El referéndum ilegal / unilateral de la Generalitat para la independencia de Catalunya acaba en desastre por cargas policiales

Carles Puigdemont cometió anoche un error que puede tener consecuencias gravísimas. Al amparo de una sociedad catalana en estado de choque tras una jornada de durísima represión policial, y sin ni siquiera esperar a tener los resultados de participación y escrutinio de un referéndum que se llevó a cabo sin garantías democráticas de ningún tipo, el ‘president’ de la Generalitat inició el proceso para la declaración unilateral de independencia al anunciar que enviará los resultados del 1-O al Parlament para que proceda según lo previsto en la ley del referéndum, que no es otra cosa que declarar la independencia.

Presidente de solo una parte de los catalanes
Así las cosas, si no hay giros a los que el ‘procés’ es tan dado, el guion establece que Catalunya proclamaría la independencia por una corta mayoría en el Parlament (72), basándose en el resultado de un reférendum que se llevó a cabo sin censo oficial, sin mesas constituidas y sin sindicatura electoral y bajo la presión de las cargas de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Todo ello, conviene no olvidarlo nunca, bajo el paraguas de una ley del referéndum aprobada por esos 72 diputados en solitario. El despropósito es de una magnitud jamás vista. En el reparto de responsabilidades, la de Puigdemont no es pequeña. Ni siquiera después de una jornada en la que la política de Mariano Rajoy hacia Catalunya quedó tan duramente retratada, el ‘president’ supo serlo de todos los catalanes y no solo de una parte.

La represión policial a los votantes fue inadmisible y desproporcionada, además de contraproducente para Rajoy

El anuncio de Puigdemont, rodeado del Govern en pleno, puso la rúbrica a un día que escenificó el gran fracaso colectivo en que se ha convertido la cuestión del encaje de Catalunya en España. El 1-O fue una jornada de infamia, de enfrentamiento entre miles de ciudadanos que pretendían votar y los antidisturbios de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que se emplearon con contundencia (cerca de un millar de heridos, balas de goma prohibidas por ley en Catalunya, gases lacrimógenos…) para reprimir a una multitud pacífica compuesta en muchos casos por familias y ancianos. El motivo y la propia naturaleza del referéndum pasó a un segundo plano ante escenas de violencia policial propias de otras épocas, y que dejan dos fotos fijas de enorme calado: la determinación –socialmente transversal, no circunscrita tan solo al mundo independentista– de una gran parte de la sociedad catalana a decidir en las urnas su encaje con España, y la represión (amparada en procesos judiciales dentro del Estado de derecho, pero desproporcionada y fuera de lugar) como única respuesta de Rajoy. La violencia con la que se empleó la policía es aún más difícil de entender si se tiene en cuenta que el 1-O como consulta de autodeterminación estaba desactivado. Y aun así, desde primera hora de la mañana, los antidisturbios de la Policía cargaron en algunos colegios electorales para evitar la votación. Una decisión nefasta, incomprensible y desproporcionada. Sin los Mossos –que, como se anunció, primaron no alterar el orden público a cumplir la orden del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de evitar la votación–, la acción policial no podía alcanzar a los más de 2.000 colegios electorales, y la imagen de violencia se convirtió en un ‘efecto llamada’. Ahora sí, muchos ciudadanos pensaron que efectivamente el 1-O era un asunto de democracia.

Un panorama de tierra quemada
Tras la jornada de ayer, el panorama es de tierra quemada tanto en la esfera social como en la política. La crisis de Estado no se soluciona a golpe de porra ni acelerando en la irresponsabilidad política. No cabe llamarse a engaño: la desproporcionalidad de la acción policial de ayer no convierte el referéndum en legal, ni sus resultados en democráticos. Los problemas siguen siendo los mismos que antes: una convocatoria efectuada a espaldas de la mitad de los catalanes, violentando las reglas del juego democráticas y vulnerando el ordenamiento jurídico en vigor, el Estatut y la Constitución. Igual que antes, solo hay una salida, si cabe más acuciante una vez se han cruzado todas las líneas rojas: diálogo político y responsabilidad dentro del marco legal del que se dotaron una amplísima mayoría de los catalanes. Todo lo demás conduce al abismo.

Desolación. No creemos que exista otra palabra más adecuada para describir el estado de ánimo mayoritario de la sociedad catalana en estos momentos. Las escenas de tensión vividas ayer en Catalunya están dando la vuelta al mundo y dejaran un huella muy difícil de borrar. desolación, esa es la palabra.

Previamente ocupados, muchos colegios electorales abrieron sus puertas y rápidamente fueron equipados con las urnas adquiridas subrepticiamente por la Generalitat, que a su vez anunciaba la posibilidad de votar mediante un censo universal administrado vía internet. La movilización popular y la tecnología digital frente a la ley y los aparatos del Estado encargados de hacerla cumplir. El día amaneció oscuro. Sombrío y lluvioso, como un mal presentimiento. Los Mossos d’Esquadra levantaron acta de la situación creada en muchos colegios, pero no hicieron uso de la fuerza, siguiendo órdenes de sus mandos. Situadas así las cosas, entraron es escena la Policía Nacional y la Guardia Civil, con efectivos reforzados desde varios puntos de España, con la orden tajante de impedir las votaciones. Escenas de resistencia pacífica ante la acción policial, que el Gobierno calificó al mediodía de “firme y proporcionada”. Estampas diversas: en algunos colegios, los agentes actuaron con visible contención; en otros, actuaron con verdadera furia. La imagen de la policía española retirando urnas y enfrentándose a manifestantes pacíficos se convirtió en el relato del día en los principales circuitos informativos internacionales. Un relato de alto impacto. Desolación.

¿Se podía haber evitado? Sí. Los gobernantes catalanes nunca debían haber forzado el camino de la unilateralidad –lo hemos repetido decenas de veces en los últimos meses– y el Gobierno de España debía haber creado con la suficiente antelación un marco de diálogo que fuese capaz de crear nuevos consensos en Catalunya. El Gobierno de España ha atajado un acto de desobediencia con un elevado coste. Ayer no hubo referéndum en Catalunya y cuanto antes lo reconozcan los partidos soberanistas, mejor para todos. El Gobierno de Mariano Rajoy, sin embargo, ha hecho algo más que garantizar el orden constitucional. Ha querido enviar un mensaje de autoridad al conjunto de la sociedad española: a los catalanes y al resto de la sociedad española. Un gesto de autoridad especialmente pensado para sus votantes. Un gesto de firmeza ante los demás gobierno europeos en un momento difícil para la Unión. El precio de esa política de firmeza, nunca acompañada de una verdadera propuesta de diálogo. es alto. Un mayor desgarro de la sociedad catalana, que muy mayoritariamente rechaza los acontecimientos vividos ayer. Queremos ser claros al respecto: el desgarro es profundo. No se oían ayer aplausos atronadores en el resto de España, excepto algunas minorías excitadas que no representan la España constitucional. Los acontecimientos de ayer en Catalunya dejan un gran sinsabor entre las gentes de España de las más diversas ideologías. Desolación. Mala imagen en el extranjero, de eso no hay duda. Los primeros ministros de Bélgica y Eslovenia pidieron ayer una solución al problema de Catalunya, sin violencia.
El Govern de la Generalitat tampoco sale indemne del trance. No ha logrado llevar a cabo un referéndum digno de tal nombre y también es responsable de lo ocurrido ayer. Apartando a los Mossos de la ingrata labor de ejecutar las órdenes judiciales, salvaguardó su imagen, pero no protegió a la gente de buena fe que acudió a los colegios. ¿Cuánto peor, mejor? ¿Es esa la política que deseamos para Catalunya en los próximos años? Más de cuatrocientas personas tuvieron que ser atendidas a lo largo de toda la jornada por los servicios de asistencia. Desolación. Nadie puede sentirse orgulloso de lo ocurrido. Nadie puede sacar pecho. Nadie puede hablar con satisfacción en el rostro. Nadie puede considerarse vencedor. Hemos perdido todos.

