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El secuestro fue realizado por el comando Kalimotxo formado por Luis María Alcorta y Arnaldo Otegi

ETA Político Militar secuestra al diputado de UCD, Javier Rupérez poniendo contra las cuerdas al Gobierno Suárez

HECHOS

En noviembre de 1979 fue secuestrado el diputado de UCD, D. Javier Rupérez. Fue liberado un mes y un día después.

EL COMANDO KALIMOTXO, RESPONSABLE DEL SECUESTRO

arnaldootegi_etarra Arnaldo Otegi, alias ‘Gordo’, era miembro del comando Kalimotxo, de ETA Político Militar, que realizó el secuestro del Sr. Rupérez, aunque en el juicio, celebrado en 1989, fue absuelto, puesto que el Sr. Rupérez no pudo identificarle como autor material del secuestro.

13 - Noviembre - 1979

El secuestro de un diputado

EL PAÍS (Editorialista: Javier Pradera)

El secuestro de Javier Rupérez, reivindicado por ETA político-militar, produce, antes que nada, una sensación de irrealidad y de asombro. El señor Rupérez no desempeña cargo alguno en la Administración del Estado y ocupa en el Congreso un escaño como diputado elegido en las listas de UCD por Cuenca. Secretario general de relaciones internacionales de su partido, ha contrapesado muchas veces la orientación conservadora de la diplomacia del Gobierno con iniciativas tan notables como los contactos iniciales con el Frente Polisario y la cumbre de organizaciones políticas iberoamericanas, clausurada ayer en Madrid con su obligada ausencia, que ha condenado los regímenes dictatoriales de Latinoamérica y proclamado que la defensa de los derechos humanos se halla por encima de ideologías y fronteras. El compromiso de Javier Rupérez con el pluralismo, las libertades y la democracia no le viene exigido por los nuevos rumbos de la política española, sino que es en él una actitud previa a las responsabilidades que hoy desempeña. Fundador deCuadernos para el Diálogo y miembro de Izquierda Democrática, cuando esa militancia era clandestina y penalmente perseguible, su comportamiento público, tanto bajo la dictadura como en la democracia, ha sido guiado por idénticas pautas y valores.La circunstancia de que haya sido Javier Rupérez la víctima de esa violación de los derechos humanos que es un secuestro constituye un dato significativo para poner de relieve que, a partir de ahora, casi cualquier persona con dimensión pública en el partido del Gobierno o en los de la oposición puede ser objeto de una agresión análoga. Sin duda, han sido las mayores facilidades que para el secuestro ofrecía Javier Rupérez, casi un ciudadano de a pie, sin protección y sin escoltas, lo que ha decidido a los polis-milis, asesinos por correspondencia en el aeropuerto de Barajas y en la estación de Chamartín a finales de julio pasado, a dar el golpe. Ahora bien, el problema fundamental sería idéntico si un alto funcionario del Gobierno o una destacada figura de otras instituciones fuera quien ahora permaneciera en una «cárcel del pueblo» de ETA p-m.

No cabe elegir, se ha dicho siempre, entre la peste y el cólera. Ambas epidemias son mortales. Tampoco se puede escoger entre ETA militar, ETA político-militar y los comandos autónomos. Todos son criminales. Tan sólo se pueden analizar las diferentes actitudes que mueven los gatillos o las operaciones de secuestros. Y en este terreno, la violencia de ETA p-m destaca como siniestro producto de una indigesta asimilación de los manuales que combinan el leninismo con el aventurerismo. En un reciente editorial indicábamos que «ETA político-militar se esfuerza, tan inútil como sangrientamente, en hacer compatible en la práctica política ese gigantesco embeleco ( … ) de la complementariedad entre la lucha de masas y la lucha armada». Desgraciadamente, el secuestro de Javier Rupérez, tras la matanza de Chamartín y de Barajas, confirma ese temor.

