El lehendakari Juan José Ibarretxe pone en marcha el ‘Plan Ibarretxe’ para que Euskadi se declare ‘Estado libre asociado’ (a España)

Tras un año de incubación que ha puesto de manifiesto las debilidades de su planteamiento, el lehendakari no retrocedió ni un milímetro en los contenidos de su propuesta de reforma del Estatuto; la única novedad fue la insistencia en reclamar la participación de la oposición en el diálogo, con el argumento de que su propuesta es sólo «una parte de la solución». Ambas cosas son contradictorias: no se puede apelar al diálogo cuando no se toman en consideración las opiniones de los demás.

Los puntos débiles del plan del lehendakari siguen siendo los que eran: no existe el «escenario sin violencia» que permitiría discutirlo en igualdad de condiciones; no cuenta con la mayoría parlamentaria necesaria para superar el primer peldaño de la reforma propuesta; incluso si lo consiguiera (gracias al voto de Batasuna), quedarían fuera del acuerdo las fuerzas representativas de la mitad no nacionalista de la población, y, por ello, el plan no alcanzaría un consenso comparable al que respaldó en su día al Estatuto de Gernika.

Todas esas debilidades son consecuencia de la unilateralidad del planteamiento. No se ofrece un marco compartible, como lo era el anteproyecto de Estatuto planteado en su día por el PNV, sino uno sólo para nacionalistas. A los que no lo son se les invita a adherirse o al menos a prestar su aval al resultado, aceptando sumarse al debate en los términos definidos por ellehendakari. Es posible que piense que al extremar su propuesta se pone en condiciones de ceder más en un eventual proceso negociador. Pero lo que propone no es sólo una cuestión de cantidad (de competencias), sino la ruptura del marco y el conflicto institucional.

La pretensión de recorrer ese camino desde la legalidad se quiebra en cuanto esa legalidad frena la pretensión soberanista. Es seguro que un plan de esa naturaleza no sería convalidado por el Parlamento español, como expresamente exige el mecanismo de reforma del Estatuto. Para ese momento el lehendakari propone convocar un referéndum (ilegal) sobre el texto salido del Parlamento vasco. Es decir, provocar un conflicto institucional, enfrentando dos legitimidades: aplicando ya por vía de hecho el principio soberanista que permite prescindir del pronunciamiento de las Cortes.

Para legalizar esa situación de hecho sería necesario que los 40 millones de españoles aceptaran una reforma constitucional que, por afectar al título preliminar (entre otros), implicaría lo siguiente: aprobación por mayoría de dos tercios; disolución de las Cortes y nuevas elecciones; confirmación de nuevo por mayoría cualificada por parte de Congreso y Senado; ratificación en referéndum. Y todo ello, no para establecer un marco definitivo, sino sólo, como repitió ayer Ibarretxe, para una generación. O sea, unos 15 años; porque se trata de un proceso que se mueve siempre en la misma dirección, y que sólo cesa con la independencia. Como dijo hace dos días el diputado Anasagasti, «si no se aprueba a la primera, ya se aprobará a la tercera».

De momento, es evidente la voluntad de estirar el proceso, acercándolo a las próximas elecciones. Contra lo previsto hace un año, el texto del proyecto de reforma no se presentará hasta finales de octubre, y no se votará antes del otoño de 2004. Para que, si no prospera, pueda ellehendakari convocar elecciones con su plan como programa. Aunque consiguiera esa mayoría que ahora no tiene (recuperando otra porción de votos de Batasuna), no por ello sería un proyecto de consenso, como lo fue el de Gernika. La idea de cambiar el marco (e incluso de ir a una consulta) sin consenso previo es una grave irresponsabilidad.

Así se lo dijeron ayer el socialista Patxi López y el popular Mayor Oreja. El primero puso el acento en la distancia entre las obsesiones soberanistas de los nacionalistas y las preocupaciones reales de los ciudadanos, y advirtió al lehendakari que debía perder toda esperanza en contar con los socialistas, ganen o pierdan en marzo, para legitimar su proyecto. El mensaje de Mayor consistió en contraponer los avances del Estado de derecho plasmados en la ilegalización de Batasuna con la parálisis política, incertidumbre económica y división social provocada por el Plan Ibarretxe. Pero el año transcurrido desde el anterior debate de esta naturaleza también ha revelado un punto débil de la oposición: su incapacidad para compaginar ese rechazo del ventajismo nacionalista con la búsqueda de un marco de unidad democrática contra ETA. Otegi vino a recordar dónde debería estar la frontera cuando, tras afirmar que el cambio del PNV respecto al Estatuto da la razón a los suyos, volvió a invocar, esta vez en el Parlamento, el «puño de hierro» con que dijo contar.

