Filtró documentos relativos al Rey emérito Juan Carlos I recordando un affaire con Bárbara Rey o intentando vincularlo a la fabricación de informes contra políticos independentistas catalanes

Guerra de filtraciones: el comisario José Manuel Villarejo usa EL MUNDO y OKDIARIO para presionar en su conflicto con otros policías

HECHOS

El 3.02.2017 el diario EL PAÍS acusó al comisario D. José Manuel Villarejo de chantajear al Estado a través de filtraciones a la prensa.

31 - Enero - 2017

Una información relevante que este periódico no podía ocultar

EL MUNDO (Director: Pedro G. Cuartango)

No toda la información que llega a un periódico se publica. Y ello por la sencilla razón de que no se puede contrastar o viola la intimidad de las personas o carece de interés público. Esto es elemental para cualquier periodista, pero es desconocido probablemente para muchos lectores. Nuestra obligación es siempre sopesar la relevancia de la información en relación al respeto de la privacidad y el honor de las personas, que también son derechos fundamentales.

Esta reflexión previa viene a cuento de la exclusiva publicada ayer por nuestro periódico, en la que revelábamos la existencia de informes policiales que acusan al CNI de encubrir una hipotética cuenta del Rey Juan Carlos en Suiza. Naturalmente nosotros no podemos determinar si el Monarca tuvo una cuenta en Suiza, de lo cual no tenemos ninguna prueba, pero lo cierto es que esas notas policiales existen y han sido entregadas al juez De la Mata que investiga a la familia Pujol.

Esos informes han sido redactados por el comisario José Manuel Villarejo, que acaba de jubilarse, y fueron entregados en el juzgado por el dueño de la agencia de detectives Método 3, cuyos empleados cobraron de los fondos reservados por trabajos para la Policía.

Para quien lo ignore, Villarejo no es un comisario cualquiera. Ha tenido altas responsabilidades en la Policía Nacional y su labor fue defendida en el Congreso por el ministro del Interior. Y, además, colaboró en la investigación judicial sobre los Pujol, lo que no significa que demos por bueno lo que dice en esas notas.

Si hemos optado por difundir la existencia de esos informes de Villarejo es sencillamente porque obran en poder del juez, porque son relevantes informativamente y porque su origen puede provocar la nulidad de parte de la investigación sobre los Pujol. Eso son los temores del juez y de la fiscal de la Audiencia Nacional, que, como hoy publicamos, interrogaron a los policías que han participado en el caso.

En el trasfondo de este oscuro affaire se halla la cuenta Soleado, abierta en Crédit Suisse en febrero de 1995, en la cual Francisco Correa, cabeza de la trama de Gürtel, depositó al menos 18 millones de euros. La cuenta estaba administrada por Arturo Fasana y se sabe que en ella había otros políticos y empresarios españoles, de los cuales se desconoce la identidad.

Hay que insistir en que pueden existir sospechas, pero que no hay ni la menor prueba de que el Rey Juan Carlos sea uno de los titulares de la cuenta. Pero nos ha parecido relevante publicar que esto es lo que sugiere en sus notas el comisario Villarejo, que apunta hacia el Monarca sin citarle expresamente.

Hay otro elemento muy importante en la información que publicábamos ayer: laguerra entre un sector de la Policía y el CNI, que, sea por las razones que sean, es algo cierto y de lo que tenemos una absoluta constancia. Esto también debe ser conocido por la opinión pública, lo cual no significa que dudemos de la honorabilidad y el afán de servicio del general Félix Sanz Roldán.

Pero lo que no es de recibo es que la investigación a la familia Pujol, que se demora sin motivo desde hace mucho tiempo, haya degenerado en un enfrentamiento entre los cuerpos de seguridad del Estado y entre los policías y los jueces.

