6 abril 1993

Otro juez de la Audiencia Nacional, Ventura Pérez Mariño, también irá en las listas del PSOE en esos comicios

Listas PSOE 1993: Felipe González ficha al juez Baltasar Garzón para que sea el ‘Nº 2’ en la candidatura socialista por Madrid

Hechos

  • En abril de 1993 se conocieron las listas electorales del PSOE para las elecciones generales de ese año. En ellas figuraban dos jueces de la Audiencia Nacional, D. Baltasar Garzón y D. Ventura Pérez Mariño. El primero de ellos como Nº2 de las listas por Madrid, detrás de D. Felipe González.

Lecturas

El juez instructor de la Audiencia Nacional D. Baltasar Garzón Real anuncia el 27 de abril de 1993 que ficha por el Partido Socialista Obrero Español que lo colocarán como ‘número 2’ del PSOE por Madrid justo por debajo de D. Felipe González Márquez. El presidente de Castilla La Mancha D. José Bono Martínez actuó como puente entre el PSOE y el juez Garzón Real.

El juez Garzón Real logró popularidad tanto por su investigación contra el Narcotráfico (‘Operación Nécora’ y ‘caso UCIFA’) como por su investigación del caso GAL en la que imputó a policías enfrentándose al entonces ministro de Interior D. José Barronuevo Peña, con el que ahora compartirá la lista del PSOE.

El periódico ABC siempre fue crítico con la labor del juez Garzón, pero su fichaje supone una sorpresa para El Mundo que hasta ese momento había elogiado al juez cuando pensaba que era afín a Izquierda Unida, y ahora pasarán a criticarlo.

LOS DIEZ PRIMEROS PUESTOS EN LA LISTA DEL PSOE POR MADRID

  1. FELIPE GONZALEZ MARQUEZ
  2. BALTASAR GARZON REAL (INDEPENDIENTE)
  3. JAVIER SOLANA MADARIAGA
  4. JOSE JOAQUIN ALMUNIA AMANN
  5. JOSE BARRIONUEVO PEÑA
  6. CARMEN GARCIA BLOISE
  7. JOSE ACOSTA CUBERO (GUERRISTA)
  8. FROILAN LUIS PEREZ GONZALEZ
  9. MANUEL DE LA ROCHA RUBI (IZQUIERDA SOCIALISTA)
  10. ISABEL ALBERDI ALONSO

JAVIER SOLANA BAJA UN PUESTO

Solana2 D. Javier Solana, número 2 de D. Felipe González en las elecciones de 1977, 1982, 1986 y 1989 se ve obligado a pasar al número 3 y ceder su puesto a D. Baltasar Garzón. Es la segunda vez que el Sr. Solana acepta esta condición, ya ocurrió en 1979 cuando debió ceder su puesto al profesor de Tierno Galván

VENTURA PÉREZ MARIÑO TAMBIÉN FICHA POR EL PSOE

ventura_perez_marino Al igual que D. Baltasar Garzón, el también juez de la Audiencia Nacional, D. Ventura Pérez Mariño, también ficho por el PSOE en las listas de 1993 por Galicia.

CRÍTICAS A GARZÓN POR PARTE DE LOS COMENTARISTAS ANTI-PSOE:

Las principales tertulias de periodistas consideradas de oposición al Gobierno, cargaron contra el juez Garzón tras su decisión de fichar por las listas del PSOE. Especialmente duros fueron los tertulianos de ‘La Linterna’ de COPE (D. Luis Herrero, D. Federico Jiménez Losantos) y ‘La Espuela’ de RADIO ESPAÑA (D. Alejo García, D. Carlos Dávila y D. Ramón Pi). 

losantos_linterna D. Federico Jiménez Losantos (COPE): «Me parece especialmente grave que Garzón reciba a Michel Domínguez, ya sea por iniciativa de uno u otro, cuando el juez ya sabía que estaba preconizado por Felipe González para ser ministro de Justicia. Es decir, que el indulto del que hablan tiene que ser firmado por Garzón, si el PSOE gana las elecciones (…) El precio del nombramiento del número dos por Madrid, si esto se confirma, irá precedido de un rosario de delitos; es decir, que este señor que aparece como garantía contra la corrupción dentro del Partido Socialista resulta que el paso previo que da para su designación es vulnerar la ley…»

luis_herrero_2 D. Luis Herrero (COPE): «A mi me da la impresión de que esa reunión a lo mejor no se realizó por iniciativa ni de uno ni de otro, sino de un tercero (…) Se podría llegar a preguntarse si el señor Garzón ha sido encubridor de un delito…»

carlos_davila_tve D. Carlos Dávila (RADIO ESPAÑA / CADENA IBÉRICA): «Hay cosas de las que Garzón tiene que responder (…) Si esto es cierto, este señor no solamente no puede presentarse por el Partido Socialista, sino que no podría seguir siendo juez (…) Esto tiene el tufo de la barriobajez política usual en La Moncloa. Garzón y González negocian el paso del primero a la política; y el segundo le dice: ‘Bueno pues yo te voy a dejar resueltos los asuntos pendientes; es decir, el GAL, para que si luego resultas ser superministro de Justicia e Interior no te veas en el penoso caso de tener que firmar el indulto de las personas que tú mandaste a la cárcel’».

RamonPijoven D. Ramón Pi (RADIO ESPAÑA / CADENA IBÉRICA): «No es sorprendente, sino intolerable (…) Esto es un palo definitivo al juez Garzón».

28 Abril 1993

Garzón, el independiente

ABC (Director: Luis María Anson)

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La expectación, alimentada con técnica de ‘suspense’, acerca de la incorporación a las listas electorales socialistas de alguna personalidad independiente, con sedimentado prestigio, se ha saldado con el anuncio de la casi segura incorporación del juez Garzón a la candidatura madrileña encabezada por el propio González. Si de lo que se trataba era de conseguir el efímero efecto pirotécnico de una gran bengala, la rutilante inclinación de Garzón a acaparar superficie informativa garantizaba ese pasajero resultado. El paso de Garzón a la política tiene el valor de una doble revelación: la de la menesterosidad de las expectativas electorales del PSOE, necesitadas de tales golpes de efecto, de una parte; de otra, la de la fragilidad de la vocación judicial de Garzón, incapaz de resistirse a la seducción felipista.

