Acusan al vicepresidente del Gobierno de permitir que su hermano usara, sin cargo alguno que lo justificara, un despacho oficial del Gobierno

Estalla el ‘caso Juan Guerra’, presunto tráfico de influencias en el entorno del Vicepresidente del Gobierno

HECHOS

En enero de 1990 la prensa comenzó a publicar informaciones relativas al ‘caso Juan Guerra’.

“El HENMANO” O “HERMANÍSIMO”

JuanGuerra_1 D. Juan Guerra, hermano del Vicepresidente del Gobierno, D. Alfonso Guerra, había realizado negocios para su lucro personal trabajando desde la Delegación del Gobierno de Andalucía si tener cargo que justificara que ocupara ese despacho.

El caso Juan Guerra estalló en abril de 1989 cuando la esposa despechada, la fallecida Dña. Ángeles López, cónyuge de D. Juan Guerra, hermano de D. Alfonso Guerra, se pone en contacto con D. Manuel Fraga, presidente del Partido Popular, para hacerle entrega de un dossier sobre los negocios de su ex marido. El 30 de diciembre de 1989 el alcalde de Barbate, D. Serafín Nuñez (también del PSOE) reconoció en un pleno municipal que D. Juan Guerra medió para la apropiación de un proyecto turístico multimillonario. Ese sería el principio de la caída de D. Alfonso Guerra de la vicepresidencia del Gobierno.

D. Felipe González anuncia que si D Alfonso Guerra dimitiera, él también lo haría:

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El escándalo que motivó el inicio de la era de los dossiers fue el que hizo relación a los negocios de “el hermanísimo”, el sobrenombre que se le dio a don Juan Guerra, el hermano del todopoderoso vicepresidente, don Alfonso Guerra. Aquel escándalo lo inició una revista: ÉPOCA. Don Juan Guerra no había acabado bien su matrimonio y su señora fue y entregó un dossier sobre sus negocios a la revista del Sr. Campmany. Parece ser que él “hermanísimo” utilizaba un despacho oficial del Gobierno para realizar sus negocios a escondidas de inspecciones molestas. En diciembre de 1989 ÉPOCA publicó la historia bajo el titular “Un terrateniente llamado Juan Guerra”. Pero la cosa no era especialmente peligrosa para los hermanos Guerra (el vicepresidente ya había leído el dossier, se lo había mandado don Antonio Asensio), los semanarios solían tener artículos impactantes sin demasiada repercusión. El problema dos periódicos decidieron hacerse eco en portada de todo lo publicando ÉPOCA: ABC y EL MUNDO.

