El PSOE toma el control de la televisión: José María Calviño nuevo Director General de RTVE apadrinado por Alfonso Guerra

Uno de los cuatro vocales del Consejo de Administración del ente público RTVE nombrados en su día como representantes del PSOE ha sido designado por el nuevo Gobierno socialista para ocupar la Dirección General del ente. Otro, el realizador Ramón Gómez Redondo, parece que será director de Programas de Televisión Española.Una de las conclusiones que cabe extraer de tales nombramientos es que el Consejo de Administración de RTVE, o quienes le avalan, pretenden unir a sus competencias propiamente jurídico-empresariales no sólo la condición de órgano de control político, de origen parlamentario, sino también funciones de dirección del ente y de sus tres sociedades. La principal competencía del Consejo, según establece el artículo 4 del Estatuto, es velar por el cumplimiento en la programación» por los principios de «objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones» y «el respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico», que deben inspirar los productos que las tres sociedades transmiten al público. La aprobación de los planes de actividades, las memorias anuales y las plantillas y la fijación de los llamados «principios básicos y líneas generales de la programación» completan, teóricamente, el ámbito de atribuciones del Consejo de Administración. La designación de los dos vocales para cargos de alta dirección en RTVE contribuye ahora a «contaminar» la naturaleza del Consejo, en teoría análogo a los consejos de otras televisiones estatales europeas, con competencias que parecen más propias de los responsables de los medios. La constante y en no pocas ocasiones abusiva interferencia del Consejo de Administración sobre la autonomía e independencia de los profesionales del medio parece recibir ahora, lamentablemente, un espaldarazo oficial por parte del Gobierno socialista. Las dudas sobre que RTVE vaya a ser más independiente que lo era son desde este punto de vista razonables. El ejemplo, además, resulta descorazonador para los trabajadores de los medios de comunicación, privados o públicos.

A nuestro modo de ver, con la medida que comentamos el Consejo puede convertirse en adelante en una plataforma para acceder a los puestos de dirección de los medios, quizás como consecuencia del excesivo cariz político que han tenido hasta ahora casi todas sus actuaciones. No les falta razón a los críticos que consideran que ese órgano se transformó, casi en el mismo momento de comenzar sus tareas, en un duplicado o en una prolongación de la comisión parlamentaria de Control de RTVE -que puede verse también ella, ¿por qué no?, tentada por la voracidad de los cargos-. Casi todas sus discrepancias internas sobre la gestión de los medios que llevaron a cabo los anteriores directores generales del ente público -Fernando Castedo, Carlos Robles Piquer y Eugenio Nasarre- han sido resueltas de acuerdo con criterios mucho más políticos que profesionales. El resultado es el pobre balance del Consejo en sus años de existencia, que incluye entre sus escasas realizaciones tan sólo un documento de cierta importancia, aprobado el 28 de julio de 1981 y referido a «los principios básicos y líneas generales de la programación de los medios dependientes del ente público RTVE». Quedan, sin embargo, por regular cuestiones tan importantes como la normativa sobre publicidad, las plantillas, el derecho de acceso a los medios, etcétera. El premio a la falta de competencia es comparable en esta ocasión, al galardón a la obediencia a sus respectivos partidos de que los consejeros han hecho gala.

Con todas estas evoluciones el Consejo de Administración de RTVE amenaza con parecerse cada vez más, y peligrosamente, al modelo italiano, reproducción casi exacta de¡ reparto de escaños en el Parlamento, que al modelo británico, cuya composición no es primordialmente política, sino que está integrado por personalidades de la comunicación, de la cultura y de la educación. La superioridad de la televisión británica sobre la italiana tiene bastante que ver con el diseño de sus órganos de control y vigilancia. Pronto comprobaremos, con motivo de la elección del nuevo Consejo de Administración de RTVE, hasta qué punto el Gobierno socialista se pronuncia por perpetuar el modelo italiano o por acercar la estructura de nuestra Televisión a la BBC. Pero de momento resulta obvio que el desembarco de dos consejeros en la estructura de dirección de la empresa es poco esperanzador.