Pero no nos engañemos: un profesional puede, sin compromiso partidista, sentirse ocasionalmente ante la responsabilidad moral de servir un proyecto político y hacerlo sin abdicar de su independencia; convirtiendo esa misma independencia en la principal aportación. Pero no es el caso de un juez. Para un juez, la independencia no es un atributo añadido. Es el rasgo consustancial del noble oficio de juzgar. Poco importa que Garzón acepte o no el carné de militante. No confundamos un independiente con un ‘topo’. La decisión de Garzón no sólo le veda cualquier retorno a la carrera judicial, sino que proyecta una sombra de sospecha sobre toda su actuación judicial anterior marcada por una desmedida persecución de la notoriedad. Muchos de los colegas que han contribuido de buena fe, a la mitificación de Garzón como un juez señero descubrirán su cándido error. El halago del escaño puede ser más fuerte que cualquier reluctancia a compartir ‘proyecto’ con los hermanos de la cofradía FIlesa, con los patrocinadores de la ley Mordaza y de la ley Corcuera. No se sabe qué sorprende más, si la capacidad de seducción de González o la latitud de las tragaderas de Garzón.

Pero, bien mirado, es una excelente noticia que las imposturas se destruyan y que cada cual ocupe el lugar que le corresponde. Quizás el Congreso gane un buen parlamentario, pero es seguro que la Audiencia Nacional pierde un pésimo juez. Porque si nos tomamos la molestia de comparar la aparatosidad de las diligencias instructoras de Garzón – previa obligada presencia de TVE – con el magro saldo de sus resultados condenatorias, el juicio sobre el quehacer profesional de Garzón no puede ser más adverso.

El problema no está en Garzón, sino en que cuando más se cuestiona la politización de la Administración de Justicia, la avidez publicitaria del juez Garzón y los esfuerzos de González por disipar los efluvios guerristas de su candidatura se conjugan para dañar la confianza de los ciudadanos en una de las piezas más estratégicas para la preservación del Estado de Derecho, como es la independencia judicial. Todo ello sin descontar que una vez conseguido el efecto publicitario el juez Baltasar Garzón recapacite y diga que ya no se presenta. Por ahora. Porque está claro que el pastel Garzón se ha descubierto: lo que quiere este juez es ser un líder político.

28 Abril 1993

Garzón tenía un precio

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

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Los más escépticos sobre la condición humana suelen decir que toda persona tiene su precio. Desde ayer ya sabemos con pena y con bochorno que el juez Garzón sí lo tiene. Su decisión de aceptar el segundo puesto de la lista del PSOE por Madrid supone un vergonzoso cambio de bando en la pugna por la consolidación de las libertades y el asentamiento de la seguridad jurídica en España. Significa además una lamentable traición a la confianza depositada en él por ciudadanos de muy diversa índole que a lo largo de estos años le han llegado a considerar como una especie de símbolo de la resistencia de la sociedad civil frente al despotismo gubernamental y la razón de Estado. Algo así como si Robin Hood se convirtiera de repente en mayordomo del sheriff de Nottingham. Baltasar Garzón era un recién llegado a la Audiencia Nacional cuando la instrucción del «caso Amedo» le deparó notoriedad y le convirtió en una de las figuras más admiradas entre aquellos idealistas que defendían la igualdad de todo ciudadano ante la ley. Que el capital político atesorado entonces gracias a su tenacidad frente a las coacciones y cortapisas del Ministerio del Interior, frente al perverso blindaje de los fondos reservados, frente al «no hay pruebas ni las habrá» de Felipe González, pueda ser puesto ahora al servicio de los mismos que le impidieron llegar hasta el final en aquel sumario constituye un feo sarcasmo. ¿Acaso no estaba pensando en algún alto cargo policial, en algún relevante funcionario público, en algún miembro del Gobierno -tal vez el mismo Barrionuevo con el que ahora compartirá cartel electoral-, en el propio Presidente incluso, cuando colocó aquella simbólica «equis» en la cúpula del organigrama de los GAL? ¿Qué cree Garzón que pensarán ahora de él los miembros de la acción popular, los periodistas que investigaron el caso, los familiares del prófugo de la «mili» asesinado por error, la valerosa testigo que contó estérilmente su verdad… el puñado de personas en suma que contra viento y marea confiaron en su comportamiento ético? Tras el «caso Amedo» Garzón demostró su profesionalidad e independencia en sumarios como la «operación Nécora» o el caso de la unidad anti-narcóticos de la Guardia Civil. Uno y otro asunto le depararon presiones políticas y campañas de prensa contra él: el propio Corcuera llegó a plantarse un día en su despacho y aún retumban las paredes por el tono de la «conversación». Entre tanto, Garzón se convertía en uno de los críticos más explícitos de la Ley de Seguridad Ciudadana, llegando a catalogarla como «el mayor retroceso desde la entrada en vigor de la Constitución». Pensar que ahora va a respaldar un programa de Gobierno que incluye el mantenimiento de esa ley -y del sistema de elección de los miembros del Poder Judicial, y de un proyecto de Código Penal como el ya conocido, y de una política prohibicionista en materia de droga contra la que también ha alzado su voz repetidamente- produce el escalofrío que se siente ante el más burdo oportunismo. A nadie debe sorprender que los mismos dirigentes del PSOE que hasta ayer le ponían de vuelta y media, hoy no tengan ningún reparo en cantar sus alabanzas. Tontos serían si no rentabilizaran esta inesperada baza electoral. Lo que llena de estupor no es que González haya vuelto a demostrar de nuevo que los escrúpulos morales no se van a interponer jamás ante su fina intuición política. Lo que deja atónito a cualquiera con principios y convicciones es que Garzón se deje utilizar de esta manera. Seguro que declarará a la prensa que el PSOE no le cambiará a él y que confía en contribuir a cambiar el PSOE. ¿Cuántos Mohedanos no le han precedido comprando poder y lujo con una coartada parecida? Garzón ni siquiera ha tenido el pudor de hacer una transición gradual entre el ejercicio de sus funciones como magistrado y su explotación publicitaria como candidato. El rayo divino le ha derribado del caballo en plena «operación Python» en las antevísperas del cierre de las listas electorales. ¿Qué dirían los italianos si, después de todo lo ocurrido, el juez Di Pietro compartiera un cartel electoral con Craxi o Andreotti? Probablemente lo arrojarían vestido al Tíber por farsante. En España no sucederá ni eso porque la historia ha vacunado ya a nuestra débil sociedad civil contra cualquier espanto. Pero hacía tiempo que un hombre sólo no hacía tanto daño a la salud moral de tantos.

