Frente a la inacción de los Mossos de Escuadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil clausuraron a golpes algunos centros de votación mientras que en otros se pudo votar con total normalidad

El referéndum unilateral de la Generalitat por la independencia de Catalunya acaba en desastre por la intervención de la Policía

HECHOS

El 1 de octubre de 2017 la Generalitat de Catalunya organizó un referendum en el que pretendía que se votara la independencia de Catalunya del resto del Estado español.

02 - Octubre - 2017

Fracaso colectivo

EL PERIÓDICO de Catalunya (Director: Enric Hernández)

Puigdemont comete un grave error al trasladar al Parlament los resultados de una votación sin garantías

Carles Puigdemont cometió anoche un error que puede tener consecuencias gravísimas. Al amparo de una sociedad catalana en estado de choque tras una jornada de durísima represión policial, y sin ni siquiera esperar a tener los resultados de participación y escrutinio de un referéndum que se llevó a cabo sin garantías democráticas de ningún tipo, el ‘president’ de la Generalitat inició el proceso para la declaración unilateral de independencia al anunciar que enviará los resultados del 1-O al Parlament para que proceda según lo previsto en la ley del referéndum, que no es otra cosa que declarar la independencia.

Presidente de solo una parte de los catalanes
Así las cosas, si no hay giros a los que el ‘procés’ es tan dado, el guion establece que Catalunya proclamaría la independencia por una corta mayoría en el Parlament (72), basándose en el resultado de un reférendum que se llevó a cabo sin censo oficial, sin mesas constituidas y sin sindicatura electoral y bajo la presión de las cargas de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Todo ello, conviene no olvidarlo nunca, bajo el paraguas de una ley del referéndum aprobada por esos 72 diputados en solitario. El despropósito es de una magnitud jamás vista. En el reparto de responsabilidades, la de Puigdemont no es pequeña. Ni siquiera después de una jornada en la que la política de Mariano Rajoy hacia Catalunya quedó tan duramente retratada, el ‘president’ supo serlo de todos los catalanes y no solo de una parte.

La represión policial a los votantes fue inadmisible y desproporcionada, además de contraproducente para Rajoy

El anuncio de Puigdemont, rodeado del Govern en pleno, puso la rúbrica a un día que escenificó el gran fracaso colectivo en que se ha convertido la cuestión del encaje de Catalunya en España. El 1-O fue una jornada de infamia, de enfrentamiento entre miles de ciudadanos que pretendían votar y los antidisturbios de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que se emplearon con contundencia (cerca de un millar de heridos, balas de goma prohibidas por ley en Catalunya, gases lacrimógenos…) para reprimir a una multitud pacífica compuesta en muchos casos por familias y ancianos. El motivo y la propia naturaleza del referéndum pasó a un segundo plano ante escenas de violencia policial propias de otras épocas, y que dejan dos fotos fijas de enorme calado: la determinación –socialmente transversal, no circunscrita tan solo al mundo independentista– de una gran parte de la sociedad catalana a decidir en las urnas su encaje con España, y la represión (amparada en procesos judiciales dentro del Estado de derecho, pero desproporcionada y fuera de lugar) como única respuesta de Rajoy. La violencia con la que se empleó la policía es aún más difícil de entender si se tiene en cuenta que el 1-O como consulta de autodeterminación estaba desactivado. Y aun así, desde primera hora de la mañana, los antidisturbios de la Policía cargaron en algunos colegios electorales para evitar la votación. Una decisión nefasta, incomprensible y desproporcionada. Sin los Mossos –que, como se anunció, primaron no alterar el orden público a cumplir la orden del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de evitar la votación–, la acción policial no podía alcanzar a los más de 2.000 colegios electorales, y la imagen de violencia se convirtió en un ‘efecto llamada’. Ahora sí, muchos ciudadanos pensaron que efectivamente el 1-O era un asunto de democracia.