Los terroristas han colocado, por lo demás, a Onaindía, Bandrés y a sus compañeros de militancia de Euskadiko Ezkerra en sus más éticas dimensiones políticas. Así, el señor Bandrés ha reconocido antiguas gestiones democráticas del señor Rupérez en favor de su persona y ha pedido su liberación. Esto viene a poner de manifiesto lo que, ya desde hace tiempo, parece evidente: que Euskadiko Ezkerra es tan impotente para controlar a ETA p-m como Herri Batasuna para influenciar a ETA militar. Otra reflexión más: si, como parece, han existido y existen contactos, más o menos directos, de funcionarios del Gobierno con ETA p-m y un intento de diálogo por medio, hay alguien que evidentemente -alguien dentro de ETA- no desea que el diálogo sea fructífero. El secuestro de Rupérez es así no sólo una villanía, también un chantaje inadmisible.

¿Qué decir del objetivo de los secuestradores? La idea de que su acción puede conseguir o, más modestamente, favorecer la amnistía, resulta del todo insostenible. Los terroristas saben que el Estado italiano, con el apoyo incondicional del Partido Comunista, no cedió ante el secuestro de Aldo Moro, una figura clave de la política italiana y europea, y mantuvo en prisión a los dirigentes de las Brigadas Rojas, cuya liberación se exigía a cambio de la vida del líder democristiano. El secuestro del señor Oriol y del teniente general Villaescusa sólo consiguió retrasar más allá de lo que el Gobierno Suárez se había propuesto la amnistía y ni en un solo momento situó dentro de lo posible la excarcelación de los presos exigida por los GRAPO. ¿De verdad creen los actuales guardianes del señor Rupérez que con su acción van a lograr, no ya la amnistía, sino ni siquiera un pequeño avance en esa dirección?

ETA p-m venía anunciando la tercera fase de su campaña «Con el Estatuto, los presos a la calle» como quien hace publicidad de una marca de refrescos. Esa amnistía debería ser inmediata y total, incluyendo a los presos de ETA militar y de los comandos autónomos. No se han hecho aún explícitas las condiciones de la liberación de Rupérez, pero el comunicado que reivindica el secuestro ya sugiere que algo de ese género van a pedir.

Tal petición es vana. Los méritos políticos y personales del señor Rupérez son conocidos, como lo son -repetimos- sus trabajos por encauzar la diplomacia del partido del Gobierno por las líneas más próximas al progresismo político y al mejor entendimiento de los derechos del hombre y de los pueblos oprimidos. Su secuestro es un crimen injustificable, como lo sería el de cualquier otra persona con mayores responsabilidades institucionales.

ETA p-m debe entender que su acción no tiene otra salida que la rápida liberación sin daños de la persona del señor Rupérez. Cualquier otro desenlace por parte del Gobierno es simple y llanamente imposible. Y no se ha de producir.

13 - Diciembre - 1979

Javier Rupérez, a través del espejo

EL PAÍS (Editorialista: Javier PRadera)