28 Abril 1993

El «supercandidato» Garzón

Manuel Villar Arregui

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Hace sólo doce o trece años, hubiera resultado virtualmente imposible que cualquier ciudadano español identificara a un magistrado o a un juez por su nombre y sus apellidos. Los jueces no hablaban. Escribían o, dicho con mayor rigor, dictaban resoluciones que revestían y revisten la forma de providencias, autos o sentencias. El protagonismo personal estaba lejos de los ámbitos de la judicatura. Tal vez, fue el juez Lerga el primero, entre los miembros de la carrera judicial, cuyo apellido fue precedido, en los medios de comunicación, por la palabra juez. Su imagen, reproducida tantas veces en los medios escritos y en la televisión, se hizo familiar. El juez Lerga llegó a ser, en España, lo que tantos otros jueces ya eran, por tradición, en el mundo anglosajón. Pero el juez Lerga abandonó muy pronto la carrera judicial. Todavía no era asumible tanto protagonismo personal en el seno de un Poder cuya función reclama discreción suma, silencio, segregación del medio en el que se vive. En España hay miles de jueces cuya función es siempre la misma: tutelar los derechos y libertades de los ciudadanos. Para el ejercicio de esa función no hay mayor garantía que el anonimato.

En poco tiempo, la situación ha cambiado. Hoy, además del «superjuez Garzón» son conocidos el magistrado Barbero, el juez Bueren o el juez Moreiras. Hay, sin embargo, muy acusadas diferencias entre ellos. El magistrado Marino Barbero no ha concedido declaraciones a periodista alguno. Sus resoluciones, adoptadas en el ámbito de un proceso, han sido noticia. El magistrado Marino Barbero ha permanecido siempre en silencio. ¿Y el «superjuez Garzón»? Su imagen no ha sido nunca la de un jurista riguroso, sino la de un Instructor tenaz y eficaz. Ha adoptado medidas espectaculares y no ha rehuido sus comparecencias públicas ni sus declaraciones a los medios de comunicación. Entre las todavía recientes, debe anotarse su atinada crítica a la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana y mejor conocida por el nombre de Ley Corcuera. Su persecución de los GAL le dio fama. Pareció haber querido penetrar en los secretos del Ministerio del Interior porque seguramente consideraba que su actuación habría debido hacerse «con sometimiento pleno a la ley y al Derecho». Sin embargo, el «superjuez» conoció los limites reales de la Administración y la impenetrabilidad de sus secretos. Pero el «superjuez» cumplió, hasta donde le fue posible, su función instructora, como la ha cumplido en tantas causas por él instruidas frente a terroristas o frente a narcotraficantes. En estos días la «operación Pitón» devuelve la efigie del «superjuez» a los hogares españoles, imagen nimbada con la aureola de la infalibilidad. Este «superjuez», presentado por unos y por otros como verdadero superhombre es hoy paradigma de la pureza y, por lo mismo, el mejor antídoto contra la corrupción. Las múltiples y públicas apariciones del «superjuez Garzón» habían permitido sospechar que hubiera un punto de vanidad en su conducta. Quien han seguido, más o menos de cerca, su incansable actividad han podido apreciar cómo la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado algunas de sus resoluciones por no encontrarlas ajustadas a Derecho. Pero estas nimiedades no trascienden más allá del reducido ámbito de los interesados por las vicisitudes en la aplicación del Derecho. Para los más, las vacaciones del juez Garzón, anunciadas en los medios de comunicación con no menor despliegue que sus famosas operaciones, suponían un punto de incertidumbre en la vida de los españoles. ¿Qué haríamos, quién nos defendería, durante el periodo estival en que el juez Garzón se entregaba al descanso? Insobornable, valiente, incontenible, el juez Garzón ha constituido, en los últimos años, la más pura encarnación de un Poder independiente, en defensa y tutela efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos, defensa que se ejerce, en la más eficaz medida, cuando se persigue, con tenacidad, las lacras sociales que en mayor grado vulneran aquellos derechos y libertades: terrorismo y narcotráfico.

Mas he aquí que, en los tiempos más recientes, un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, catedrático de Derecho Penal, ha venido a restar protagonismo al juez Garzón. El nombre del magistrado Marino Barbero ha ocupado los titulares de la prensa, ha sido noticia en los medios audiovisuales y radiofónicos. El magistrado Marino Barbero había sido constituido en instructor del «caso Filesa». La cuestión, en principio, no era tan simple o tan aprehensible como la persecución del traficante de drogas o del terrorista. El problema, en cuya instrucción el magistrado Marino Barbero ha ocupado los últimos meses, era infinitamente más sutil: había indicios, que determinados inspectores de Hacienda nombrados como peritos elevaron al rango de más que racionales, según los cuales el Partido Socialista Obrero Español había utilizado medios ilegales para su financiación y la financiación de sus campañas. Una palabra vino a sustituir a las palabras comunes, a las de todos los días. Corrupción. Los españoles habían descubierto que el partido que sustenta al Gobierno estaba bajo grave sospecha. Lo estaban también numerosas y grandes empresas. Filesa es una sigla tras la que se esconde otra: PSOE. Filesa había facturado a bancos y a otras grandes entidades, servicios por varios cientos de millones de pesetas sin que los receptores de esos servicios acertaran a dar razón de aquello en lo que tales supuestos servicios habían podido consistir. Corrió como la pólvora la presunción de lo razonable. En la Universidad Autónoma de Madrid, Felipe González, el intocable, el demócrata, el ejemplo vivo de las nuevas generaciones, fue simplemente abucheado. Muy poco después, ese mismo Felipe González, quien, en tantas ocasiones había anunciado que agotaría la actual legislatura, acordaba, bajo su responsabilidad, la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones. En esta decisión, se halla el empalme entre dos grandes hombres. El gran hombre de nuestro tiempo, por antonomasia, es Felipe González. El es el demócrata de toda la vida, él es el eje en torno al cual ha girado la transición española, él ha devuelto a los españoles las libertades. Bajo su presidencia, España ha reencontrado el lugar que le corresponde en el concierto de las naciones. Europa ha recuperado a España. Felipe González es el adaliz de Europa, el defensor a ultranza del Tratado de Maastricht. Felipe González es el gran hombre a quien los españoles debemos la mayor y más dilatada etapa de paz, de prosperidad y de convivencia. Pero Felipe González, después de un decenio de democrático mandato, había sido tocado por el estigma de la corrupción.