La radiotelevisión estatal qtie heredan los socialistas necesita un cambio radical en su gestión y dirección. Los dos vocales promovidos a cargos de alta dirección pertenecen a la plantilla de RTVE desde hace más de diez años y carecen de experiencias significativas en las tareas de información, cuyos espacios ocupan en casi todas las televisiones estatales de Occidente hasta el 33% de la programación. Los nuevos directivos tienen ante sí el difícil reto de cambiar los productos y los hábitos de trabajo de quienes han sido sus compañeros de oficina y nómina durante largos años. Pero si el corporativismo, el espíritu de cuerpo y la solidaridad gremial causan estragos en toda la vida española, no se aciertan a adivinar las razones por las que Televisión Española debiera constituir la deseada excepción a la regla. La plétora de las nóminas y el exceso de personal procedente de las épocas del enchufismo y el patronazgo, harán especialmente difícil las incorporaciones de gentes del mundo de la comunicación, la cultura y el arte procedentes del exterior que puedan aportar aire fresco e ideas innovadoras a Televisión Española. Y sín embargo, la necesidad del cambio encuentra a veces su respuesta desde el interior mismo de la casa: los informativos, humillados por su servidumbre al Gobierno y a la Administración, han vivído las cortas primaveras de Iñaqui Gabilondo y Juan Roldán. Frente a estos ejemplos positivos, la situación general es no obstante más que dese speranz adora: la plantilla se engrosa al ritmo de un trabajador por día (su número exacto nadie lo conoce), con el agravante de que sobre 11.106 trabajadores hay más de cuatro mil personas con jefaturas y remuneraciones de «especial responsabilidad». El costo medio bruto anual por trabajador (alrededor de 2.800.000 pesetas) es más elevado que en la televisión estatal de Suecia. Televisión Española es una de las televisiones europeas públicas que más dinero destina al pago de personal, en detrimento de la producción de programas. Durante 1982 dedicó más de 12.000 millones de pesetas al pago de sus trabajadores y tan sólo 6.000 millones de pesetas a la producción de programas y adquisiciones a terceros. Es, además, una de las televisiones con menos desarrollo de programas regionales. Es, en suma, una sociedad donde abundan las mismas corrupciones que hace tres años pusieron en evidencia ante la opinión pública los inspectores de Hacienda, confirmadas ahora por los propios auditores internos de Televisión Española en el caso del programa 300 millones. Nos gustaría poder decir que contra todo esto se ha combatido eficazmente desde el Consejo de Administración, pero no es cierto. Quizá se ha combatido, pero de ninguna manera en forma efica7.

Acabar con la corrupción de Televisión Española exigía, tal vez, la incorporación de dirigentes nuevos, que no tengan hipotecas de amistad y amiguismo o compañerismo en los medios. Tampoco esta vez se ha optado por profesionales de la comunicación, si es que la radiotelevisión son, como parece obvio, los más importantes y poderosos medios de comunicación. Televisión necesita mano de hierro -tanto como la Sanidad- y no le faltan al PSOE personas que han demostrado su capacidad en este terreno. Necesita imaginación creadora en su cabeza, y no están faltos los socialistis del apoyo y la colaboración de los intelectuales y artistas de este país. Necesita buenos periodistas. Y hay muchos y muy buenos periodístas en Televisión Española, sometidos a una estructura corrupta, estéril y esterilizante. Y está sobrada de obediencias políticas, tan bien servidas en el pasado por los representantes de los partidos en el Consejo. Ahora el ente lo dirigirá un abogado y la televisión un ingeniero, personas competentes en sus profesiones, de honestidad reconocida y de merecido respeto. Pero que no ofrecen un curriculum especialmente fiable ni de independencia ni en cuanto a las capacidades que parece debe exigirse a los nuevos directivos de Prado del Rey. La designación de Calviño, el hoinbre que ha acompañado siempre a Alfonso Guerra a Prado del Rey en sus escasas intervenciones, y la de Gómez Redondo, uno de los realizadores que llevó a cabo la última campaña electoral, para la televisión, del PSOE vinculan a RTVE y a Televisión Española, inevitablemente, al presidente y al partido. Que sea para bien.

