El PSOE demanda al diario ABC por un editorial en el que acusa a todos los socialistas de corrupción por el ‘caso Juan Guerra’

Todas las circunstancias hacían creer que, esta vez, las cosas podían ser diferentes. Todo apuntaba a la posibilidad de que sería distinto, de que, esta vez los socialistas estaban decididos a aplicar la cirugía del esclarecimiento parlamentario sobre la inmundicia del irregular enriquecimiento del hermano del vicepresidente del Gobierno.

Pues bien, no. Abandonemos cualquier esperanza. Martín Toval – paradigmática encarnación parlamentaria de aquella veterana marca discográfica que mostraba al perrito atento a la boz de su amo – ya ha dicho que no, que su mayoría se encargará de impedir que el Parlamento investigue el tráfico de influencis al que parece haberse entregado Juan Guerra. Esta decisión difícilmente puede dejar de sugerir la efectiva existencia de altas implicaciones. Los socialistas, todos los socialistas se hacen corresponsables de la pobredumbre que los medios de comunicación han oreado. Más aún: otorgan una franquicia, una patente de corso para que Juan Guerra-  y todos los juanesguerra conocidos o por desvelar – prosigan envalentonados por la impunidad, su deslumbrante carrera de agiotistas. Gentes del PSOE o próximas al PSOE, están convirtiendo la vida política en un fétido muladar. La decisión de impedir la investigación parlamentaria no es tanto un signo de preopotencia como una muestra de complicidad. A partir de ella, es legítimo presumir que no son socialistas aislados los que merodean por la vida pública o por sus entornos con talante de salteadores de caminos; es el propio partido, como cororación, el que, al ampararles, se comporta como una banda.

La remisión del portavoz socialista a la acción de los Tribunales es un sarcasmo. Primero, porque el fiscal Moscoso compite en fidelidad y sumisión con el propio Martín Toval. Después, porque una investigación parlamentaria podría poner de manifiesto conductas que, sin ser necesariamente delictivas, evidenciasen una utilización abusiva del poder, generadora de una clara responsabilidad política, con independencia de us eventual tipificación penal. En fin, ése es el itinerario lógico y el habitual en las democracias parlamentarias: los periódicos se hacen eco de un estado de opinión – que en Sevilla es un verdadero clamor – sobre la irregular conducta del hermano del vicepresidente, y lo documentan sobradamente; el Parlamento investiga los hechos denunciados; y si el curso de la investigación sugiere la existencia de conductas delictivas, el Parlamento pone su conclusiones en manos del fiscal. Esa, y no otra, es la práctica democrática.

Al punto que han llegado las cosas, cuando resulta evidente que, tanto en Sevilla como en Madrid, el PSOE está resuelto a obstruir la averiguación parlamentaria, los partidos de la oposición están emplazados a decisiones extremas. Ya que no en el Parlamento, fuera de él, los partidos – nacionales y regionales, y no parece inadecuado subrayar aquí la responsabilidad del Partido Andalucista – con los recursos bien copiosos, por cierto, que los contribuyentes les suministran, debe acordar la constitución de una mesa o plataforma de investigación que, con seriedad y sin pasión política, lleve a cabo las investigaciones, recabando la cooperación de instancias sociales no partidistas. Una suerte de ‘Tribunal Russell’ que permita acometer una catarsis a la griega que los acontecimientos revelan imprescindible y cuyas conclusiones pudieran, por su seriedad, servir de base para el ejercicio de una acción popular. Todos, y los partidos de oposición de forma más destacada, tenemos la responsabilidad de regenerar la vida pública e impedir su despeñamiento por los derroteros de la institucionalización de la mugre ‘bananera’ que amenaza con convertir la vida democrática en una sentina