Los diputados de Ciudadanos, el PSC y el PP abandonaron el hemiciclo

El Parlamento Catalán aprueba unilateralmente su referendum para hacer efectiva la secesión desatando una crisis institucional

HECHOS

El 7.09.2017 el Parlament de Catalunya aprobó la Ley de Transitoriedad para arrogarse la función de convocar un referendum vinculante para la independencia de manera unilateral.

SESIÓN DE BRONCA EN EL PARLAMENT CATALÁN:

 En el momento de la votación los diputados, los diputados de Junts pel Sí y de las CUP votaron a favor, mientras que los diputados de Ciudadanos, PSC y PP abandonaban el hemiciclo y los diputados de Catalunya Si que es Pot (Podemos) votaban en contra, dejando un resultado de 71 contra 10.

 El diputado de Ciudadanos, D. Carlos Carrizosa criticó a la presidenta del Parlament, Dña. Carme Forcadell (de Junts pel SÍ) por alterar el orden del día y atribuirse funciones que no le correspondían. “Gracias por decirle a esta presidenta lo que debe hacer”, respondió irónica la Sra. Forcadell.

  “Catalunya es una nación, hemos buscado ser reconocido como tal en el marco constitucional, pero ustedes ese pacto constitucional se lo han cargado”. Pero (Carles Puigdemont)

 “¿Por qué están asumiendo un debate que no se han creído nunca, que ustedes han rebatido hasta bien poco?” (Dña. Inés Arrimadas, de Ciudadanos)

 “Ustedes saben que el referéndum que han prometido no se puede hacer. Ustedes saben que no habrá Estado de Catalunya el 2 de octubre” (D. Miquel Iceta)

 “La épica del golpe en la puerta es efímera y todo el resentimiento que hoy alimenten mañana será frustración”(D. Xavier García Albiol, del PP)

 “Yo no quiero que mi hijo Daniel viva en un país en el que una mayoría pueda tapar los derechos de los que no piensan como ella. No estoy dispuesto” (D. Joan Coscubiela, Catalunya si que es Pot-Podemos) [su intervención logró poner en pie a todos los diputados de Ciudadanos, PP y PSC aplaudiéndole].

 “No es un debate sobre dos legalidades, como si transcurriesen de forma paralela, es un debate entre un poder establecido contra un poder que construimos desde abajo” (D. Benet Salellas, de las CUP)

 “Estamos dispuestos a permanecer aquí hasta que arda el Infierno para defender la legalidad” (D. Alejandro Fernández, PP)

DIPUTADA DE PODEMOS EXPRESA SU DESPRECIO POR LA BANDERA ESPAÑOLA

 Al abandonar sus escaños en el momento de la votación, los diputados del PP dejaron sobre sus escaños la bandera nacional de España y la bandera oficial de Catalunya. La diputada de Catalunya Si que es Pot (Podemos), Dña. Alejandra Martínez Castells, se molestó en dirigirse hasta los escaños del PP y tirar las banderas españolas dejando únicamente las catalanas, a pesar de la petición de la presidenta de Parlament, Sra. Forcadell, para que respetara los escaños populares. El Secretario General de Podemos, D. Pablo Iglesias, pidió a la diputada de su grupo socio en Catalunya que se disculpara, pero ella se negó y dijo que quien tenía que pedir perdón era el PP.

 El Presidente de Gobierno, D. Mariano Rajoy, compareció para anunciar que impugnaría la Ley de Transitoriedad ante el Tribunal Constitucional y garantizó que el referendum no se celebraría.

06 - Septiembre - 2017

Ojalá el mundo no nos esté mirando

Enric Hernández

EL 6 de septiembre amaneció como otra jornada histórica del procés soberanista, pero anocheció entre el bochorno de propios y extraños. Ningún catalán, sea o no independentista, podrá sentirse orgulloso por el modo en que el Parlament ha declarado la independencia por la puerta de atrás: mediante una proclama de autodeterminación camuflada bajo la ley pergeñada en secreto para, al menos de cara a la galería, procurar amparo jurídico al referéndum unilateral del 1-O.