Y ahora, ¿qué hacer? En primer lugar, no quedar prisioneros del lamento. Hay que intentar abrir de inmediato vías de diálogo real. Nos atrevemos a proponer la creación de una comisión independiente, formada por juristas y personalidades de relevancia, que en un tiempo limitado pueda ofrecer una propuesta al Gobierno de España y al Govern de la Generalitat que permita articular una vía de salida, que una vez acordada, fuera votada por la sociedad catalana, como un primer paso. Esa iniciativa no tendría que ser incompatible con la comisión de estudio de la cuestión territorial creada en el Congreso. No es el tiempo de las palabras vacuas. Cuando apelamos de diálogo hemos de hablar de algo tangible. Hay que actuar con celeridad y concreción, puesto que el desgarro es enorme. Al mismo tiempo todas las fuerzas políticas, sociales, empresariales y sindicales del país deberían conjurarse para frenar la espiral de la tensión en todos los foros públicos. ¡Basta ya de la sobreexplotación de la tensión! La desinflamación del lenguaje es el primer paso a dar, previo a cualquier tipo de pacto. Esa es la primera y más urgente tarea: desinflamar. Hemos de restablecer el respeto mutuo. Apelamos a la sincera amistad de muchísimo españoles con la sociedad catalana para fortalecer el respeto mutuo.

El Congreso de los Diputados debería ser escenario de un debate a fondo sobre la situación creada. Un debate orientado principalmente a la búsqueda de soluciones. También, el Parlament de Catalunya debería afrontar la cuestión, sin frentismos. En el Parlament de Catalunya son necesarias nuevas mayorías. Al respecto, queremos ser claros. La dinámica política catalana no puede seguir en manos de un partido con apenas el 8% de los votos en las últimas elecciones. La política catalana no puede seguir más tiempo la partitura de la CUP. Advertimos, por tanto, contra cualquier tentación aventurerista en estos momentos, que no obtendría ningún apoyo en Europa y en el mundo y que agravaría aún más la situación creada. Rechazamos rotundamente, el “cuanto peor, mejor”. Esta nunca puede ser la política de una sociedad europea. Hay que atajar toda tentación suicida. Hay que devolver los centros de dirección de la política catalana a su más estricto marco institucional. La política de la Generalitat no debe ser guiada por comités ocultos. Las entidades cívicas del soberanismo no pueden sustituir al Govern. Hay que restablecer la institucionalidad catalana.

Dignidad, inteligencia, desinflamación y búsqueda de una vía de salida que pueda ser libremente votada por los ciudadanos de Catalunya. Lo ocurrido ayer es grave. Compartimos el dolor y la indignación de muchos ciudadanos. Pero a las situaciones complicadas hay que buscarles siempre una salida. No nos dejemos sepultar por el resentimiento.

El Gobierno de la nación por un lado y el de la Generalitat por el otro se apresuraron ayer a cantar victoria tras la vergonzante jornada que los ciudadanos de Cataluña se vieron obligados a vivir por culpa de la arrogancia xenófoba —en alianza con las fuerzas antisistema— que Carles Puigdemont representa y la absoluta incapacidad de gestión del problema por parte de Mariano Rajoy desde el principio de esta crisis.

Pero lejos de haber ganado ninguno de los que por desgracia ya podemos llamar dos bandos en conflicto, lo de ayer fue una derrota para nuestro país, para los intereses y los derechos de todos los españoles, sean catalanes o de cualquier otro lugar de España, para el destino de nuestra democracia y para la estabilidad y el futuro del sistema de convivencia que hace casi cuarenta años nos dimos a nosotros mismos.

Quede bien claro que en absoluto somos equidistantes respecto a las responsabilidades que hay que pedir a quienes causaron ayer este monumental destrozo en nuestra democracia del que tardaremos años en recuperarnos. Los culpables principales son el presidente de la Generalitat y la presidenta del Parlament que hace tiempo pusieron en marcha un proceso destinado a enfrentar a los catalanes entre sí y a Cataluña con el resto de España. Lejos de comportarse como dirigentes de todos los ciudadanos de su país han exhibido impúdicamente su condición de facciosos dando muestras de un increíble sectarismo. Y lo han hecho con desprecio a la Constitución, al Estatuto de Cataluña, a sus representantes democráticos y al espíritu y la letra del Código Penal. Pero ni sus flagrantes delitos ni sus bravuconadas pueden justificar la pasividad e impericia del presidente Rajoy, su afasia política, su reiterada incomparecencia ante la opinión y su medrosa delegación de responsabilidades en la Administración de justicia, retorciendo para ello hasta el estatuto del Tribunal Constitucional y escudándose en las decisiones de otros al no querer él tomar las que le correspondían.

Dos afirmaciones recientes del jefe del Gobierno bastan para ilustrar esto que decimos. En primer lugar, la de que nadie podría haber imaginado que las cosas llegarían a este extremo. Y enseguida, de forma reiterada —expresada incluso ayer por el ministro del Interior— la de que la actitud de la Generalitat les está obligando a hacer lo que no querían hacer. Si Rajoy no había imaginado nunca que esto se iba a poner como se ha puesto debe de ser porque desde hace años no lee los periódicos, ni los de Cataluña ni los de Madrid, y no ve la televisión. Se cuentan por cientos, por miles, los artículos y declaraciones de políticos, intelectuales, empresarios, líderes sociales, periodistas y observadores de todo tipo que vienen, desde hace años, por un lado anticipando lo que claramente preparaban los independentistas, y anunciando, por otro, la necesidad de tomar la iniciativa para resolver las cuestiones no resueltas de la organización territorial de España.

En cuanto a lo de verse obligado el Gobierno a hacer lo que no quiere pone de relieve que, en efecto, nunca ha sabido lo que quería y debía hacer a este respecto. Quizás se vea ahora, en cambio, obligado a hacer lo que evidentemente nunca quiso: contribuir a revisar la Constitución, abrazar los principios federales que subyacen en la España de las autonomías y buscar el consenso político necesario que evite la división entre españoles, dramáticamente puesta de manifiesto en los acontecimientos de ayer y los días precedentes.

Hace casi cinco años que nuestro periódico publicó una reflexión, fruto del común debate en su consejo editorial, sobre Cómo reconstruir el futuro. En ella se explicaba textualmente que “con ser muy grave la crisis económica por la que atraviesa España, con seis millones de parados y un empeoramiento general del nivel de vida, su importancia palidece si se la compara con la crisis política e institucional que el país afronta”. Y proponíamos un decálogo de medidas entre las que sobresalía la urgencia de una reforma de la Constitución y la reconversión del Estado de las Autonomías de acuerdo con el modelo federal. Nuestro editorial terminaba entonces llamando la atención sobre que era tarea de los líderes políticos encabezar un proceso así y advertíamos de que “si, acosados por la opinión y las sombras de su pasado, se enrocan en su ensimismamiento y hacen oídos sordos a las demandas de la ciudadanía, el régimen de la Constitución de 1978 correrá innecesarios riesgos en el próximo futuro”.

