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Éxito del ABC, que publico el borrador de la propuesta antes de que se hiciera público

El lehendakari Juan José Ibarretxe pone en marcha el ‘Plan Ibarretxe’ para que Euskadi se declare ‘Estado libre asociado’ (a España)

HECHOS

  • El 23.07.2003 el diario ABC, dirigido por D. José Antonio Zarzalejos publicó el borrador del proyecto de redefinición jurídica que planeaba el PNV, denominado ‘Plan Ibarretxe’.
  • El 25.10.2003 D. Juan José Ibarretxe hizo pública su propuesta ante el parlamento vasco.

D. José Antonio Zarzalejos, director de ABC, niega que el ‘Plan Ibarretxe’ se lo filtrata su hermano.

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26 - Octubre - 2003

El siguiente golpe

Carlos Martínez Gorriarán

Ayer, Ibarretxe dio su tercer golpe parcial al Estado democrático. Es inútil empeñarse en no ver lo que está sucediendo, aunque sea feo, incómodo o aburrido. Los nacionalistas no pretenden reformar el Estatuto, como algunos tontos se empeñan en creer, sino liquidarlo. La pantomima de presentar a Atutxa el documento que convierte el Plan en Proyecto de Ley sirve para dar por difunto al Estatuto justo en el 24 aniversario del refrendo ciudadano por el 90 por ciento de los votos emitidos. Defunción decidida de antemano e irreversible, el «goodbye España» del último Alderdi Eguna peneuvista. Y a esa clase de defunciones se les llama asesinato. Ahora se abre el procedimiento de tramitación en Vitoria, que irá según vayan las cosas con ETA: Ibarretxe obtendrá los votos de SA (la Batasuna de siempre), o bien convocará elecciones de carácter plebiscitario. Los nacionalistas concurrirán sin el estorbo de Batasuna, impedido por los tribunales, y cosecharán sus votos. Junto con los regalados por quienes acepten el chantaje de «Plan a cambio de Paz», esos votos pueden conseguir los 38 parlamentarios -con IU, ahora tiene 36- que apruebe la Ley del Estado Vasco Libre Asociado. Es fácil. Llegados aquí, los nacionalistas ignorarán todo lo que digan las instituciones españolas o la Constitución, cuya reforma -esa sí- pretenden forzar sabiendo que será imposible. Oído el Pueblo Vasco, Ibarretxe exigirá respeto a la Voz unánime y prehistórica que él encarna como un Moisés alucinado: o se les da todo -se cambia la Constitución-, o la tribu elegida marcha a la tierra prometida de Independencia, que cae un poco más allá del oasis del Estado Libre Asociado.
El problema ya no es si se convence a Ibarretxe de que se conforme con menos, o si las elecciones internas del PNV o algún nuevo crimen de ETA cambian las cosas. No, el quid de la cuestión está en los constitucionalistas, en lo que hagamos para atajar este delirio allí donde debe atajarse primero: en la propia sociedad vasca. La unión de los constitucionalistas contra Ibarretxe en las Juntas Generales de Alava va por buen camino, pero no basta en absoluto. Conviene no engañarse: ni los jueces, ni el Gobierno, ni las declaraciones de los líderes políticos podrán sustituir a la mayoría de la sociedad vasca, que es quien realmente debe y puede parar el próximo golpe de Ibarretxe. Pero hay que convencerle de que debe hacerlo. Y para dar ejemplo, es urgente que PP y PSOE renuncien a tirarse a la cabeza el Plan Ibarretxe o el patriotismo de cada cual. Pase lo que pase en Madrid o Cataluña, esto hay que tratarlo como lo que es: un desafío al Estado democrático y una amenaza contra su misma existencia.
27 - Septiembre - 2003

Un plan abocado al conflicto

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

Tras un año de incubación que ha puesto de manifiesto las debilidades de su planteamiento, el lehendakari no retrocedió ni un milímetro en los contenidos de su propuesta de reforma del Estatuto; la única novedad fue la insistencia en reclamar la participación de la oposición en el diálogo, con el argumento de que su propuesta es sólo “una parte de la solución”. Ambas cosas son contradictorias: no se puede apelar al diálogo cuando no se toman en consideración las opiniones de los demás.

Los puntos débiles del plan del lehendakari siguen siendo los que eran: no existe el “escenario sin violencia” que permitiría discutirlo en igualdad de condiciones; no cuenta con la mayoría parlamentaria necesaria para superar el primer peldaño de la reforma propuesta; incluso si lo consiguiera (gracias al voto de Batasuna), quedarían fuera del acuerdo las fuerzas representativas de la mitad no nacionalista de la población, y, por ello, el plan no alcanzaría un consenso comparable al que respaldó en su día al Estatuto de Gernika.

