Hormaechea dimite como Presidente de Cantabria tras ser condenado por corrupción, pero seguirá ejerciendo en funciones

La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria contra el presidente de esta comunidad autónoma, Juan Hormaechea, es buena prueba de que, pese a sus carencias, el poder judicial puede cumplir el papel de contener y sancionar las prácticas corruptas en la Administración. Al final de un arduo y laborioso proceso de cuatro años de, duración, en el que no han faltado los desplantes y los pulsos de poder a poder, el dirigente cántabro ha si do condenado a seis años y un día de prisión, mayor por un delito de malversación de caudales públicos y a dos penas de siete años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por malversación y prevaricación.Hormaechea no ha salido, pese a la rotundidad de la condena, todo lo malparado que podía haberse esperado. El tribunal no ha aceptado todos los cargos de malversación y de prevaricación que le imputaba el ministerio fiscal -y por tanto, tampoco las penas solicitadas-, y además se ha mostrado particularmente benevolente con el condenado al poner al Gobierno en el trance de indultar una parte sustancial de la pena de cárcel con el inequívoco propósito de evitarle su ingreso en prisión.

La decisión del tribunal puede resultar polémica. Pero no se sale de los parámetros en los que se mueven los tribunales cuando consideran que la pena impuesta conforme a la ley resulta en exceso rigurosa en relación con los hechos. En el caso de Hormaechea, la malversación de caudales públicos es por un importe no superior, a los dos millones y medio de pesetas. Y no hay que olvidar que la inhabilitación suele ser más temida que las condenas de cárcel por quienes delinquen en el ejercicio de un cargo público.

En todo caso, es un signo de salud del sistema democrático que delitos que todos saben que existen, pero que tan poco se persiguen, como la prevaricación, el cohecho ola malversación de fondos públicos en la esfera del poder político, o los llamados de cuello blanco en la esfera del poder económico, dejen de ser una excepción en el ejercicio de los tribunales de justicia. Sobre todo; cuando tales prácticas no acaban de encontrar la respuesta que se merecen por parte de las instancias políticas que deben ¡mpedirlas o corregirlas de inmediato.

El caso Hormaechea es un buen ejemplo de esta lenidad y complacencia, en la exigencia de responsabilidades políticas. ¿Habrá llegado, finalmente, la hora de que el Partido Popular se desmarque explícitamente de un aliado que ha llegado a insultar a sus dirigentes y que no ha dudado en traicionarles cuando lo ha creído conveniente a sus intereses? Y, sobre todo, ¿considerará Aznar que es el momento de llevar a la práctica el bello principio de «no cambiar dignidad por poder» que anunció una vez como referente ético a seguir en sus relaciones con Hormaechea?

Hormaechea ha pasado de la situación de procesado, amparado por la presunción de inocencia, a la de condenado. Y aunque la sentencia vaya a ser recurrida, los hechos declarados probados hablan por sí mismos sobre su forma de gobernar: la utilización de fondos públicos en operaciones propagandísticas de carácter personal y la adjudicación a dedo de una contrata pública a la empresa de un amigo personal. Ahora no existe pretexto alguno para que los grupos políticos cántabros más responsables sigan aparentando estar adormecidos por las artes de un gobernante considerado nefasto y que, según han denunciado más de una vez públicamente, ha dirigido toda su estrategia política «en un sentido contrarío al del interés general de los cántabros».

No es un asunto meramente partidario el que está en juego, sino el prestigio y el buen nombre de las instituciones. Porque debiera ser difícilmente soportable para una sociedad medianamente sana que un Gobierno esté presidido por quien ha sido condenado por una probada gestión delictiva al frente del mismo, corno lo es también que una Asamblea regional cuente entre sus miembros con cuatro condenados por el mismo tipo de gestión.