Un panorama de tierra quemada
Tras la jornada de ayer, el panorama es de tierra quemada tanto en la esfera social como en la política. La crisis de Estado no se soluciona a golpe de porra ni acelerando en la irresponsabilidad política. No cabe llamarse a engaño: la desproporcionalidad de la acción policial de ayer no convierte el referéndum en legal, ni sus resultados en democráticos. Los problemas siguen siendo los mismos que antes: una convocatoria efectuada a espaldas de la mitad de los catalanes, violentando las reglas del juego democráticas y vulnerando el ordenamiento jurídico en vigor, el Estatut y la Constitución. Igual que antes, solo hay una salida, si cabe más acuciante una vez se han cruzado todas las líneas rojas: diálogo político y responsabilidad dentro del marco legal del que se dotaron una amplísima mayoría de los catalanes. Todo lo demás conduce al abismo.

02 - Octubre - 2017

Propuestas para salir del drama

LA VANGUARDIA (Director: Marius Carol)

Desolación. No creemos que exista otra palabra más adecuada para describir el estado de ánimo mayoritario de la sociedad catalana en estos momentos. Las escenas de tensión vividas ayer en Catalunya están dando la vuelta al mundo y dejaran un huella muy difícil de borrar. desolación, esa es la palabra.

Previamente ocupados, muchos colegios electorales abrieron sus puertas y rápidamente fueron equipados con las urnas adquiridas subrepticiamente por la Generalitat, que a su vez anunciaba la posibilidad de votar mediante un censo universal administrado vía internet. La movilización popular y la tecnología digital frente a la ley y los aparatos del Estado encargados de hacerla cumplir. El día amaneció oscuro. Sombrío y lluvioso, como un mal presentimiento. Los Mossos d’Esquadra levantaron acta de la situación creada en muchos colegios, pero no hicieron uso de la fuerza, siguiendo órdenes de sus mandos. Situadas así las cosas, entraron es escena la Policía Nacional y la Guardia Civil, con efectivos reforzados desde varios puntos de España, con la orden tajante de impedir las votaciones. Escenas de resistencia pacífica ante la acción policial, que el Gobierno calificó al mediodía de “firme y proporcionada”. Estampas diversas: en algunos colegios, los agentes actuaron con visible contención; en otros, actuaron con verdadera furia. La imagen de la policía española retirando urnas y enfrentándose a manifestantes pacíficos se convirtió en el relato del día en los principales circuitos informativos internacionales. Un relato de alto impacto. Desolación.

¿Se podía haber evitado? Sí. Los gobernantes catalanes nunca debían haber forzado el camino de la unilateralidad –lo hemos repetido decenas de veces en los últimos meses– y el Gobierno de España debía haber creado con la suficiente antelación un marco de diálogo que fuese capaz de crear nuevos consensos en Catalunya. El Gobierno de España ha atajado un acto de desobediencia con un elevado coste. Ayer no hubo referéndum en Catalunya y cuanto antes lo reconozcan los partidos soberanistas, mejor para todos. El Gobierno de Mariano Rajoy, sin embargo, ha hecho algo más que garantizar el orden constitucional. Ha querido enviar un mensaje de autoridad al conjunto de la sociedad española: a los catalanes y al resto de la sociedad española. Un gesto de autoridad especialmente pensado para sus votantes. Un gesto de firmeza ante los demás gobierno europeos en un momento difícil para la Unión. El precio de esa política de firmeza, nunca acompañada de una verdadera propuesta de diálogo. es alto. Un mayor desgarro de la sociedad catalana, que muy mayoritariamente rechaza los acontecimientos vividos ayer. Queremos ser claros al respecto: el desgarro es profundo. No se oían ayer aplausos atronadores en el resto de España, excepto algunas minorías excitadas que no representan la España constitucional. Los acontecimientos de ayer en Catalunya dejan un gran sinsabor entre las gentes de España de las más diversas ideologías. Desolación. Mala imagen en el extranjero, de eso no hay duda. Los primeros ministros de Bélgica y Eslovenia pidieron ayer una solución al problema de Catalunya, sin violencia.
El Govern de la Generalitat tampoco sale indemne del trance. No ha logrado llevar a cabo un referéndum digno de tal nombre y también es responsable de lo ocurrido ayer. Apartando a los Mossos de la ingrata labor de ejecutar las órdenes judiciales, salvaguardó su imagen, pero no protegió a la gente de buena fe que acudió a los colegios. ¿Cuánto peor, mejor? ¿Es esa la política que deseamos para Catalunya en los próximos años? Más de cuatrocientas personas tuvieron que ser atendidas a lo largo de toda la jornada por los servicios de asistencia. Desolación. Nadie puede sentirse orgulloso de lo ocurrido. Nadie puede sacar pecho. Nadie puede hablar con satisfacción en el rostro. Nadie puede considerarse vencedor. Hemos perdido todos.