Pues bien, el futuro ya ha llegado y si el llamado régimen del 78 afronta una crisis de Estado tan grave como la que nos ocupa no es debido principalmente al populismo rampante de los leninistas de color violeta y los okupas metidos a parlamentarios que pretenden invadir las instituciones para dinamitarlas. Responsabilidad mayor recae sobre los partidos tradicionales y constitucionalistas, incapaces de ponerse de acuerdo en cuestiones de Estado para promover las reformas urgentes y necesarias, enrocado el PSOE en las ambiciones personales de sus dirigentes, y batiéndose a la defensiva el PP, acusado justamente de ser el más corrupto de los partidos que nos ha gobernado.

Quizás tenga razón la vicepresidenta del Gobierno al criticar al señor Iceta por reclamar ayer la dimisión de Rajoy, acusándole de que su demanda responde solo a tácticas electorales. Pero hoy son muchedumbre los ciudadanos de toda ideología y condición que no se presentan a elección alguna y se manifiestan preocupados por la incapacidad y la falta de asunción de responsabilidades por parte del presidente del Gobierno, dispuesto a endilgar a los demás (jueces, fiscales, policías, Guardia Civil) un trabajo que primordialmente era suyo. Todavía estamos esperando que se le ocurra dirigir un requerimiento formal (no solo declaraciones a los medios) al presidente de la Generalitat, conminándole a que cese en su actividad sediciosa y se enfrente al problema político que verdaderamente tiene ante sí: no es ni era la eventual celebración de una consulta popular suspendida por el Tribunal Constitucional, sino la incitación a una declaración unilateral de independencia por parte de quien paradójicamente es el más alto representante del Estado en la comunidad autónoma de Cataluña. Y que en su loca huida hacia adelante no ha dudado en promover lo que tiene todos los perfiles de un movimiento insurreccional, con el apoyo cuando menos pasivo de un cuerpo armado como el de los Mossos.

La actuación de la policía autonómica de Cataluña es particularmente grave. Si los Mossos, como les fue ordenado, hubieran impedido de antemano la apertura de colegios electorales y retirado urnas y papeletas, esta tarea no habría tenido que ser realizada después por la Policía y la Guardia Civil y nos habríamos evitado muchas de las escenas lamentables que ayer dieron la vuelta al mundo. Evidentemente, esto último era el objetivo prioritario del Govern, que no dudó para ello en situar a los Mossos en su mismo terreno de rebeldía. No queremos que esto se interprete como una justificación por anticipado de la conducta del resto de las fuerzas del orden del Estado español. Su actuación se produjo, por supuesto, dentro de la ley, y como es propio de un Estado de derecho, en la medida en que hayan cometido excesos, se haya aplicado la fuerza de forma desproporcionada o empleado material no autorizado, sus actuaciones serán sometidas al escrutinio de los tribunales y, si fuera el caso, sancionadas.

Ha habido desde el principio más actores en esta crisis. Ya habrá tiempo de debatir sobre la alianza espuria entre los intereses del capitalismo proteccionista de la burguesía catalana con los objetivos del anticapitalismo nihilista y tantas veces violento que representa la CUP. Tiempo también para lamentar la ambigüedad y escasa presencia del PSOE en este proceso, cuyos orígenes se inscriben en algunas torpes decisiones del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy toca saber cómo va a seguir enfrentando este descomunal desafío el Gobierno legítimamente elegido por los españoles. Estos tienen derecho a que Rajoy se lo explique sin necesidad de repetir lo que ya sabemos, que es preciso garantizar el imperio de la ley, porque eso es tan obvio como que amanece cada día. Para nada vale que el Gobierno se lamente de que le obligan a hacer lo que no quería. Lo que tiene que aclarar su presidente, si es capaz de ello, es lo que verdaderamente quiere y está dispuesto a hacer para que este país y sus 17 autonomías tengan un proyecto de futuro, en democracia y pacífica convivencia.

Los únicos culpables del dislate vivido en Cataluña son sus promotores. Ese es el primer y más contundente corolario de todo lo que ayer aconteció. No nos fustiguemos ni equivoquemos buscando enemigos donde no los hay. Es fundamental que los demócratas dominemos el relato verdadero y que este no se pervierta en los meandros de la equidistancia o del buenismo irresponsable. Los sediciosos catalanes han perpetrado un golpe de Estado disfrazado de participación democrática. El primer acto tuvo lugar el pasado 6 de septiembre, cuando dieron carta de naturaleza a una legalidad inventada al margen de la Constitución española. El segundo fue ayer. Queda un tercero, y está muy próximo: la declaración de independencia. Por tanto, es obligatorio que ganemos quienes creemos en la democracia y no en la ruptura. Si vence el Estado, ellos podrán vivir con nosotros; si ganan los sediciosos, nosotros no podremos vivir con ellos. Por eso urge pedir que la fuerza de la legalidad democrática nos defienda ya con la detención de todos aquellos que quieren violentar nuestra convivencia. La culpa de todo esto es suya.

Y LA VERGÜENZA se consumó. El 1 de octubre de 2017 no será recordado como el día en que se celebró un referéndum de independencia en Cataluña, sino como la jornada ominosa en que la irresponsabilidad de una Generalitat ocupada por iluminados y la inoperancia de un Gobierno largo tiempo ausente se confabularon para alumbrar el caos. No puede decirse que ocurriera nada completamente imprevisible, porque cuando las propias instituciones auspician el desborde de los cauces democráticos, es natural que la anárquica riada inunde la calle. Ese exactamente era el plan de Puigdemont, una vez desmantelada la logística de una consulta mínimamente presentable.

Los máximos culpables del desastroso espectáculo que las calles de Cataluña ofrecieron ayer al mundo son aquellos que decidieron tomar a la parte adicta de su propia sociedad como rehén de un proyecto unilateral de segregación, vestido de designio patriótico. Y esos son Puigdemont, Junqueras, Forcadell y el resto de cabecillas cuyo comportamiento ya no puede ser juzgado por un editorial, sino por un tribunal: nuestra democracia no puede mostrar menor fortaleza que la República en su momento. El president de la Generalitat concretó anoche su amenaza: rodeado del Govern, anunció que en 48 horas trasladará al Parlament el resultado de la farsa de ayer para proclamar la independencia. En el colmo de la impudicia, pidió ayuda a la UE para consumar sus planes, con el delirante argumento de que las cargas policiales habrían constituido una violación de los derechos humanos.

El mecanismo de fusión entre masa y poder, entre Generalitat golpista y cooperación civil, venía engrasándose desde varias Diadas atrás. Ayer funcionó de nuevo: embriagados de la propaganda sentimental que restringe la democracia al ejercicio del voto al margen de la ley, catalanes bienintencionados –en su mayoría– se echaron a la calle en pos de colegios abiertos para meter una papeleta impresa en casa en una urna opaca de plástico, en la convicción de estar expresando un anhelo ancestral de libertad. Las letales dosis de retórica nacionalista ingeridas durante décadas quizá les velaba el verdadero significado de su acción: empujar a la extranjería a sus vecinos y segar la solidaridad con el resto de los españoles. Por eso no dudaron en utilizar a sus propios hijos como escudos humanos, en primera línea de defensa frente a los antidisturbios, ni en desafiar a la policía para obtener la enésima imagen victimista que lanzar a las redes como un engañoso grito de opresión. En el paroxismo de una guerra de propaganda que sustituye el análisis racional de los hechos, las victorias se cuentan por vídeos viralizados –o por partidos de fútbol cerrados al público, como el que jugó el Barça en señal de queja hipócrita– y no por garantías observadas. Porque el esperpento de ayer, con urnas que llegaban ya llenas al colegio o a la plaza y ciudadanos que repetían votación, no sólo incumplía la legalidad constitucional y el Estatut: también una veintena de puntos de la denominada ley del referéndum.