Realmente, lectores, lo de Calvo, Calviño, Calvete, director general de RTVE, va de mal en peor. La frase con la que obsequió a una comisión de los 21 radioencadenados – “es la primera y última vez que los trabajadores entran en mi despacho” – es de aurora boreal. Que un alto cargo de un Gobierno socialista se pronuncie de esa forma sobre ‘los trabajadores’ es un acierto que no mejoraría ni el mismísimo inspector Clouseau. ¡Hasai…! Yo les sugeriría a los muchachos de Radio Cadena que se afilien a la CEOE a ver si así tienen mejor acceso al despacho de Calviño.

Y el caso es que en RTVE se ha hecho alguna cosa bien. Por ejemplo, que no se puedan simultanear cargos con trabajos en la empresa privada. Y después, pues a mí siempre me han caído simpáticos esos señores del mandil, la plomada y el cartabón, los masones como Calviño.

Pero luego lo estropea todo con esas cosas de tuercebotas con las que nos obsequia de vez en cuando. Volviendo a los radioencadenados, Calviño ha tenido la osadía de amenazar con represalias administrativas a los 21 expulsados de Radio Cadena si deciden acudir a Magistratura de Trabajo y pleitean contra RTVE en defensa de sus intereses.

Hombre, yo le diría a Calviño que mire en el despacho de al lado antes de utilizar tales procedimientos. Porque en tal despacho, donde se ha trasladado José Luis Balbín – quien, en lugar de permanecer en una estancia próxima a la redacción de informativos se ha instalado en la zona noble, junto al poder – tiene un vivísimo ejemplo de la calaña moral de su jefe de informativos al que, en cambio, Calviño parece que sí permite que acuda a Magistratura de Trabajo para denunciar a RTVE.

La historia es así. Resulta que Balbín cobraba hasta hace unos años su sueldo más un plus de algo más de cien mil pesetas semanales por cada programa de ‘La Clave’ realizado. Pues bien; con la entrada de Castedo en RTVE se suprimieron los citados pluses semanales y se sustituyeron por un plus mensual. Esto coincidió con el nombramiento de Balbín como director de programas especiales. Al cesar Castedo, Robles Piquer cesa a Balbín y le encarga que siga dirigiendo ‘La Clave’ con el plus mensual correspondiente, el mismo que perciben todos los directores de programas semanales. ¿Y qué hace el ínclito Balbín? Pues actuar con esa desmedida voracidad por los dineros públicos que desde siempre le ha caracterizado, dineros que pagamos usted y yo querido lector. Presenta una reclamación a la dirección de RTVE – previa a la demanda en Magistratura – porque considera que la diferencia existente entre el plus semanal que percibía y el plus mensual le suponen unos dos milloncetes. El resto de los directores de programa aceptaron el plus disciplinadamente. Naturalmente, la petición de Balbín fue denegada.

Y como la desvergüenza en RTVE es moneda de curso legal, pues no pasa nada y encima Calviño tiene la increíble osadía de amenazar al os 21 muchachoos de RCE si acuden a Magistratura. O sea, el cambio en RTVE…

Parece, lectores que la apertura de la verja de Gibraltar ha tenido un éxito para el Gobierno español a pesar de los agoreros. Porque resulta que los 30.000 habitantes de la minúscula colonia han descubierto súbitamente la libertad tras trece años de encierro y se van caminando hasta La Línea de la Cncepción, dejan allí el automóvil enviado previamente por ferry vía Tanger – con lo cual en La Línea no hay una sola plaza de garaje libre – y todas las tardes, a las cuatro, cuando abandonan su trabajo, los llanitos disfrutan del desconocido placer de rodar a cien por hora por la carretera de la costa, hacia Marbella o Torremolinos.