Y ahora, ¿qué hacer? En primer lugar, no quedar prisioneros del lamento. Hay que intentar abrir de inmediato vías de diálogo real. Nos atrevemos a proponer la creación de una comisión independiente, formada por juristas y personalidades de relevancia, que en un tiempo limitado pueda ofrecer una propuesta al Gobierno de España y al Govern de la Generalitat que permita articular una vía de salida, que una vez acordada, fuera votada por la sociedad catalana, como un primer paso. Esa iniciativa no tendría que ser incompatible con la comisión de estudio de la cuestión territorial creada en el Congreso. No es el tiempo de las palabras vacuas. Cuando apelamos de diálogo hemos de hablar de algo tangible. Hay que actuar con celeridad y concreción, puesto que el desgarro es enorme. Al mismo tiempo todas las fuerzas políticas, sociales, empresariales y sindicales del país deberían conjurarse para frenar la espiral de la tensión en todos los foros públicos. ¡Basta ya de la sobreexplotación de la tensión! La desinflamación del lenguaje es el primer paso a dar, previo a cualquier tipo de pacto. Esa es la primera y más urgente tarea: desinflamar. Hemos de restablecer el respeto mutuo. Apelamos a la sincera amistad de muchísimo españoles con la sociedad catalana para fortalecer el respeto mutuo.

El Congreso de los Diputados debería ser escenario de un debate a fondo sobre la situación creada. Un debate orientado principalmente a la búsqueda de soluciones. También, el Parlament de Catalunya debería afrontar la cuestión, sin frentismos. En el Parlament de Catalunya son necesarias nuevas mayorías. Al respecto, queremos ser claros. La dinámica política catalana no puede seguir en manos de un partido con apenas el 8% de los votos en las últimas elecciones. La política catalana no puede seguir más tiempo la partitura de la CUP. Advertimos, por tanto, contra cualquier tentación aventurerista en estos momentos, que no obtendría ningún apoyo en Europa y en el mundo y que agravaría aún más la situación creada. Rechazamos rotundamente, el “cuanto peor, mejor”. Esta nunca puede ser la política de una sociedad europea. Hay que atajar toda tentación suicida. Hay que devolver los centros de dirección de la política catalana a su más estricto marco institucional. La política de la Generalitat no debe ser guiada por comités ocultos. Las entidades cívicas del soberanismo no pueden sustituir al Govern. Hay que restablecer la institucionalidad catalana.

Dignidad, inteligencia, desinflamación y búsqueda de una vía de salida que pueda ser libremente votada por los ciudadanos de Catalunya. Lo ocurrido ayer es grave. Compartimos el dolor y la indignación de muchos ciudadanos. Pero a las situaciones complicadas hay que buscarles siempre una salida. No nos dejemos sepultar por el resentimiento.