La liberación de Javier Rupérez, tras un mes de secuestro, es una de las pocas noticias que pueden levantar el ánimo y autorizar cierto optimismo en el clima pesado, desesperanzado y cargado de malos presagios del otoño de 1979. Abundantes son los datos de signo pesimista: el lento pero imparable avance del desempleo, la persistencia de un terrorismo tan sangriento como absurdo en el País Vasco, las tempestades autonomistas en Galicia y Andalucía desatadas por los vientos frívolamente sembrados por la listeza gubernamental y la demagogia de la oposición, los efectos desproporcionadamente negativos que sobre el Estatuto de los Trabajadores ha producido la ruptura del consenso con el PCE, la involución autoritaria reflejada en la ofensiva contra el diputado Bandrés, el inconstitucional decreto-ley para prolongar la ley Antiterrorista y los suplicatorios de los señores Monzón y Letamendia, la torpeza del Gobierno para entender y dar cauces legales a la protesta de los alumnos de segunda enseñanza y los estudiantes universitarios, la negativa influencia de la política vaticana sobre nuestra legislación civil, la movilización del 18 de noviembre y los desmanes de Fuerza Nueva en Valladolid y Andalucía y la sensación de estupor, falta de imaginación y pobreza política que el Gobierno transmite a la opinión. Pero la flexibilidad, humanidad y buen sentido que han mostrado aquellos medios oficiales que estaban en condiciones de permitírselo sin poner en bancarrota el principio de autoridad del Estado merecen no sólo el agradecimiento del liberado señor Rupérez y de sus familiares y amigos, sino el elogio, del resto de los ciudadanos. Y también -por qué no decirlo- la decisión de devoIver sano y salvo a su rehén, sin cerco policial que lo hiciera inevitable, abre un leve pero no desdeñable margen de esperanza sobre la lejana pero no descartable posibilidad de que ETA político- militar termine algún día por abandonar las enloquecidas premisas que orientan su acción hacia el terror, la violencia y la lucha armada y acepte el terreno de la negociación, la pacificación y las libertades democráticas. Sabido es que resulta muy difícil descabalgar de un tigre y que probablemente el intentarlo expone al jinete al riesgo de ser devorado por la fiera o abatido a tiros por el cazador. Al fin y al cabo, la historia entera de ETA desde la escisión de ETA-berri hasta la que enfrentó a los milis con los poli-milis es una trágica saga de dirigentes que apuestan por el abandono radical o progresivo de las armas y no son seguidos por quienes manejan lagoma-2 o las metralletas. Sin embargo, ningún demócrata debería cerrar el edificio constitucional a quienes mañana o pasado mañana llamen a sus puertas. Y menos que nadie, los herederos o coetáneos de los militantes del PSOE y del PCE que lucharon en el maquis en la década de los cuarenta y tardaron varios años en descender de las montañas.La víspera de la liberación del señor Rupérez, una radio bilbaína transmitía un interrogatorio del secuestrado con sus carceleros. En una persona con la entereza moral y la solidez política de Javier Rupérez, las obvias presiones ambientales del encierro y las amenazas para su vida inherentes a su situación difícilmente podrían haberle arrancado falsas confesiones o mentiras protectoras. En ese sentido, el viaje del diputado de UCD a través del espejo, desde el mundo tranquilo y amable en que rigen los valores de la democracia parlamentaria y de la reforma política hasta un país bien distante del inventado por Lewis Carroll y habitado por marginados, rebeldes y contestatarios, no debería ser interpretado exclusivamente según los esquemas del lavado de cerebro o de la persuasión oculta. En ese arriesgado, involuntario y condenable viaje, Javier Rupérez ha visto probablemente, no la verdadera cara de la Luna, pero sí la sinceridad, no por aberrante menos real, con la que unos muchachos desesperados viven, desde su peculiar y desviada óptica, algunos de los efectos sobre el País Vasco de una política gubernamental en demasiadas ocasiones inconexa, poco audaz y simple seguidora de la cola de los acontecimientos.

En sus forzadas declaraciones, por lo demás, el señor Rupérez, no hizo sino dar expresión pública a convicciones bastante extendidas en los medios oficiales y que sólo un equivocado sentido de la razón de Estado o un condenable reflejo defensivo llevan en ocasiones a negar: que la tortura se sigue practicando en la España democrática, pese a que el artículo 15 de la Constitución la prohibe, y que las medidas de gracia para quienes depongan las armas y acepten la reconciliación se hallan inscritas en cualquier perspectiva a medio o largo plazo para conseguir que el Estatuto de Guernica funcione y que la paz reine en el País Vasco.

A este respecto, es una cuestión de principios, que no acepta componendas ni matices, la estricta vigilancia por el Gobierno del cumplimiento del articulo 15 de la Constitución, que taxativamente establece que los ciudadanos de este país «en ningún caso pueden ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes». El argumento de que los terroristas también lo incumplen, de que ETA no ha abolido la pena de muerte y de que el secuestro del señor Rupérez constituyó una flagrante violación de los derechos humanos sólo pueden esgrimirlo los partidarios de la ley del Talión o de la ley de la selva. Y si bien los terroristas que siguen asesinando y que rechazan el Estatuto de Guernica y la autonomía vasca en nombre de ideales tan abstractos como crueles, no sólo no son acreedores de cuartel, sino que ni siquiera lo piden, la imposibilidad jurídico-constitucional de la amnistía y la evidente inconveniencia de las medidas de gracia mientras las armas sigan hablando no deberían convertirse en obstáculos insalvables para que en el futuro la pacificación de España y del País Vasco utilice los instrumentos necesarios y las medidas adecuadas para conseguirla.