Y ese gran hombre que es Felipe González ha encontrado, ha creído encontrar, el antídoto contra la corrupción en la pureza del otro gran hombre, del «superjuez Garzón», hoy «supercandidato Garzón». La cuestión no es tan simple como puede parecer. La circunscripción de Madrid es más compleja que otras circunscripciones electorales. Es posible que, ante la presencia del «supercandidato Garzón», en la lista que encabeza Felipe González, el electorado se interrogue sobre los motivos de esa insólita aspiración. El hombre que encarna el Poder Judicial se coloca bajo el hombre que encarna el Estado, ese mismo Estado, en cuya impenetrable opacidad del Juez Garzón no había podido entrar cuando investigaba la trama de los GAL. Está por ver quién prevalece sobre quién o qué prevalece sobre qué. La astucia y la vanidad se han abrazado. Pero el abrazo puede fecundar en votos o puede ser un abrazo mortal.

28 Abril 1993

El ciudadano Garzón

EL PAÍS (Director: Joaquín Estefanía)

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El golpe de mano de Felipe González al incluir como segundo de su candidatura al juez Garzón ha sido espectacular. Que se trata de una decisión interesada,, destinada a dar credibilidad al propósito de la enmienda socialista, es una evidencia. Pero esa es una de las características del sistema democrático: que por su propio interés los partidos deben ser sensibles a las demandas del electorado; en este caso, a la demanda de apertura a la sociedad de un partido que tras 10 años en el poder había dado abundantes muestras de anquilosamiento y alejamiento de los ciudadanos.La iniciativa coloca en situación incómoda a quienes, guiados por un antigubernamentalismo a machamartillo, halagaron a Garzón hasta el ridículo, erigiéndole en símbolo de la resistencia antisocialista. Pero ridiculiza también a quienes, desde el otro campo, intentaron descalificar al juez que detuvo y procesó al comisario Amedo, atribuyendo a enfermiza animadversión contra el Gobierno esa y otras decisiones, y a su afán de notoriedad pronunciamientos como los del ciudadano Garzón contra la ley Corcuera. Esa inequívoca significación pública -que también ha suscitado las reticencias de sectores muy influyentes de la derecha con motivo del procesamiento de guardias civiles acusados de pagar con droga a confidentes- diferencia su incorporación a las candidaturas de otras incorporaciones imaginables, en las que la etiqueta de independiente sería sólo el camuflaje de un incondicional: un independiente no es exactamente lo mismo que un compañero de viaje,figura característica, en una época, de la estrategia electoral de los partidos de la III Internacional.

La iniciativa es estimable por lo que tiene de autocrítica práctica. Los socialistas han desplegado una política judicial sólo comparable, por lo desatinada, a la seguida con los medios de comunicación. Al acoger a Garzón, y en un puesto de gran relieve, el PSOE reconoce implícitamente su sectarismo anterior y adquiere un cierto compromiso de rectificación. El PSOE ofrece medidas destinadas a evitar ciertos abusos -en relación a la financiación de los partidos, por ejemplo-, pero tiene dificultades para responder a esta pregunta: ¿qué les impidió haber realizado desde su mayoría parlamentaria eso que ahora proponen? Es el hecho de que no se trate de un incondicional, sino de alguien conocido justamente por actitudes ingratas al poder, y a quien no podrá exigir disciplina ciega, lo que otorga a la iniciativa el valor de aval de esa voluntad de enmienda.

Si una parte del electorado socialista duda de la conveniencia de repetir su voto, pese a su escaso entusiasmo por Aznar, es porque considera dificil que desde la continuidad en el poder sea posible abordar ciertas rectificaciones: en relación a la televisión pública, a la política de nombramientos en instituciones como la Fiscalía General o el Tribunal de Cuentas, a la utilización de la mayoría en el Parlamento, etcétera. Ese sector del electorado necesita alguna prueba de la sinceridad del compromiso socialista de acabar con esos abusos, y con su corolario: la inercia de instalados que ha impedido a los dirigentes del PSOE reaccionar con reflejos ante el escándalo de Juan Guerra o el caso Filesa.

La de Garzón es la más simbólica de una más amplia incorporación de independientes -como la del también juez Ventura Pérez Mariño o la de la catedrática de Ética Victoria Camps- de significación parecida: el alcance de esta prueba de renovación dependerá no sólo del talante de los nuevos candidatos, sino también de su número, y del nivel de resistencia o anuencia que al respecto ofrezca el aparato del partido socialista.

Esa valoración política de la iniciativa no es contradictoria, sin embargo, con la polémica que suscita la participación de los miembros de la carrera judicial en la vida política, o mejor, con su retorno posterior a la carrera judicial. Es una duda genérica, no resuelta, que ya se planteó, por ejemplo, con motivo del salto a la política intentado en 1986 por el hasta poco antes presidente del Consejo General del Poder Judicial, Federico Carlos Sainz de Robles.. La prohibición constitucional de afiliación política de los jueces se fundamenta en la exigencia de neutralidad de una instancia a la que la sociedad atribuye el poder de aplicar una represalia única e inapelable contra quienes violan sus normas. Esa exigencia debería implicar seguramente, más alla de la prohibición de simultanear ambas ocupaciones, el compromiso de renunciar voluntariamente -durante un plazo suficiente posterior a la aventura política- a las tareas judiciales, distintas por esencia de las ocupaciones legislativas.