Fue un fracaso como consulta democrática, pero ese fracaso degeneró en instantes puntuales de represión: el botín emocional que perseguía el independentismo. Cabe felicitar a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil por el desempeño de un trabajo tan ingrato como espinoso en proporcionada aplicación de su encomienda legal. Un saldo de centenares de heridos no es un dato del que blasonar, pero las cosas podrían haber sido mucho peores, dadas las circunstancias. El Gobierno nunca debería haber permitido que un puñado de agentes se convirtiera en el último retén de la democracia sobre un terreno en el que se sentían extranjeros, y no por su culpa. Sino por los años de dejación de funciones del Estado en Cataluña. Cuando el Gobierno, forzado por la situación, ha tenido que poner a prueba su capacidad de control del territorio, la deslealtad de los Mossos les devolvió a la realidad. La pasividad exhibida en el instante decisivo –incluso la descarada colaboración con la red de la ANC– confirma las sospechas que pesaban sobre la policía autonómica, cuyos mandos deberán afrontar su responsabilidad penal por haber preferido la legalidad paralela de sus jefes políticos en lugar de proteger los derechos constitucionales de todos.

Rajoy declaró que el 1-O fracasó. Formalmente hablando, tiene razón. Pero su estrategia de esperar primero y mandar después a la policía se ha revelado otro fracaso quizá mayor. No ha logrado impedir que las imágenes cargadas de dramatismo den la vuelta al mundo. Ese capital político acumulado por el separatismo prolonga una rebelión cuya existencia el presidente se niega a asumir. Y sin asumirla, no es posible el restablecimiento institucional que propone abordar desde hoy.

La extraordinaria gravedad que supone la amenaza de Puigdemont de declarar la independencia de forma unilateral –dando por válida la dramática mascarada en la que degeneró la votación de ayer– exige una respuesta contundente por parte del Estado. Ya no es tiempo de contención, ni de amables invitaciones al diálogo ante un grupo de dirigentes golpistas de los que ya no cabe ninguna duda de que van a seguir manteniendo su voluntad sediciosa en los próximos días.

Ante esta flagrante insurrección al orden legítimo, y en un contexto revolucionario que incluye la convocatoria de una huelga general, el Gobierno no puede dilatar la asunción de medidas que permitan frenar en seco los planes del independentismo, lo que incluye la aplicación inmediata del artículo 155 o la Ley de Seguridad Ciudadana, en aras de presevar la legalidad y situar a los Mossos bajo el control del Estado. El Gobierno no puede perder ni un minuto ni le debe temblar el pulso a la hora de hacer frente, con la ley en la mano, a la felonía del independentismo.

El mundo lo ha visto. El mundo ha visto un estado español que ha perdido la vergüenza, que ha respondido con la fuerza, con la violencia, a ciudadanos indefensos, ancianos y jóvenes, que querían votar. Y el mundo ha visto un pueblo digno que a pesar del acoso policial no ha renunciado a su derecho ni ha caído en la provocación: un pueblo que ha votado en medio de inmensas dificultades. El mundo ha visto como David ha vencido a Goliat, como la ciudadanía de Cataluña, pacífica y profundamente democrática, ha defendido encarnizadamente su derecho a decidir, a existir en libertad. El mundo ha visto como el gobierno de España ha degradado una ya de por sí bastante debilitada democracia, manchando con la sangre de personas inocentes. Sí, los catalanes han vencido en una lucha injusta, desigual, en una batalla democrática contra un estado que se llama democrático pero que actúa con autoritarismo, incapaz de entender que en la Europa del siglo XXI no hay lugar para tanta prepotencia , para tanto desprecio a los derechos básicos, no hay lugar para confundir estado de derecho con derecho a aplastar la disidencia, a querer borrar una minoría nacional por la fuerza ni a considerar delictivas las ideas.

Cataluña y su gobierno se han ganado el respeto: han dado un paso de gigante para decidir en libertad, un paso en firme para mantener la cohesión social y resistir una agresión injustificable. Porque ayer la sociedad catalana, más allá del soberanismo, vivió con estupor e indignación una brutalidad gratuita, en ningún caso proporcional -sí, absolutamente desproporcionada: más de 800 heridos! -, y salió más unida. Ayer se rompió la convivencia, sin duda: lo hizo quien, irresponsablemente, lanzó los cuerpos de seguridad contra una sociedad que siempre ha sabido gestionar su diversidad sin confrontación.

España ha dado un paso de gigante, también, pero un paso de gigante hacia atrás para perder la ya escasa legitimidad que le daba la ciudadanía de Cataluña, y seguramente buena parte del crédito democrático que tenía en el mundo: y la comunidad internacional será a partir de ahora un actor esencial en el pleito catalán. Un actor que no puede tolerar más el fracaso del gobierno de Rajoy, que ayer se hizo dramáticamente visible, el fracaso de no saber afrontar políticamente una realidad política incontestable en Cataluña: el anhelo de decidir su futuro votando. Sencillamente votando.

El Govern de la Generalitat trasladará en las próximas horas al Parlament los resultados del referéndum de este 1 de octubre para realizar una declaración de independencia de Catalunya. Con esta solemne declaración efectuada por el president Puigdemont, acompañado del vicepresident Oriol Junqueras y de todos los consellers desde el Palau de la Generalitat, poco después de las 22.30 horas de este intenso domingo 1 de octubre, se ponía punto final a una jornada que ya forma parte de la historia de Catalunya y que concentra en sí misma muchas miradas diferentes: la ilusión de millones de catalanes por poder votar sobre la independencia, la desproporcionada represión policial contra los ciudadanos que se encontraban en los colegios electorales, la respuesta insensible de Mariano Rajoy a las 844 personas que necesitaron asistencia sanitaria durante el día, el discurso melifluo y deslavazado de Pedro Sánchez, los pronunciamientos de estupor por las imágenes de la represión de primeros ministros de la UE, como son el caso de Bélgica y Eslovenia, pero también de numerosos dirigentes políticos de países de la UE. La cadena de televisión CNN resumía, con acierto, lo que había pasado en Catalunya y la desproporcionada respuesta del Estado español: la vergüenza de Europa.

No fue un referéndum de independencia como el Govern hubiera deseado y ha perseguido hasta la extenuación y que no era otra cosa que uno acordado con el Gobierno español. Todo el mundo era consciente de que este era el camino, pero solo la tozudería de una clase política española mediocre e incapaz de sentarse tan solo en una mesa de negociación para acordar las condiciones hizo inviable este camino. La historia de España está sobrada de testosterona y falta de perspectiva de los tiempos y de una visión objetiva de las razones que la ha llevado irremediablemente siempre a la derrota en todas las encrucijadas en que se han encontrado.

