El Tribunal Constitucional legaliza Sortu, la antigua Batasuna, que sigue liderada por Arnaldo Otegi, por seis votos contra cinco

El Tribunal Supremo respalda el criterio del Gobierno de no inscribir a Sortu, la nueva marca electoral de Batasuna, en el registro de partidos. A la espera de conocer la fundamentación jurídica de la sentencia, de los testimonios oídos en la vista pública y de su valoración por las partes se deduce que el tribunal se atiene a lo obvio, la continuidad organizativa entre Batasuna y Sortu, sin que aprecien razones suficientes para aceptar que ha habido una ruptura de los vínculos que la izquierda abertzale mantenía con ETA.

Así lo sostuvieron los agentes policiales que comparecieron como testigos, si bien no presentaron pruebas fehacientes de su principal conclusión: que el distanciamiento de ETA por parte de Sortu, incluyendo el compromiso de condenar eventuales atentados futuros, había sido pactada con la propia banda; se trataría entonces de una aceptación formal de las exigencias de la Ley de Partidos con la intención real de burlarla: un fraude de ley. Frente a esa conclusión el abogado Iruin invocó el debate interno de la izquierda abertzale cuyo resultado habría sido dejar sin espacio político a ETA. Sobrentendiéndose que esa era la condición para que ETA optara por disolverse.

Es un buen argumento que se enfrenta, sin embargo, con la evidencia de que ETA no lo comparte, lo que podría dar lugar a una situación en la que fuera compatible el rechazo del terrorismo con la existencia de una banda que no renuncia a atentar: que se mantiene como amenaza latente. Entre la presentación de sus estatutos y la sentencia de ayer, Sortu ha sido incapaz de aclarar algunos puntos esenciales: si renuncia a la negociación que ETA sigue considerando eje de su estrategia; si su renuncia a la violencia incluye la condena de la que durante 30 años ha justificado en nombre de esa estrategia; si exige la disolución de ETA.

Ante esa situación, el tribunal parece haber optado por un criterio prudencial (y poco comprometido): de momento, no. Es decir, no a la legalización mientras el transcurso del tiempo no confirme o desmienta los indicios contradictorios existentes. Con la posibilidad de que la decisión definitiva la ofrezca el Tribunal Constitucional. La prueba del tiempo será decisiva para el desenlace, se produzca este por desistimiento de ETA o por pruebas más convincentes de que Sortu está dispuesta a dejar a la banda sin terreno en el que aplicar su estrategia.

TAL Y COMO adelantó este periódico en su edición de ayer, el Tribunal Constitucional ha legalizado Sortu, la formación a la que el Supremo situó fuera de la ley por considerar que era un artificio político de ETA para suceder a la ilegalizada Batasuna. La sentencia, dictada con seis votos a favor y cinco en contra, estima el amparo solicitado por los miembros de Sortu, anula el auto de la Sala del 61 y concede al partido el derecho de inscripción en el registro. El tribunal ha fallado de acuerdo con el contenido de la ponencia de Elisa Pérez Vera, que sostiene que «la eficacia de la rotunda condena de la violencia en los estatutos y en las declaraciones de los promotores del partido no puede estar sometida al dilema de la mayor o menor sinceridad del sujeto». Esta muestra de credulidad, aparte de ser muy sospechosa, no va acompañada de refutación alguna de los elementos de convicción de la sentencia del Supremo, y éstos no se fundaban en juicios de intenciones -como parece sostener el TC-, sino en el hecho cierto de que Sortu no ha condenado los atentados de ETA y en documentos de la banda que marcaban los criterios de actuación de la izquierda abertzale después de la ilegalización de Batasuna. Ello llevó al Supremo a concluir que «ETA ha gestado, alentado y tutelado la estrategia de Batasuna de crear un nuevo partido, así como su puesta en escena, incluido el rechazo formal de la violencia».

La propia sentencia del Tribunal de Estrasburgo que ratificó la ilegalización de Batasuna aseguraba, en la misma línea, que «el programa de un partido político no puede ser tenido en cuenta como el único criterio para determinar sus objetivos e intenciones», sino que es necesario compararlo «con los actos y tomas de posición de sus miembros y dirigentes». Ninguno de los dirigentes de Sortu ha condenado los atentados ni ha pedido a la banda que se disuelva.