El comisario Villarejo ha formulado graves acusaciones contra el CNI y lo ha hecho por escrito. Sus informes están el sumario. Y el CNI ha respondido a las preguntas de este periódico, subrayando que las notas de Villarejo son falsas e injuriosas. Fuentes del Centro han dejado claro que no van a permanecer con los brazos cruzados ante lo que consideran insidias del antiguo dirigente policial.

Pues bien, ha llegado el momento de que la Justicia tome cartas en este asunto y proceda a investigar -como ya ha empezado a hacer el juez De la Mata- la veracidad de las notas de Villarejo. No hay término medio: o Villarejo miente y hace un grave daño a las instituciones o dice la verdad, con todas las consecuencias que ello comporta.

Lo que no debería pasar es que este asunto fuera objeto de comentarios y polémicas que, pasados unos pocos días, quedaran relegados al olvido. Necesitamos saber la verdad y sólo el poder judicial está en condiciones de esclarecer la veracidad de esas notas y de investigar hasta el fondo la trama de los Pujol.

03 - Febrero - 2017

Chantaje al Estado

EL PAÍS (Director: Antonio Caño)

Hay que desacreditar y desarticular la estructura de policías paralegales

Las guerras entre policías son uno de los cánceres que sufren las democracias y España se ha visto envuelta en un conflicto de esas características, que el Gobierno anterior toleró y hasta alentó. El comisario jubilado José Manuel Villarejo y un grupo de policías y periodistas de su órbita han desenterrado viejas historias que afectan al rey Juan Carlos y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), mientras sugieren que les sobra arsenal con el que hacer temblar a las instituciones. Villarejo tiene un interés directo en este asunto, que es el de protegerse contra una imputación judicial por el caso conocido como el del Pequeño Nicolás.

Este comisario recibió el máximo apoyo del anterior responsable de Interior, Jorge Fernández Díaz, y del entonces director adjunto operativo, Eugenio Pino, sobre la base de los “importantes servicios para el Estado” prestados por aquel, que no explicaron. Se sabe que el origen del problema es el grupo de policías patrióticos que se ofreció o fue requerido para fabricar dosieres contra personajes públicos de Cataluña. Una trama en cuyo centro se situaba aparentemente Villarejo, apoyado por un grupo de policías instalados en altos cargos y que posteriormente quedó enfrentado a otros. De esas presuntas actuaciones irregulares surgieron fiascos como la acusación al entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, de tener una cuenta bancaria en Suiza.

Sin embargo, el exministro del Interior pareció perder el control de la situación al sufrir la grabación de una conversación con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, una vez más en busca de materiales contra el independentismo. Se ignora quién grabó exactamente ese encuentro, pero se sabe que fue una intromisión realizada con la suficiente impunidad como para convertir en inseguro el despacho oficial del responsable de la seguridad interior de España. Extrañamente, el Gobierno no ha tenido interés alguno en explicar lo sucedido a la opinión pública, pese al escándalo.

Lo primero es comprobar si el desentierro de viejas historias y la sugerencia de que se puede amenazar con más madera se trata efectivamente de un chantaje. En caso de que en las informaciones puestas ahora en circulación haya algo que investigar, que se investigue. Pero el Estado no puede dejarse chantajear por parte de antiguos servidores como Villarejo, al que se le ha permitido compaginar sus negocios privados con las atribuciones que le daba el uso de placa y pistola.

Los ciudadanos deben saber que la policía está para protegerles y no para enzarzarse en luchas paralelas. Indiscutiblemente las operaciones paralegales en Cataluña han sido un desastre. Hay que desacreditar y desarticular toda la estructura para que no se convierta en una máquina de chantaje.