La tramitación parlamentaria de esta norma era un enojoso escollo para el bloque soberanista. Puesto que la misma proposición de Junts pel Sí y la CUP ya anticipaba la desobediencia ante cualquier suspensión que dicte el Tribunal Constitucional, poco importaba respetar el reglamento de la Cámara, atender las recomendaciones de los letrados del Parlament o solicitar, aunque fuera para luego desoírlo, el preceptivo dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, como este pidió por unanimidad. Y, por supuesto, debatir las enmiendas de las minorías, incluso por la vía de urgencia, suponía otro engorro para la mayoría independentista que la presidenta del Parlament, una agitada Carme Forcadell, trató en vano de agilizar.

La bronca  parlamentaria alentada por los grupos de la oposición no era un simple pataleta: buscaba evidenciar ante la ciudadanía el atropello parlamentario con el que se estaba consumando la ruptura de la legalidad en el Parlament. El abandono del hemiciclo por parte de los diputados de Ciudadanos, PSC y PP ilustró, por lo demás, la fractura política y social que está acarreando el proceso separatista. Ojalá el mundo no nos estuviera mirando, porque el espectáculo que ha ofrecido Catalunya dista de ser un ejemplo de comportamiento democrático. Y esto no ha hecho más que empezar.

La mayoría parlamentaria –minoritaria en votos– al aprobar la ley del referéndum, y el ‘president’ Carles Puigdemont al firmar la convocatoria del 1-O junto al resto del Govern, han cruzado una línea roja que no tiene marcha atrás: la desobediencia a los tribunales y la conculcación de las leyes por parte de las máximas autoridades catalanas. A diferencia de Artur Mas, que el 9-N acató los fallos del Constitucional para luego esquivarlos con el tácito consentimiento de Mariano Rajoy, Puigdemont y los suyos se han saltado a sabiendas el Estatut y la Constitución, incurriendo además en graves delitos tipificados en el Código Penal.

LA DIGNIDAD INSTITUCIONAL

En nombre de la democracia puede revindicarse el derecho de los catalanes a decidir su futuro. En nombre de la dignidad de Catalunya cabe instar al Estado a rehacer el pacto estatutario, que el Constitucional dinamitó al mutilar el texto refrendado en las urnas. En nombre de la convivencia es legítimo pedir, en suma, que España asuma sin complejos su pluralidad nacional y dispense a Catalunya el trato singular al que aspira. Pero no es de recibo blandir la democracia saltándosela, minar la dignidad de las instituciones propias ni azuzar irresponsablemente la división entre los catalanes.

07 - Septiembre - 2017

Crisis del Estado

LA VANGUARDIA (Director: Marius Carol)

El Govern firmó ayer la convocatoria del referéndum del 1-O al final de un pleno caótico. En el Parlament se produjo un intenso forcejeo reglamentario entre los partidos de la oposición y la mayoría independentista, que impuso la aprobación de la ley que proclama la soberanía catalana y regula la celebración del referéndum de independencia. Un total de 72 diputados votaron a favor, 11 se abstuvieron y los 52 restantes mostraron su rechazo con su ausencia.

Antes de someterse el proyecto de ley a discusión, por el procedimiento de urgencia modificado en fecha reciente por la mayoría parlamentaria independentista, el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, advirtieron a la presidenta de la Cámara que la tramitación de las denominadas leyes de “desconexión” (ley del Referéndum y ley de transitoriedad jurídica) colisiona con recientes sentencias del Tribunal Constitucional. La presidenta no quiso proceder a la lectura pública de este escrito, pese a la petición de la oposición.

Tensa, confusa y convulsa, la sesión parlamentaria fue un claro reflejo de la división política y social que suscita la aventura que han decidido emprender los partidos de programa independentista (PDECat, ERC y CUP), formaciones que lograron sumar la mayoría absoluta de los escaños en las elecciones de septiembre del 2015, gracias a los premios territoriales de la vieja ley electoral vigente, sin superar la prueba plebiscitaria a la que ellos mismos habían decidido someterse. El independentismo tiene 72 diputados en el Parlament pero se quedó por debajo del 50% en votos. Se prometió una independencia low cost y no se logró superar el plebiscito. En lugar de admitir esa realidad, los líderes de la coalición Junts pel Sí, recelosos los unos de los otros –si Artur Mas no admitía que el plebiscito no se había superado, tampoco podía hacerlo Oriol Junqueras–, optaron por la fuga hacia adelante, quedando en manos de la CUP, que con sólo diez diputados y 337.000 votos, pasaba a controlar la agenda política catalana. Ese es el origen más inmediato de la actual situación. Esa es una de las claves del lamentable espectáculo de ayer en el Parlament.