Aunque parezca difícil de creer, la aprobación por parte del Gobierno vasco del plan Ibarretxe equivale al inicio de un proceso de ruptura con el Estado español, como lo fueron en su día las declaraciones unilaterales de Eslovenia y Croacia que acabaron en la desintegración de la República de Yugoslavia.

Algo que parecía imposible ha sucedido pese a que la Constitución ha permitido a los vascos llegar a cotas de autogobierno impensables antes de la muerte del general Franco y pese a que la comunidad vasca goza hoy de niveles de bienestar sin precedentes. Baste un solo dato: la renta per capita anual por hogar asciende en el País Vasco a 12.800 euros, la mayor de España. Extremadura dispone de 7.600 euros y Andalucía, de 8.300. A pesar de ello, el País Vasco goza de un tratamiento fiscal excepcionalmente favorable, que le permite gestionar los recursos que recauda con un desembolso muy pequeño por los servicios que recibe del Estado.

Nada de ello ha servido para disuadir a Ibarretxe y al PNV. Lo fundamental ahora es que los ciudadanos españoles se den cuenta de lo que se acaba de poner en marcha, sin dejarse engañar por el melifluo y tranquilizador discurso del lehendakari.

Ibarretxe insistió ayer que todo es negociable, que quiere que todos los vascos hagan sus aportaciones, que el proceso se ajusta a la legalidad democrática. Pero todo ello es falso porque su plan rompe la Constitución y las leyes al atribuir a las actuales instituciones vascas unas competencias de las que carecen.

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El sofisma del ‘lehendakari’

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El jefe del Gobierno vasco asegura que el Parlamento de Vitoria tiene derecho a reformar el Estatuto de Guernica. Así es. Pero lo tiene que hacer dentro de los límites que marca la Constitución y siguiendo el procedimiento tasado por la ley. Ibarretxe intenta engañar a los españoles porque oculta que las atribuciones que arroga a las instituciones vascas en su plan se salen del actual marco jurídico. También vulnera abiertamente la Constitución el referendum que plantea, que en todo caso debería hacerse extensivo al conjunto del Estado español.

La Constitución de 1978 es muy generosa y permite defender toda clase de ideas, pero lo que no tolera es la demolición de la legalidad por parte de una minoría sin contar con los demás.

Los 37 folios del «Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi» presentados ayer por Ibarretxe vulneran la Constitución desde la primera línea a la última. A pesar de su eufemístico nombre, el documento aprobado por el Gobierno autonómico parte de que los vascos son soberanos y de que tienen potestad para elaborar sus propias leyes y rechazar aquellas que no les gusten del Estado español.

El status jurídico que propone para el País Vasco es el de «Estado libre asociado», una fórmula que no existe en ningún sitio y que, por supuesto, no está contemplada en el derecho internacional.

Las competencias que tendría ese Estado asociado a España, en el plano de la absoluta igualdad, serían prácticamente todas.Ibarrexte reserva para el Estado español la política de defensa -muy costosa, por cierto- y una magna responsabilidad: la definición de los pesos y medidas y la fijación de la hora, que sería la misma en los dos Estados. Aunque todo lo demás fuera distinto, eso sí, los relojes estarían siempre sincronizados a uno y otro lado del Ebro. No es de extrañar que en la foto de nuestra portada el lehendakari y sus colaboradores aparezcan riéndose a mandibula batiente.

El proyecto de Ibarretxe establece una ciudadanía vasca, un Parlamento soberano, un sistema judicial independiente, unas fuerzas policiales propias y una Seguridad Social autónoma. Incluso en política exterior, el Estatuto habla de una representación directa del País Vasco en la UE, con derecho de veto a los tratados internacionales que suscriba España.