EL tenaz y tozudo político cántabro tiene un apellido de origen eúskaro, nacido de la yustaposición de dos palabras: etxea, que quiere decir «casa», y horma, que significa «muro». Nada más adecuado: contra el muro del bastión de Juan Hormaechea parecen destinados a estrellarse, uno tras otro, todos los intentos de normalizar la vida política cántabra. También posiblemente -por desgracia- el que se inició al mediodía de ayer con la presentación de su dimisión formal. Porque, en contra de aquello para lo que suelen servir por norma general las dimisiones, él no ha presentado la suya para irse, sino para quedarse.

Le bastará para ello con que, como es probable, ninguno de los candidatos que serán propuestos para sustituirlo obtenga los votos precisos para acceder al cargo. Dada la distribución de escaños del Parlamento cántabro (dieciséis diputados del PSOE, nueve del PP, ocho de la UPCA de Juan Hormaechea, cuatro que rompieron con él para formar su propio grupo y dos regionalistas), sólo una nueva alianza -difícil de concebir- entre el PP y los seguidores del presidente dimisionario o un entendimiento entre el PP y el PSOE -que no parece más probable- permitirían designar otro presidente. A falta de lo cual, y habida cuenta de la imposibilidad legal de disolver la cámara y convocar elecciones anticipadas, Hormaechea podrá seguir en la Presidencia de la Diputación regional «en funciones» hasta que se celebren los próximos comicios, en mayo de 1995. La dimisión le habrá servido así para mantenerse al mando de la comunidad autónoma sin tener que afrontar las mociones de censura que habían presentado tanto el PP como el PSOE y que debían empezar a debatirse mañana. Y le servirá también para preparar su presentación como candidato a las elecciones venideras, a las que piensa acudir sin preocuparse ni poco ni mucho por los problemas que su reelección podría acarrear a Cantabria, en la muy verosímil perspectiva de que el Tribunal Supremo confirme finalmente su condena.

Sólo hay un modo de echar por tierra la astuta maniobra continuista de este atrabiliario político. Es el que señaló ayer el diputado regionalista Rafael de la Sierra: que el PSOE y el PP se pongan de acuerdo para reemplazarlo. ¿Cómo? De la única forma posible: renunciando a que la Presidencia regional la ocupe un militante de uno de los dos partidos -cosa que el otro no podría aceptar-, y poniéndola en manos de un independiente que sea aceptable tanto para populares como para socialistas y que se limite a encabezar un gobierno de gestión durante el corto periodo -apenas cinco meses- que resta hasta la convocatoria de las próximas elecciones.

Claro que para llegar a esa solución haría falta que ambos partidos decidieran dar prioridad a los intereses de la región sobre los partidistas. Y no parece que ése sea el punto fuerte de ninguno de los dos.

EL PARTIDO Popular prefiere la dignidad a los votos…. siempre que esa opción le favorezca. El interminable caso Hormaechea está poniendo a prueba la solidez de los principios de algunos dirigentes de ese partido, más dispuestos a predicar con la palabra que con el ejemplo.Desde que rompieron definitivamente (segunda ruptura definitiva) con Hormaechea, los populares han venido pidiéndole que dimita. Hormaechea dijo, en enero, que lo haría si era condenado. Ya lo ha sido. Ahora hace saber, a través de su partido, que no piensa irse porque la dimisión podría interpretarse como una aceptación de culpabilidad. Sorprendente argumento que supone erigir a la propia conciencia en juez y parte de su propia causa. En todo caso, las declaraciones a una emisora de radio del dirigente popular local José Luis Vallines, el lunes por la noche, parecían indicar que ese partido confiaba todavía en una retirada voluntaria de Hormaechea y q ue por eso no consideraba la oferta socialista de negociar un pacto que permitiera forzar la salida del presidente mediante una moción de censura. Pero el martes por la mañana era su partido quien la presentaba ganando por la mano a los socialistas.