Catalunya hace tiempo que ha desconectado de España y ante cada posibilidad de revertir esta situación, la respuesta siempre ha sido la misma. El no por respuesta a todo, la humillación ante cualquier propuesta y, en última instancia, el desprecio más absoluto a la dignidad de los catalanes. Dignidad, esa palabra que nunca han entendido fuera de Catalunya y que muchos pensaron que se podía repartir como un queso gruyère a porciones, teniendo cada partido político un trozo del mismo. Y no es así. La dignidad de Catalunya no es de los partidos independentistas, ni de los unionistas; ni de los conservadores y los liberales; ni de los democristianos y los socialistas; ni de los los comuns y los anticapitalistas. Ni de los trabajadores y los empresarios; ni de los profesores y los alumnos; ni de los payeses y los profesionales. La dignidad es de todos en su conjunto y es individual, pero también es colectiva. Es imposible de manipular. Por eso, solo por eso, se ha llegado hasta aquí. Porque Catalunya dice basta no era un simple titular de periódico, sino la pulsión de una ciudadanía que no iba a estar nunca más dispuesta a que se pisoteara su dignidad.

El muy importante número de colegios abiertos y la movilización que se produjo durante toda la jornada, en la que participaron más de tres millones de personas, deja manos libres al president Puigdemont y al vicepresident Junqueras para proponer al Parlament el siguiente paso de su hoja de ruta. Al final, el Gobierno español ha quedado atrapado entre sus dos grandes mentiras de las últimas semanas, días y horas: la primera, que la jornada electoral servía de bien poco, porque el referéndum no tendría ninguna validez, ya que estaba absolutamente desarticulado y, en consecuencia, las urnas no se podrían poner; y, la segunda, que la respuesta policial siempre sería proporcionada. No sé exactamente cómo definiría el presidente del Gobierno español el hecho de que 844 personas precisaran asistencia sanitaria por la violenta represión policial.

El independentismo tiene por delante momentos que no serán fáciles, aunque los aborde con una unidad desconocida en sus filas, por más que se pretenda desde la más absoluta ignorancia erosionar su fortaleza. Lleva ventaja en el relato internacional, que lo ha ganado claramente por goleada. Pero serán necesarias grandes dosis de serenidad, no precipitar el calendario que se abrirá para los próximos meses, buscar el mayor número posible de aliados internacionales y apelar a Europa para que asuma que Catalunya no puede quedar desprotegida en un momento en que el Estado español solo le ofrece represión y detenciones. Nunca política.

El referéndum de autodeterminación y, sobre todo, la violencia descargada por España, han llevado el proceso de independencia de Cataluña en un estadio completamente nuevo. La decisión del gobierno de pedir al parlamento que cumpla la ley del referéndum y, por tanto, proclame la república independiente de Cataluña hace entrar el Principado en una fase del proceso completamente inédita. Esta fase tiene unos argumentos y una dinámica nuevos que hay que analizar.

El momento lo es (casi) todo
Todos los procesos de independencia que ha habido en el mundo han pasado cuando han procedido dos circunstancias: que la unidad interna fuera muy grande y que lo fuera también la debilidad del estado en el exterior. La fuerza del estado en el interior de las fronteras es un factor que se puede despreciar si se cumplen las otras dos.

Por eso hay que aprovechar el momento. Aunque los procesos sean largos, necesariamente deben resolverse deprisa. Porque las condiciones en que se basan no pueden mantenerse mucho tiempo en una situación óptima.

La represión desatada por el estado español desde la proclamación de las dos leyes de desconexión ha forjado las condiciones necesarias. Por un lado, en el interior del país ha solidificado el bloque independentista y ha hecho que se haré un gran número de indecisos, que simplemente no pueden tolerar durante más tiempo actuaciones como las que se vieron domingo. Aquí hemos visto como los comunes e incluso una parte del PSC se han desmarcado completamente del PP y se han encontrado obligados a apoyar a una población mayoritariamente independentista, que es la que ha sido objeto del ataque.

En cuanto al frente internacional, la reacción ha sido aún más clara. La indignación generalizada con que la prensa mundial ha reaccionado a las imágenes hace un cojín de apoyo en Cataluña que se puede capitalizar con una relativa facilidad.

En política internacional, la concesión del remedial only es una de las prácticas más habituales para desatascar una situación complicada. Se trata de aceptar un paso de gran trascendencia pero explicando que se acepte porque es el único remedio para volver al equilibrio original. En este caso, la independencia sería el ‘remedio único’ para que Cataluña recuperara la autonomía claramente violada por el estado español con la actuación del domingo.

¿Qué va a pasar?
Ahora se abre un momento de clara confrontación. El parlamento debe decidir, probablemente el miércoles, como enfoca la sesión para aprobar la declaración de independencia y qué día la hace. La fecha dependerá de cuántos días necesita la Sindicatura Electoral para hacer su trabajo. Teniendo en cuenta que mañana hay huelga y el miércoles el parlamento recibirá oficialmente la demanda, es casi imposible de hacerla esta semana. Lunes de la próxima semana parece el día más probable, ahora mismo.

Pero también dependerá de la reacción española. Es difícil de imaginar que Madrid aceptará su derrota sin más y, por tanto, tendrá que hacer algo. Siendo imposible cualquier negociación, lo más probable es que España opte por aumentar el nivel de violencia.

Esto se podría traducir, sobre todo, en un intento de detener el gobierno o de ocupar el parlamento. Sin embargo, cualquiera de las dos acciones significaría un acto definitivo que desencadenaría una declaración de independencia inmediata, y también un escándalo internacional aún más gordo que el actual.

Según el nivel de violencia que el estado proviene de aplicar, habrá un momento en que el gobierno podría pedir a los Mossos que actúan en defensa de la población civil. Esto, en buena lógica, debería pasar el mismo día de la declaración de independencia, momento en que de manera formal la Guardia Civil y la policía española pasarían a ser fuerzas extranjeras. Pero, según las que pase, no se puede descartar que esta decisión se haya de tomar antes.

De cualquier modo, ahora la independencia ya depende sólo del voto favorable del parlamento, voto asegurado con los escaños de Juntos por Sí y de la CUP y que incluso se podría ampliar con diputados de Cataluña Sí Se Puede. Este voto, legitimado por el resultado del 27-S y validado en el referéndum, no es alterado por la actitud que puedan tomar sobre todo PP y Ciudadanos de marchar del parlamento. Recordemos, una vez más, que los pro-rusos marcharon antes de la declaración de independencia del parlamento letón.

¿Qué debe hacer el gobierno, tras la proclamación?
Hay dos objetivos inmediatos, tras la proclamación de la independencia. El primer -y principal- es mantener el gobierno del territorio. Y el segundo, que no es urgente, es negociar el reconocimiento internacional.

El primer sí es importante, porque ningún estado no reconocerá formalmente Cataluña si la Generalitat, la República, no ejerce el gobierno diario de los catalanes. En la práctica, esto no debe ser muy complicado, ya que la mayor parte de las actividades consideradas administrativas y políticas del país ya se hacen desde una dirección catalana. Hospitales, escuelas, maestros, policía, incluso jueces … tienen una organización que controla la Generalidad.

Los pocos elementos que quedan fuera de esta trama, básicamente fronteras y algunas grandes infraestructuras, pueden ser objeto de un control pasivo temporal. Por ejemplo, el aeropuerto de Barcelona. No tendría sentido originar un conflicto grave para el aeropuerto pudiendo adoptar medidas de control externas al edificio. España no está en disposición de cerrarlo ni de dejar de operar en el centro de control aéreo de Gavà, para que estas instalaciones prestan servicio también al sur del estado francés. Esperar con paciencia el momento de la negociación sería una buena táctica, una táctica que ya emplearon los países bálticos.

Es muy importante, el reconocimiento internacional?
Evidentemente, el reconocimiento internacional es determinante. Para ser un estado no hay que ser reconocido internacionalmente pero un estado sin reconocimiento internacional es muy extraño.