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Un envite deleznable

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No hay la menor duda, por todo ello, que estamos ante un envite de gran magnitud al Estado de Derecho. Pero el desafío que plantean los nacionalistas vascos tiene un componente moralmente deleznable, ya que ha sido posible mediante un proceso de acumulación de fuerzas en el que ETA ha tenido un papel esencial.

Parte de la sociedad vasca ha vivido coaccionada desde la llegada al poder del PNV y muchos ciudadanos -entre ellos, importantes líderes políticos y sociales- han sido asesinados o han tenido que emigrar. No ha habido igualdad de condiciones en el debate político, en el que los no nacionalistas han estado -y siguen estando- bajo el punto de mira del terrorismo.

Mariano Rajoy tachaba ayer certeramente el plan Ibarretxe de «terrible sarcasmo» y «mentira colosal» y propugnaba como «un imperativo moral» la movilización de los ciudadanos y las instituciones para impedir su desarrollo. Rodríguez Zapatero pidió de nuevo la retirada del proyecto nacionalista, subrayando que el PSOE se opondrá frontalmente y hará lo posible para evitar cualquier proceso que ponga en peligro la unidad del Estado.

Para sacar adelante su plan, Ibarretxe se va a tener que enfrentar no sólo con el PP y el PSOE sino además con la oposición de Alava, cuyas Juntas Generales han aprobado una declaración solemne en la que advierten que los alaveses quieren seguir integrados en España. ¿Respetará Ibarretxe su voluntad? ¿Está dispuesto a conceder el derecho de autodeterminación a los municipios vascos que no quieran adherirse a su proyecto? El lehendakari no parece consciente de que está poniendo en marcha una dinámica que puede volverse contra él.

El reto que ha lanzado el nacionalismo vasco requiere una respuesta firme de los ciudadanos españoles, de los partidos y de las instituciones, de suerte que el PNV y sus socios deben ser conscientes de que se van a topar contra un muro si quieren cambiar unilateralmente las reglas de juego. El plan de Ibarretxe no es negociable. Sólo cabe, como le invitaba Zapatero, que lo meta en un cajón. Si no lo hace, la Constitución tiene los suficientes recursos para acabar con este delirio.

Hace unos días estuve viendo la polémica película La pelota vasca. En ella, de forma reiterada, Julio Medem filma a dos grupos de hombres tirando en dirección contraria de una soga hasta el agotamiento. Un símbolo del actual País Vasco, que se proyecta en los protagonistas de la película, porque en las múltiples y plurales intervenciones de los entrevistados hay algo significativamente ausente: la idea de pacto entre Euskadi y el Estado, que es lo que, al fin y al cabo, legitima el modelo de convivencia inaugurado hace 25 años.

Es como si se hubiese olvidado que ahí está la raíz de cualquier solución a la llamada cuestión vasca. Tantos años de violencia y de progresiva polarización en Euskadi han deteriorado ese principio esencial -desde Locke, desde el «contrato social» de Rousseau, desde las revoluciones norteamericana y francesa- que es el pacto político originario de autodeterminación del que nacen las reglas del juego de la democracia occidental, y que la diferencian del derecho divino de los reyes o de la dictadura.

El constitucionalismo español que sustituye al franquismo se edifica sobre un doble acuerdo: de todos los ciudadanos y ciudadanas entre sí para crear una democracia, y de los pueblos del Estado español (entre ellos el vasco) con el Estado mismo para establecer un autogobierno. Este segundo pacto se formaliza en los Estatutos de Autonomía. El vasco fue apoyado muy mayoritariamente por los ciudadanos de Euskadi, y también por el PNV, EA e IU, partidos que forman el Gobierno tripartito que ha presentado en el Parlamento de Vitoria lo que llama «Estatuto Político» de Euskadi.

Hay un principio del derecho internacional, que es un principio universal de paz: pacta sunt servanda, «los pactos se deben preservar». El pacto entre Euskadi y el Estado español está meridianamente claro en el Estatuto: los ciudadanos del Estado reconocen al Parlamento vasco, y los de Euskadi reconocen a las Cortes Generales. De modo que nadie puede unilateralmente cambiar el sistema de autogobierno de Euskadi. Ni el Parlamento de Vitoria (representante del pueblo vasco) puede, por sí solo, modificar el Estatuto vasco (y menos abolirlo), ni las Cortes Generales (representantes del pueblo español) -y esto conviene retenerlo con nitidez- pueden cambiar por sí solas dicho Estatuto sin la aceptación de la Cámara autonómica y del pueblo vasco en referéndum. Es la garantía que el Estatuto introdujo en su artículo 46, que es precisamente el invocado por el lehendakari para tramitar su plan en el Parlamento de Vitoria.