La institucionalidad catalana quedó ayer gravemente herida

La fragmentación política del país ha vuelto a quedar de manifiesto. No se puede imponer un programa de ruptura sin una inequívoca mayoría social. (Y en el caso de poseer una inequívoca mayoría social, los procedimientos tampoco podrían ser los adoptados ayer). No se puede salir al abordaje de la Constitución de un Estado miembro de la Unión Europea con una sociedad partida en dos. No se puede imponer la aprobación de una ley que en la práctica cancela el Estatut, sin apenas margen para la deliberación y la enmienda. Si un nuevo Estatut pide una mayoría de dos tercios para su aprobación, su cancelación no se puede adoptar por mayoría simple, ­mediante un trámite exprés. No se puede tratar a los partidos de la oposición con el desdén que caracteriza a algunas de las democracias precarias del antiguo ­glacis soviético. No se puede aplicar la ley del embudo en un Parlamento de la Europa democrática. Menguados sus derechos ante la deliberación más importante desde la reapertura del Parlament en 1980, los diputados de la oposición recurrieron al obstruccionismo. ¿Qué otra cosa podían hacer? La institucionalidad catalana quedó ayer gravemente herida. La presidenta Carme Forcadelldemostró no estar a la altura de los acontecimientos. Convocada la votación, los diputados de Ciudadanos, PSC y Partido Popular abandonaron el hemiciclo.

El Consejo de Ministros se reunirá hoy para inter­poner un recurso de inconstitucionalidad. Con toda probabilidad, el Tribunal Constitucional declarará nula la votación del Parlament antes de que concluya la semana. El Govern de la Generalitat y la mayoría parlamentaria que le acompaña ya han anunciado que desobedecerán al Tribunal Constitucional –así lo confirmaba el presidente Carles Puigdemont en una ­entrevista publicada en LA VANGUARDIA el pasado domingo– y en los próximos días intentarán poner en marcha los dispositivos logísticos necesarios para que el referéndum se pueda llevar a cabo el próximo 1 de octubre.

A la espera de posteriores decisiones del Consejo de Ministros y del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas se dispone a exigir una fianza de cinco millones de euros al expresident Artur Mas, a tres exconsellers y a siete altos cargos de la Generalitat por los costes económicos de la consulta del 9 de noviembre del 2014, en su día declarada inconstitucional. La ampliación de responsabilidades a los altos funcionarios puede leerse como un claro aviso a quienes en los próximos días y semanas incurran en desobediencia. En este contexto va a tener lugar el próximo lunes la celebración del Onze de Setembre. En este contexto, también, la sociedad catalana sigue de luto por los atentados del terrorismo islámico en Barcelona y Cambrils, de los que todavía no se ha cumplido un mes. Estamos ante una situación muy delicada.

La Comisión Europea debe mostrar su criterio sobre lo acontecido en Catalunya

Estamos ante una grave crisis de Estado. En tiempos pretéritos, un siglo atrás, ochenta años atrás, estaríamos probablemente bajo estado de excepción. El 6 de octubre de 1934, hace ochenta y tres años, cuando el presidente Lluís Companys salió al balcón de la Generalitat para proclamar “l’Estat català dins la República federal espanyola”, el Gobierno de la República proclamó el estado de guerra. Companys no efectuó una proclama estrictamente independentista, puesto que anunciaba un Estado catalán dentro de la República federal española, entonces inexistente, en un contexto de alta tensión por el auge del fascismo en Europa. Companys y casi todo su gobierno acabaron en la cárcel. Afortunadamente, aquellos tiempos quedaron atrás. Vivimos hoy en una sociedad más abierta, protegida por la malla de la Unión Europea. En este sentido será muy importante conocer en los próximos días el criterio de la Comisión Europea sobre los acontecimientos de esta semana en Catalunya.

Lo sucedido en el Parlament daña gravemente la institucionalidad catalana. Y la institucionalidad –pulcritud, respeto a las normas y procedimientos, respeto a la minoría, amor por las formas– es fundamental. Institucionalidad es poder. Esa fue una de las grandes lecciones de Josep Tarradellas hace ahora cuarenta años. Catalunya no se aproxima a la dictadura. Catalunya se halla en un trance político muy complicado, del cual dependerá la evolución política de toda España. Hay un gran enfado y descontento en la sociedad. Hay un fuerte deseo de autogobierno, que el independentismo no ha logrado transformar en una mayoría absoluta de sufragios. Los acontecimientos de ayer dañan la institucionalidad catalana, dejan a la intemperie a la mitad de la sociedad, debilitan la causa de Catalunya en los debates públicos, empañan la imagen del país en Europa y debilitan al propio independentismo. Ese no es el camino.