02 - Octubre - 2017

Frente a la insurrección, la ley pero no solo la ley

EL PAÍS (Director: Antonio Caño)

Lo que debe aclarar Rajoy es lo que está dispuesto a hacer para que este país y sus diecisiete autonomías tengan un proyecto de futuro, en democracia y pacífica convivencia

El Gobierno de la nación por un lado y el de la Generalitat por el otro se apresuraron ayer a cantar victoria tras la vergonzante jornada que los ciudadanos de Cataluña se vieron obligados a vivir por culpa de la arrogancia xenófoba —en alianza con las fuerzas antisistema— que Carles Puigdemont representa y la absoluta incapacidad de gestión del problema por parte de Mariano Rajoy desde el principio de esta crisis.

Pero lejos de haber ganado ninguno de los que por desgracia ya podemos llamar dos bandos en conflicto, lo de ayer fue una derrota para nuestro país, para los intereses y los derechos de todos los españoles, sean catalanes o de cualquier otro lugar de España, para el destino de nuestra democracia y para la estabilidad y el futuro del sistema de convivencia que hace casi cuarenta años nos dimos a nosotros mismos.

Los culpables principales son el presidente de la Generalitat y la presidenta del Parlament

Quede bien claro que en absoluto somos equidistantes respecto a las responsabilidades que hay que pedir a quienes causaron ayer este monumental destrozo en nuestra democracia del que tardaremos años en recuperarnos. Los culpables principales son el presidente de la Generalitat y la presidenta del Parlament que hace tiempo pusieron en marcha un proceso destinado a enfrentar a los catalanes entre sí y a Cataluña con el resto de España. Lejos de comportarse como dirigentes de todos los ciudadanos de su país han exhibido impúdicamente su condición de facciosos dando muestras de un increíble sectarismo. Y lo han hecho con desprecio a la Constitución, al Estatuto de Cataluña, a sus representantes democráticos y al espíritu y la letra del Código Penal. Pero ni sus flagrantes delitos ni sus bravuconadas pueden justificar la pasividad e impericia del presidente Rajoy, su afasia política, su reiterada incomparecencia ante la opinión y su medrosa delegación de responsabilidades en la Administración de justicia, retorciendo para ello hasta el estatuto del Tribunal Constitucional y escudándose en las decisiones de otros al no querer él tomar las que le correspondían.

Dos afirmaciones recientes del jefe del Gobierno bastan para ilustrar esto que decimos. En primer lugar, la de que nadie podría haber imaginado que las cosas llegarían a este extremo. Y enseguida, de forma reiterada —expresada incluso ayer por el ministro del Interior— la de que la actitud de la Generalitat les está obligando a hacer lo que no querían hacer. Si Rajoy no había imaginado nunca que esto se iba a poner como se ha puesto debe de ser porque desde hace años no lee los periódicos, ni los de Cataluña ni los de Madrid, y no ve la televisión. Se cuentan por cientos, por miles, los artículos y declaraciones de políticos, intelectuales, empresarios, líderes sociales, periodistas y observadores de todo tipo que vienen, desde hace años, por un lado anticipando lo que claramente preparaban los independentistas, y anunciando, por otro, la necesidad de tomar la iniciativa para resolver las cuestiones no resueltas de la organización territorial de España.

En cuanto a lo de verse obligado el Gobierno a hacer lo que no quiere pone de relieve que, en efecto, nunca ha sabido lo que quería y debía hacer a este respecto. Quizás se vea ahora, en cambio, obligado a hacer lo que evidentemente nunca quiso: contribuir a revisar la Constitución, abrazar los principios federales que subyacen en la España de las autonomías y buscar el consenso político necesario que evite la división entre españoles, dramáticamente puesta de manifiesto en los acontecimientos de ayer y los días precedentes.

