Emilio Romero (PUEBLO) acusa al DIARIO DE BARCELONA de Martín Ferrand de publicar sapos, desenfrenos y drenajes injuriosos

La Comisión de Justicia de las Cortes ha modificado el proyecto gubernamental de Ley de Bases para la organización de la Justicia, incluyendo la exigencia de un juramento político que, con carácter previo al ejercicio de la profesión, habrán de prestar los abogados y los Procuradores de los Tribunales.

Me parece bien que todos los ciudadanos de un país – sean abogados, procuradores, o ejerzan cualquier otra profesión u oficio – juren o prometan cumplir fielmente las leyes del Estado. Se trata de un ‘sino qua non’ de la convivencia pacífica, bajo el imperio del Derecho. Sin embargo, yo no considero correcto obligar a jurar las leyes de los Estados que no adoptan una postura de neutralidad en el juego de la discrepancia política entre los diferentes sectores de la Sociedad. Las autoridades del Estado han de ser como los árbitros de los partidos de fútbol. Los jugadores, los entrenadores y los hinchas de un equipo les respetan cuando se comportan con imparcialidad. Pero ¿qué afición prometería fidelidad de un árbitro que en su propio campo anunciara que compartía plenamente las ideas deportivas del equipo visitante, del que se estimaba portavoz y ejecutor durante el partido?

La fidelidad y el acatamiento de los ciudadanos se obtienen normalmente en los países de alta cultura política, con Estados ideológicamente  imparciales. Cuando una doctrina cerrada pretende informar la organización y el funcionamiento del Estado, los juramentos políticos de adhesión resultan para muchos – para los que no son fanáticos del Sistema – un requisito excesivo. Y en tales situaciones abundan los juramentos condicionales, con reservas mentales y los juramentos falsos.

La reforma de la Comisión de Justicia, en suma, hay que valorarla en función del contenido ideológico del Estado español en un futuro próximo, cuando el proyecto se convierta en ley obligatoria. Si el Estado es el hogar e todos los españoles, sin discriminación alguna, con la desaparición de los monopolios ideológicos y las ortodoxias doctrinales pienso que ningún aspirante a abogado en ejercicio o a procurador de los Tribunales tendrá el menor reparo en prestar juramento.

A los abogados y a los procuradores, por el contrario, se les forzará la conciencia , por el contrario, se les forzará la conciencia si se les impone la obligación de acatar sin condición es la verdad política que quiera imponer una fracción del país, un grupo, más o menos numeroso, que se valga partidistamente del Estado, marginando, eliminando o exiliando al resto de los españoles.

Un abogado y un procurador de los Tribunales, que tienen la alta misión de pedir diariamente Justicia, no pueden – no deben – jurar o prometer fidelidad a este tipo de Estado monoclor.

Manuel Jiménez de Parga

Un diario de Barcelona, cuya propiedad se reparten dos tradicionales fidelidades al Régimen y al Jefe del Estado como las de la casa Mateu, y la casa Godó y que embalsan con amplio sentido del aperturismo corrientes políticas e ideológicas procedentes de acequias extramuros del Régimen, publicó el pasado domingo un artículo Manuel Jiménez de Parga de insólito planteamiento y de consecuencias normales a su exposición. Se refiere el trámite de juramento de Abogados y Procuradores en el proyecto de ley de Bases para la organización de la justicia. Señala que no considera correcto obligar a jurar las leyes de los Estados que no adoptan una postura de neutralidad en el juego de la discrepancai política entre los diferentes sectores de la sociedad ‘La fidelidad y el acatamiento de los ciudadanos – dice – se obtiene normalmente en los países de alta cultura política con Estados ideológicamente imparciales. Cuando una doctrina cerrada pretende informar la organización y el funcionamiento del Estado los juramentos políticos de adhesión resultan para muchos – para los que no son fanáticos del Sistema – un requisito excesivo”.