07 - Septiembre - 2017

Golpe

Bieito Rubido

Sobre el problema catalán está escrito todo pero, como se agrava de día en día, habrá que insistir en lo obvio, ya que malos tiempos son aquellos en que hay que subrayar lo evidente. Los sediciosos catalanes perpetraron ayer el primer acto de un golpe de Estado. Invocando la democracia, protagonizaron un episodio profundamente antidemocrático. Bajo la apariencia de moderación, son unos desmedidos en busca de bronca. Se trata, en definitiva, de un dislate que solo cabe enfrentar de dos maneras: o mediante la intervención de la autonomía con la graduación que el actual Gobierno considere más eficaz, o desde una apariencia de debilidad que inquieta a millones de ciudadanos que no entienden cómo esto pudo llegar tan lejos. Lo más llamativo de todo es el desprecio de los independentistas al juego democrático y a las leyes. Pobre Cataluña, para la que no se divisan horizontes despejados, pero cada pueblo tiene la suerte que se merece, cuando se entrega a políticos carentes del más elemental credo democrático. No se puede permitir tal desbarajuste, y el Estado no puede inhibirse ante amenazas ciertas contra la unidad de España.

07 - Septiembre - 2017

Por lo menos pedid perdón, estúpidos

José Javier Esparza

Hace veinte, treinta años, algunos dijimos y escribimos que esto iba a pasar: que el Estado de las Autonomías iba a terminar estallando. No por el diseño autonómico en sí mismo (que es una forma de descentralización como cualquier otra), sino porque no había ninguna fuerza centrípeta nacional que compensara la fuerza centrífuga de las regiones. Elevar a los partidos separatistas catalán y vasco a la condición de protagonistas hegemónicos de sus respectivos territorios era abrir el campo a la construcción de nuevas naciones. Convertir los demás gobiernos autonómicos en predio de los partidos para desplegar su poder clientelar era una forma de feudalizar el Estado. Abstenerse de intervenir en los abusos y desviaciones de los poderes locales, ya fuera en la financiación o en la educación, era una vía segura para romper la unidad nacional. Y bien, ya hemos llegado.

Hace veinte, treinta años, sí, algunos decíamos y escribíamos eso, y entonces el coro de la opinión biempensante nos colgó los sambenitos y corozas de la nueva inquisición y nos cubrió de oprobio. “¡España no se va a romper!”, nos decían entre carcajadas displicentes. “¡Lo único que quieren es más dinero!”, reían otros poniendo cara de ser muy, pero que muy listos. “¿Y qué quieres? ¿Mandar a los tanques?”, preguntaban los vigilantes de la pureza democrática con estupidez no siempre fingida. “¡Tú es que eres un fascista!”, acusaban otros mientras, tal vez, cobraban de algún gobierno autonómico. Pero no: España se podía romper, en efecto, porque esa gente no quería sólo más dinero, sino más poder, y no era preciso “mandar a los tanques” para evitarlo, sino que bastaba con que el Estado, la nación de todos, interviniera. Pero nunca intervino.

Por interés, por malicia o por estupidez, el conjunto del establishment en España –político, mediático, económico, también judicial- ha dejado que esto pase. Y ahora descubre, horrorizado, que el país se le deshace entre las manos. Quiero escuchar actos de contrición. Quiero que todos los que me espetaron aquello de “España no se va a romper” salgan ahora y digan “me equivoqué”. Quiero que todos los que me llamaban “fascista” por defender la unidad nacional presenten sus excusas. Quiero que todos esos que decían “sólo quieren más dinero” asomen hoy la cabecita y escriban en su frente una frase del tipo “sí, fui tonto”. Por lo menos pedid perdón, estúpidos.

07 - Septiembre - 2017

Naufragio del ‘procés’

EL PAÍS (Director: Antonio Caño)

El debate del Parlament que lanzó la ley del referéndum secesionista supone el cénit de radicalidad y tensión en el desafío contra la democracia española y contra la legalidad y las instituciones catalanas de autogobierno que el procés soberanista abrió hace un lustro.