Hace casi cinco años que nuestro periódico publicó una reflexión, fruto del común debate en su consejo editorial, sobre Cómo reconstruir el futuro. En ella se explicaba textualmente que “con ser muy grave la crisis económica por la que atraviesa España, con seis millones de parados y un empeoramiento general del nivel de vida, su importancia palidece si se la compara con la crisis política e institucional que el país afronta”. Y proponíamos un decálogo de medidas entre las que sobresalía la urgencia de una reforma de la Constitución y la reconversión del Estado de las Autonomías de acuerdo con el modelo federal. Nuestro editorial terminaba entonces llamando la atención sobre que era tarea de los líderes políticos encabezar un proceso así y advertíamos de que “si, acosados por la opinión y las sombras de su pasado, se enrocan en su ensimismamiento y hacen oídos sordos a las demandas de la ciudadanía, el régimen de la Constitución de 1978 correrá innecesarios riesgos en el próximo futuro”.

El presidente debe aclarar si tienen un proyecto de futuro, en democracia y convivencia pacífica

Pues bien, el futuro ya ha llegado y si el llamado régimen del 78 afronta una crisis de Estado tan grave como la que nos ocupa no es debido principalmente al populismo rampante de los leninistas de color violeta y los okupas metidos a parlamentarios que pretenden invadir las instituciones para dinamitarlas. Responsabilidad mayor recae sobre los partidos tradicionales y constitucionalistas, incapaces de ponerse de acuerdo en cuestiones de Estado para promover las reformas urgentes y necesarias, enrocado el PSOE en las ambiciones personales de sus dirigentes, y batiéndose a la defensiva el PP, acusado justamente de ser el más corrupto de los partidos que nos ha gobernado.

Quizás tenga razón la vicepresidenta del Gobierno al criticar al señor Iceta por reclamar ayer la dimisión de Rajoy, acusándole de que su demanda responde solo a tácticas electorales. Pero hoy son muchedumbre los ciudadanos de toda ideología y condición que no se presentan a elección alguna y se manifiestan preocupados por la incapacidad y la falta de asunción de responsabilidades por parte del presidente del Gobierno, dispuesto a endilgar a los demás (jueces, fiscales, policías, Guardia Civil) un trabajo que primordialmente era suyo. Todavía estamos esperando que se le ocurra dirigir un requerimiento formal (no solo declaraciones a los medios) al presidente de la Generalitat, conminándole a que cese en su actividad sediciosa y se enfrente al problema político que verdaderamente tiene ante sí: no es ni era la eventual celebración de una consulta popular suspendida por el Tribunal Constitucional, sino la incitación a una declaración unilateral de independencia por parte de quien paradójicamente es el más alto representante del Estado en la comunidad autónoma de Cataluña. Y que en su loca huida hacia adelante no ha dudado en promover lo que tiene todos los perfiles de un movimiento insurreccional, con el apoyo cuando menos pasivo de un cuerpo armado como el de los Mossos.

La actuación de la policía autonómica de Cataluña es particularmente grave. Si los Mossos, como les fue ordenado, hubieran impedido de antemano la apertura de colegios electorales y retirado urnas y papeletas, esta tarea no habría tenido que ser realizada después por la Policía y la Guardia Civil y nos habríamos evitado muchas de las escenas lamentables que ayer dieron la vuelta al mundo. Evidentemente, esto último era el objetivo prioritario del Govern, que no dudó para ello en situar a los Mossos en su mismo terreno de rebeldía. No queremos que esto se interprete como una justificación por anticipado de la conducta del resto de las fuerzas del orden del Estado español. Su actuación se produjo, por supuesto, dentro de la ley, y como es propio de un Estado de derecho, en la medida en que hayan cometido excesos, se haya aplicado la fuerza de forma desproporcionada o empleado material no autorizado, sus actuaciones serán sometidas al escrutinio de los tribunales y, si fuera el caso, sancionadas.