Para que cualquiera de las mociones prospere son necesarios los votos conjuntos del PP y del PSOE. Luego es imprescindible un acuerdo previo entre ambas formaciones. Los socialistas habían ofrecido una negociación. «sin condiciones», es decir, sin imponer que el candidato alternativo fuera de su partido (el PSOE tiene 16 escaños frente a 9 del PP). Una alternativa razonable sería presentar a un independiente o a un representante del minoritario Partido Regionalista. Pero el portavoz popular, Federico Trillo, ha tomado pie en esa oferta para emplazar al PSOE a apoyar al candidato popular, «ya que dicen que no ponen condiciones previas». Es un sofisma de abogado listillo. Más explícito ha sido el secretario general, Álvarez Cascos: no pactarán con el PSOE porque ya lo hicieron una vez y «el resultado fue extraordinariamente perjudicial para el Partido Popular».

Es cierto que su partido obtuvo 19 escaños en 1987, cuando la candidatura la encabezaba Hormáechea, y no pasó de: 6 en 1991 (a los que luego se sumarían tres tránsfugas de Hormaechea), tras la moción que condujo a un Gobierno de gestión con participación de socialistas y populares. Pero de lo que se trata es precisamente de marcar distancias respecto a dicho personaje, condenado por prevaricación y malversación de fondos públicos: por eso no es posible salvar a la vez los barcos y la honra; si los votos dependen de la presencia de Hormaechea, el PP tendrá que elegir entre la dignidad y las papeletas.

Por lo mismo, es también sofistico afirmar que en Cantabria existe una «mayoría natural» de centro-derecha, y que sería traicionar la voluntad popular cualquier solución que no pase por un Gobierno de esesigno. Ése fue el argumento de Martín Villa para justificar que el PP. se: envainara su dignidad y repescara a Hormaechea tras haberle reprobado unos meses antes. Y, o bien se Considera que aquella decisión fue acertada, en cuyo caso no tiene sentido plantear la moción de censura, o bien se admite que la experiencia demuestra que fue un error, en cuyo caso no es posible articular políticamente esa supuesta mayoría. Además, ya se sabe que una parte de la misma sigue apoyando a Hormaechea y, por tanto, no va a respaldar la moción contra él.

Cantabria es una de las regiones cuya economía ha retrocedido más en estos años, pese al enorme endeudamiento producido por la gestión de Hormaechea. Es también según la famosa macroencuesta del CIS sobre las regiones españolas de fines de 1992- la comunidad cuyos ciudadanos tienen peor opinión de sus gobernantes. El PP ha perdido al menos media docena de ocasiones de desligarse de Hormaechea por motivos de interés general; pero cuando lo ha hecho ha sido una vez por sus insultos contra Aznar u otros dirigentes populares en una noche de copas y la otra porque su candidatura al Senado privó al PP de una posible victoria en ese territorio en las generales de 1993.

La conclusión es que la arrogancia que afectó a los socialistas una vez en el poder está atacando a los populares antes de llegar a él. Reprochan a González supeditar los intereses del sistema a los de su partido, y ellos ni siquiera se plantean que pueda existir contradicción entre lo uno y lo otro. Les resulta moralmente intachable todo lo que les favorezca e inmoral lo que pueda perjudicarles.

Llamo síndrome Hormaechea a la confluencia de estos tres factores: una política en la que se entremezcla la corrupción con el derroche, pero que no impide el que se sigan ganando elecciones, gracias a la personalidad carismática del líder, al que una parte del electorado libra de los aspectos más escabrosos de su actividad y le vota en razón de su personalidad y sobre todo de sus obras. El síndrome Hormaechea reúne un conjunto de elementos que, a primera vista, se creerían incompatibles: la corrupción no hace disminuir, o por lo menos no elimina de raíz, la intención de voto, lo que supone un cierto control de los medios de comunicación; la personificación caudillista de la política consigue limpiar al líder de la corrupción que le envuelve; frente al que disiente, se le ningunea o se le insulta; en fin, queda legitimada por los votos una política que a toda persona un poco informada le hace llevarse las manos a la cabeza.Se equivoca el que piense que Cantabria es la excepción y que el síndrome Hormaechea es un fenómeno autóctono, exclusivo de la Montaña. Al contrario, tiene interés ocuparse de tan llamativo síndrome porque es generalizable, sin duda, a otras regiones españolas, incluso a la más diferenciada, Cataluña, en donde la corrupción que se ha detectado en el entorno del partido gobernante no ha enturbiado lo más mínimo la imagen del honorable Pujol, y, desde luego, el síndrome es fácilmente extensible al Gobierno de España, y al de otros muchos países.