Nunca se había publicado en nuestro país una descalificación más rotunda, apasionada y maniquea del Estado. Lo ocurrente es que este Estado, acusado con tanta decisión, de parcialidad ideológica y de falta de neutralidad política, y como representativo de un grupo del país, sea por el contrario, y en la práctica, tan ideológicamente neutral, que no genera su propia réplica o defensa. Verdaderamente no estamos ante un Estado muerto, pero us insensibilidad parece como si estuviera congelado. Esto no le ocurre a ningún Estado del mundo. Hasta ahora, esta tremenda acusación de Jiménez de Parga ha resbalado sobre las superficies entusiastas de cierta prensa, entregada voluptuosamente a aperturizar el Estado, y éste, como se abre sin un mostrador de recepción en la puerta, se cuela jubilosamente la libertad de desacreditar, de desfigurarle y de desarmarle. El párrafo final de Jiménez de Parga es categórico: “A los abogados y a los procuradores se les forzará la conciencia si se les impone la obligación de acatar sin condición la verdad política que quiera imponer una fracción del país, un grupo, más o menos numeroso, que se valga partidistamente del Estado, marginando, eliminando, o exiliando, al resto de los españoles”.

“Si el Estado – continúa Jiménez de Parga – es el hogar de todos los españoles, sin discriminación alguna, con la desaparición de los monopolios ideológicos y las ortodoxias doctrinales, pienso que ningún aspirante a abogado en ejercicio o procurador de los tribunales tendrá el menor repaso en prestar juramento”.

Parece menester una invitación a que se entienda bien todo esto. A mí no me conmueve nada. La política, como el tren me gustan por el traqueteo. Seguramente el país ha entrado en una situación de oír o de leer todo esto. La libertad – independientemente de sus excesos – es una de las primeras manifestaciones de la cultura. Pero cuando un Estado tratado así, calla, porque sus adhesiones políticas son inactivas, o porque los resortes de poder no encuentran el camino de su defensa, es fácil vaticinar por quién doblan las campanas.

Emilio Romero

Entre las infinitas cosas que parece no entender don Emilio Romero en esta España de hoy, tan necesitada de navegaciones exactas y de cuidados y de análisis más allá del gratuito malabarismo con las palabras ácidas, está el DIARIO DE BARCELONA. Desde hace unas semanas el señor Romero ha revuelto su montura, tan galana de juegos y frivolidades, para enristrar las páginas de este periódico que se ha empeñado, seria y profundamente por su parte, en distribuir alientos esperanzados, procurar la libertad posible y ayudar a la edificación de una sociedad con un futuro aceptable. ¿Por qué esta ira del señor Romero?

Digamos ante todo que el señor Romero se ha extravasado de la dialéctica de las ideas y de los propios pareceres para ocupar la lamentable tribuna de la acusación fiscal sin ministerio para ello. Ayer mismo en su Luz Verde, de PUEBLO, el señor Romero culminó su afán persecutorio – ‘Emilio, EMilio, por qué nos persigues?’, podríamos decir como en el camino de Damasco – con una petición clara y terminante de acción estatal contra uno de nuestros colaboradores, el profesor Manuel Jiménez de Parga, y contra nuestro periódico en bloque, para no dejar moro con cabeza. Frente a un comentario del profesor Jiménez de Parga ha dicho nada menos que esto el señor Romero: «Cuando un Estado tratado así, calla, porque sus adhesiones políticas son inactivas, o porque los resortes de poder no encuentran el camino de su defensa es fácil vaticinar por quién doblan las campanas’.

Y dice de nosotros, de todos nosotros, el señor Romero: «Un diario de Barcelona, cuya propiedad se reparten dos tradicionales fidelidades al Régimen, como son las de la casa Mateu y la casa Godó, y que embalsan con amplio sentido de aperturismo corrientes políticas e ideológicas procedentes de acequias extramuros del Régimen…».

