidad, una coalición formada por nacionalistas que quieren hacer valer privilegios históricos y la extrema izquierda eurófoba. Desde las páginas de LA RAZÓN defendemos la unidad de España, la Constitución y la igualdad entre territorios, única bandera que una nación libre puede levantar con orgullo. Como señaló ayer Mariano Rajoy en lo que ya podemos llamar la «declaración de Béjar», «nos ha costado mucho llegar hasta aquí, y vamos a preservar todo lo bueno que hemos logrado juntos».

10 - Noviembre - 2015

¿Qué quiere decir estar a la altura de un momento histórico?

ARA (Director: Carles Capdevila)

Lo que se vivió ayer en el Parlamento de Cataluña pasará a los libros de historia, pero aún no está claro si será con capítulo propio y con letras grandes o como un subapartado de la crisis política española del primer tercio del siglo XXI. Esto dependerá del curso que tomen los acontecimientos en los próximos días. Es evidente, y en eso coincide todo el mundo, que para aplicar la declaración de inicio del proceso que ha de convertir Cataluña en un estado independiente es necesario un gobierno fuerte y transversal, capaz de afrontar la ofensiva que ya prepara el Estado. Y el primer paso para tener este gobierno es la investidura de un presidente.

La aritmética de las urnas ha querido que para invertir el candidato de Juntos por Sí, Artur Mas, sean necesarios al menos dos votos afirmativos de la CUP, una fuerza que se comprometió en campaña -y lo ha repetido un montón de veces- no votar en ningún caso el actual presidente. Sin embargo, las dos candidaturas independentistas han hecho camino desde el 27-S, han sabido encontrar puntos en común en las diferentes mesas de trabajo y han pactado el contenido de la resolución aprobada ayer.

Si a todo esto le sumamos el contenido del discurso de Artur Mas de ayer, su compromiso de aplicar un programa de fuerte acento social (con propuestas como la renta mínima garantizada, que hasta hace poco eran tabú para CDC) y de no alargar la legislatura más allá de 18 meses, cada vez hay menos argumentos para continuar negándole el apoyo en la votación de hoy.

Entendemos el valor que tiene una promesa electoral e incluso un posicionamiento ideológico claro y contundente como el de la CUP, y aceptamos que un cambio de criterio tendría un importante coste a nivel interno y externo, pero es precisamente en las situaciones excepcionales cuando hay tomar decisiones valientes y arriesgadas, asumir sacrificios, pagar un precio, en definitiva, para obtener un bien superior.

Es en momentos como el que ahora vive Cataluña que hay que valorar muy bien los pros y los contras de una decisión, calibrar las consecuencias a largo plazo y plantearse muy seriamente qué significa estar a la altura del momento histórico actual; entender qué es lo que reclama. Y, sobre todo, cuáles son los riesgos de no cambiar el guión y mantenerse inmóvil.

10 - Noviembre - 2015

La història no espera els que dubten

EL PUNT AVUI (Director Xevi Xirgo)

El Parlament de Catalunya va fer ahir el gran pas. L’independentisme sorgit de les urnes ha iniciat de forma legítima i democràtica el procés de desconnexió de l’Estat espanyol. Mai s’havia anat tan lluny com ahir. Mai anar tan lluny havia comptat amb un suport ciutadà i parlamentari tan important. Mai Catalunya, en els últims tres-cents anys, havia decidit en una votació traspassar la porta cap a la plena sobirania, atenent una demanda que la ciutadania ha demanat a les urnes amb la força necessària i suficient per fer-ho. Mai abans havia passat res d’això, però tot això podria acabar com sempre: amb la decepció, la frustració i el fracàs derivats de la incapacitat crònica de les forces catalanistes d’administrar i gestionar victòries amb la intel·ligència política i la visió estratègica que exigeix el moment.

A Madrid els principals partits, i fins i tot els líders que aspiren a ocupar un lloc entre les grans formacions, no dubten a alinear-se al costat del president del govern, un dirigent amb moltes més ombres que llums en qualsevol terreny. Hi ha una interpretació clara del sentit d’estat. Mentrestant, a Barcelona, les picabaralles intestines, els apriorismes i fins i tot els prejudicis de classe s’interposen a l’hora de travessar l’últim llindar cap a la llibertat. Si avui, o a tot estirar demà passat, no hi ha investidura del president de la Generalitat, és indiscutible que el procés està tocat. Molts grans moments depenen de saber aprofitar la conjuntura favorable.

La història no va mai a la contra dels que, pacients, saben deixar arribar el moment, però mai no s’atura a esperar aquells que no saben aprofitar les oportunitats com la que avui Catalunya té al davant.

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