Pero el tiempo acerca enormemente ese mismo proceso a su naufragio. Desprovisto el bloque secesionista de alianzas; expulsados los moderados y legalistas del nacionalismo de sus partidos; purgados los prudentes del Govern; fragmentada la sociedad catalana, y recorrida una esotérica hoja de ruta que ha llevado a la descomposición política y a la anomia gubernativa, solo faltaba el broche para iniciar el capítulo final de esta descabellada aventura.

El espectáculo que dio este miércoles la exigua mayoría fue el reverso del respeto a la legalidad que prometía

Un broche final que fue el espejo cóncavo de un movimiento social cuyos inicios habían perseguido ser amables, próximos, cívicos y pacíficos, como un 15-M del soberanismo. El espectáculo ofrecido este miércoles por la (exigua) mayoría parlamentaria independentista (representativa de una minoría de votos populares) y por la presidenta de la institución, Carme Forcadell, no solo es que fuera atropellado, vergonzoso y atrabiliario en su intento de aplastar a la oposición, a los millones de votantes que esta representa, y por tanto al Estado de derecho y al sistema democrático en su conjunto. Es que supuso el reverso de la pulcritud, el respeto a la legalidad y la transparencia que prometía.

El primer gran acto de la ruptura fue, sí, parlamentario. Pero turbulento, como corresponde a un movimiento que pretende destruir lo construido conjuntamente durante cuatro décadas de democracia española; autonomía catalana; gran contribución de los catalanes al quehacer colectivo y balsámica pertenencia a Europa.

El separatismo intentó acallar a la minoría abusando ilegalmente del reglamento y la presidencia

El intento de someter a los diputados de la oposición y partir en dos a la Cámara (y, por tanto, romper también en dos frentes a la entera Cataluña) provocó una dignísima respuesta de las minorías. Y evidenció los malos y abruptos modos, excluyentes, autoritarios y de escasa urbanidad que la mayoría, el grueso de la Mesa y la presidencia dispensaron a aquellos en quienes confiaron más de la mitad de los electores.

El procedimiento simplificado, opaco, exprés, carente de garantías, huérfano de control de constitucionalidad y de plazos suficientes para las enmiendas y el debate quedó a la vista de todos: como muestra de que se pretende el hercúleo desastre de romper la convivencia y la legalidad mediante una ley casi clandestina, desprovista de toda credibilidad parlamentaria y de todo estándar democrático.

Algunos de los diputados más despiertos del bloque secesionista se percataron de que el planteamiento sectario de esta ley, y los modos a la par serviles y autoritarios de la presidencia, hacían peligrar su proyecto ante la ciudadanía que siguió el debate. Y por supuesto ante la escena internacional. Con pesar —sin duda compartido por muchos—, hay que lamentar el desprestigio al que ha sometido a una institución que había sido avanzadilla en muchos progresos sociales, del testamento vital a la lucha contra la pobreza.

No es excepcional en la historia parlamentaria universal el caso de una Cámara que se automutila (en ocasiones hasta el suicidio), entregando sus poderes a Ejecutivos dislocados, líderes peligrosos o proyectos descabellados.

El veto de la Mesa a la solicitud de un dictamen de constitucionalidad al Consell de Garanties Estatutàries supone un inaceptable recorte de los derechos de los representantes democráticos y un atentado contra la propia normativa estatutaria, como certificó también un breve pero solemne acuerdo del propio organismo: la respuesta de la Mesa de que la mayoría de escaños prevalece sobre todo lo demás (como los organismos para su control) concita fantasmas dictatoriales. Aquellos que reducen primero la soberanía popular en hegemonía de la Cámara y acaban jibarizándola a su mayoría circunstancial.

Así que ese veto entraña también una dramática autolesión de la Cámara y un consecuente perjuicio a su credibilidad. A partir de ahora, su normativa sin filtros de calidad y sin coherencia con la imprescindible jerarquía normativa, coexistirá con la legislación correcta, y bien se sabe que la moneda falsa acaba expulsando del mercado a la auténtica. Pierde ante todo Cataluña y todos los catalanes.