Las tiendas, comercios y restaurantes de la Costa del Sol han hecho su agosto en pleno diciembre, con los gibraltareños que llegan con libras frescas y la peseta recién devaluada. Y los comercios en Gibraltar, vacíos y nerviosos al contemplar que sus compatriotas han realizado masivamente sus compras navideñas en las costas andaluzas…

José Luis Gutiérrez

UN NUTRIDO grupo de prestigiosos intelectuales y profesionales catalanes ha suscrito un escrito de protesta (véase EL PAIS de 13 de febrero) contra las declaraciones realizadas por el director general de RTVE a propósito del tercer canal autonómico.De creer al director del Ente Público, los terceros canales, cuya gestión corresponde por ley a las instituciones autonómicas, carecerán de una programación sustantiva -única que permitiría ofrecer esa «televisión moderna, capaz de informar de toda la realidad catalana, española e internacional» propugnada por los firmantes del escrito- y tendrán que limitarse a ofrecer espacios de color local dominados por el parroquialismo provinciano y el particularismo pintoresco. La sardana, el aurresku o las sevillanas, los documentales sobre la vida rural, las fiestas de los pueblos o los barrios, los pintores y escritores domingueros, las inauguraciones oficiales realizadas por las autoridades autonómicas o municipales y las curiosidades varias serían la contribución de Televisión al enriquecimiento de la pluralidad española.

Cuando se analiza el deterioro de la convivencia española causado durante las últimas décadas por las prácticas centralizadoras no se suelen valorar lo suficiente las discriminaciones y los agravios perpetrados por RTVE en este terreno. La condición de servicio público de ámbito estatal de Televisión Española queda desmentida por el enorme predominio de los enfoques capitalinos -una variante vergonzosa del provincianismo- en la información general y en la participación de la sociedad en los programas. Por comodidad, por cortedad de miras o por falta de organización, resulta frecuente que los expertos llamados a opinar sobre cualquier asunto sean vecinos de Madrid, mientras que el novelista de Valladolid, el catedrático de Santiago de Compostela, el economista de Barcelona, el historiador de Sevilla o el ensayista de San Sebastián quedan confinados a la condición de remotos australianos. A partir de esa devaluación sistemática de quienes no residen en la capital del Estado se perfila la imagen de una enorme España periférica que sólo se asoma a la programación nacional del brazo de una inundación, un atentado, una estafa a la Seguridad Social, una batalla de flores o una procesión.

Los terceros canales de TVE, los autonómicos, podrían romper ese lamentable esquema a condición de que fueran planteados como instrumentos informativos y culturales de carácter general y gestionados de forma descentralizada. Las cautelas para conseguir ese objetivo serían precisamente las contrarias de las apuntadas por el director de RTVE en sus declaraciones: que no cayeran en un excesivo localismo, que no incurrieran en la dramática cortedad de miras de la primera cadena, que unieran a los valores de la propia comunidad la solidaridad con el resto de los ciudadanos españoles y que se conviertieran en un acicate para Prado del Rey. En definitiva, que constituyeran una verdadera experiencia de pluralismo y libertad y se configuraran como una alternativa real de programación frente a las cadenas de ámbito estatal.

Dadas las resistencias del poder a la televisión privada (no la permitió Fraga durante el franquismo, no la organizó UCD durante su mandato, no parecen dispuestos a admitirla los socialistas), los terceros canales podrían ser decisivos para ampliar la diversidad y el pluralismo de la televisión pública. Las declaraciones de Calviño en Barcelona muestran, sin embargo, que los recelos oficiales respecto a los canales privados no descansan tanto en los argumentos que habitualmente se esgrimen contra los grupos de presión y las multinacionales como en la voluntad del Poder Ejecutivo de controlar, al viejo estilo, ese poderoso medio de comunicación. El intento de cortar las alas a las televisiones de las comunidad autónomas, tan públicas como las dos cadenas gestionadas por la Administración central, parece más bien que responde a un propósito de identificar a la televisión pública con monopolio gubernamental.