Todas esas debilidades son consecuencia de la unilateralidad del planteamiento. No se ofrece un marco compartible, como lo era el anteproyecto de Estatuto planteado en su día por el PNV, sino uno sólo para nacionalistas. A los que no lo son se les invita a adherirse o al menos a prestar su aval al resultado, aceptando sumarse al debate en los términos definidos por ellehendakari. Es posible que piense que al extremar su propuesta se pone en condiciones de ceder más en un eventual proceso negociador. Pero lo que propone no es sólo una cuestión de cantidad (de competencias), sino la ruptura del marco y el conflicto institucional.

La pretensión de recorrer ese camino desde la legalidad se quiebra en cuanto esa legalidad frena la pretensión soberanista. Es seguro que un plan de esa naturaleza no sería convalidado por el Parlamento español, como expresamente exige el mecanismo de reforma del Estatuto. Para ese momento el lehendakari propone convocar un referéndum (ilegal) sobre el texto salido del Parlamento vasco. Es decir, provocar un conflicto institucional, enfrentando dos legitimidades: aplicando ya por vía de hecho el principio soberanista que permite prescindir del pronunciamiento de las Cortes.

Para legalizar esa situación de hecho sería necesario que los 40 millones de españoles aceptaran una reforma constitucional que, por afectar al título preliminar (entre otros), implicaría lo siguiente: aprobación por mayoría de dos tercios; disolución de las Cortes y nuevas elecciones; confirmación de nuevo por mayoría cualificada por parte de Congreso y Senado; ratificación en referéndum. Y todo ello, no para establecer un marco definitivo, sino sólo, como repitió ayer Ibarretxe, para una generación. O sea, unos 15 años; porque se trata de un proceso que se mueve siempre en la misma dirección, y que sólo cesa con la independencia. Como dijo hace dos días el diputado Anasagasti, “si no se aprueba a la primera, ya se aprobará a la tercera”.

De momento, es evidente la voluntad de estirar el proceso, acercándolo a las próximas elecciones. Contra lo previsto hace un año, el texto del proyecto de reforma no se presentará hasta finales de octubre, y no se votará antes del otoño de 2004. Para que, si no prospera, pueda ellehendakari convocar elecciones con su plan como programa. Aunque consiguiera esa mayoría que ahora no tiene (recuperando otra porción de votos de Batasuna), no por ello sería un proyecto de consenso, como lo fue el de Gernika. La idea de cambiar el marco (e incluso de ir a una consulta) sin consenso previo es una grave irresponsabilidad.

Así se lo dijeron ayer el socialista Patxi López y el popular Mayor Oreja. El primero puso el acento en la distancia entre las obsesiones soberanistas de los nacionalistas y las preocupaciones reales de los ciudadanos, y advirtió al lehendakari que debía perder toda esperanza en contar con los socialistas, ganen o pierdan en marzo, para legitimar su proyecto. El mensaje de Mayor consistió en contraponer los avances del Estado de derecho plasmados en la ilegalización de Batasuna con la parálisis política, incertidumbre económica y división social provocada por el Plan Ibarretxe. Pero el año transcurrido desde el anterior debate de esta naturaleza también ha revelado un punto débil de la oposición: su incapacidad para compaginar ese rechazo del ventajismo nacionalista con la búsqueda de un marco de unidad democrática contra ETA. Otegi vino a recordar dónde debería estar la frontera cuando, tras afirmar que el cambio del PNV respecto al Estatuto da la razón a los suyos, volvió a invocar, esta vez en el Parlamento, el “puño de hierro” con que dijo contar.

26 - Octubre - 2003

Una burla a la Constitución que España no debe permitir

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

Aunque parezca difícil de creer, la aprobación por parte del Gobierno vasco del plan Ibarretxe equivale al inicio de un proceso de ruptura con el Estado español, como lo fueron en su día las declaraciones unilaterales de Eslovenia y Croacia que acabaron en la desintegración de la República de Yugoslavia.

Algo que parecía imposible ha sucedido pese a que la Constitución ha permitido a los vascos llegar a cotas de autogobierno impensables antes de la muerte del general Franco y pese a que la comunidad vasca goza hoy de niveles de bienestar sin precedentes. Baste un solo dato: la renta per capita anual por hogar asciende en el País Vasco a 12.800 euros, la mayor de España. Extremadura dispone de 7.600 euros y Andalucía, de 8.300. A pesar de ello, el País Vasco goza de un tratamiento fiscal excepcionalmente favorable, que le permite gestionar los recursos que recauda con un desembolso muy pequeño por los servicios que recibe del Estado.

Nada de ello ha servido para disuadir a Ibarretxe y al PNV. Lo fundamental ahora es que los ciudadanos españoles se den cuenta de lo que se acaba de poner en marcha, sin dejarse engañar por el melifluo y tranquilizador discurso del lehendakari.