Es grave todo esto que afirma al señor Romero. Grave y, sobre todo, triste. Grave porque hay en el afán de la acusación un indebido protagonismo del oficio fiscal, que sólo reviste nobleza cuando se instrumenta a través de la representación pública y en defensa de la sociedad. Triste porque es lamentable el espectáculo de un compañero con la autoimpuesta obligación de la pluma y sin razones ya que sostener con ella, de un modo coherente y verdadero. Cuando la pluma pierde el norte y se empobrece en los rumbos personales que se subordinan a cien constelaciones distintas, el espectáculo del escritor y el oficio de escribir se tornan ruborizantes para el espectador de tan desmadejado esfuerzo. Tristeza hay en nuestro editorial, sobre todo.

¿Por qué esta ira del señor Romero, tratando de confundir las oraciones a quienes ocupan el poder en nombre de unas leyes que somos nosotros los primeros en observar, como lo prueba el hecho de nuestra misma presencia en la escena? ¿Por qué esta ira? ¿Acaso ha llegado el tiempo de que las únicas ideas del señor Romero se reduzcan a la negación del pensamiento libre y constructivo? Si  es así, mal final se agencia el señor Romero como periodista. Demanda nuestro oficio mucha frialdad de talante, mucha elevación de miras, mucha discreción y tino. Algo muy por encima de la mala uva de la ira.

¿A quién quiere servir hoy el señor Romero? En su infinita capilla de santos cambiantes, ¿qué santo ha de ser incensado hoy desde el altar de PUEBLO? Santo negro ha de ser, cavilamos, si el sacrificio que se aporta hasta su ara consiste en la acusación dantonianan en nombre, esta vez de nada, como no sea la tristeza de verse inválido en la escena precisamente cuando el país, de manos del presidente del Gobierno, ha salido de los bastidores para proclamar a través de sus Cortes que hay que construir el futuro con el esfuerzo y la aportación de todos. Santo negro ha de venerar hoy el señor Romero cuando erige por libre su jurisdicción especial para someternos a un sumarísimo de urgencia con que reposar sus inquietudes, tan difusas, tan confusas, tan rigurosamente personales. Desde el momento mismo en que el señor Romero baila como una Salomé variopinta en demanda de una cabeza íntegra, uno ha de sospechar que la fiesta en que se mueve el director de PUEBLO está preñada de unas lujurias en cuya entraña no queremos entrar por una comezón de elegancia.

En cuanto al silbilino juego con las ilustres familias que menciona poco tenemos que decir. Son familias que han servido largamente al país y que conocen su fibra porque no poseen un talento de urgencia sino una sabiduría histórica. Esas familias saben que a España ha de servírsela desde un futuro civilizado, en consonancia con la filosofía que mueve hoy el equipo en el Gobierno. Sí nos preocupa por el contrario, el entroncamiento del señor Romero con los Sindicatos españoles, propietarios de su periódico. Si desde esos Sindicatos ha salido la indicación de organizar esta orgía de despropósitos y este festival de sugeridas ejecuciones, permítasenos que temblemos no por nosotros sino por toda la sociedad cerca de la cual la Organización Sindical tiene unos deberes de promoción y de paz al parecer muy acusados. Sí, por el contrario, la Organización Sindical y su ministro no tienen nada que ver en este desballestado alarido bueno sería que tomasen cartas como empresa editora, ya que con los caudales de todos los trabajadores se ha pretendido levantar un ridículo y lamentable patíbulo para unos periodistas, con manifiesto intrusismo en el menester fiscal.

Se ha quedado sin razones el señor Romero. Sospechábamos desde hace tiempo que las que tenía no eran muy abundantes y que había en su pluma el solo mérito de una patente de corso para entrar a saco por dispositivos de casi imposible defensa por razón de las circunstancias. Y esta sospecha se ve confirmada en un momento en que con libertad de armas para oficiar el pensamiento el señor Romero se limita a clamar porque un poder superior supla su carencia de argumentos qcon que contener una vida que nos estalla, para bien, por las costuras, y que a él, por lo que se ve, le oxida el alma. Mala cosa, señor Romero, mala cosa ésta que a usted les sucede.