14 - Enero - 1990

Doctor Alfonso y mister Juan

Pedro J. Ramírez

Un asiduo visitante de la Delegación del Gobierno en Andalucía contaba el otro día que, allá por los años 83 y 84, recién tomada posesión de su flamante despacho, Juan Guerra solía responder a quienes le. preguntaban cual era su función, diciendo -muy en el tono redentorista y flamenco de su hermano- que él estaba allí «para defender a los pobres». Seis años después parece claro que el método elegido para tan filantrópica misión era el de dejar de serlo él. El PSOE no es el primer partido político que incurre en semejantes mecanismos de trasposición de los valores. Si Juan Domingo Perón presentaba a Evita enjaezada de joyas hasta decir basta, como símbolo del triunfo político de los «descamisados», parece lógico que la política social preconizada por ese azote de la oligarquía, que siempre ha sido Alfonso Guerra, tenga como primer exponente el súbito enriquecimiento de su hermano, el hoy latifundista y otrora Juan sin tierra. Por fin, sabemos lo que quería decir el señor vicepresidente cuando en la campaña de las elecciones municipales del 83, refiriéndose al caso Rumasa, advirtió en una pequeña localidad toledana que «si alguien se atreve a desafiar al Gobierno, que cuenta con diez millones de votos detrás, pues se le quita lo que tiene y ihale, todo pál pueblo!». ¿Acaso no es genuinamente «pueblo», en la más celtibérica acepción del término, este pedazo de animal que brujulea mafiosamente por media Andalucía y parte del extranjero, construye naves y tira- de pistola igualmente sin licencia y se monta francachelas sobre la intendencia de la escolta y el coche oficial? ¿Quién no conoce a un Juan Guerra con chapa del PSOE en el collar, en su entorno inmediato? Sólo cuando todos los Terrys y todos los Domecqs y demás apellidos rancios hayan sido sustituidos por industriosos Juanes Guerras que, cual capitanes de una nueva era, extraigan de sus raíces populares su ingenio empresarial, podrá considerarse culminada la política social de don Alfonso. Asténico y fibroso como Robespierre, enamorado como él de su propio atildamiento, Alfonso Guerra también desearía para sí el sobrenombre de El Incorruptible y la etiqueta de «déspota de la libertad». Escuchándole presentarse el otro día en televisión como bestia negra «de la derecha y de los ricos», no era difícil evocar al líder jacobino, advirtiendo desde la Montaña que «culpable es todo aquel que tiemble». Como buen lobo feroz de la transformación en marcha, la credibilidad del personaje precisa combinar su talante agresivo con un fuerte puritanismo personal que debe llegar hasta sus últimas consecuencias: Alfonso Guerra no asiste a fiestas, Alfonso Guerra no se pone nunca un smoking, Alfonso Guerra no siente el menor interés por el dinero. Es un espíritu puro. Sólo la afición por el sexo opuesto le distingue de su antecesor Maximiliano, pero bien se encarga él de hacer constar que sus novias son siempre delgadas y etéreas, como extraídas de un cuadro de Modigliani. Umbral se reía a conciencia el otro día, después de pillar a Guerra en claro orsay, señalando la ridícula contradicción que suponía escucharle declararse primero ateo y definir acto seguido su propia personalidad en función de los signos del Zodiaco. «O sea, que no cree en Dios, pero cree en Géminis», me dice desde entonces nuestro híbrido de Larra y de Tom Wolfe. «Menudo volteriano de pacotilla». Pese a lo suntuoso de su homenaje fúnebre a Voltaire, Robespierre también era un volteriano de pacotilla y el mismo estupor de mi amigo ante la vanidad astrológica de Guerra, es el que debieron sentir los racionalistas franceses, cuando abolida y proscrita la Iglesia Católica, el dictador jacobino instauró el culto al Ser Supremo con su correspondiente altar y demás parafernalia, estableciendo por decreto «la inmortalidad del alma». Aunque Guerra ha cortado tantas cabezas como Robespierre, doscientos años de civilización humana no han transcurrido en balde y afortundamente aquí nada ha ido más allá de la metáfora. El «instinto asesino» que requiere la conquista y preservación a todo trance del poder continúa encontrando, sin embargo, sus mejores coartadas en esa especie de impulso moralista que brota genuina o simuladamente- del ascetismo extremo. Quien no quiere nada para sí, quien sólo aspira a poder ser maestro de escuela después de haberse visto obligado por las circunstancias, compelido por la historia, forzado por su propio sentido de la responsabilidad, a educar durante tanto tiempo a los mayores, quien no encuentra mayor satisfacción humana que la contemplación idealista de la infancia, bién puede sentirse legitimado para meter en vereda a los demás. Alfonso Guerra tiene una misión moral y sus contemporáneos nunca agradeceremos suficientemente al destino su magisterio y sus reformas. El problema de todo científico social es que los fines siempre requieren medios y éstos han de proyectarse a través de una organización humana cuya integridad es a su vez el resultado de las reglas del juego establecidas desde arriba. El absolutismo genera indefectiblemente corrupción por delegación y en tanto existen vínculos orgánicos, líneas de dependencia y mecanismos de control, el déspota no puede desentenderse de los abusos de sus subordinados. Menos aún de los de sus allegados. Los patéticos esfuerzos del propio Alfonso Guerra -bien directamente, bien por mediación de Rosa Conde o Carlos Sanjuánpor distanciarse de las andanzas de su hermano no pueden, ya, engañar a nadie. Ni Juan Guerra ha sido nunca un simple particular -alguna oveja negra tenía que haber entre 11 hermanos, dicen a la desesperada los peones de brega monclovitas, ni la responsabilidad del vicepresidente se circunscribe, como pretenden, buscando un escenario aceptable para la opinión pública, algunos prohombres del partido, al simple pecado de omisión ante el uso oportunista del nombre familiar. No, Alfonso Guerra ha sido cómplice activo de los desmanes de su hermano en la medida en que le ha proporcionado una cobertura política tan concreta y operativa dentro de la administración del Estado como esa secretaría con despacho que, por espacio de más de seis años, ha mantenido en la Delegación del Gobierno en Andalucía. Y si pese a la constante relación personal que le permitía atestiguar día a día su rapacidad, el uno nunca puso coto ni privó de su decisiva apariencia de oficialidad a las actividades del otro, no fue ni por dejadez ni por fraternal’ benevolencia. El fondo de la cuestión es que no se trata de dos personas, sino más bien de la doble faceta de una sola. Bébase el comedido doctor Jeckyll la imprudente pócima del resentimiento social, el revanchismo, el desprecio a las limitaciones que las leyes imponen a la propia capacidad de obrar y la vía libre para tratar de destruir al adversario y pronto aparecerá un incontrolable míster Hyde. La amnesia que impide al personaje de Stevenson advertir la conducta de su otro yo, mantiene por un lado apaciguada su conciencia, pero por el otro incrementa su peligrosidad social. Robespierre nunca entendió que, a raíz de los abusos de algunos de sus próximos, él, El Incorruptible, pudiera ser acusado, entre otros cargos, del delito de corrupción, pero la historia ha hecho justicia a los instigadores del complot de Thermidor.

