Guerra en la Audiencia Nacional: fiscal jefe Aranda contra los ‘indomables’ Fungairiño, Márquez de Prado, Gordillo y Rubira

José Aranda tuvo malos presagios la noche del lunes. Ayer, se confirmaron. Quedó deshecho. Su mujer, Teresa, aportó el contrapeso: «Tratándose de las personas que están en esto, hay que tomárselo con filosofia», dijo anoche con su firme voz andaluza.Un alto cargo de la Justicia dijo a este periódico: «Han, querido demostrar que ponen los cojones sobre la mesa». Se refería a la Fiscalía General del Estado. «Si los hubieran puesto de verdad no hubieran sancionado a Aranda», dijo este cronista. «Me corriges bien. Si hubieran tenido cojones trasladaban a los dos fiscales y punto», contestó el alto cargo.

La idea de presentar una solución salomónica a las intrigas del patio de vecindad en que se había convertido la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha supuesto intentar la cura de un rasguño provocando la gangrena del órgano.

Lo que podía ser el traslado de dos fiscales por pura incompatibilidad con el fiscal jefe -para lo cual no era ni necesario el famoso informe sobre presuntas irregularidades- se ha convertido, pues, en un hecho mayor.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado admiten que ha sido una decisión traumática y arguyen que Aranda ha sido desobediente. De ahí, afirman, que a la hora de resolver medidas derivadas del informe de la inspección en la Audiencia Nacíonal también había que incluir a Aranda.

Habrá que ver cuál ha sido fa rebeldía. Pero lo cierto es que no hace mucho, el Fiscal General, Juan Ortíz Úrculo, había hablado francamente con Aranda y aceptó su decisión de permanecer al frente de la Audiencia Nacional, cuando podía optar, por ejemplo, por el Tribunal de Cuentas.

En el réquiem por Aranda habrá que decir que fueron él y el fiscal Pedro Rubira quienes solicitaron al entonces sustituto del juez Baltasar Garzón en el juzgado número 5, antes del 4 de diciembre de 1993, nuevas diligencias para evitar que prescribieran, a los diez años que se cumplían entonces, el caso Segundo Marey-GAL.

Se dirá que Aranda se anticipó a la acción popular. Pero, diga lo que se diga, Aranda evitó la prescripción. Fue Aranda quien, convencido de que los grandes delincuentes económicos campaban en este país por sus respetos impulsó la querella criminal contra Mario Conde y sus amigos.

Este es, pues, el hombre que por presunta desobediencia está propuesto para expedientar y ser trasladado de forma forzosa. Todo para simular una decisión ecuánime. Salomón es mal consejero.

Se ha dicho que la decisión que ayer adoptó el fiscal general del Estado, Juan Ortiz Urculo, es «salomónica»: propone al Gobierno el traslado forzoso del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, por un lado, y, por el otro, abre expediente sancionador contra los fiscales Ignacio Gordillo, María Dolores Márquez de Prado, Eduardo Fungairiño y Pedro Rubira. Es, en efecto, como si repartiera los castigos entre los dos bandos que se han venido enfrentando en la Audiencia Nacional desde hace tiempo. Como si pretendiera distanciarse de ambos por igual.

Pero no hay tal. Su solución es mucho más franquista que salomónica. Salomón tenía claro de qué lado estaba la razón: nunca tuvo intención de matar al niño. Era Franco el que solía penalizar por igual a cuantos osaban discutir abiertamente.

La remoción inmediata del fiscal jefe de la Audiencia podrá ser una decisión llamativa -es la primera vez que algo así ocurre-, pero entra dentro del terreno de lo facultativo: se trata de un cargo de confianza, y parece lógico que el fiscal general quiera que ese puesto lo ocupe alguien que esté en buena sintonía con él. A decir verdad, lo sorprendente sería que pudiera mantener esa sintonía con Aranda, fiscal mucho más en línea -totalmente en línea, a decir verdad- con la anterior Administración.

