El PSOE nombra al juez Dívar Blanco nuevo presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo y pacta con el PP el reparto de consejeros

La composición del nuevo Consejo del Poder Judicial muestra que PSOE y PP, en contra de sus promesas y proclamas, siguen valorando la afinidad política de los candidatos por encima de su solvencia profesional. Y que sigue vigente la lógica de otorgar manos libres al otro partido a cambio de tenerlas también para designar a los propios. No es ése el diseño constitucional, que exige mayorías cualificadas en los nombramientos para favorecer el acuerdo en torno a cada candidato. Pero es evidente que se prefieren las cuotas.

Es lamentable que tras casi dos años de interinidad del Consejo Judicial saliente, en los que el deterioro de la institución ha alcanzado las más altas cimas, lo único que acordaran los máximos líderes del PP y del PSOE en su reunión de julio fuera el número de vocales que cada uno de ellos propondría, sin siquiera intentar la eventualidad de un acuerdo sobre los nombres. Es decir, renunciando a la regeneración de la independencia judicial, como hubiera sido el caso si se hubieran presentado unos candidatos menos marcados políticamente.

Escandaliza el fuerte perfil partidista de los ocho vocales correspondientes al cupo de juristas «de reconocido prestigio» a que se refiere la Constitución, en algunos casos, miembros destacados de los partidos que los proponen, cuando no ex altos cargos de Gobiernos del PSOE o del PP. Los dos de CiU y PNV son directamente ex diputados. También es llamativa la estricta militancia asociativa de los 12 vocales elegidos de «entre jueces y magistrados». A pesar de que figuraban profesionales independientes avalados por sus compañeros en las listas remitidas a las Cámaras, y a que casi la mitad de los jueces no están afiliados, todos los elegidos son miembros de alguna de esas asociaciones. Y es una novedad que en la cuota del PSOE figure un miembro de la Asociación Francisco de Vitoria, que se define como centrista; los 9 elegidos por el PP son de la conservadora APM.

Este sistema de presentación de listas de candidatos por las asociaciones para que los grupos políticos elijan de entre ellos, que se creyó podría despolitizar la elección, sólo ha servido para acentuar la dependencia partidista, dada la identificación estricta entre las asociaciones y sus partidos de referencia. Y escandaliza el diluido perfil jurídico de la mayoría de los elegidos; en algún caso, ese perfil profesional es tan tenue, que parece que la elección no sólo ha sido inspirada por la esperanza de una futura fidelidad a las directrices políticas, sino que es el pago por servicios prestados en el pasado.

El nuevo Consejo responde a la relación de fuerzas existente en el actual Parlamento, como el anterior se constituyó en 2001 a imagen de la mayoría absoluta del PP. Los partidos han hecho caso omiso de la advertencia del Constitucional de que la elección parlamentaria de los 20 vocales del Consejo sólo es acorde con la Constitución si se aleja de «la lógica del Estado de partidos» y tiene en cuenta criterios distintos de los de la estricta relación de fuerzas en el Parlamento.

La «lógica del Estado de partidos» llevó a que el anterior Consejo haya estado durante casi siete años dominado por una compacta mayoría conservadora, sistemáticamente alineada primero con las opciones de política judicial del PP, y convertida a partir de marzo de 2004 en punta de lanza en el ámbito judicial de este partido en su estrategia de oposición al Gobierno de Zapatero. La nueva composición, no más independiente pero sí más equilibrada (nueve a propuesta del PSOE, otros tantos del PP y dos de los nacionalistas), tal vez facilite, de todas formas, la búsqueda de mayorías transversales en torno a asuntos concretos, rompiendo los férreos alineamientos anteriores y aminorando, retroactivamente, la desfachatez del pacto original. En las manos de cada uno de ellos está actuar de forma independiente al margen del sistema de designación.

Carlos Dívar, presidente de la Audiencia Nacional, será mañana elegido nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cargo que conlleva también la Presidencia del Tribunal Supremo. El vicepresidente del CGPJ será Fernando de Rosa, un político extraído por el PP del propio Gobierno valenciano.

Aunque formalmente Dívar tiene que ser propuesto para el cargo por algunos de los vocales del Consejo vinculados al PSOE, todo indica que la iniciativa de su nombramiento proviene del presidente del Gobierno, que ha valorado positivamente su trabajo al frente de la Audiencia Nacional.