No dirá usted: «¿Y qué me dicen del artículo del señor Jiménez de Parga sobre el juramento de los abogados y la neutralidad del Estado y la ética y todo eso?». Pues nada, señor Romero. O muy poca cosa. Simplemente anotamos que el señor Jiménez de Parga ha expresado una opinión, frente a la que pueden situarse otra y aún otras. Ya se ve qué sencillo, visto desde una óptica de obviedades. Todo vale, menos solicitar grilletes y condenaciones al amparo de una tribuna que, paradójica y curelmente, han de costear los mismos condenados. Que el señor Romero pretenda ser el Jacop de la Biblia – después de ser la Salomé de un Herodes freudiano – nos parece un problema de su incumbencia, pero que nos convierta a los demás en el Isaac que ha de cortar la leña para su propio sacrificio nos parece excesivo. Por lo visto el señor Romero tiene querencia a los personajes bíblicos más discutibles.

El DIARIO DE BARCELONA cuya gloriosa vetustez de origen – 1792 – es ejemplarmente respetada ahora por una vetustez de ideas a cargo de unos jóvenes más próximos al siglo XVIII que a nuestro tiempo, se lanzó con aparato de personajes bíblicos sobre el último artículo de Emilio Romero y contrariando – como ya es sabido – la adscripción liberal de que hacen gala.

Ese periódico, que no ha producido a lo largo de casi dos siglos de fecunda existencia un solo disgusto a la burguesía catalana, y que ha querido interpretar el modo de vida y el protagonismo de aquella región en las variadas circunstancias del destino político, económico y social de nuestro país ofrece ahora a diario a sus lectores una bandeja de sapos para desayunar, al amparo de la apertura. A todos ha sorprendido una metamorfosis del viejo periódico de Mateu (un fervoroso hombre del Régimen en Cataluña) hacia un diario con viejas ideas, malévolas insinuaciones y feos modos. Pero el precio de la libertad de Prensa, o la libertad política, es ése; tanto promueve la rica variedad fértil de las opiniones como los desenfrenos irracionales o los drenajes injuriosos. El Estado, en último término, en quien debe salvaguardar la discrepancia civilizada e impedir los excesos. Hay que decir, por todo ello, que quienes menos autoridad tienen para poner esparadrapos en los labios a los demás son aquellos que alardean todos los días de liberales o de democráticos. Resulta un contrasentido grave si cuando alguien sale al paso de alguna opinión ofrecida en ese periódico, molesta como un tábano, y se dice que es una denuncia lo que no es otra cosa que una discrepancia.

El DIARIO DE BARCELONA publicó recientemente un artículo del conocido profesor y político Manuel Jiménez de Parga respecto a que los juramentos de los abogados no podían establecerse en el proyecto de ley que examinan las Cortes, sencillamente porque el Estado no es el resultado jurídico y político del consenso de todos los españoles. Entonces Emilio Romero se redujo a señalar, exclusivamente la indefensión dialéctica del Estado frente a una acusación de ilegitimidad tan resonante. Naturalmente, no se le pasó por la cabeza el trámite fácil inapropiado e indecoroso de arreglar estas cosas con una invitación al manejo, por parte de la autoridad, de los resortes que tiene cualquier Estado frente a la infracción, si es que se hubiera producido. El DIARIO DE BARCELONA está en su derecho de quedarse tranquilo, y probablemente satisfecho de una inverecunda imputación de ese calibre. Pero los que apetecemos vivir bajo la legalidad de un Estado de Derecho, como resultado de un consenso del país, estamos también en el nuestro para esbozar dos perplejidades: una primera, tras la lectura del artículo del señor Jiménez de Parga: y la segunda por el silencio del Estado. Esta es una posición comín de cualquiera. Y no ha pasado de ahí el artículo de anteayer.