Lo que es imperdonable es que esa medida trate de compensarse -¿qué otra finalidad podría perseguir, si no, el anuncio simultáneo de ambas decisiones?- dictando la apertura de expedientes disciplinarios contra los fiscales Gordillo, Márquez de Prado, Rubira y Fungairiño. Basta con echar una rápida ojeada a los asuntos que pretenden fundamentar esos expedientes para apreciar que persiguen perfectas nimiedades. En todos los casos, salvo uno: la negativa del fiscal Rubira a solicitar la excarcelación de Rodríguez Galindo. Un gesto que le honró a él y que dignificó el cargo que ostenta en nombre de los ciudadanos.

¿Será necesario recordar el historial de cada cual? ¿Habrá que rememorar que, de no ser por estos fiscales que ahora expedienta Ortiz Urculo, no habría avanzado la investigación del caso GAL, no habrían sido procesados Amedo y Domínguez, no se habrían identificado los cadáveres de Lasa y Zabala, no se habría perseguido sistemáticamente el terrorismo de Estado? Si el Estado de Derecho brillara a más altura, se les rendiría homenaje de gratitud pública. A cambio, se sigue con lupa sus pasos, a ver si se olvidan de poner una póliza y cabe abrirles un expediente disciplinario.

El fiscal general del Estado -no sólo él, pero también él- parece empeñado en establecer una «tercera vía» entre quienes combaten el crimen, por encumbrados que estén sus autores, y quienes lo protegen, lo disculpan o, al menos, dificultan su castigo. Esa tercera vía no existe.

Entre los GAL y la Justicia no hay ningún limbo. Por lo menos para los justos.

Iba de justo, mi colombroño. Antes de que lo nombraran fiscal general del Estado, repartía más rayos justicieros que el propio Zeus Páter. ¡Se iban a enterar todos ésos: los del crimen de Estado, los de la cal viva, los de los fondos reservados, los de las comisiones supermillonarias! ¡Con él llegaba la Justicia, pura, entera y verdadera!

Tomó posesión del cargo -así suelen decirlo: se ve que aquí se reparten los cargos en propiedad- y, poco a poco, fue entendiendo el lenguaje de la Razón de Estado. Ya lo habla, a lo que se ve, con mucha soltura.

Esa es la diferencia insalvable que hay entre los leguleyos prêt à porter y los fiscales de la Audiencia Nacional a quienes Juan Ortiz Urculo abrió ayer no sé cuántos expedientes disciplinarios: ellos no hablan el lenguaje convenido de la Razón de Estado.

Así les va. Porque, cuando un juez o un fiscal es bueno, se inclina convenientemente y dice amén a quien manda, conformándose con aplacar su sed de justicia a costa de cualquier miserable de mierda que se le siente en el banquillo, da igual qué barbaridades haga. O lo que cobre. O de quién cobre. ¿Que un bufete de postín le paga un millón al mes por dar presuntas conferencias de las que nadie ha tenido noticia concreta jamás? Es igual: nadie es perfecto. Pero que no meta el dedo en el ojo de algún capitoste y se empeñe en que si ha delinquido tiene que ir a la cárcel, por muy importante que sea. De ser así, se le investigará hasta el ultimísimo céntimo, y se mirará con lupa cada papel que firme -no sea que haya olvidado apuntar el número de registro: crimen horrendo-, y se sacarán a la luz sus amores y sus desamores, jo, qué risa, y si tiene hermanos, pues hermanos, y si no sobrinos.

¿Que querían «manos limpias» a la española? Pues ya está: que vayan mirándose en el espejo de Di Pietro.

Ignacio Gordillo habló con Iñigo Iruin. Está claro que es intolerable. María Dolores Márquez no pasó un informe perfectamente redundante al juez. Habráse visto, la muy. Eduardo Fungairiño dice que eso es normal. Por pura complicidad, claro. Pedro Rubira se empeñó en no pedir la libertad de Enrique Rodríguez Galindo, cuando todo el mundo sabía que el pobre general jamás interferiría en la investigación amedrentando a los testigos.

Es evidente que el fiscal general del Estado no podía tolerar tanto desmán. Estaba obligado a abrirles expedientes en masa.

¿Que ha pretendido Juan Ortiz Urculo? ¿Dificultar alguna de las acciones concretas en las que están comprometidos estos fiscales? ¿O apunta más en general, tratando de evitar que haya otros miembros de la fiscalía que se animen y metan la nariz donde no les llaman?