03 - Marzo - 2007

Tres preguntas, tres respuestas

Javier Ortiz

Pregunta.- Con su decisión sobre De Juana, ¿el Gobierno ha cedido a un chantaje?

Respuesta.- Cuando se habla de chantaje, se presupone que el extorsionado, para evitar el mal con el que se le amenaza, ha de hacer algo impropio, si es que no ilegal. En este caso, Zapatero ha actuado dentro de la legalidad. Ha obrado en el marco de sus atribuciones y con respaldo judicial.

Su decisión es conforme a Derecho. Otra cosa es que pueda considerarse políticamente incorrecta, e incluso incorrectísima. Eso ya depende de los planteamientos y los deseos del que opina.

Zapatero estaba obligado a elegir entre dos males. Podía optar por dejarlo todo tal cual, resignándose a la posibilidad de que De Juana muriera. Es lo que hicieron Felipe González y Margaret Thatcher en situaciones similares. (Por cierto: algunos deberían acordarse de lo que dijeron de Felipe González en 1990, cuando dejó que el preso de los GRAPO José Manuel Sevillano muriera tras una larga huelga de hambre.)

La otra posibilidad que se le presentaba -hacer lo ha hecho- comportaba también notables inconvenientes. Él ha considerado que menores.

Pregunta.- ¿Hubiera podido el presidente del Gobierno escapar de este avispero?

Respuesta.- Sí, aunque sólo en parte. Recordemos que todo este penoso episodio se inició cuando se supo que De Juana, en aplicación del Código Penal anterior, había cumplido ya su condena por 25 asesinatos e iba a quedar en libertad. El entonces ministro de Justicia, López Aguilar, aseguró que había que impedir como fuera que tal cosa sucediera, para lo cual estaba dispuesto -dijo- a «construir nuevas imputaciones» ad hoc. Es lo que hicieron.

Para escapar de los dicterios de quienes eran hostiles por principio a la excarcelación de De Juana, se realizara como y cuando fuera, el Gobierno se metió en un laberinto de irregularidades jurídicas que le han llevado a regresar al punto de partida, sólo que un año después y en peores condiciones.

Es ése un error típico de Zapatero: renuncia a tomar determinadas decisiones por miedo a la bronca que la derecha amenaza con montarle, sin asimilar que va a acabar montándosela en todo caso, haga lo que haga.

Pregunta.- ¿Es verdad que ésta es la primera vez que un Gobierno democrático se rinde ante el chantaje de ETA?

Respuesta.- Ya he explicado por qué creo que no es correcto hablar de rendición. Pero, aunque lo fuera, tampoco se trataría de un hecho sin precedente. El Gobierno de Adolfo Suárez pagó en 1979 un rescate de 200 millones de pesetas para lograr la libertad de Javier Rupérez, que había sido secuestrado por ETA. Lo hizo, además, para más inri, con dinero público. Y nadie se lo echó en cara.

Qué más da. No pidamos que respeten los hechos quienes ya han demostrado su gusto por las imputaciones «construidas». Sobre todo si apuntan contra Zapatero.

06 - Marzo - 2007

Aclaración sobre el rescate de Rupérez

Adolfo Suárez Illana

El pasado día 3 de marzo, don Javier Ortiz publicó en su diario una columna en la que, entre otras cosas por las que expreso mi profundo respeto aunque disienta, afirmaba que Adolfo Suárez González, mi padre, pagó 200 millones de pesetas por la liberación de Javier Rupérez. Es absolutamente falso. No hace falta recordar que mi padre no cedió ante la amenaza de los enemigos de la libertad ni cuando estuvo en riesgo su propia vida. Tampoco lo hizo cuando la amenaza recayó sobre otros, como es el caso que nos ocupa y que no fue el único, desgraciadamente.

No quiero alargarme mucho en esta aclaración, simplemente remitir a todos aquellos que sinceramente quieran saber más sobre ese asunto -y estoy seguro de que don Javier Ortiz se encuentra entre ellos-, a personas independientes que lo han investigado a fondo, por ejemplo don Carlos Abella, quien, en la biografía que publicó sobre mi padre, aporta pruebas y declaraciones de los protagonistas que no dejan lugar a dudas.

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