29 Abril 1993

La excedencia de Garzón

Manuel Martín Ferrand

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Entre las aportaciones españolas a la cultura y la civilización occidentales, que nos son muchas, hay que destacar, aparte de la fiesta de los toros, la siesta, el golpe de Estado y la excedencia. La siesta es algo solemne, sublime casi, que enraiza con los asuntos de la fe (los calvinistas, por ejemplo, no la duermen) y que se relaciona directamente con la debilidad de la peseta. El golpe de Estado, genuino «made in Spain», es una tecnología exportada a todas las latitudes. La excedencia, menos conocida y divulgada, es otro fenómeno singular. Lo de Baltasar Garzón se explica, más que por nada, por la excedencia. Como muy bien explicaba ayer este periódico, Garzón tiene su precio y ha dejado de ser Robin Hood para travestirse de mayordomo del sheriff de Nothingham. Pero sin perder el derecho laboral de volver al bosque. La vigente legislación le ampara para que así sea. No corre riesgo alguno, salvo el de hacer el ridículo, en su pirueta. Va y puede volver porque le guardarán, en privilegio de casta, su sillón justiciero para el caso de que se aburra, se arrepienta, reflexione o, sencillamente, no le marchen bien las cosas. El «candidato» Garzón puede volver a ser, cuando quiera, el «juez» Garzón en virtud de la mágica excedencia, el gran privilegio -anacrónico, caduco y costosísimo- de los funcionarios públicos. Ahí está todo, una excedente legión de abogados del Estado en los bancos, en los despachos y en donde se tercie trabajando muchas veces contra los intereses del mismísimo Estado y con la red puesta. Ahí están, excedentes también, inspectores de Hacienda, como José María Aznar, a quienes el padrecito Estado les guarda el sitio; letrados de acá y de allá, preparados, rigurosos, pero protegidos porque un día se aprendieron los doscientos temas de una oposición. Ingenieros técnicos de la Administración, Jueces y Fiscales, y cuantos etcéteras integran el repertorio de la nobleza administrativa nacional cambian de señor cuando les place sabiendo que pueden volver al «cuerpo» cuando les convenga. Es legal, pero no es moral. Si Garzón hubiera tenido que quemar sus naves antes de tomar su discutible atajo hacia el éxito dejando empantanados, sospecho, sus nécoras y otros marisquillos, la historia podría ser otra. El «vivo sin vivir en mí» de nuestra mística pasa a ser, aquí y ahora, un lema de pícaros bien formados. Y quien no tenga un funcionario en casa, que tire la primera piedra. Estos cuerpos, muchas veces hereditarios, son crónicos. No hay quien nos cure de ellos. ¿Alguien incluirá una profunda reforma administrativa en su programa electoral? Es el amor por lo segurito, el gran motor de la mediocridad nacional, el que produce todos estos sospechosos efectos. No elegimos a nuestros jueces, lo que ya está mal, y encima tenemos que asistir al espectáculo de un aparcamiento de puñetas. Si, un deseo, Garzón no saliera elegido en junio podría volver a ser juez en julio. Y tendríamos que hablar de la independencia de la justicia.

30 Abril 1993

El símbolo roto

Fermín Bocos

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NO recuerdo otro caso de tan rápida evaporación de fama como el del ciudadano Baltasar Garzón; tampoco una metamorfosis tan radical de personalidad política. No estoy en el secreto de los anhelos del otrora aplaudido juez, pero, a mi juicio, no ha calculado bien los efectos sociales de la reacción que ha puesto en marcha con su recién estrenada adscripción partidista (escribiría lo mismo si Garzón hubiera decidido ir en las listas del PP o de IU). No sólo la nobleza, también la fama obliga: Garzón pasaba por ser uno de los símbolos de la siempre amenazada independencia judicial; amenazada precisamente por el poder político al que ahora ha decidido sumarse. Dejó dicho el juez Garzón que la Ley de Seguridad Ciudadana era una aberración jurídica que atentaba contra el espíritu de la Constitución; de parecida guisa eran sus opiniones acerca del anteproyecto de nuevo Código Penal, ¿piensa de otra manera el candidato Garzón? Como cualquier ciudadano, Garzón está en su perfecto derecho de participar en la política y militar o apoyar cualquier opción partidista. Lo que pierde sentido es seguir hablando de independencia. Los partidos son lo que hacen, no lo que dicen sus retóricos prodromos estatutarios; quiero decir que el ciudadano Garzón no puede ser tan ingenuo como para pensar que Arístides podría haber cambiado las perniciosas costumbres políticas de Alcibíades. Ni aunque le nombren ministro del Interior o le pongan al frente de una nueva morfología del que hoy conocemos como Asuntos Sociales y que podría -de seguir gobernando el PSOE-, ser reforzado en sus competencias sobre marginación y droga. Quizá no ha sabido ver que su independencia era un símbolo que hacía más por la Justicia que todo lo que pueda hacer el mejor ministro. Personalmente sigue contando con mi simpatía porque creo que se han aprovechado de su buena fe.

30 Abril 1993

Baltasar Garzón fagocitado por el Señor X

Melchor Miralles

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El magistrado Baltasar Garzón buscó desesperadamente y sin éxito al señor X por todas las alcantarillas del Estado y, el reino del revés, ha sido el señor X quien, desesperado, ha salido de las cloacas y le ha encontrado a él para fagocitarle. Baltasar Garzón ha sido un magnifico juez instructor, uno de los hombres que en los últimos años más ha trabajado por la consolidación de las libertades en España, un magistrado que se convirtió en símbolo para tantos ciudadanos decepcionados por esta década absolutista, un hombre al que esos mismos ciudadanos han concedido un crédito moral que ha sido dilapidado en un instante, lo que tardó en llegar de la Audiencia a La Moncloa. Me consta que Garzón es un hombre honrado, que ha actuado siempre guiado únicamente por el dictado de su conciencia. No me cabe duda de que, al menos hasta ahora, no ha dejado que sus decisiones estuvieran condicionadas por tantas presiones que ha recibido. Pero muchas páginas de los libros de historia reflejan episodios en los que hombres honrados se equivocan. Incluso se equivocan gravemente, e incurren en conductas políticamente inmorales que se contradicen de modo esencial con su trayectoria anterior. Reclama ahora Garzón que no se le juzgue hasta que comience a actuar en política. Y comete de ese modo su primer error. Su decisión de incorporarse a toda prisa a la grupa de González en la lista electoral del PSOE por Madrid es el primer acto de su carrera política. Y como tal ha de ser juzgado. Su primer paso político ha sido la decisión en sí misma. Abandonar el juzgado y presentarse a las elecciones. Bien. Queda ya definitivamente claro que en la política española se cuentan con los dedos de una mano quienes a la hora de adoptar una decisión tienen en cuenta algo esencial: la delicadeza.