Ha habido desde el principio más actores en esta crisis. Ya habrá tiempo de debatir sobre la alianza espuria entre los intereses del capitalismo proteccionista de la burguesía catalana con los objetivos del anticapitalismo nihilista y tantas veces violento que representa la CUP. Tiempo también para lamentar la ambigüedad y escasa presencia del PSOE en este proceso, cuyos orígenes se inscriben en algunas torpes decisiones del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy toca saber cómo va a seguir enfrentando este descomunal desafío el Gobierno legítimamente elegido por los españoles. Estos tienen derecho a que Rajoy se lo explique sin necesidad de repetir lo que ya sabemos, que es preciso garantizar el imperio de la ley, porque eso es tan obvio como que amanece cada día. Para nada vale que el Gobierno se lamente de que le obligan a hacer lo que no quería. Lo que tiene que aclarar su presidente, si es capaz de ello, es lo que verdaderamente quiere y está dispuesto a hacer para que este país y sus 17 autonomías tengan un proyecto de futuro, en democracia y pacífica convivencia.

02 - Octubre - 2017

Parar el Golpe

Bieito Rubido

Los únicos culpables del dislate vivido en Cataluña son sus promotores. Ese es el primer y más contundente corolario de todo lo que ayer aconteció. No nos fustiguemos ni equivoquemos buscando enemigos donde no los hay. Es fundamental que los demócratas dominemos el relato verdadero y que este no se pervierta en los meandros de la equidistancia o del buenismo irresponsable. Los sediciosos catalanes han perpetrado un golpe de Estado disfrazado de participación democrática. El primer acto tuvo lugar el pasado 6 de septiembre, cuando dieron carta de naturaleza a una legalidad inventada al margen de la Constitución española. El segundo fue ayer. Queda un tercero, y está muy próximo: la declaración de independencia. Por tanto, es obligatorio que ganemos quienes creemos en la democracia y no en la ruptura. Si vence el Estado, ellos podrán vivir con nosotros; si ganan los sediciosos, nosotros no podremos vivir con ellos. Por eso urge pedir que la fuerza de la legalidad democrática nos defienda ya con la detención de todos aquellos que quieren violentar nuestra convivencia. La culpa de todo esto es suya.

02 - Octubre - 2017

Ni un minuto que perder frente al independentismo

EL MUNDO (Director: Francisco Rosell)

Y LA VERGÜENZA se consumó. El 1 de octubre de 2017 no será recordado como el día en que se celebró un referéndum de independencia en Cataluña, sino como la jornada ominosa en que la irresponsabilidad de una Generalitat ocupada por iluminados y la inoperancia de un Gobierno largo tiempo ausente se confabularon para alumbrar el caos. No puede decirse que ocurriera nada completamente imprevisible, porque cuando las propias instituciones auspician el desborde de los cauces democráticos, es natural que la anárquica riada inunde la calle. Ese exactamente era el plan de Puigdemont, una vez desmantelada la logística de una consulta mínimamente presentable.

Los máximos culpables del desastroso espectáculo que las calles de Cataluña ofrecieron ayer al mundo son aquellos que decidieron tomar a la parte adicta de su propia sociedad como rehén de un proyecto unilateral de segregación, vestido de designio patriótico. Y esos son Puigdemont, Junqueras, Forcadell y el resto de cabecillas cuyo comportamiento ya no puede ser juzgado por un editorial, sino por un tribunal: nuestra democracia no puede mostrar menor fortaleza que la República en su momento. El president de la Generalitat concretó anoche su amenaza: rodeado del Govern, anunció que en 48 horas trasladará al Parlament el resultado de la farsa de ayer para proclamar la independencia. En el colmo de la impudicia, pidió ayuda a la UE para consumar sus planes, con el delirante argumento de que las cargas policiales habrían constituido una violación de los derechos humanos.