Salvo que pase algo muy sorprendente o que una reacción desmedida de España lo precipite, el reconocimiento será un proceso lento. En la mayoría de los estados nuevos, dura entre dos años y tres.

En este periodo, los demás estados estudian la viabilidad práctica del estado nuevo, que quiere entrar en la arena internacional: si es funcional, si es capaz de controlar su territorio, si es fiable. En un primer momento, se hacen pasos poco perceptibles desde la calle, pero importantes. Por ejemplo, se podría esperar un acceso más o menos rápido en Europol o una serie de acuerdos de bajo nivel político, muy técnicos, con Francia. O la presencia, bajo cualquier apariencia, del Banco Central Europeo en Barcelona. A partir de estos puntos básicos, los estados irán evolucionando y se irán decantando hacia el reconocimiento diplomático o no.

En este proceso habrá dos elementos clave: Francia y la Unión Europea.

Francia será muy importante, porque tendrá una frontera estatal común en la Cataluña Norte. Es, pues, el gran estado europeo que tiene más interés en mantener una relación normalizada con la república. Serán sus intereses -de seguridad, pero también económicos- que marcarán el ritmo.

Especialmente, marcarán el ritmo de la Unión Europea, aunque esta tenga una dinámica propia. Para la Unión, el conflicto entre Cataluña y España es una de las situaciones más difíciles que podría imaginar. Porque no hay precedentes ni reglas que se puedan aplicar asépticamente y porque es consciente de que, termine como termine, una de las dos partes se sentirá ofendida.

Desde el punto de vista técnico, la solución es sencilla y ya ha sido avanzada por la diplomacia alemana. Como las leyes europeas están en vigor en Cataluña, continuarán vigentes en Cataluña, por lo que, con independencia de la negociación formal que sea necesario, la vida diaria no será interrumpida y los ciudadanos no notarán ningún cambio.

Desde el punto de vista político, todo será más difícil. Quizás la Unión Europea, para evitar el trance de tener que decidir, propondrá una negociación. Pero no se puede negociar nada que no sea, como mínimo, un segundo referéndum de autodeterminación, esta vez acordado. Bruselas sabe que eso España no lo aceptará nunca y que por debajo de esto Cataluña tampoco aceptará nada. Y aquí hay una paradoja sorprendente: la Unión Europea tiene maneras muy eficaces de presionar España, pero no tiene ninguno para presionar en Cataluña.

De cualquier modo, no es previsible de entrada una situación de reconocimiento pleno, pero tampoco la expulsión. Probablemente se encontrarán fórmulas innovadoras, como la que salvó la situación de Chipre o como la que sirvió para hacer entrar la antigua RDA, cuando todavía era miembro del Pacto de Varsovia. Nuevamente, al gobierno catalán le es más sencillo que a la central para que cualquier paso adelante en la escena internacional será claramente una victoria.

Y la constitución?

La Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República delimita, finalmente, como se hará la transición dentro del Principado. Dibuja un periodo de un año durante el cual habrá dos elecciones, un referéndum y un debate social.

En -trepidant- posterior a la declaración de la independencia comenzará con la convocatoria del Foro Social Constituyente. Durante medio año, este foro delimitará, mediante la participación popular, las grandes líneas de la nueva constitución, sin concretarlas en ningún articulado.

El articulado será la tarea de la Asamblea Constituyente, que nacerá de las elecciones que se harán en marzo de 2018. Estas elecciones tendrán el enorme riesgo de saber qué pasaría si las guanyassen las fuerzas unionistas. Si no es así, el nuevo parlamento tendrá medio año para redactar la constitución de la república que será sometida finalmente a referéndum. Y después de este referéndum -y si todo ha ido bien-, se convocarían otras elecciones, ahora ya el primer parlamento republicano. Con ello se cerraría el periodo de transición.

¿Cuáles son los grandes peligros?
Ahora mismo, los dos grandes peligros que aparecen en el horizonte son el control de la hacienda catalana por parte del estado español y el proceso constituyente complicado que se ha diseñado para después de la proclamación.

En este momento, las autoridades españolas controlan totalmente la hacienda catalana. Para ello será necesario encontrar la manera de deshacerse de él. Sin dinero en la caja, la república no puede funcionar y esto obligará al gobierno a tomar medidas para que los bancos liquidan los impuestos públicos a la Generalitat y no en España. No será fácil, pero hay maneras de hacerlo.

El diseño del periodo constituyente es ciertamente un dolor de cabeza importante. Normalmente, los países que acaban de independizar no se arriesgan tanto de una manera tan rápida como se arriesgará la república catalana, y procuran estabilizar las instituciones antes de someterlas a la tensión de un debate que debe ser necesariamente partidista. Pero en el caso del Principado la decisión ya se ha tomado y, por tanto, deberá asumir.

La hoja de ruta catalán, triunfe o no, ya sólo se detendrá con una mediación internacional. La jornada de ayer es un gran éxito de movilización del independentismo que la violencia policial española manchó. También son protagonistas los sectores económicos, Mishima, Groucho Marx y la Constitución de la Habana.

Esta noticia se publicó originalmente el 02/10/2017 y, por tanto, la información que aparece hace referencia a la fecha especificada.

El referéndum del 1 de octubre fue un éxito. El soberanismo llevó 2,26 millones de personas a votar en un contexto adverso -los colegios de 700.000 electores fueron assaltats- y excepcional y el «sí» a la independencia se impuso con el 90% de los votos. Había argumentos para ir. La gente defendió los puntos de votación con valentía y tomó las calles para asegurar el recuento. Enfrente tenían la Guardia Civil y la Policía Nacional española, que justificaron su estancia en Cataluña y no se estuvieron de actuar como un ejército de ocupación llevar ante ciudadanos que gritaban «queremos votar» y «somos gente de paz «. Más de 800 heridos, palizas y rotura de huesos en personas indefensas, periodistas e incluso discusiones y empujones a los agentes de los Mossos que intentaban actuar con proporción de acuerdo con lo que se había acordado. Rajoy dijo que el 1-O no era un referéndum, luego lo «desarticular» y, quizá porque nada de todo ello era cierto, acabó propiciando una intervención, «criminal» según Carles Puigdemont, que nadie esperaba y que sobrecogió las opiniones públicas internacionales (sólo había que echar un vistazo a la prensa).

La dureza de Rajoy, que goza del apoyo del PSOE -ayer Pedro Sánchez poner pocas enmiendas y señaló el independentismo como el gran culpable- y de Ciudadanos, no se detendrá y ayer el PP no tuvo problemas en justificar la violencia. De hecho, ya ni depende de él lo que pase para que las querellas de la Fiscalía y los procesos en el TC, al TSJC y al juzgado 13 hacen su camino. El problema de Sánchez no era el porqué de las cosas, sino que se proyectaba una imagen que «avergüenza» algunos españoles. Los líderes estatales esperan una DUE y en los próximos días intensificarán los contactos. Joan Serra Carné reflexiona sobre la desconexión emocional de los catalanes, provocada por Rajoy y los aliados constitucionalistas, en su opinión.