Entonces el director de DIARIO DE BARCELONA, a quien tuvo el agrado Emilio Romero de examinar como miembro de un Tribunal de Periodismo, en unas pruebas de fin de carrera, y a quien se otorgó la justa distinción de ocupar la cabecera de su promoción, responde ahora tan antiperiodísticamente a un asunto, para el que las reglas del periodismo aparecen tan claras. Un director de periódico – en este caso Martín Ferrand – puede sostener las opiniones que le plazcan, siempre que sea respetuoso – en el marco de un debate razonado – con la opinión de los demás. Y siempre que sea fiel a la letra y a la intención del texto que replica. Un periódico ha de ser siempre, y en las mayores dosis posibles, una expresión de opinión pública, y no un reducto o una covachuela. Si esto aparece muy claro en la sustancia y en la ética periodística, no lo es menos en lo que podríamos definir igualmente como una ética política liberal. Solamente en la medida en que el DIARIO DE BARCELONA, en estos instantes no sea un periódico ocupado por un comando de totalitarios, se nos tiene que aceptar la discrepancia con el señor Jiménez de Parga, que no es lo que podríamos llamar políticamente un buda infalible. Pero lo que no sucedió en nuestro artículo de anteayer, como es formular la discrepancia con el célebre político y profesor de Barcelona, lo vamos a hacer ahora, a nivel editorial, con la máxima concisión del oficio.

Sostenemos la legitimidad del Estado español desde su origen, cuya similitud con otras tantas legitimidades de la historia universal antigua, moderna y contemporánea resulta ocioso enumerar. Pero además la voluntad de perfeccionamiento, de cambio, de acomodación al tiempo, en sus formas políticas y en sus actuaciones mentales, y la obra misma del Estado en estos años para pasar del periodo económicamente y socialmente troglodita de la Monarquía y de la República a la sociedad europea que tenemos delante constituye una legitimidad y un consenso que el señor Jiménez de Parga y el DIARIO DE BARCELONA no pueden desoír, por grande que sea su obturación política para ver la realidad, y por mucho acompañamiento bíblico y decimonónico como facturen sus catilinarias.

Es verdad, igualmente, que existen dos situaciones que conspiran en nuestra sociedad contra el deseo común de una integración de mayor ámbito: la situación creada por aquellos que se adscriben voluntariamente a la marginación política, rechazando las formas jurídicas y doctrinales del Estado; y los exilios exteriores, que en esa fecha son ya considerablemente minoritarios.

En cuanto a la primera situación, una aceptación de la legalidad de la Constitución; una disposición de la vocación política y hasta las rectificaciones que fueran oportunas es bastante mejor método que el del viejo y triste instinto de demolición que alienta en los españoles con una fatalidad, casi morbosa, de mudanza y de regresos continuos. El exilio político exterior tiene, por el contrario, sus días contados, la biología va por delante de la política.

Finalmente, parece necesario desprender de todo esto alguna consideración al joven director del DIARIO DE BARCELONA, que ya apuntaba jactancias y ligerezas de puericia en sus emisiones de radio y televisión. Sacar las castañas del fuego a un político – el señor Jiménez de Parga – haciendo imputaciones inadecuadas a un profesional del periodismo como Emilio Romero, puede ser personalmente rentable, pero es moralmente insatisfactorio. Sentir, exclusivamente, la profesión periodística, que es un privilegio que la sociedad pone a nuestro alcance, pensando que somos sustancialmente, alegres e irresponsables pirotécnicos, es un tratamiento inapropiado para nuestra misma sociedad, que aspira más a construcciones que a detonaciones: invariablemente, un día la propia sociedad se cobra su víctima en la persona representativa de ese periodismo facilón y oportunista.