10 - Febrero - 2017

Interior debe acabar con las guerras internas en la Policía

EL MUNDO (Director: Pedro G. Cuartango)

La Policía Judicial entregó ayer al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata un nuevo pendrive con información sobre los Pujol. Sin embargo, esta entrega no fue ni ordinaria ni normal, teniendo en cuenta que el responsable policial que trasladó el dispositivo electrónico al magistrado explicó que, a su vez, se lo había hecho llegar un compañero suyo tras encontrárselo “ordenando diferentes cajones de su despacho”. Así consta en la providencia -a la que ha tenido acceso EL MUNDO- dictada por De la Mata, quien también investiga el origen de un pendrive anterior que ha servido de base para los últimos informes de la Udef y que el juez sospecha que contiene información procedente del hackeo de los ordenadores del clan catalán. En realidad, fue un inspector quien halló el pendrive, precisamente, después de que la Udef fuera abroncada por la Audiencia por el dudoso origen de estas pruebas. En todo caso, esta sucesión de hechos y algunas filtraciones han puesto en evidencia la guerra interna larvada en el seno de la Policía, lo que no sólo compromete seriamente su imagen sino que amenaza con entorpecer el caso de los Pujol.

Este periódico siempre ha defendido la eficacia y la seriedad de la Policía Nacional. De ahí que consideremos inverosímil que un dispositivo con información sensible sobre la familia Pujol pueda aparecer de forma casual. Máxime teniendo en cuenta que esta investigación se remonta a varios años atrás. De la Mata ha emplazado a la Unidad de Investigación Tecnológica el próximo 14 de febrero para la “apertura, volcado y análisis del dispositivo”. Además, esta aportación llega justo después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional citara al ex número dos de la Policía, Eugenio Pino, y al comisario Marcelino Martín Blas, para que acrediten la procedencia de sus pruebas. Y cabe precisar que el origen desconocido de éstas puede provocar la nulidad parcial del procedimiento.

La pugna entre diferentes sectores revela que la Policía no siempre ha trabajado en la misma dirección. Ello constituye una anomalía gravísima que genera una lógica inquietud entre la ciudadanía. El combate contra la corrupción es una exigencia irrenunciable para el Estado, lo que pasa inexorablemente por la cohesión de la cúpula de las fuerzas de seguridad. No puede haber fisuras ni errores de bulto en este terreno, tal como advertimos tras el episodio de la detención a finales de diciembre de dos falsos islamistas en Madrid.

En consecuencia, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tiene la obligación de erradicar cualquier atisbo de división interna en la Policía, así como revisar los protocolos con el fin de intensificar la coordinación entre sus mandos y preservar la legalidad de sus actuaciones. En este sentido, resulta relevante el reciente nombramiento de Florentino Villabona como director adjunto operativo (DAO). Tanto para perseguir la corrupción como en la lucha antiterrorista, la labor de la Policía resulta clave. Y, precisamente, este compromiso es el que obliga a los responsables policiales a proceder con un respeto escrupuloso a los criterios de profesionalidad, eficacia y jerarquía que deben regir su trabajo.

En todo caso, y en aras de disipar cualquier sombra de sospecha, Zoido también debería difundir el contenido de tres informes que este Cuerpo mantiene en secreto sobre el 11-M, el caso Faisán y el crimen de Marta del Castillo. Éstos fueron encargados por Eugenio Pino, tal como él mismo desveló a este periódico. No hay razones para que la opinión pública no tenga acceso a sus conclusiones.Primero porque son causas juzgadas y, segundo, por su relevancia pública.

El padre de Marta pidió ayer al Gobierno que haga pública la investigación sobre su hija, asesinada en 2009 y cuyo cadáver sigue sin aparecer. Por otro lado, el informe sobre el 11-M podría arrojar luz sobre los fallos en la instrucción y las dudas que todavía persisten sobre la validez de algunas pruebas, como la mochila de Vallecas y la identificación de los explosivos, y los fundamentos de la sentencia.

Asimismo, el chivatazo al aparato de extorsión de ETA en el bar Faisán, en Irún, en mayo de 2006 se saldó con la condena de un año y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación a Enrique Pamies, ex jefe superior de Policía del País Vasco, y al inspector José María Ballesteros. Este periódico sostiene, ahora como entonces, que existen responsabilidades más altas en un caso que se cerró en falso. Urge, por tanto, que Interior haga público el contenido de estos dossieres.

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