La DUI y la presión exterior. Puigdemont dejó claro que se seguirá con la hoja de ruta prevista en la ley del referéndum (que incluye la Declaración Unilateral de Independencia) y que ahora los partidos deberán acordar su ejecución después de un triunfo del «sí «al referéndum que habrá sido claro. La DUI es una vía y la otra, una vez volados todos los puentes con el gobierno del PP y el PSOE, es que la presión internacional fuerce una negociación que desemboque en un referéndum pactado, que es el mínimo exigible por los soberanistas. La preocupación de Merkel y las críticas abiertas de varios jefes de gobierno comunitarios marcan un punto de inflexión. De los anuncios post-referéndum de Puigdemont y su Gobierno hicieron esta crónica Roger Tugas y Oriol March.  Ahora toca hacer huelga por nuestros derechos básicos. Lo primero que deberán despachar las formaciones y las entidades soberanistas y el Gobierno será la huelga general (movilización ciudadana) que vehiculará el enorme malestar ciudadano que dejó la actuación policial de ayer y que afiance el momento. El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, se reunió anoche en la sede de CCOO con el líder de este sindicato, Javier Pacheco, y el de UGT de Cataluña, Camil Ros. Acordaron ir a la huelga, una propuesta ya había sido puesta sobre la mesa por otras organizaciones sindicales más minoritarias como la CGT o la Intersindical-CSC. Parar el país era necesario y hoy ya se podría hacer alguna parada parcial. Sara González y Jordi Bes explican como se anunció.

Las dos caras del Barça. Los centros de trabajo no pueden ser ajenos a la realidad social. Y tampoco el Barça. Al mediodía comenzó la presión de muchos socios para pedir al club que suspendiera su partido contra la Unión Deportiva Las Palmas (que para la ocasión quería llevar una bandera española en su equipación) ante la gravedad de los hechos que estaban ocurriendo en todo el país. La directiva de Josep Maria Bertomeu se escudó en la Liga de Fútbol Profesional por no suspenderlo y se limitó a hacer que se jugara a puerta cerrada. El contrapunto lo puso una de las estrellas del club, Gerard Piqué, que por la mañana había votado y que después del partido criticó la actitud de la junta y del gobierno español. Por cierto que tres directivos (uno de ellos Carles Vilarrubí) dejaron ayer mismo la junta por el desacuerdo con Bartolomé. El proceso sigue desenmascarando todos. También opinó, de acuerdo con su compromiso soberanista, el ex entrenador del Barça Pep Guardiola.

La esperanza de una canción. Es lunes y toca canción para empezar una semana que también será importante con buen ánimo. Una del grupo barcelonés Mishima que me recomienda Dani. Es deberá hacer de noche, del trabajo «Ahora y nada». Por supuesto que saldrá el sol. Para proponerme canciones simplemente responda este correo.

Visto y leído

Muchos derechos se han visto amenazados estos días. También el de la libertad de información. Visitas de la Guardia Civil en redacciones e identificación de redactores y ayer porrazos (entre ellas a una redactora de nuestro diario en las Tierras del Ebro) y desalojos. El observatorio Media.cat, una iniciativa del grupo Barnils, los recogió ayer en su portal, que estos días ha ido actualizando un preocupante mapa de la censura.

el pasillo

A medida que avanzaba el 1-O, crecía la preocupación en los sectores empresariales y económicos por el impacto que las imágenes de la represión policía en Cataluña pueden tener en la economía española. Hay mucho de inquietud porque la imagen de la marca España se verá afectada por la degradación de la situación política y se puede ir al traste el relato de una suave (pero también desigual) recuperación económica. Todos los ojos del mundo empresarial seguirán los movimientos bursátiles del lunes. Repercutirán algunas palos en la posición del Ibex-35, que está sólo un poco por encima del índice psicológico de los 10.000 puntos? Una muestra de cómo los acontecimientos en Cataluña trastocan los cálculos del mundo patronal la mujer que el 3 de octubre, día de la huelga general convocada, está previsto hacer en Madrid un gran acto empresarial en favor del corredor mediterráneo en el recinto ferial de Madrid, el Ifema.

La efeméride

Tal día como hoy de 1928 la Asamblea Constituyente del Separatismo Catalán, reunida en la ciudad de La Habana, la capital de Cuba, aprobaba un proyecto de constitución que llevaría el nombre de la ciudad. La cumbre independentista, en plena dictadura de Primo de Rivera en España y sin instituciones de autogobierno en el país, acordó reorganizar el movimiento soberanista y dotarlo de propuesta política, la Constitución de la Habana. La Asamblea la lideró Francesc Macià, que acabaría siendo el primer presidente de la Generalitat reconstituida. La estelada, la bandera de combate del independentismo, se inspira, de hecho, en la de Cuba. Con este documental en sabréis un poco más.

El aniversario

El dos de octubre de 1890 nació en Estados Unidos el actor de origen judío Groucho Marx, que murió en 1977. Era el tercer hermano del trío de actores cómicos y su pillería y ocurrencia lo convirtió en un todo un referente, aún vigente, del humor surrealista e inteligente. Aquí puede recuperar las cien mejores frases del actor.

La extrema derecha ha vuelto al parlamento alemán setenta años después. La noticia es histórica, pero la observamos como el que ve llover a través de la ventana. Nos ha salido callo de tanta agua. ¿La clave del éxito ultra en Alemania? La de siempre últimamente, que es la misma de toda la vida y en todos lados. Olvido, agitación del nacionalismo en tiempos difíciles y búsqueda de enemigos, fuera y dentro. Esta fórmula, como la de la Coca Cola, nunca falla. El refrescante chisporroteo del nacionalismo hace que hasta el consumidor más moderado, según su propio criterio, se apunte a la moda del gas ultra. Alemania no es un caso raro. Pasa en casi toda Europa. Con más o menos fuerza lo hemos visto últimamente en Francia, Finlandia, Hungría, Holanda, Austria, Noruega, Reino Unido…  Siempre que vemos la lluvia a través del cristal, solemos taparnos con la manta y contar la misma historia: en España, por suerte, eso no pasa. Es gracias al PP, dice la leyenda, el partido vileda que todo lo absorbe. Gracias a ellos aquí estamos secos como culo de bebé de anuncio. Desde el sofá y con la manta, celebramos la moderación que supone que algo tan peligroso como la ultra derecha no cruce los Pirineos.

Lo celebramos tanto, y es normal, porque sería muy preocupante que movimientos ultras llegasen a puestos de poder en España. Nadie quiere algo así. Si eso llegara a pasar algún día, y ojalá nunca pase, sabríamos lo que es tener, como en otros lugares, a líderes políticos señalando a los inmigrantes como culpables de la inseguridad o el lento funcionamiento de la sanidad. No son los recortes, es esa señora con velo, diría un dirigente ultra antes de aprobar una ley que se carga la atención sanitaria universal. Otro líder ultra señalaría con carteles por las calles de su ciudad a los rumanos. Habría para todos. Si un día el extremismo llegase, veríamos cosas que nos parecerían imposibles de ver por aquí. Ministros de Interior, ni más ni menos, despachando el drama de los refugiados con un “pues métalos usted en su casa”, para, a continuación, culpar a las ONGs, ponerle dos metros más a la valla de Melilla y una ración extra de cuchillas a la de Ceuta. ¿Se imaginan?

Veríamos, si algo como el extremismo de derechas pudiera suceder en España, al mismísimo Gobierno saltarse leyes internacionales, negándose a cumplir la legislación que obliga a acoger a quienes huyen de la guerra. Y además, esto siempre pasa en otros lugares con partidos ultras, lo haría con excusas que estigmatizasen como terroristas a las propias víctimas del terrorismo. Madre mía, la que está cayendo ahí fuera. Por suerte no pasa, pero si en España pudiera suceder, en algún caso extremo incluso podríamos llegar a  ver escenas dramáticas. Quién sabe si la Guardia Civil disparando hacia personas a nado. Y lo peor, veríamos a los responsables ultras tapando primero y justificando después quince muertes. Si en España, como ocurre en otros lugares, gobernaran los ultras, al ser preguntados por un escándalo como ese, la respuesta habitual sería una evasiva patriótica. Francia/Finlandia/Alemania es una gran nación. Algo así.