DELICADEZA Y ETICA.-

Y reclama también Baltasar Garzón que se respete su derecho a adoptar determinadas decisiones. Pues no. No todo lo que es legal es admisible éticamente. Ninguna ley impide a Baltasar Garzón incorporarse a una lista electoral. El derecho le ampara en la medida en que no viola ningún precepto legal. Pero la delicadeza, la ética entendida como lo que es, el conjunto de normas morales que regulan cualquier relación o conducta humana, deben impedir a la conciencia de un magistrado pasar de la noche a la mañana de ocupar una silla en un juzgado a aposentarse en un escaño del Parlamento o del Consejo de Ministros. Si su deseo era abandonar la toga adornada en las bocamangas con las puñetas de magistrado para dedicarse a la política, debería haberse concedido a sí mismo y haberles concedido a la vez a los ciudadanos y a la moral pública un margen de seguridad haciendo una transición gradual. Una vez transgredida una norma cuya observancia debería ser importante en el comportamiento de cualquier ciudadano, pero que es esencial si se trata de un juez o de un político, Garzón ha optado, lógicamente, por un partido concreto. Y este partido ha sido, insólitamente, el PSOE. Y es aquí donde Garzón ha cometido su segundo error, donde ha roto todos los moldes, donde Baltasar ha decepcionado a Melchor contándole que ya no existen los Reyes Magos, donde el juez ha demostrado hasta qué punto el cambio que nos prometieron ha sido el gran cambiazo, donde quien era el símbolo de la honradez y la resistencia a ceder al absolutismo y el despotismo ha dejado definitivamente claro que la escala de valores está corrompida en esta España nuestra. Ya sabíamos que «dios» lo puede todo, pero mi inocencia no me permitía admitir como posible que llegara hasta el límite de convertir en goodfellas a nuestro juez Garzón. Y digo «nuestro» porque el patrimonio de respeto y admiración, el capital político y social en definitiva que adquirió día a día Baltasar Garzón en el cumplimiento de su función jurisdiccional no le pertenecía a él, era propiedad de todos los que defendíamos y seguiremos defendiendo la igualdad de todos ante la ley, la necesidad de que la razón de Estado no pueda imponerse a las normas que deben regir un Estado de Derecho. El que fue nuestro juez Garzón era propietario de un caudal de ilusiones y principios, los de todos aquellos que, junto a él, denunciábamos un proyecto político totalizador que estaba produciendo daños inmensos no a la credibilidad de un partido político sino, lo que es más grave, a los cimientos del sistema democrático. El botín que Garzón ha puesto en manos de González la víspera de la campaña electoral no era propiedad de Baltasar, sino de Inmaculada Gómez, de Laura García Goena, de Fernando Salas, de José Luis Galán, de los 104 ciudadanos que ejercitaron la acción popular en el «caso Amedo», de las víctimas del terrorismo ciego de ETA que le admiraron por cumplir con su obligación sin dudarlo un segundo y aceptando todos los riesgos, de las decenas y decenas de madres de drogadictos que soñaban con que el acabaría de una vez con el drama, de todos los españoles que veían en Baltasar Garzón a uno de los pocos que no aceptaban que el fin justificara los medios, que el pragmatismo deba primar sobre los principios éticos, morales o ideológicos.

LOS GAL.-

No hubiera considerado aceptable que Garzón se incorporara a la lista del PP, o de IU, o de los Verdes o los amarillos. Hubiera dicho lo mismo que digo hoy respecto a la primera de las dos decisiones políticas que ha adoptado en pocas horas. Mal está que se acostara juez y se levantara aspirante a diputado y probable ministro. Pero su aterrizaje en la papeleta del PSOE me ha dejado de piedra. Como Tomás de la Quadra, ministro de Justicia, cuando me enteré de la noticia pensé que se trataba de un error. Baltasar Garzón fue el juez al que Felipe González Márquez impidió investigar los Fondos Reservados de Interior, paso imprescindible para llegar hasta el final en el «caso GAL», y, por lo tanto, para que pudiera hacerse justicia. Baltasar Garzón fue el juez que en el organigrama de los GAL colocó una X por encima de Amedo. Y me consta que en su fuero interno esa X correspondía, si no jurídica, sí al menos moralmente a González, Barrionuevo y compañía. Baltasar Garzón fue el juez que estuvo a punto de procesar al mismo Barrionuevo y a sus secuaces de Interior. Baltasar Garzón fue el juez que dejó escrito, para la historia, que los GAL «se financiaron como consecuencia de un desvío doloso de fondos públicos», y el responsable de esos fondos era el Ejecutivo presidido por Felipe González. Baltasar Garzón fue el juez al que Felipe González y sus muchachos torearon durante meses escondiendo a Paesa, el agente de Interior. Baltasar Garzón fue el juez al que González, Barrionuevo, Corcuera y compañía han puesto a caer de un burro durante años, formulando acusaciones contra él injustas y ofensivas. Baltasar Garzón es el juez que ha sido denostado por Felipe González, José Luis Corcuera y José Bono por desmantelar la cúpula de la UCIFA, en cumplimiento de su obligación. Baltasar Garzón es el juez que lleva meses recorriendo las universidades españolas denunciando que la Ley González-Corcuera-Mohedano es «el mayor retroceso desde la entrada en vigor de la Constitución». Baltasar Garzón es el juez que ha dicho, al menos en una ocasión, que si el asunto Filesa lo hubiera llevado él, ya habría pedido siete suplicatorios. Baltasar Garzón es el juez que se ha cansado de denunciar la política prohibicionista en materia de droga, y la ineficaz obsesión del Ejecutivo por perseguir al pequeño traficante y al consumidor en vez de a los peces gordos del narcotráfico y a los banqueros que les blanquean su sucio dinero. Baltasar Garzón es el juez que ha reiterado desde San Sebastián a Cádiz que quien negocia con ETA se sitúa al borde de la ley. Ese era Baltasar Garzón. Ahora, si los ciudadanos le otorgan los votos suficientes, Baltasar Garzón va a sentarse en la mesa de quienes representan a esa X misteriosa; de quienes le impidieron hacer Justicia en el asunto GAL; de quienes controlaban esos fondos públicos de los que se desvió dinero dolosamente para asesinar a una treintena de personas; de quienes le hurtaron a Paesa; de quienes llevan años sentándose con ETA y ofreciendo a sus cabecillas incluso modificar la Constitución a cambio de que dejen las armas; de quienes le ofendieron, difamaron, injuriaron y calumniaron; de quienes elaboraron esa ley odiosa que conculca la Constitución. Y no va a ser un invitado de piedra. Va a ser la estrella de la función, va a defender solidariamente principios políticos y éticos fundamentales que él ha criticado certeramente. Baltasar insiste en que él va a seguir siendo el mismo. Y en que si no le dejan seguir siendo el mismo, regresará a un juzgado ligero de equipaje. Si su aseveración es cierta, es Felipe González quien tiene que cambiar. Es Felipe González quien ha de girar 180 grados el timón del barco, para comenzar a desarrollar el proyecto político que nos prometió en 1982, del que se olvidó al día siguiente de pisar por vez primera La Moncloa. Si las promesas que González le ha hecho a Garzón, y que Garzón se ha creído con inocencia y candidez, se cumplen, entonces sería González quien tendría que dimitir. No parece de recibo que González quiera hacer ahora lo que no ha hecho durante una década de sucesivas mayorías absolutas. Es sencillamente una tomadura de pelo a los ciudadanos. Una tomadura de pelo que Baltasar Garzón avala aceptando ser su guardaespaldas en la lista del PSOE. El argumento que ha utilizado Garzón de que es dentro del PSOE desde donde se puede regenerar la vida política española es el mismo argumento que a lo largo de la historia han empleado quienes han colaborado con los regímenes totalitarios. Es la coartada que convierte al crímen en perfecto.