El plan secesionista ya ha fragmentado a la sociedad catalana, pero su propósito inmediato va más allá: quebrar la complicidad y la solidaridad de los españoles y del Estado plural y descentralizado del que se han dotado. El recurso del Gobierno a restituir la legalidad desde la justicia apelando al Tribunal Constitucional es adecuado y proporcionado. Y es especialmente loable que los grandes partidos de la oposición, que mantienen con él enormes diferencias de toda suerte, apoyen sin paliativos esta actuación. Sin retornar a los cauces de la legalidad común, la cuestión catalana se alejaría de soluciones factibles, constructivas, que eviten la división y quién sabe si mucha frustración y dolor.

07 - Septiembre - 2017

Firmeza ante el golpe totalitario del separatismo

EL MUNDO (Director: Francisco Rosell)

El independentismo perpetró ayer en el Parlament un gravísimo golpe al Estado de Derecho al aprobar, vulnerando las garantías democráticas, la ley del referéndum ilegal con el que quiere sustentar la quimera de su república. La imagen de los diputados separatistas con el puño en alto cantando Els Segadors resultó espeluznante. Y la escenificación del Govern firmando en pleno el decreto de convocatoria, un desafío inaceptable. Al situarse deliberadamente al margen de la ley, Junts pel Sí y la CUP, con la complicidad de Podemos, han dado «una patada a la democracia», en atinadas palabras de la vicepresidenta del Gobierno. Una agresión totalitaria que exige una respuesta contundente y coordinada de todos los poderes públicos. Ante la ciega obcecación de los secesionistas, el Estado debe actuar con ley, serenidad y firmeza. Ley contra la usurpación de la soberanía al pueblo español. Serenidad frente a la provocación de los golpistas. Firmeza ante un órdago, ya explícito, a nuestro Estado de Derecho.

El Parlament se convirtió ayer en el escenario de una rebelión de los separatistas comandada por la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell. Sin contar con una mayoría de votos en las urnas, los secesionistas se escudaron en su mayoría de escaños para consumar su golpe. Intentando disfrazar el Pleno con la solemnidad propia de un acto en el que se iba a aprobar el texto fundacional de su república orwelliana, el Parlament aprobó sus leyes para la desconexión saltándose todos los procedimientos de garantías democráticas.Por la vía urgente, ocultando quién ordenó publicar los textos en su Boletín Oficial del Parlamento y obstaculizando la presentación de enmiendas de los grupos parlamentarios que no comparten su doctrina. Así se consumó el alzamiento totalitario de quien quiere sacar a Cataluña de la ley para someter el poder judicial, con el fin de amnistiar a sus fieles encausados en procesos judiciales, y controlar los medios de comunicación para imponer su pensamiento único.

La respuesta por parte del aparato del Estado a este atropello a los derechos parlamentarios que denunció la oposición constitucionalista no se hizo esperar. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anunció una querella contra los cinco miembros de la Mesa del Parlamento autonómico, encabezados por Forcadell. También, desde el Gobierno central, la vicepresidenta compareció en Madrid para anunciar que el presidente, Mariano Rajoy, ha puesto en marcha la maquinaria jurídica para frenar los textos que el Parlament aprobaría horas después.

El Estado debe extremar su alerta y actuar con frialdad ante la premeditada provocación a nuestra democracia del independentismo. Para ello, el Gobierno debe contar con el respaldo de toda la oposición constitucionalista. Ante el desafío al que nos enfrentamos, debe pesar más lo que une a quienes acatamos la Constitución que lo que nos separa. En este punto, es obligado resaltar la simbólica intervención del portavoz de Catalunya Sí Que es Pot, Joan Coscubiela,en la sesión de ayer, en la que denunció la «actuación antidemocrática sin precedentes» de los secesionistas y no se acomplejó por los aplausos que recibió desde las filas del PP, PSC y Ciudadanos.

Junto a las fuerzas políticas, el Ejecutivo debe coordinar su respuesta con una rotunda actuación de los órganos judiciales, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía. Los pasos ya dados, como el control del Presupuesto desde el Ministerio de Hacienda, para evitar que su causa separatista se financie con recursos públicos, o la millonaria fianza de cinco millones de euros que ha impuesto el Tribunal de Cuentas a Artur Mas y sus colaboradores en el 9-N van en la buena dirección. Hasta ahora se ha actuado con mesura. Pero la línea roja que cruzó ayer el Parlament va a exigir nuevas respuestas, entre las que aún estamos a tiempo de contemplar el recurso al artículo 155.