El fallo del Constitucional es un retroceso a la situación anterior a la Ley de Partidos y no puede desvincularse del alto el fuego «permanente» decretado por ETA el pasado año, a pesar de que la banda ni se ha disuelto ni muestra intención alguna de hacerlo. Nadie puede negar la legitimidad de la composición del tribunal sentenciador, pero tampoco se puede ignorar que hay magistrados cuyo mandato ha expirado tiempo ha e incluso un fallecido en 2008 que no ha sido sustituido. Dado que parece que el acuerdo PP-PSOE para la renovación del TC está al caer, es muy significativo que la sentencia haya sido decidida por el tribunal en su actual composición, que no se corresponde con las previsiones constitucionales. En este sentido, hay que señalar que la actuación del Gobierno ha sido, cuando menos, ambigua y sospechosa.

Como es lógico, las asociaciones de víctimas han considerado vergonzosa la legalización. Es cierto que el TC abre un pequeño resquicio a que Interior pueda rechazar la inscripción de Sortu en el registro si no cumple «los demás requisitos legales» de la Ley de Partidos. Pero para entender por qué el fallo puede ser considerado como una afrenta, basta ver la reacción de Batasuna. Pernando Barrena fue claro: «Hoy Sortu, mañana presos vascos a casa».

El apretado veredicto del Tribunal Constitucional a favor de la legalización de Sortu, seis votos contra cinco, muestra hasta qué punto las dos respuestas posibles, levantar o mantener la prohibición decretada en marzo de 2011 por el Supremo, contaban con argumentos fuertes. Lo sucedido ayer reproduce la ajustada votación del año pasado en el Constitucional respecto a la legalización de Bildu, la agrupación utilizada por la izquierda abertzale para concurrir a las elecciones municipales y forales. Una vez legalizadas las candidaturas de Bildu, y sin que desde entonces se hayan registrado más derivas violentas que algún atisbo de kale borroka —antes al contrario, ETA ha dejado de atentar—, la decisión del Constitucional sobre Sortu resulta coherente con la adoptada respecto a Bildu.

El fondo del problema consistía en determinar si Sortu pretende actuar como simple instrumento político y electoral de una banda terrorista, o si son ciertas sus promesas de abrazar la democracia y la paz. Ante los magistrados se abrían dos difíciles caminos: o bien reconocer que los documentos de Sortu resultan suficientemente rotundos en la condena de la violencia, y que no hay datos para desmentir esa voluntad; o bien sostener que no pasan de ser una mera ficción, destinada a burlar la ley. Frente a la determinación de la izquierda abertzale, cuyos dirigentes tienen claro desde hace años la estrategia de cese de la violencia e implicación abierta en la política, no han faltado las dudas y las divisiones en el campo democrático. En definitiva, una mayoría de magistrados ha estimado el recurso de Sortu contra la prohibición de su inscripción en el registro de partidos políticos, lo cual es tanto como decir que, en democracia, no se puede impedir la participación de una entidad política solo por sospechas sobre su sinceridad.

Aceptar a un partido de la izquierda abertzale en un plano de normalidad política consolida la apuesta de aquella por las vías pacíficas. Sus miembros actuarán mucho más abiertamente y es probable que disminuya el peso de otros grupos que han acompañado al núcleo duro, aglutinado históricamente en torno a Batasuna, y que han contribuido a ahuyentar algunos miedos a votarles. Parte del avance electoral de Bildu —y de la fórmula Amaiur en las elecciones generales— se debió a su relativa pluralidad, de modo que podrían perder respaldo si intentaran quedarse como un partido monolítico.

Habrá quien se lamente de que la democracia no haya sido mucho más exigente con la izquierda soberanista, y de que esta adquiera el derecho a jugar plenamente en política sin haber reconocido antes el daño causado por ETA, ni haberle exigido su disolución. Indiferente a las discrepancias expresadas por los ministros de Justicia y de Interior respecto a la decisión del Constitucional, la Asociación de Víctimas del Terrorismo acusó ayer al Gobierno de Rajoy de haber «llevado a cabo» la hoja de ruta pactada por Zapatero con ETA, e insinuó un acuerdo entre Ejecutivo y PSOE para que la decisión se tomara antes de renovar la composición del Constitucional.

La posibilidad de una involución en el alejamiento entre la izquierda abertzale y ETA no es descartable. Ahora bien, las incertidumbres del futuro no pueden abolirse aferrándose mecánicamente a las seguridades del pasado. Si llegara a probarse que Sortu se halla al servicio de una ETA que se resiste a disolverse, el Estado de derecho tendría que actuar en consecuencia, como lo hizo para derrotar a la banda. Que la izquierda abertzale no va a renunciar al independentismo es una evidencia. Lo que la mayoría del Constitucional no ha aceptado es que, en ausencia de violencia, sea preciso impedirle actuar políticamente.