SU DIMISION.-

Creo que en Garzón se han mezclado la ambición, la torpeza, la inexperiencia política y la candidez. Cuesta trabajo aceptar que un hombre inteligente como él se crea de verdad que un hombre solo, por más voluntad que ponga en el empeño, pueda derribar una montaña de granito. Estoy dispuesto a creerme que, si González no cumple los compromisos que ha adquirido con él, Garzón vaya a presentar su dimisión del hipotético cargo que pueda desempeñar, desembarcando de ese modo de la nave absolutista a la que se ha subido cuando estaba a punto de zarpar. Pero ese día volveré a decirle que el daño ya está hecho. Esa hipótesis le honraría, del mismo modo que le ha desprestigiado ética y políticamente su triple decisión. Abandonar la judicatura para entrar en la actividad política mediante la incorporación a las listas electorales del PSOE. Al juez Baltasar Garzón se lo ha merendado el señor X, un caballero de fauces inmensas y apetito insaciable de cuyo vientre es muy difícil salir. Quizá imposible.

Melchor Miralles

30 Abril 1993

Sobre la independencia judicial

Francisco Tomás y Valiente

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La reciente transformación del juez Baltasar Garzón en el ciudadano del mismo nombre y apellido pone de manifiesto algunos hechos, pero plantea también ciertas dudas al hombre de la calle. La inclusión del ex juez en la candidatura electoral del PSOE evidencia el talento político de Felipe González y su voluntad de reacción contra lo que pueda haber y haya de corrupción en su propio partido y en la lucha política en general. Sobre lo evidente (aunque algunos lo nieguen) poco hay que decir. Conviene, por el contrario, proyectar la reflexión acerca de aquello que suscita dudas o revela perplejidades o ideas confusas. Por ejemplo, sobre los perfiles, los aspectos y los límites de la independencia judicial.La independencia judicial es, en primer término, un imperativo moral. Cada juez debe ser independiente, esto es, debe actuar a la hora de juzgar desligado o no dependiente de todo lo que: no sea el imperio de la ley, aplicada e interpretada por él sin más instrumentos que su ciencia y su conciencia, y siempre y sólo en términos de derecho explícitos y razonados. No puede -no debe- introducir, n¡ expresa ni subrepticiamente, sus convicciones religiosas o políticas en el momento de juzgar, porque, como juez, no está vinculado a ellas ni de ellas puede hacer uso, sino que únicamente está sometido al imperio de la ley. El respeto a tal exigencia constitucional puede implicar en ocasiones una tensión interna, un consciente esfuerzo psicológico por separar planos de la realidad no siempre desconectados entre sí. La independencia judicial, subjetivamente vivida, es una virtud, y en cuanto tal su ejercicio acaso sea difícil en determinados trances, pero no por ello menos exigible. Todo juez debe querer ser independiente, en cierto sentido, de sí mismo, de sus ideas o convicciones más íntimas. Por eso, cuando quiera defenderlas y dedicarse al ejercicio noble y necesario de la actividad política debe dejar de ser juez.

Cada juez es independiente, cuando juzga, de los órganos de gobierno del poder judicial, e incluso de todos los órganos judiciales, pues ninguno de ellos -tampoco, por tanto, los superiores- puede dictar instrucciones sobre cómo hay que juzgar ni rectificar o corregir a ningún juez inferior en el orden jerárquico judicial, salvo cuando deba resolver los recursos planteados ante los órganos judiciales competentes contra las resoluciones de los inferiores. Cada juez, cuando ejerce la potestad jurisdiccional, es libre e independiente, y no está sometido a nadie, pues nadie es superior suyo en ese momento: salvo a la ley, a nadie obedece al juzgar.

Cada juez es independiente frente a todos los poderes del Estado. Las manipulaciones que de los jueces se pueden hacer desde el poder más claramente político (tan frecuentes, por cierto, hace algunas décadas en este mismo país nuestro, que tantas veces sufre de amnesia) están vedadas por la Constitución y por la Ley Orgánica del Poder Judicial, y además las prohibiciones se cumplen. La inamovilidad y las demás garantías legales de la independencia externa de los jueces son efectivas. Los jueces no pueden ser separados, ni suspendidos, ni trasladados, ni jubilados, y de hecho no lo son, sino por las causas y con las garantías previstas en la ley. Para velar por que así sea el Consejo General del Poder Judicial constituye la máxima garantía. Sus 20 miembros son elegidos por las Cortes Generales. Ante él puede acudir cualquier juez que se considere inquietado o perturbado en su independencia. Dígase si ha habido alguna queja al respecto: no la conozco. No es el Consejo un órgano corporativo. No es la junta general del colegio profesional de los jueces. Es un órgano constitucional del Estado instituido para el gobierno del Poder Judicial. En pocos países existe. En ninguno (salvo quizá en Italia), con mayores competencias que aquí.

Nunca en la historia de España la independencia de los jueces ha estado tan protegida y garantizada constitucional y legalmente como ahora, ni tan respetada de hecho como ahora por los otros poderes del Estado. Es muy fácil negar estas afirmaciones, pero no creo posible demostrar la negación.