Superar la fractura social en Cataluña no será fácil. Lo prioritario es parar el golpe tiránico de los secesionistas. Después se abrirá el tiempo en el que la política tendrá que actuar con altura de miras para ayudar a la sociedad catalana a coser sus fisuras. El tono bronco y extremadamente tenso en el que se desarrolló el Pleno de ayer no es más que el fiel reflejo de la división que se vive en la calle y que quedó en evidencia en la manifestación contra los terribles atentados de Barcelona y Cambrils este agosto, cuando el ruido separatista intentó acallar el clamor de los barceloneses por la paz.

No nos engañemos. Curar las heridas provocadas por las lanzas separatistas no será fácil.La vicepresidenta no exageró ayer cuando afirmó que en Cataluña «ha muerto la democracia». Es vital que PP, PSOE y C’s trabajen unidos para que la ley y la cordura regresen al Parlament.

07 - Septiembre - 2017

Los sediciosos, a la cárcel

Luis María Anson

Siempre he creído en lo que me decían con alarma intelectuales y empresarios catalanes: “El Gobierno debe tener especial cuidado en no crear mártires en Cataluña. Meter en la cárcel a un político destacado provocará la reacción pública en su favor. Se habrá engendrado un mártir y eso es lo peor que podría ocurrir en estos momentos”.

A lo largo de los últimos años he defendido esa posición. Inhabilitación y multas significan reprobación pero no crean mártires. Era la fórmula que me parecía más adecuada. Pero de poco ha servido tanta prudencia. La voracidad cerril de los dirigentes secesionistas de Cataluña, unida a la lenidad del Gobierno, a la cachaza de Rajoy, a la torpeza política de no prever lo que iba a ocurrir, han conducido al pueblo español a la situación límite que ahora padecemos. Aunque convenga mantener siempre la esperanza de una negociación, ha llegado la hora de terminar con las medias tintas, las veladuras y los tapujos. Hace dos meses me lo advirtió un prestigioso magistrado: “La situación actual exige que la Policía Nacional y la Guardia Civil pongan a disposición judicial a los diez o doce dirigentes políticos catalanes que están cometiendo delito de sedición y que preparan abiertamente un golpe de Estado”.

Es necesario, en fin, que actúen los jueces y sentencien si consideran que existe o no delito en los dirigentes de la aventura secesionista decidiendo las penas de prisión correspondientes. El Gobierno terminará por enfrentarse a un clamor de la opinión pública española para que paguen sus tropelías en la cárcel los políticos catalanes que preparan un golpe de Estado, que presuntamente están cometiendo delito de sedición y que pretenden la fractura de la unidad de España a través del despropósito de un referéndum bananero. Que se liquiden 500 años de unidad nacional a manos de Carlos PuigdemontOriol Junqueras y el pobre Arturo Mas, es un disparate propio de mentes desquiciadas.

Recuerdo una reunión de la Trilateral, hace 40 años, en la que Pedrol Ríus se extendió en explicarnos la significación real de la cárcel y el derrumbamiento psicológico que supone para la mayoría de los delincuentes. “Casi todos se reblandecen y terminan cantando la palinodia”, nos dijo el entonces presidente del Colegio de Abogados.

Las inhabilitaciones sirven para poco; las multas sí hacen daño, pero se pagan por suscripción colectiva o pública. Los dirigentes del secesionismo catalán han llegado a tal extremo que es necesario ponerlos a disposición del juez. El horizonte de largos años de cárcel acongojará a los soberanistas y evitará en el futuro, al menos en parte, el escarnio que está padeciendo la nación española. ¿Tiene idea Rajoy de la vergüenza nacional que supone la vejación permanente del sentimiento español a cargo del delirio secesionista, los insultos a España, las broncas al Rey, la burla de la Constitución y el desprecio a todo lo español, empezando por el idioma de Cervantes Neruda, que ocupa el segundo lugar en el mundo? Con una política seria de previsión se habría evitado el denigrante espectáculo que contemplamos. Todos los Gobiernos tienen culpa en el desaguisado catalán, sobre todo los de Zapatero Rajoy.

Luis María Anson

07 - Septiembre - 2017

Carta a los gilipollas españoles

Ferrer Molina

Un día, unos padres que se habían jugado el tipo para que sus hijos pudieran estudiar algunas horas en español, además de en catalán, decidieron abandonar Sabadell. Ganaron ese derecho en los tribunales después de años de litigio y un gran desgaste personal. El Constitucional también les dio la razón. Las sentencias no se cumplieron nunca. Las autoridades españolas consintieron.