Y, por último, en toda competición, de fuerza, de destreza, o de ideas, el golpe bajo no es un indicio, precisamente, de seguridad profesional y de honestidad personal. Acogidos a la apertura ofrecida y servida en estos instantes, tenemos perfecto derecho a disentir de los liberales de última hornada, y de riesgo cubierto, principalmente cuando su rasgo más ocurrente es decir las mismas cosas que se decían cuando se fundó el DIARIO DE BARCELONA en 1792.

Nuestro liberalismo sólo nos obliga a defender el derecho de expresión – de ahí que reproduzcamos este editorial de PUEBLO – pero de ningún modo puede consistir en la aceptación de las ideas o posturas que no creemos correctas. Y la postura del señor Romero en su Luz Verde del pasado miércoles resultaba totalmente inaceptable en el seno de una sociedad civil correcta y equilibrada.

Aparte de rechazar la catártica gastronomía de los sapos matutinos, jamás hemos querido poner un esparadrapo en la boca del señor Romero, afán que nos parecería, además de una sensible inutilidad. Nos limitábamos en nuestro debatido editorial a significar al director de PUEBLO las razones, sin echar mano a instancias coactivas. En cuanto a nuestro histórico servicio a la burguesía catalana ha sido en todo momento expresión de una vehemente deseo de que se realizase en el país la llamada revolución burguesa en toda su plenitud como inexcusable etapa en la construcción de las libertades de signo europeo. Seguimos creyendo en esta empresa que aún nos aguarda, según extendida doctrina. Digamos asimismo que en las presentes circunstancias DIARIO DE BARCELONA quiere ser abierta y generosamente plataforma de todas las clases sociales catalanas en su pretensión colectiva de ese futuro confortable en el que el uso del pensamiento no origine ya ninguna clase de drama.

Insistimos en que el señor Romero dijo concretamente esto «Cuando un Estado así, calla, porque sus adhesiones políticas son inactivas, o porque los resortes de poder no encuentran el camino de su defensa es fácil vaticinar por quien doblan las campanas». ¿Es esto una simple expresión de discrpeancia con el artículo del Sr. Jiménez de Parga, aquí y ahora? ¡Que estupefacción tan ingenua la del editorialista de PUEBLO ante nuestra queja! Y, sin embargo, cuanto nos conforta que con referencia al escrito del señor Romero y en su defensa diga el mismo editorialista: «No ha pasado de ahí el artículo de anteayer». Menos mal, pensamos nosotros. Si hubiese pasado quizás estuviéramos a estas horas compartiendo la famosa e inolvidable mazmorra del conde de Montecristo.

Aunque la extemporánea referencia al curriculum académico de nuestro director nos recuerde el prudente cuidado de no mezclar berzas con capachos, a fin de aspirar a un diálogo coherente, bueno será señalar que el señor Martín Ferrand agradece de nuevo al señor Romero la generosidad de su voto afirmativo en el Tribunal que le otrogó su título de periodismo, título que le faculta para amparar periodísticamente el juego de opiniones editoriales con que se expresa DIARIO DE BARCELONA dentro de la más exigente ética política liberal. De acuerdo precisamente con esta ética sorprende a nuestro director y a DIARIO DE BARCELONA que nuestras reflexiones conduzcan al editorialista de PUEBLO a suponer que esta Casa puede haber sido ocupada por un comando totalitario. La suposición no nos parece grave, sin embargo; la consideramos sólo sorprendentemente divertida. Por nuestra parte discrepe PUEBLO del señor Jiménez de Parga – del que ya había discrepado en cuanto a la neutralidad del Estado y en estas mismas páginas el Sr. Álvarez Solís – pero no convoque para ello más asistencias ni apoyos que los de la propia razón.

