Quiebra CANAL 10: la primera televisión privada en España auspiciada por José María Calviño al no poder reunir suficiente número de abonados

El portavoz oficial del CANAL 10 – el invento con el que Alfonso Guerra ha tratado de adelantarse a la creación de canales privados de televisión en España – ha reconocido que la situación de esta empresa ‘no es comercialmente la deseable, aunque no creo que ello dañe su credibilidad, puesto que va a ser una situación provisional’. La emisora, como es sabido, acaba de suspender sus emisiones con la disculpa de que la calidad de recepción de las imágenes no es satisfactoria por problemas de cableado de las antenas parabólicas instaladas en los domicilios de los usuarios, cuando lo cierto es, como han reconocido los propios responsables del CANAL 10, que los estudios Molinare, de Londres, desde donde la señal se enviaba al satélite, se han negado a seguir emitiendo mientras no cobren los meses de alquiler que se les adeudan. La compañía de doblaje Film Sucess, matriz de CANAL 10, ha contraído importantes deudas con varias empresas de producción de vídeo que no han podido cobrar hasta ahora sus cabeceras de programas y otros trabajos efectuados para la emisora. Finalmente, la mala calidad de la emisión ha obligado a la empresa a renunciar al cobro de sus servicios y a enviar de nuevo la señal sin codificar, como había hecho en un principio para captar el interés de los primeros clientes.

Toda esta impresentable peripecia muestra las contradicciones de hombres como José María Calviño, inspirador de la idea de vulnerar el monopolio televisivo oficial con emisiones vía satélite desde un lugar fuera del territorio español al tiempo que se desalentaba a las empresas editoras que estudiaban su posible participación en la televisión privada. Calviño ha aprendido que no es lo mismo el monopolio que competir en el mercado libre, para lo cual se necesita rigor, austeridad, dedicación y trabajo. No es lo mismo promover una sociedad desde un gabinete de influencias que hacer frente a los compromisos adquiridos como parece que no está en condiciones de hacer CANAL 10.

Un empresario tan poco sospechoso de alegrías financieras y tan conocedor del medio televisivo como el italiano Silvio Berlusconi ha sentenciado anteayer en Madrid que ‘el proyecto de televisión vía satélite desarrollado por CANAL 10 es inviable económicamente’. Por mucha prisa que ahora quiera darse el Gobierno para no llegar a las próximas elecciones con el monopolio de TVE como vergonzante ‘Ministerio de Televisión y Turismo’, casi como Delegación de Prensa y Propaganda, parece claro que la televisión privada tiene aún muchos escollos que superar: justamente los que Calviño no ha sabido ver. Los que se derivan de la utilización del poder para impedir la libre competencia y el respeto a la libertad de elección que recoge el artículo 20 de nuestra Constitución: el derecho ‘a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción’.

En lugar de «cerrado por vacaciones», CANAL 10 optó por el ‘cerrado por reformas». Quizá porque la fecha escogida para dejar de emitir – últimos días de agosto – no hacían demasiado creíble la primera excusa. Lo cierto es que CANAL 10 ha dejado a sus escasísismos clientes sin imagen de golpe y porrazo. Dicen que sólo será por unas semanas y mientras reforman su staff directivo y sus condicionamientos técnicos. Lo cierto es que la rocambolesca aventura ha sido un rotundo fracaso. Ni había antenas ni había clientes.

Pero, al fin y al cabo, la impresión de los entendidos en la materia ha sido siempre al de que la ‘operación CANAL 1» era una simple maniobra. Querían estar en el airea para así tener un cierto derecho moral cuando se otorgaran los permisos a las televisiones privadas. Sólo que las cosas les han salido mal y caras. Porque, aunque de momento no pagaban ni a los estudios ingleses, ni a los dobladores españoles, acabarán haciendo frente a sus deudas. Los Maxwell, Hachuel y compañía tienen dinero sobrado para ello. Aunque duela malgastarlo.

Los usuarios españoles de canales de televisión por satélite no ganan para sobresaltos. Primero fue el espejismo del Canal 10, cuyos escasos clientes se que daron sin señal de la noche a la mañana por falta de previsiones técnicas de la empresa propietaria, y ahora, y sin aviso previo, la mayoría de los que tienen ins taladas antenas parabólicas orientadas a los satélitesIntelsat y Eutelsat ha dejado de recibir en las pantallas de su aparato televisivo, o los reciben en malas condiciones, cinco programas en habla inglesa, así como los emitidos por el canal público italiano RAI-1, a causa de cambios en la orientación de los satélites internacionales. Ya sea por la arbitraria decisión de los responsables de los mencionados satélites, ya sea por los obstáculos que el Gobierno socialista ha puesto a la creación de televisiones privadas de difusión terrestre, lo cierto es que el televidente español parece condenado a una oferta televisiva dominada por el monopolio estatal en condiciones de clara ventaja.

Y mientras esa oferta no se amplíe, el control político del medio será una práctica habitual por los Gobiernos de turno. La mejor medicina para combatir ese mal es relativizar la importancia de una determinada televisión con la apertura de todas las opciones que sean fisicamente posibles: la manipulación de un medio no hegemónico, en competencia equitativa con otras cadenas, dejaría de tener mucho de su atractivo actual. Mientras eso no ocurra, de poco valen manifestaciones como las realizadas ayer ante el Congreso por la directora general de RTVE. Nadie duda que Pilar Miró lo dirige todo en Televisión -para eso fue nombrada-, e incluso podría admitirse que no reciba consignas. Nada cambia. El director general de RTVE es nombrado en virtud de un mecanismo en el que importa el juego de las mayorías y minorías políticas y no los méritos profesionales, aunque los haya. Como resultado, el director general es un cargo de confianza de la mayoría política gobernante y no son necesarias las consignas porque cesará inmediatamante en cuanto pierda esa confianza.

En lo que se refiere al problema concreto planteado por los satélites, sea cual sea la validez de las razones alegadas, los usuarios de algunos de los canales se han encontrado ante una situación de indefensión absoluta, sobre cuya posibilidad nadie les había alertado con claridad, por más que en la letra pequeña de los contratos de instalación de antenas figurase la consabida cláusula de la no responsabilidad de los instaladores en los cambios de canal. Es dudoso que, de ser advertidos con precisión de que los programas que ahora han dejado de percibir están destinados primordialmente a zona de habla inglesa o de que existía un contrato que obligaba a la RAI a trasladar la emisión de sus programas de un satélite a otro, o que algunos de los actuales programas de recepción libre puedan ser codificados en un futuro próximo, se hubieran arriesgado a invertir ni una peseta en un servicio tan aleatorio. Lo que ha sucedido es el primer toque de atención sobre el gigantesco malentendido que ha acompañado a la expansión del fenómeno de la televisión sin fronteras y al abandono que de la política de comunicaciones ha hecho el Gobierno.

En el campo de la televisión por satélite nada está asegurado, y quien se aventura en él debe, saber que lo hace a su entero riesgo. Porque quien libremente emite una señal es lógico que pueda libremente retirarla o transmitirla por otra vía. Pero si lo ocurrido sirve para clarificar la situación y adaptar la gran oferta actual de televisión por satélite a la realidad, se habrá dado un paso importante a fin de asentar sobre bases sólidas un mercado que se revela prometedor.