Un día, una madre denunció que los manuales de Ciencias Sociales del colegio de su hija en Reus tergiversaban la historia, adoctrinando a los niños en el nacionalismo e incubándoles aversión hacia el resto de España. No se sabe qué ocurrió -siquiera si los hubo- con los informes de los inspectores del Ministerio de Educación. Las autoridades españolas consintieron.

Un día, TV3, la televisión pública catalana, contraviniendo la ley de canales autonómicos, comenzó a emitir fuera de su territorio con el propósito evidente de extender en Baleares y la Comunidad Valenciana la idea de los “países catalanes”. Las autoridades españolas consintieron.

Un día, la Justicia determinó que Cataluña debía devolver a su legítimo propietario, el monasterio oscense de Sijena, las decenas de obras de arte que la Generalitat retiene en el Museo de Lérida. Pasan los años y la sentencia no se cumple. El conflicto guarda cierta similitud con el suscitado en torno al Archivo de Salamanca, que sí se desmembró para satisfacer las exigencias catalanas. Las autoridades españolas consintieron.

Un día, empezaron a acumularse graves indicios de corrupción sobre algunos de los principales dirigentes de Cataluña. Los distintos gobiernos de turno decidieron que no se investigara porque necesitaban sus votos para formar mayorías en el Congreso. Las autoridades españolas consintieron.

Un día, la Generalitat catalana comenzó a abrir embajadas en el extranjero dentro de su ambicioso plan para dotarse de estructuras de Estado, aun a costa de detraer recursos de servicios públicos fundamentales para los ciudadanos. Hoy esas embajadas hacen de altavoz del independentismo por todo el mundo. Las autoridades españolas consintieron.

Un día, ayuntamientos catalanes decidieron retirar los retratos del Jefe del Estado y las banderas constitucionales, y pasaron a colgar la enseña independentista. Había llovido desde que los presidentes del Gobierno hablaban catalán en la intimidad y consideraban que el concepto de nación era discutido y discutible. Las autoridades españolas consintieron.

Un día, comenzaron a exhibirse en el Camp Nou pancartas gigantes con la leyenda “Freedom for Catalonia”. Hubo partidos que se convirtieron en verdaderas manifestaciones políticas, al punto de que la Comisión de Ética y Disciplina de la UEFA sancionó al Fútbol Club Barcelona. Las autoridades españolas consintieron.

Un día, la Generalitat empezó a hacer ingeniería social favorecieno la inmigración musulmana en detrimento de la latinoamericana, convencida de que sería mucho más fácil integrarla en catalán y atraerla a su causa, como así fue. Las autoridades españolas consintieron.

Un día, antes de que empezara a multarse a los tenderos por rotular sus comercios en español, la señalización de las carreteras en Cataluña comenzó a hacerse sólo en catalán. Las autoridades españolas consintieron.

Un día, cuando ya era habitual que se impidiera por la fuerza que políticos españoles hablaran en las universidades catalanas, algunas instituciones de referencia cambiaron de nombre para que el término “nacional” se lo apropiaran en exclusiva las comunidades nacionalistas. El Instituto Nacional de Meteorología amaneció un día en el BOE convertido en Agencia Estatal de Meteorología. Las autoridades españolas consintieron.

Un día, los líderes independentistas catalanes empezaron a hacer movimientos evidentes hacia la ruptura. Acuñaron el “España nos roba”. Los gobernantes prefirieron mirar a otro lado, autoconvenciéndose de que al final todo podría solventarse con dinero. Con más dinero. Y sí, las autoridades españolas consintieron.

Desde que Artur Mas anunció públicamente una consulta ilegal hasta que este miércoles el Parlament ha aprobado la ley para celebrar un referéndum de independencia han pasado tres años. En ese tiempo se podría haber actuado dentro de los márgenes que la Constitución establece para neutralizar el golpe de los sediciosos. Las autoridades españolas han preferido seguir consintiendo.

Ahora, las autoridades españolas empiezan a distinguir entre nacionalistas moderados y radicales, y ya están pensando cómo congraciarse con los primeros cuando pase el 1 de octubre. ¿Cómo les llamarías tú?

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