Pedro J. Ramírez

19 - Enero - 1990

Corrupción y golfería

EL PAÍS (Director: Joaquín Estefanía)

Un alto cargo cargo socialista rechazaba recientemente, en una conversación privada, el hecho de que la actividad del PSOE en las distintas administraciones públicas estuviese regada de corrupciones. Lo que hay, dijo, son casos excepcionales de golfería. De acuerdo: una cosa es la norma y otra las excepciones. Casos de corrupción o ejemplos de golfería; triste alternativa para un partido centenario que se presentó en la sociedad contemporánea bajo el eslogan de los cien años de honradez. Aunque sólo fuera cierto la mitad de lo que se ha publicado sobre la utilización por el hermano del vicepresidente del Gobierno de los apellidos familiares para realizar lucrativos negocios, ya sería un escándalo considerable. Lo sería como síntoma, incluso si una investigación solvente concluyera que no han existido delitos específicos. Lo sería sobre todo porque muchos cuadros socialistas conocían los negocios de Juan Guerra, y éstos hubieran continuado en la sombra si la opinión pública no los hubiera sacado a la superficie.El portavoz del Grupo Socialista ha expresado su oposición a la creación de una comisión parlamentaria que investigue el asunto, mostrándose en cambio de acuerdo con la iniciativa de canalizar el asunto hacia los tribunales mediante la intervención de la Fiscalía General del Estado, la cual ya ha iniciado diligencias. Es la peor y la más cobarde de las opciones posibles: lo de Juan Guerra es, seguramente, al menos tráfico de influencias, pero esa práctica -más dificil de definir que de hacerse perceptible- no aparece tipificada en ningún código. Luego difícilmente podrá irse muy lejos, con o sin intervención de la fiscalía, por la via jurídico-penal. El asunto es fundamentalmente político -considerando a la ética como un componente de la política-, por más que pudieran aparecer aspectos fronterizos con el derecho penal. Pero las pautas éticas, allí donde no hay regulación legal, deberían estar muy claras entre los gobernantes, los representantes democráticamente-elegidos y sus aledaños.