Por suerte aquí no pasa. Si pasara, si en lugar del Partido Popular tuviéramos en España dirigentes ultras, quién sabe si sufriríamos a líderes políticos que, en lugar de arreglar las tensiones internas, las alimentaran para sacar beneficio nacionalista. ¿Se imaginan lo que debe de ser que, ante una situación territorial delicada, en lugar de sentarse a solucionarla, los dirigentes pidieran más banderas a la población? “Cuelga tu bandera española en el balcón”, sería la solución ultra en lugar de sentarse a trabajar para solucionar el problema territorial. Si aquí hubiese, como al otro lado de la ventana, partidos extremistas, desde el Gobierno harían incluso vídeos para victimizar el hecho de ser español ante el enemigo Cataluña. Qué locura sería que en lugar de cohesionar, alguien con poder jugase a dividir su propio país, ¿se imaginan? Menos mal que aquí no pasa. En nombre de la interpretación más extrema y subjetiva de la ley, un Gobierno ultra llegaría incluso a detener a políticos. También se registrarían imprentas y periódicos, se prohibirían actos legales y pacíficos o se usarían millones de euros y recursos para crear una sensación de guerra, con los cuerpos de seguridad del Estado desfilando por medio país. Para todo esto, si hiciera falta, se usarían jueces amigos, quién sabe si cargos de la dictadura anterior reconvertidos a los nuevos tiempos. Y se podría hacer así porque, en un país ultra, lo de la independencia judicial sería muy relativo.

En un país donde la extrema derecha estuviera presente, como los del otro lado de la ventana, el espíritu ultra acabaría notándose en la calle. Habría masas en las puertas de los cuarteles ovacionando a la Guardia Civil enviada a tierra enemiga, y gritos de “a por ellos” mientras se agitan las banderas. Incluso, vamos a seguir imaginando, veríamos a cargos públicos del partido ultra en el Gobierno pidiendo en redes sociales que la Guardia Civil vaya a Cataluña a “dar hostias como panes” contra ciudadanos que quieren votar. Sería de locos si en España no estuviera el PP, las consecuencias serían imprevisibles. En un país dominado por el espíritu ultra, los límites democráticos se difuminarían tanto que los gobernantes sentirían que esto es su cortijo, también a la hora de usar a su antojo las fuerzas de orden público. Sería peligroso. Se intentarían imponer leyes mordaza para controlar a la ciudadanía crítica, se crearían alcantarillas del Estado en las que tapar delitos del propio partido en el Gobierno, fabricar informes falsos contra rivales políticos o acosar a jueces, fiscales y periodistas.

Si en España hubiera un partido ultra con poder, la cosa iría más allá del conflicto entre territorios, o del enemigo inmigrante, o del victimismo español o católico. Quién sabe si, desde el propio Gobierno, se señalaría incluso como traidores a la patria a los críticos con el partido ultra. Las cosas podrían ponerse mal. Puestos a imaginar, vámonos a un caso tan extremo como extremos son los partidos que crecen fuera de España y aquí por suerte no. Imagínense a 400 cargos públicos, a diputados, senadores, alcaldes, todos críticos con la postura del partido ultra, todos elegidos en democracia, siendo retenidos durante horas en un edificio por manifestantes que los acusan de ser traidores a la patria, ni más ni menos, mientras las fuerzas de seguridad están en cuadro porque se preparan para incautar urnas. Sería de risa si aquí algo así pasara. Tanto la escena como las explicaciones. Los ultras, como explica Le Pen en Francia o Wilders en Holanda, dirían que no son ultras, sino franceses u holandeses molestos que han decidido protestar contra quienes atacan su país. Y lo peor, si en España hubiera alguna vez un partido ultra con fuerza, es que todo eso iría cada vez a más. Al mismo tiempo que toda esa radicalidad, autoritarismo y nacionalismo crecerían, encontraríamos a mucha gente que lo justificase de una u otra manera. Todo se normalizaría. Siempre pasa así cuando lo ultra se impone. Por suerte en España esto no pasa porque tenemos al PP. Que alguien me traiga un secador, por favor.

La dimensión de un acontecimiento se mide por la aparición de la pregunta “dónde estabas”. Recordar el suelo que pisabas mientras algo sucedía es una especie de sello de calidad que otorga la Historia, un certificado, imposible de falsificar, de que algo importante sucedió. ¿Dónde estabas cuando Tejero entró al Congreso? ¿Dónde estabas cuando dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas? ¿Dónde estabas cuando España ganó el mundial? Todo suceso al que, pasados los años, le acompañe el recuerdo del sitio desde el que fue observado, es susceptible de ser llamado Historia. El 1 de octubre de 2017 yo estaba en Zaragoza por una visita familiar. La ciudad estaba aquel día inundada por banderas de España y Aragón, atadas a los balcones como respuesta al referéndum catalán. Caminando por la calle Don Jaime a primera hora de la mañana, recibí la llamada asustada de un amigo de Barcelona. Tengo miedo por lo que pueda pasar, me dijo, no mandas a un ejército hasta aquí gritando a por ellos para que luego no haya violencia, van a venir a por sangre, se despidió pesimista.

Los acontecimientos que se escriben con mayúsculas tienen en común la existencia de un relato más o menos aceptado por la mayoría de los ojos que lo observaron desde uno u otro lugar. Lo de Tejero fue un intento de golpe de Estado, el 11S en Nueva York se produjo un gigantesco atentado y el gol de Iniesta fue un zapatazo cruzado imparable. Toda teoría que contradiga lo que el ojo recordó ver, no es, normalmente, más que una conspiranoia marginal. Excepto en el caso del 1 de octubre en Cataluña.

La negación de la realidad se ha convertido, un año más tarde, en relato oficial. Unos minutos después de la llamada de teléfono desde Barcelona, las primeras imágenes grabadas por las cámaras empezaban a darle la razón a mi amigo. En muchos colegios, la escena de gritos, de golpes, de decenas de policías arremetiendo contra todo bicho viviente cercano a una urna o papeleta se repetía en bucle por toda Cataluña. Aquella mañana vivimos una jornada histórica, entre otras cosas, porque histórico fue ver a la policía saltarse los protocolos de seguridad y provocar altercados contra ciudadanos pacíficos, dejando un puñado de heridos por gentileza del ministerio.

Aquella noche, cenando en un bar, el ambiente era tenso. El telediario evitaba algunas de las escenas más violentas de la jornada, mientras Rajoy se felicitaba en su comparecencia por haber metido a España en la Champions de la democracia. Aquella noche me llamaron de nuevo desde Barcelona: te lo dije, han herido a tres amigas, ni siquiera son indepes, sólo se acercaron en solidaridad por lo que estaban viendo por la tele. Al final he sentido más rabia que miedo, me confesó mi amigo. Aquella noche me prometí no ser tolerante con quien justificara aquello. Aquella noche no me podía imaginar que, unos días después, se diera la gran desfachatez de construir un relato oficial contrario a lo que nuestros ojos vieron. En Cataluña, aquel 1 de octubre, no se usó la violencia contra ciudadanos pacíficos. En Cataluña, las víctimas fueron los pobres policías, perseguidos por directores de hoteles y vecinos. En Cataluña, aquel 1 de octubre, no se rompió algo para siempre. Hace un año, en Cataluña no pasó nada. Sigan circulando y olviden dónde estaban hace un año.