Ibarretxe insistió ayer que todo es negociable, que quiere que todos los vascos hagan sus aportaciones, que el proceso se ajusta a la legalidad democrática. Pero todo ello es falso porque su plan rompe la Constitución y las leyes al atribuir a las actuales instituciones vascas unas competencias de las que carecen.

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El sofisma del ‘lehendakari’

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El jefe del Gobierno vasco asegura que el Parlamento de Vitoria tiene derecho a reformar el Estatuto de Guernica. Así es. Pero lo tiene que hacer dentro de los límites que marca la Constitución y siguiendo el procedimiento tasado por la ley. Ibarretxe intenta engañar a los españoles porque oculta que las atribuciones que arroga a las instituciones vascas en su plan se salen del actual marco jurídico. También vulnera abiertamente la Constitución el referendum que plantea, que en todo caso debería hacerse extensivo al conjunto del Estado español.

La Constitución de 1978 es muy generosa y permite defender toda clase de ideas, pero lo que no tolera es la demolición de la legalidad por parte de una minoría sin contar con los demás.

Los 37 folios del «Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi» presentados ayer por Ibarretxe vulneran la Constitución desde la primera línea a la última. A pesar de su eufemístico nombre, el documento aprobado por el Gobierno autonómico parte de que los vascos son soberanos y de que tienen potestad para elaborar sus propias leyes y rechazar aquellas que no les gusten del Estado español.

El status jurídico que propone para el País Vasco es el de «Estado libre asociado», una fórmula que no existe en ningún sitio y que, por supuesto, no está contemplada en el derecho internacional.

Las competencias que tendría ese Estado asociado a España, en el plano de la absoluta igualdad, serían prácticamente todas.Ibarrexte reserva para el Estado español la política de defensa -muy costosa, por cierto- y una magna responsabilidad: la definición de los pesos y medidas y la fijación de la hora, que sería la misma en los dos Estados. Aunque todo lo demás fuera distinto, eso sí, los relojes estarían siempre sincronizados a uno y otro lado del Ebro. No es de extrañar que en la foto de nuestra portada el lehendakari y sus colaboradores aparezcan riéndose a mandibula batiente.

El proyecto de Ibarretxe establece una ciudadanía vasca, un Parlamento soberano, un sistema judicial independiente, unas fuerzas policiales propias y una Seguridad Social autónoma. Incluso en política exterior, el Estatuto habla de una representación directa del País Vasco en la UE, con derecho de veto a los tratados internacionales que suscriba España.

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Un envite deleznable

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No hay la menor duda, por todo ello, que estamos ante un envite de gran magnitud al Estado de Derecho. Pero el desafío que plantean los nacionalistas vascos tiene un componente moralmente deleznable, ya que ha sido posible mediante un proceso de acumulación de fuerzas en el que ETA ha tenido un papel esencial.

Parte de la sociedad vasca ha vivido coaccionada desde la llegada al poder del PNV y muchos ciudadanos -entre ellos, importantes líderes políticos y sociales- han sido asesinados o han tenido que emigrar. No ha habido igualdad de condiciones en el debate político, en el que los no nacionalistas han estado -y siguen estando- bajo el punto de mira del terrorismo.

Mariano Rajoy tachaba ayer certeramente el plan Ibarretxe de «terrible sarcasmo» y «mentira colosal» y propugnaba como «un imperativo moral» la movilización de los ciudadanos y las instituciones para impedir su desarrollo. Rodríguez Zapatero pidió de nuevo la retirada del proyecto nacionalista, subrayando que el PSOE se opondrá frontalmente y hará lo posible para evitar cualquier proceso que ponga en peligro la unidad del Estado.

Para sacar adelante su plan, Ibarretxe se va a tener que enfrentar no sólo con el PP y el PSOE sino además con la oposición de Alava, cuyas Juntas Generales han aprobado una declaración solemne en la que advierten que los alaveses quieren seguir integrados en España. ¿Respetará Ibarretxe su voluntad? ¿Está dispuesto a conceder el derecho de autodeterminación a los municipios vascos que no quieran adherirse a su proyecto? El lehendakari no parece consciente de que está poniendo en marcha una dinámica que puede volverse contra él.

El reto que ha lanzado el nacionalismo vasco requiere una respuesta firme de los ciudadanos españoles, de los partidos y de las instituciones, de suerte que el PNV y sus socios deben ser conscientes de que se van a topar contra un muro si quieren cambiar unilateralmente las reglas de juego. El plan de Ibarretxe no es negociable. Sólo cabe, como le invitaba Zapatero, que lo meta en un cajón. Si no lo hace, la Constitución tiene los suficientes recursos para acabar con este delirio.

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