Así pues, es verdad que el pueblo vasco, representado en el Parlamento autonómico, no tiene la soberanía para, unilateralmente, cambiar las reglas de juego del autogobierno de Euskadi; pero es que tampoco las Cortes Generales lo pueden hacer sin contar con la aceptación del Parlamento y del pueblo vasco, porque eso significaría romper el principio de autonomía de las nacionalidades y regiones, que es consustancial con nuestra democracia. Así que la soberanía del pueblo español expresada en las Cortes Generales tiene también límites.

Quiero insistir en lo anterior, porque es determinante para esa España de centralismo y conservadurismo atávicos: el Parlamento y el pueblo vasco pueden impedir cualquier involución en el amplísimo autogobierno que tienen. El Estatuto/Pacto es el que pone los límites y obliga al diálogo como único método para avanzar.

El plan Ibarretxe se ha saltado esos límites y ha destruido el pacto constitucional y estatutario. Eso se demuestra por varias razones:

Primera. Porque deroga todo el Estatuto de Autonomía, que es un pacto bilateral, y lo sustituye por un «Estatuto político» unilateral, con un único sujeto de soberanía, el pueblo vasco.

Segunda. Porque la aceptación del plan obligaría antes a una reforma de la Constitución Española que la haría irreconocible. Habría que derogar los artículos 1º (soberanía del pueblo español) y 2º (unidad del Estado y autonomía de nacionalidades), y todo el Título VIII, dado que el proyecto del Gobierno de Vitoria proclama en su artículo 12 un poder constituyente permanente para el «pueblo vasco» que podría cambiar unilateralmente en el futuro su relación con el Estado, sin contar con éste.

Tercera. Porque el Estatuto Político del País Vasco que propone Ibarretxe tendría una Carta de Derechos y Libertades propia que estaría por encima de la Constitución Española y de la Carta de Derechos de la futura Constitución Europea. Como manifestación de esto, el proyecto establece una ley de partidos políticos exclusivamente para Euskadi.

Cuarta. Porque rompe la homogeneidad del estatuto de «nacionalidad» hacia el exterior y el de «ciudadanía» hacia el interior del Estado.

Quinta. Porque rompe con la arquitectura constitucional de división de poderes. Atribuye a Euskadi todas las competencias ejecutivas (salvo Defensa) y todas las competencias legislativas (salvo extranjería, derecho penal y mercantil). Crea un Gobierno del poder judicial propio para el nombramiento de jueces y fiscales. Incluso en política exterior el proyecto Ibarretxe exige la aceptación de las instituciones vascas para aprobar tratados internacionales suscritos por España (artículo 68).

Sexta. Porque contradice la futura probable Constitución Europea, confiriendo a las instituciones vascas una presencia directa e independiente en Bruselas que el derecho europeo no reconoce.

Séptima. Porque sitúa a Euskadi fuera del Estado español, estableciendo «pasarelas» de resolución de conflictos entre Euskadi y España, como si fueran relaciones diplomáticas entre Estados, a resolver por tribunales «internacionales» (Tribunal de Conflictos, Sala Especial del Tribunal Constitucional).

Esta separación (que no «asociación») con el Estado español llega hasta el extremo de dar a las instituciones vascas no sólo un poder tributario independiente, sino una potestad de planificación económica con carácter «exclusivo» (artículo 56.1), así como la defensa de la competencia. Son atribuciones, por otra parte, imposibles en un mercado único europeo, ya que obligarían a cerrar las fronteras de Euskadi.

Por todas las anteriores razones, la propuesta Ibarretxe es algo que ningún Gobierno español podría aceptar ni negociar. En realidad, no está planteado para ello. No se puede negociar un plan cuyo elemento vertebrador es que hay que abolir el Estatuto vigente pactado hace más de veinte años y que hay que abolir toda lógica de pacto porque una de las partes (Euskadi) podrá romper el futuro Estatuto cuando lo desee (artículo 12).