La confusión respecto a la actual situación política podría atenuarse algo si utilizamos de plantilla el síndrome Hormaechea. Con su ayuda cabría dar cuenta, al menos, de la sorpresa originada por no haberse confirmado los pronósticos que se manejaron al final de la primavera, al partir del supuesto de que, por mucho que mejorase la economía, no tendría fácil recuperación un Gobierno responsable de tamaños escándalos.

Pues bien, el primer síntoma típico del cuadro patológico descrito, y que algo nos podría ayudar a entender la rentrée, es que legitimidad democrática y responsabilidad política andan disociadas por estos andurriales. Los escándalos de corrupción no afectan sustancialmente a la imagen del líder que, sin asumir la responsabilidad política que le concierne, logra mantener una porción alta de intención de voto, cuando en buena lógica democrática debería ocurrir lo contrario.

Dadas las instituciones afectadas, apenas son concebibles casos de corrupción de mayor envergadura y con una responsabilidad más directamente atribuible al presidente del Gobierno que las que encarnan los famosos Roldán y Rubio. El informe de la comisión Rubio que nos ha traído el otoño, pese a un impresionante esfuerzo por evitar nombrar responsables políticos de las irregularidades de una persona en la que «ingenuamente se había confiado» -es decir, trabajando en sentido contrario al que debería tener una comisión parlamentaria-, revela algunos datos que vuelven a señalar con el dedo al presidente como sujeto de una responsabilidad que, por otro lado, resulta obvia desde que se publicaron las primeras acusaciones y se alzaron las voces pidiendo la dimisión del gobernador del Banco de España. El presidente, objetivamente -tanta y tan ingenua confianza en las personas le descalificaría como gobernante-, ha actuado como encubridor, sin que hasta ahora haya dado explicación o excusas convincentes.

Tengo que decir que la situación tragicómica de España en este otoño de 1994 se me reveló en el momento en que, al plantearle una diputada del PP las preguntas que nos hacemos un buen montón de españoles, vimos por televisión al presidente fruncir el entrecejo. Una imagen que habla por sí misma y que, contra todos sus injustos críticos, muestra la grandeza del medio. En vez de contestar, González optó por la descalificación personal, negando incluso intencionalidad democrática a los muchos que nos hacemos las mismas preguntas. Bien sabido es que el insulto es la respuesta propia del síndrome Hormaechea -el presidente de Cantabria ya se ha sentado en el banquillo por esta manía de insultar a la gente-, y de una coincidencia me llevó a las restantes, hasta quedar de manifiesto el síndrome que queda descrito.

Descalificar desde el Gobierno la intención de una diputada, que representa a la voluntad soberana del pueblo español, es mucho más grave que el insulto que involucra esta actitud, máxime si pertenece al primer partido de la oposición, con lo que, objetivamente, se está poniendo en tela de juicio la legitimidad democrática de todo el orden establecido. Cuando Gobierno y oposición se cuestionan mutuamente su carácter democrático, el que se desacredita es el sistema en su totalidad.