Lo primero que hay que decir es que Dívar es un juez profesional, que comenzó su carrera en un modesto juzgado de un pueblo extremeño y que ha ido ascendiendo en el escalafón de la carrera sin favor político alguno. Es un hombre de perfil ideológico conservador y firmes convicciones religiosas, que siempre ha ejercido su trabajo con independencia y sin consideraciones políticas.

Así lo demostró en unos difíciles momentos: cuando el fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, se querelló contra EL MUNDO en febrero de 1990 por un delito de calumnias, en relación a una información publicada sobre el hermano de Alfonso Guerra. Dívar, que entonces era juez de la Audiencia Nacional, rechazó la admisión a trámite de la querella del fiscal, impulsada -o más bien ordenada- por un Felipe González que quería escarmentar a nuestro periódico.

La designación de Dívar es doblemente afortunada en la medida en que contrasta con el sectarismo mostrado por el PSOE y el PP en la renovación del Consejo, premiando la fidelidad política por encima de los méritos profesionales.

Dívar siempre se ha caracterizado por su carácter afable y conciliador, lo cual le ha granjeado muchas simpatías entre los jueces y funcionarios de la Audiencia Nacional, que ayer se felicitaban por su inminente nombramiento. Quienes no van a recibir con igual entusiasmo su promoción son los jueces del Tribunal Supremo, un sector de los cuales considera que Dívar carece de currículum para tan altas funciones.

Es la primera vez que el Supremo va a ser presidido por un juez que no ha sido antes magistrado de este Alto Tribunal, lo que le puede crear algunos problemas. Pero Dívar tiene la suficiente habilidad para sortear este obstáculo y poder ser un buen presidente del Poder Judicial. Falta hace.

Con la propuesta del juez Carlos Dívar, presidente de la Audiencia Nacional desde hace siete años, para presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Zapatero se ha saltado las pautas seguidas hasta ahora por los anteriores presidentes en la designación del candidato a ocupar tan importantes cargos institucionales. Dívar no es magistrado del Tribunal Supremo; no pasa por ser un jurista de reconocida competencia y no se le conoce afinidad alguna con las opciones de política judicial del partido gobernante; aunque tampoco se le conoce afinidad de signo contrario. La propuesta ha causado perplejidad y no sólo en sectores judiciales próximos a los socialistas. Quienes la han acogido con mayor satisfacción han sido Rajoy y la plana mayor del PP.

A Dívar se le reconocen virtudes que adornan al buen juez: prudencia, discreción y distanciamiento de opciones políticas concretas. Y como presidente de la Audiencia Nacional, cargo al que fue promovido en 2001 por los vocales afines al PP del anterior Consejo, ha dado pruebas de sentido institucional. Son quizás estas virtudes las que han inclinado a Zapatero a hacerle su candidato. Pero además de preguntarse si esas virtudes bastan para ejercer la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, no puede ocultarse que Zapatero ha optado por un juez ideológicamente conservador y caracterizado por su religiosidad.

Las opciones de gobierno deben guardar cierta lógica y la de Zapatero es chocante, incluso recurriendo a la llamada laicidad positiva que últimamente defiende Sarkozy. Puede ser incluso imprudente promover a la máxima instancia jurisdiccional del Estado a un juez que ha realizado manifestaciones públicas en las que vincula sus creencias religiosas a un ideal de justicia -la justicia divina como paradigma de la humana- más propio de una teocracia que del Estado de derecho que consagra la Constitución.

Es posible que Zapatero haya pretendido contrarrestar el fuerte perfil partidista del renovado Consejo del Poder Judicial proponiendo como presidente a un juez que, por la independencia que se le reconoce, realce el papel institucional del cargo. Lo primero que cabe decir es que Rajoy no le ha seguido en el intento, pese al aparente pacto alcanzado por ambos en julio pasado: el vocal Fernando de Rosa, propuesto por el PP para vicepresidente del Consejo, llega a este órgano directamente desde el Gobierno de la Generalitat valenciana. Hay motivos para temer que ese desequilibrio entre presidente y vicepresidente marque la trayectoria del nuevo órgano de gobierno de los jueces.

Los 20 vocales del Consejo Judicial asumen una gran responsabilidad al elegir hoy a su presidente y vicepresidente. Deben hacerlo con la convicción de que ejercerán la función de intermediación y arbitraje que les corresponde y no la de ponerse al frente de bloques antagónicos. El nuevo Consejo podrá así ser útil a la justicia, al contrario del anterior.