Hay, sin embargo, en nuestra sociedad una vertiente respecto a la cual también es necesario defender y proteger la independencia judicial, entendida ahora como ausencia de presiones e influencias. Me refiero, claro es, a los medios de comunicación. No trato, en absoluto, de formular acusaciones o quejas en concreto, sino de plantear un problema propio de un régimen democrático, dotado, como no podía ser menos, de una garantía institucional de la democracia que, más allá de su configuración como derecho fundamental, es la libertad de expresión. No hablo de una cuestión de principios, sino de límites. No hablo de ningún poder del Estado, sino de un poder plural, pero real; situado, como es debido, en la esfera de la sociedad, pero desde el cual se ejerce con la crítica, aunque también con la descalificación y, lo que es peor, con el halago desmedido, influencias y presiones sobre jueces y tribunales determinados, en momentos singulares y precisos o durante campañas prolongadas, siempre orientadas por opciones políticas legítimas, pero parciales. En contra de lo que suele decirse, no es cierto que plantear un problema sea casi tanto como resolverlo. Al menos no lo es en el ámbito de las ciencias sociales, y todavía menos en el de la cruda realidad política. Pero bueno es empezar por reconocer que el problema existe. Si se me permite, por excepción, apelar a mi experiencia personal, puedo decir que en los 12 años vividos en el Tribunal Constitucional nunca me sentí presionado por ninguno de los poderes del Estado, pero sí con cierta frecuencia por unos u otros medios de comunicación social.

¿Quiérese decir que en áreas de tranquilidad y sosiego de los jueces no se debe opinar o informar de nada que les afecte o de ningún asunto que esté pendiente de alguno de ellos? La pregunta no es disparatada, pero una respuesta afirmativa sería muy poco realista. En el mundo anglosajón existen mecanismos indirectos de protección de la independencia judicial que sería iluso o utópico pretender introducir aquí y ahora, pero cuyo contenido es bueno conocer. En virtud del contempt of court, los jueces pueden sancionar sumariamente todo género de ofensas o agresiones a los tribunales, y la doctrina del respeto a las cuestiones sujúdice excluye del debate político aquellos asuntos cuya resolución se halle pendiente de los tribunales.

Lo cierto es que en España el

ejercicio de la libertad de opinión hasta el límite de lo tolerable (o tal vez un poco más allá) permite de hecho que los medios de comunicación traten y juzguen sobre los jueces y los asuntos sub júdice, lo cual tiene ventajas e inconvenientes, y que esa misma libertad lleva con frecuencia a tal o cual medio de comunicación a exaltar la figura de un determinado juez cuando o porque se opone a un determinado proyecto de ley, cuando o porque lleva a cabo ciertas actuaciones judiciales que demuestran su independencia en cuanto cuestionan o incluso condenan actos políticamente imputables al Gobierno, cuando o porque defiende frente a otros poderes y razones la lógica jurídica del Estado de derecho. Admitamos como bueno el elogio hasta el halago, y admitamos también que la alabanza de la independencia de aquel juez no fuera una censura contra nadie, sino pura y recta defensa de tal independencia.

Lo que no se puede admitir es el cambio automático del elogio excesivo por la más feroz repulsa a partir del momento en que ese juez deja de serlo y, como ciudadano, se decide a hacer lo que cualquier ciudadano (pero ningún juez) puede hacer: política.

No es lícito retrotraer la censura contra el político recién nacido para proyectarla sobre el juez que fue. Su independencia, nunca negada, no puede serlo ahora retroactivamente. Critíquesele por lo que haga o diga a partir de su excedencia como juez y su conversión en político. Pero no se haga pagar a aquél los pecados que se atribuyan al nuevo candidato o diputado. Lo contrario iría contra la lógica, contra la decencia y, lo que es más grave, contra la independencia judicial. Iría contra la lógica en la medida en que significara contradecir las propias y aún recientes palabras; contra la decencia, porque no se puede denigrar a alguien por adoptar una decisión legítima, y contra la independencia judicial, porque, una vez más, la pondría en entredicho o la negaría abiertamente sin más fundamento que la contrariedad vehemente, nacida quizá no de que el juez Garzón se haya convertido en candidato a diputado, sino, más bien, por el hecho de que intente serlo dentro de la candidatura socialista.

Frente a tales interpretaciones, retengamos el hecho políticamente saludable para todos y, desde luego, para la independencia judicial, de que cuando dos jueces, el juez Garzón y el juez Pérez Mariño, han optado por hacer política han dejado de ser jueces. Lo malo habría sido que hubieran intentado subrepticiamente lo uno sin dejar de ser lo otro.

Francisco Tomás y Valiente

Memorias (Una página difícil de arrancar)

Alfonso Guerra

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Recibí una llamada del presidente del Gobierno. Con una jovialidad que hacía tiempo que no mostraba conmigo, me dijo “Alfonso, te llamo para comunicarte que hemos conseguido un golpe electoral. El juez Garzón vendrá en las listas del PSOE, en el segundo puesto de la lista por Madrid. “Ése es un golpe que nos estallará en nuestra propia cara”, le contesté haciendo como tantas veces de aguafiestas. “Felipe, si tenemos suerte, en un año será carne del Grupo Mixto”. No tuvimos suerte. Se marchó, sí, aunque no al Grupo Mixto del Congreso, sino a la Audiencia Nacional a preparar la persecución del PSOE.

El fichaje de Garzón traía un complemento, otro magistrado, Ventura Pérez Mariño, del grupo de Bono y Morodo, que también se marchó en pleno debate del estado de la nación. Sometiendo el presidente González al bombardeo inmisericorde de la oposición. Él negó un acto de lealtad dando una rueda de prensa en la que anunció su marcha del Congreso y en la que acusó al presidente con las mismas palabras que había utilizado en la tribuna la oposición conservadora. Pese a lo cuál tiempo después fue recuperado como candidato del PSOE a la alcaldía de Vigo, la agrupación socialista manifestó su lógica oposición, que fue contestado por el secretario general del PSOE de Galicia advirtiendo a la agrupación que, si no se aceptaba el candidato, la disolvería.

Cuando se confirmó la presencia de Garzón en las lista recibí su llamada para ponerse a mi disposición dada mi condición de coordinador electoral. Se lo agradecí y no volvimos a hablar. Sí supe que fue a la dirección para intentar resolver un problema operativo; como juez debía abandonar unos meses antes de las elecciones el cargo, por lo que dejaría de percibir su estipedio. Me lo consultaron y contesté que sin duda el partido sería solidario abandonándole las cantidades hasta ser proclamado diputado, pero que lo haríamos en A, es decir, de manera legal y con firma del recibo por la cantidad real. No aceptó. Pues entonces no hay pago, fue mi respuesta. Parece que acudió a otra institución, esta vez con éxito. Del Juez Garzón y del político Garzón tendremos ocasión de volver para ilustrar sus múltiples facetas y cambios de tercio hasta llegar al momento actual, en el que aquel héroe para algunos socialistas que se convirtió en villano vuelve por sus fueros de la heroicidad. ¿Misterios de la política? No tanto, oportunismo general.