Este periódico por supuesto, acepta la legitimidad del Estado español. El profesor Jiménez de Parga consideró en su comentario del domingo aspectos concretos de la legalidad vigente, y hoy precisa, en este mismo número, el alcande de su tesis. Nosotros nos hemos inventado los gigantes que alance afrenéticamente PUEBLO, sino que son puramente hijos de su fantasía. Vea vuesa merced que son molinos nuestras ideas y no gigantes. Pacíficos molinos al aire libre con grano honesto en la muela. Queremos, eso sí, que sea permanentemente operativa, respecto a nuestro Estado, y como dice PUEBLO, la ‘voluntad de perfeccionamiento, de cambio de acomodación al tiempo, en sus formas políticas y en sus actitudes mentales’. Round nulo. Estamos totalmente de acuerdo con PUEBLO.

Este párrafo y el siguiente no nos sugieren acotaciones mayormente significativas. Como el instinto de demolición se atribuye a todos los españoles no estamos facultados para contestar en su nombre al editorial de PUEBLO. A nosotros nos parece, simplemente que se le ha ido la mano en la afirmación al periódico de Madrid.

Otra lanzada a nuestro director en este juego de los despropósitos por parte del vespertino madrileño. Conste solamente que a pesar de las jactancias y ligerezas de puericia que ya apuntaba en sus emisiones de radio y televisión PUEBLO concedió por dos veces al señor Martín Ferrand la distinción de ‘Popular del año’ por su tarea e ambos medios. El director de este periódico agradece muy vivamente ambas distinciones. Atennos esta mosca por el rabo, si ustedes nos permiten esta ligereza verbal. En cuanto a la expresión del editorialista de que ‘sacar las castañas del fuego a un político» – el señor Jiménez de Parga – haciendo imputaciones inadecuadas a un profesional del periodismo, como Emilio Romero, puede ser personalmente rentable, pero es moralmente insatisfactorio», sólo dos observaciones. Primera: que si el señor Romero, consejero nacional y procurador en Cortes, no es un político ¿qué diablos es el señor Romero? Segunda: que si el señor Jiménez de Parga estrictamente profesor universitario y abogado con bufete privado, es hoy un político habrá que llegar a la conclusión de que la politica no está en las Cámaras del país o que los miembros de las Cámaras no están en la política, observaciones ambas muy preocupantes.

El último párrafo del editorial de PUEBLO, nos parece simplemente un juego de palabras que tal vez haya sido motivado en el editorialista por las recientes actividades de adaptador teatral de su director.

Hace unos meses, Televisión Española ofrecía todas las semanas un programa que hizo famoso a un personaje apodado Don Cicuta. Intervenían además, unos supercicutas, que llamaban la atención al jurado cuando se producían errores y resolvían en última instancia cualquier duda.

Don Emilio Romero, director de PUEBLO, publicó el miércoles un artículo que pudo aparecer firmado por un ‘supercicuta’. El conocido periodista no refutaba o contradecía una opinión anterior mía – lo que hubiera considerado correctísimo y muy conveniente en un país como el nuestro – sino que se limitaba a formular una denuncia a las autoridades del Estado, al que, de paso, acusaba de inoperatividad.

Algunas de las tesis que don Emilio Romero me atribuía eran versiones erróneas – no sé si producto de una intención buena o mala – de ciertas afirmaciones mías en este periódico. Sin embargo, y como el director de PUEBLO no iniciaba un debate de entendimiento, sino que incoaba una denuncia, consideré que procedía esperar a que el Juez de instrucción me citase a declarar para, en tal momento, aclarar lo que yo habla escrito.

Anoche el diario PUEBLO publica un segundo artículo en el que se reconoce expresamente que en el comentario del miércoles su director no había establecido una discrepancia conmigo. “Pero lo que no sucedió en nuestros artículo anterior – transcribo literalmente – como es formular la discrepancia con… lo vamos a hacer ahora, a nivel editorial, con la máxima concisión del oficio”.

Y el editorialista de PUEBLO pasa a exponer su punto de vista.