El mecanismo de fusión entre masa y poder, entre Generalitat golpista y cooperación civil, venía engrasándose desde varias Diadas atrás. Ayer funcionó de nuevo: embriagados de la propaganda sentimental que restringe la democracia al ejercicio del voto al margen de la ley, catalanes bienintencionados –en su mayoría– se echaron a la calle en pos de colegios abiertos para meter una papeleta impresa en casa en una urna opaca de plástico, en la convicción de estar expresando un anhelo ancestral de libertad. Las letales dosis de retórica nacionalista ingeridas durante décadas quizá les velaba el verdadero significado de su acción: empujar a la extranjería a sus vecinos y segar la solidaridad con el resto de los españoles. Por eso no dudaron en utilizar a sus propios hijos como escudos humanos, en primera línea de defensa frente a los antidisturbios, ni en desafiar a la policía para obtener la enésima imagen victimista que lanzar a las redes como un engañoso grito de opresión. En el paroxismo de una guerra de propaganda que sustituye el análisis racional de los hechos, las victorias se cuentan por vídeos viralizados –o por partidos de fútbol cerrados al público, como el que jugó el Barça en señal de queja hipócrita– y no por garantías observadas. Porque el esperpento de ayer, con urnas que llegaban ya llenas al colegio o a la plaza y ciudadanos que repetían votación, no sólo incumplía la legalidad constitucional y el Estatut: también una veintena de puntos de la denominada ley del referéndum.

Fue un fracaso como consulta democrática, pero ese fracaso degeneró en instantes puntuales de represión: el botín emocional que perseguía el independentismo. Cabe felicitar a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil por el desempeño de un trabajo tan ingrato como espinoso en proporcionada aplicación de su encomienda legal. Un saldo de centenares de heridos no es un dato del que blasonar, pero las cosas podrían haber sido mucho peores, dadas las circunstancias. El Gobierno nunca debería haber permitido que un puñado de agentes se convirtiera en el último retén de la democracia sobre un terreno en el que se sentían extranjeros, y no por su culpa. Sino por los años de dejación de funciones del Estado en Cataluña. Cuando el Gobierno, forzado por la situación, ha tenido que poner a prueba su capacidad de control del territorio, la deslealtad de los Mossos les devolvió a la realidad. La pasividad exhibida en el instante decisivo –incluso la descarada colaboración con la red de la ANC– confirma las sospechas que pesaban sobre la policía autonómica, cuyos mandos deberán afrontar su responsabilidad penal por haber preferido la legalidad paralela de sus jefes políticos en lugar de proteger los derechos constitucionales de todos.

Rajoy declaró que el 1-O fracasó. Formalmente hablando, tiene razón. Pero su estrategia de esperar primero y mandar después a la policía se ha revelado otro fracaso quizá mayor. No ha logrado impedir que las imágenes cargadas de dramatismo den la vuelta al mundo. Ese capital político acumulado por el separatismo prolonga una rebelión cuya existencia el presidente se niega a asumir. Y sin asumirla, no es posible el restablecimiento institucional que propone abordar desde hoy.

La extraordinaria gravedad que supone la amenaza de Puigdemont de declarar la independencia de forma unilateral –dando por válida la dramática mascarada en la que degeneró la votación de ayer– exige una respuesta contundente por parte del Estado. Ya no es tiempo de contención, ni de amables invitaciones al diálogo ante un grupo de dirigentes golpistas de los que ya no cabe ninguna duda de que van a seguir manteniendo su voluntad sediciosa en los próximos días.

Ante esta flagrante insurrección al orden legítimo, y en un contexto revolucionario que incluye la convocatoria de una huelga general, el Gobierno no puede dilatar la asunción de medidas que permitan frenar en seco los planes del independentismo, lo que incluye la aplicación inmediata del artículo 155 o la Ley de Seguridad Ciudadana, en aras de presevar la legalidad y situar a los Mossos bajo el control del Estado. El Gobierno no puede perder ni un minuto ni le debe temblar el pulso a la hora de hacer frente, con la ley en la mano, a la felonía del independentismo.

by BeHappy Co.