De hecho, en la propia presentación del plan en el Parlamento vasco el 26 de septiembre, Ibarretxe ya dijo que, si no se alcanzaba un pacto con el Estado sobre su plan, lo sometería igualmente a referéndum, se supone que con la voluntad de imponerlo de forma unilateral, lo que es, obviamente, un desafío inaceptable a la legalidad. Ibarretxe no ha rectificado esas palabras aún.

No se puede negociar sobre una propuesta que desprecia las actuales reglas del juego, es decir, el actual pacto entre el Estado y Euskadi, pacto -repito- al que están sujetos los dos según el Estatuto de Autonomía de 1979.

Ibarretxe, en reacción a la decisión del Gobierno español de impugnar la propuesta ante el Tribunal Constitucional, ha invocado su derecho a que se debata su posición. No hay duda de que ese derecho lo tiene, y lo tienen, más aún, partidos democráticos como el PNV, EA e IU (que, contra las desafortunadas palabras de Mayor Oreja, no son igual a ETA). Sin embargo, también otros partidos democráticos, como el PP o el PSOE, tienen el derecho a decir que, en una Comunidad en la que hay violencia contra la mitad de la población, el principal objetivo de un Gobierno que representa a todos es combatir esa violencia, y en especial a ETA. Y tienen derecho a decir que un proyecto constituyente de la envergadura del que ha presentado el Gobierno vasco no se debe plantear en la situación de excepcionalidad, de amenaza y de coacción que vive precisamente la parte de la población menos proclive a aceptar la derogación del Estatuto de Autonomía que pretende Ibarretxe. Y tienen también derecho a decir que no es forma de defender un nuevo Estatuto constitucional para Euskadi romper el anterior unilateralmente, contra la mitad de las fuerzas políticas, dividiendo a la sociedad y debilitando, por tanto, la necesaria unidad de ésta contra el terrorismo.

El plan Ibarretxe y sus ideas se pueden debatir en una democracia como lo que ha logrado traer a Euskadi la Constitución y el Estatuto. Ya se está haciendo. El debate es libre. Nadie lo podrá impedir. En nuestra democracia -lo decíamos con ocasión de la aprobación de la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna-, todas las ideas se pueden defender y debatir, salvo las que apoyen la violencia. Se puede defender y debatir el plan Ibarretxe, y hasta la independencia de Euskadi, o la República.

El debate del plan Ibarretxe -el debate por el debate- es el objetivo del lehendakari para apropiarse de los votos de Batasuna. Y el PP sabemos que lo utilizará para convertir la campaña electoral de las generales en una especie de plebiscito sobre la unidad de España, también por razones partidistas.

Pero la cuestión de fondo, por encima de las pretensiones electoralistas del PNV o del PP, no es si se puede debatir o no el plan secesionista de Ibarretxe. Claro que se puede en una democracia (!). La cuestión de fondo es que ese plan -lo sabe quien lo hizo y quien lo apoyó-, en su contenido y en su esencia, no resulta negociable con el supuesto destinatario de la supuesta negociación: las Cortes Generales. Por eso, su destino es el fracaso.

Ibarretxe sabe que ese proyecto es inasumible de raíz por PP y PSOE. Sabe que es, por ello, un callejón sin salida para el pueblo vasco, al que no quiere decirle la verdad. Y sabe que no puede depender para ello de hipotéticos éxitos electorales futuros, porque, en definitiva, él se propone romper unilateralmente un pacto político profundo (el Estatuto), y eso no es admisible ni en España ni en Europa.

La salida para el País Vasco es la profundización de su autonomía en España y en Europa. Y eso pasa por la profundización en el pacto entre España y Euskadi que se expresa en el Estatuto, no por su voladura. Y pasa por el diálogo entre el Gobierno de Madrid y el de Euskadi, y no por la irresponsable ausencia de interlocución entre La Moncloa y Ajuria Enea.

Por último, una consideración general. El plan Ibarretxe no es el único problema de nuestro país. No hay que consentir que la unidad de España -que no está en cuestión en una democracia consolidada de un país europeo como el nuestro- se convierta en el monotema de la gran decisión electoral de marzo de 2004.

Diego López Garrido