Acepto la impugnación de cualquier doctrina. Incluso me parece que el debate contribuye a enriquecer nuestra cultura política. Pero el diálogo hay que entablarlo sin desfigurar las opiniones del adversario, y, naturalmente, sin poner en su boca palabras que no pronunció.

El editorial de PUEBLO sitúa su respuesta a mi tesis en un campo doctrinal y político en el que yo no entré en mi comentario del domingo, origen – o pretexto – de todo este lío. Porque mi contradictor había de ‘la legitimidad del Estado’, que es un concepto que no está ni mencionado ni considerado en mi artículo. Yo me limité a referirme a ‘la legalidad del Estado’, que, como el señor Romero sabe, es cosa distinta.

Si yo fuese tan ingenuo como el editorialista de PUEBLO me presenta, probablemente hubiera dejado hace tiempo, de ser catedrático de la Universidad de Barcelona, y sabe Dios dónde estaría ahora.

Dije el domingo, desarrolle con más detalle el miércoles, y repito hoy, lo siguiente (copio, textualmente): “Me parece bien que todos los ciudadanos de un país – sean abogados, procuradores o ejerzan cualquier otra profesión u oficio – juren o prometan cumplir fielmente las leyes del Estado. Se trata de un sino que non de la convivencia pacífica, bajo el imperio del Derecho. Sin embargo, yo no considero correcto obligar a jurar las leyes de los Estados que no adoptan postura de neutralidad en el juego de la discrepancia política entre los diferentes sectores de la Sociedad”.

A un agudo compañero de fatigas en esta casa, Antonio Álvarez Solís, le pareció disctuible mi postura, me replicó cortésmente, y yo le aclaré lo que entendía por Estado neutral. Fue mi artículo del miércoles, que el lector amigo quizá recuerde.

¿Por qué, entonces, don Emilio Romero y el editorialista de PUEBLO, aseguran en su periódico madrileño que yo he escrito algo distinto de lo que realmente escribí? Estoy seguro de que el señor Romero no confunde la legitimidad de un Estado con la legalidad de ese mismo Estado. ¿Por qué, entonces lanza sobre mi cabeza unos dardos tan envenenados?

Yo pienso que mi actitud del domingo era correcta. Ni el Ministerio Fiscal ni las autoridades gubernativas han reaccionado contra mí – como lo ha solicitado públicamente el Sr. Romero – porque no hay materia sancionable en mis escritos. Ya sé que a veces persigue a alguien sin fundamento. Pero esto lo hacen sólo las personas y las instituciones que atraviesan por etapas de debilidad. Un Gobierno seguro, o una persona convencida de sus razones, tolera generosamente las opiniones discrepantes. Solamente los fanáticos, o quienes les han sucedido como monopolizadores de una supuesta ortodoxia política, se intranquilizan, se enfadan, y en su indigencia de argumentos serios recurren a lo más fácil: formular una denuncia contra el autor de un escrito en donde se asegura que se ha afirmado algo distinto de lo verdaderamente allí expuesto.

El supercicuta y el desfigurador de ideas ajenas prevén que, al final, todo se resolverá favorablemente para el inculpado. Pero mientras que lleva el sobreseimiento definitivo, la opción discrepante habrá sido reducida al silencio, y el periódico – director y empresa – donde se publicó habrá recorrido también su vía crucis.

Como el señor Romero dirige y controla un diario de gran difusión, como es PUEBLO; yo le invito a que reproduzca este artículo mío que él ha denunciado como tan heterodoxo, y que en la misma página publiqué todas las refutaciones que crea oportunas a las tesis que yo mantengo. Y que los lectores de PUEBLO, que no son menores de edad, juzguen el caso.

Si el supercicuta (que vigila la inactividad y los errores del Estado) o el desfigurador del pensamiento de otro, contestan en la misma página en que aparezca mi escrito, no podrá imputárseme, como se hizo anoche, juicios y opiniones que no están en los comentarios firmados por mí en este periódico.

Manuel Jiménez de Parga