Hace meses se creó una comisión parlamentaria sobre tráfico de influencias, destinada a dilucidar los aspectos políticos de la cuestión. Su principal conclu sión fue precisamente que había que regular jurídica mente esa figura. De hecho, los socialistas presenta ron una proposición de ley que ampliaba los supues tos de incompatibilidades de altos cargos una vez finalizado su mandato. Sin embargo, el caso de Juan Guerra demuestra que el tráfico de influencias se re fiere a supuestos mucho más amplios que los que pudieran contemplarse en una ley como la propuesta. El tráfico de influencias, la corrupción, la malversación, etcétera, aparecen con fuerza en las decisiones que descansan en la discrecionalidad. Y la vida cotidiana está llena de las mismas; por ejemplo, alguien ha dicho que el 90% de los asuntos urbanísticos sirven para financiar, por la puerta de atrás, a los partidos políticos. Una legislación exhaustiva que considerase toda forma imaginable de mediación ante los poderes públicos provocaría un clima de desconfianza y sos pecha tan generalizado que probablemente paralizaría en la práctica la gestión administrativa. Esta intuición se ve confirmada por la experiencia de otros países, en los que, antes que en la sanción penal, se pone el acento en la adopción de medidas preventivas de transparencia. La utilización de nombres de personajes políticos para favorecer decisiones administrativas tiene que ver con el abuso de poder; pero para que estuviéramos en un supuesto de ese tipo habría de demostrarse que esos personajes estaban al tanto de tal utilización. ¿Conocía las actividades de su hermano aquel que un día denominó a Adolfo Suárez “tahúr del Missisipí”? Si así fuese, el asunto toma otra dimensión más trascendente.

Que sea difícil deducir responsabilidades penales no debe excluir la investigación política, y para eso están las comisiones parlamentarias. Es posible que sectores de la oposición pretendan convertir esa comisión en una tribuna demagógica desde la que acreditar la idea de corrupción generalizada y atacar al sistema. Pero ninguna tribuna tan apropiada para denunciar tal utilización demagógica que el propio Parlamento y sus comisiones.

Entonces, la investigación sobre el caso Juan Guerra no se referiría tanto a los negocios privados de ese ciudadano particular como a la eventual incidencia de su mediación en las resoluciones adoptadas por las administraciones con las que se ha relacionado. En esa perspectiva, el hecho de que durante seis años Juan Guerra haya hecho sus gestiones o negocios, bien por cuenta de su partido, bien en beneficio propio, desde un despacho habilitado para él en una institución pública confiere al asunto perfiles inquietantes. Porque ¿cómo considerar irrelevante el hecho de que el ciudadano particular que telefoneaba a determinados ayuntamientos o ministerios desde una oficina pública era hermano y secretario del vicepresidente del Gobierno? Y ¿cómo hacerse los distraídos sobre el hecho de que durante seis años los dirigentes socialistas andaluces hayan mirado para otra parte ante tan anómala situación? Los socialistas han utilizado aquí un rasero distinto al que se aplicó con Demetrio Madrid, quien presentó su dimisión como presidente de Castilla y León al ser procesado. Ahora ha resultado absuelto sin que ningún militante socialista haya organizado un acto de reconocimiento de su actitud.

Suele decirse que el guerrismo es algo más dificil de definir que de detectar. Si quedase la más mínima duda para los ciudadanos de que el vicepresidente encubrió con su silencio actividades anómalas de su hermano, en adelante cualquier eventual definición de ese concepto deberá tener en cuenta su compatibilidad con la existencia de circuitos paralelos de poder, de vías irregulares de gestión. De contradicción entre lo dicho y lo hecho o lo tolerado. En una palabra, su compatibilidad con prácticas como las que han enriquecido al ciudadano Juan Guerra.

El Análisis

EL MÉRITO DE SER MOSCA COJONERA

JF Lamata

Nunca los miembros del diario EL MUNDO podrán agradecer los suficiente al Gobierno de D. Felipe González que utilizara la Fiscalía General del Estado para presentarle aquella querella, pues no había mejor forma de presentarse como ‘periodismo enemigo’ del Gobierno que con una querella, igual que con el franquismo un expediente era bien recibido. En los noventa aparecieron muchos nuevos periódicos de ámbito nacional: EL INDEPENDIENTE, EL SOL, CLARO y EL MUNDO. Dos años después sólo seguía en los quioscos EL MUNDO. Y, en gran medida, era gracias a la hostilidad que le mostró el Gobierno con cosas como la querella por el ‘caso Juan Guerra’ o los insultos del Sr. Semprún, que venían a ser el equivalente del concesión de la medalla a la ‘mosca cojonera’.

J. F. Lamata

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