Lo peor de todo es que creerá que, como también ha echado al fiscal jefe Aranda, felipista de pro, ha sido de lo más ecuánime. Como si la injusticia pudiera compensarse de algún modo.

Javier Órtiz

Las sanciones acordadas el pasado jueves por el fiscal general del Estado contra cuatro fiscales de la Audiencia Nacional, sometidos a expediente disciplinario tras los correspondientes informes de los servicios de inspección, han dejado insatisfechos a tirios y a troyanos; hasta Juan Ortiz Úrculo confesaba el pasado domingo a una piadosa periodista sus escrúpulos de conciencia por la decisión adoptada y ofrece ahora a los afectados el cumplimiento a la carta de las sanciones. El Consejo Fiscal -consultado sin carácter vinculante- había recomendado unánimente un castigo más severo, acorde con las propuestas del instructor; las dos asociaciones de fiscales (una conservadora y otra progresista) también criticaron la lenidad del castigo. En contraste con la benevolencia aplicada a los expedientados, el fiscal general del Estado no había vacilado meses antes en ordenar el traslado de José Aranda, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional que fue víctima de los impertinentes desplantes de estos cuatro fiscales teóricamente sometidos -según la Constitución- a «los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica».Conscientes de que no hay peor cuña que la de la misma madera, algunos de los sancionados trataron de organizar una protesta corporativa; Ignacio Gordillo (suspendido un mes de empleo y sueldo) hizo público su propósito de abandonar la Audiencia Nacional en solidaridad con María Dolores Márquez de Prado (castigada con el traslado forzoso) y anunció la futura renuncia de sus compañeros Eduardo Fungairiño y Pedro Rubira (sancionados sólo con una multa). El tono provocativo del gesto -orientado a intimidar a la ministra de Justicia ya forzar al Gobierno a levantar o suavizar las sanciones- era tan evidente que la fiscal Márquez de Prado se vio obligada anteayer a desautorizar el conato de algarada con una nota pública.

Superando las barreras del sentido del ridículo y de la vergüenza ajena, los cuatro fiscales aceptaron complacidos en su día el rótulo de los indomables, asociado a la lucha contra el crimen organizado de Al Capone emprendida por los incorruptibles policías de Eliot Ness en el Chicago de la Ley Seca; los adulatorios piropos derramados sobre los indomables por los diarios ABC y EL MUNDO y por la Radio de los Obispos suenan casi tan impúdicos como los ruborizantes elogios propinados al juez Gómez de Liaño por los mismos columnistas y tertulianos. No faltan motivos para agradecer a la Fiscalía de la Audiencia Nacional su valiente papel en la persecución del terrorismo, una firme actitud que le costó la vida a Carmen Tagle; sin embargo, los fiscales sancionados comparten esos méritos con sus compañeros del ministerio público y con los magistrados que instruyen y juzgan esos delitos. Por lo demás, el inconvincente argumento según el cual la deuda de la sociedad española con los fiscales amenazados por ETA les habría facilitado un cheque en blanco para cualquier abuso de autoridad fue ya manejado con idéntica sinrazón por los defensores de Barrionuevo, Vera y Rodríguez Galindo.

En realidad, la historia de los indomables comenzó con las interferencias producidas en la Fiscalía de la Audiencia Nacional por los sumarios relacionados con las nuevas formas de delincuencia económica. En su libro Vendetta (Plaza y Janés, 1996, capítulo 20), Ernesto Ekáizer narra el enfado bíblico de María Dolores Márquez de Prado con José Aranda después de que el fiscal jefe presentase la querella contra Mario Conde en el caso Banesto sin dársela a conocer al resto de los fiscales, a fin de prevenir eventuales filtraciones; poco después de ese desagradable choque, Javier Gómez de Liaño (entonces vocal del Consejo General del Poder Judicial) criticaría a José Aranda por haber interpuesto esa querella -condenada al fracaso, según su criterio- a espaldas de María Dolores Márquez de Prado y de sus compañeros: «Has cometido un grave error, Pepe. Has perdido la confianza de la Fiscalía».

Javier Pradera