Pero no hemos de juzgar con la misma dureza a los que desde el Gobierno tildan a la oposición de antidemocrática y a los que reaccionan ante una acusación que, de por sí, se revela muy poco democrática. Asociar al PP con el franquismo ha resultado tan eficaz para los intereses electorales del Gobierno como peligrosamente subversivo para el sistema. La corrupción, en primer lugar, y luego el modo que ha tenido el Gobierno de tratarla, así como el servirse del adjetivo democrático como equivalente a gubernamental y calificar de antidemocráticos a sus críticos, están produciendo un resentimiento antidemocrático generalizado por el que algún día pagaremos la factura.

La situación actual se define, no en función de las categorías de izquierda o de derecha, de centralismo o autonomismo, de democracia o autoritarismo, sino, principalmente, por la ruptura -otra vez las malditas dos Españas- entre aquellos que piensan que el no asumir las responsabilidades políticas que se derivan de los casos de corrupción representa la mayor amenaza concebible a la estabilidad democrática, y los que, al contrario, consideran que lo verdaderamente desestabilizador es que, si se llevase a sus últimas consecuencias la política de manos limpias, se desplomarían los líderes, y con ellos unos partidos, sin la menor entidad propia, hechos a su imagen y semejanza.

Para los primeros resulta intolerable que se vayan acumulando los casos de corrupción sin que los responsables den la cara. Más de un año arrastramos el caso Guerra, y como vicesecretario general del partido gobernante sigue sin asumir las responsabilidades que le conciernen, respondiendo hasta ahora, como es propio del síndrome propuesto, con el insulto a cualquiera que se lo recuerde. Desde mayo, y no sabemos aún por cuánto tiempo, soportamos a un presidente que para una parte considerable de los españoles ha perdido toda credibilidad, al no haber asumido las responsabilidades que le conciernen en los casos Roldán y Rubio, y también injuria como último y único argumento.

Unos se remiten a los valores democráticos más elementales, por los que resultan inaceptables conocidas sospechas -desde los GAL a los casos Roldán y Rubio que no han hecho más que robustecerse con el paso del tiempo y que exigen, como la sola forma de restablecer una mínima credibilidad en el sistema democrático, que se asuman las responsabilidades pertinentes. Porque si la democracia no es capaz de purificarse, al imponer las responsabilidades que correspondan, es que ya ha muerto y lo oportuno sería entonces luchar por restablecerla. Los otros, y no son pocos y sobre todo influyentes, se espantan ante semejante moralismo de los principios, y prefieren refugiarse en explicaciones sociológicas para dar cuenta de lo ocurrido. Tal vez no se pueda exterminar la corrupción; lo decisivo es mantenerla dentro de límites estrechos, y algo parece que se ha mejorado en estos últimos meses. Si Felipe González funciona como locomotora electoral, ¿qué interés puede tener su partido en sustituirlo, por escandalosas que hayan sido algunas historias? El desafecto de una parte creciente del electorado se debería más a la recesión que a los escándalos. Además, los casos conocidos esta primavera son de tal dimensión y señalan tan directamente al presidente que lo oportuno es mirar a otro lado y tratar de salvar del naufragio a los líderes políticos que se han ido consolidando en los últimos lustros. Sin ellos, sus partidos se desmoronarían, junto con el sistema. Lo importante es no caer en un perfeccionismo ético que podría dar al traste con lo conseguido, que conviene aprender a valorar antes de que lo añoremos después de haberlo derribado.

La única legitimidad es la de los votos, y un Gobierno es legítimo si caza ratones, es decir, si caza votos, sea cual fuere la política de despilfarro que lleve adelante, los casos de corrupción en los que se haya visto envuelto o los errores que haya podido cometer. Lo esencial, piensa una buena parte de los españoles, como pensaron en el pasado, es que nada cambie, unos porque se verían realmente perjudicados y otros porque creen que se verían perjudicados -el mito de la izquierda que ayuda a los más desposeídos sigue funcionando-; en fin, no faltan los que, al sentirse en una rampa con fuerte pendiente, están convencidos de que cualquier cambio no puede ser más que para peor.

La verdadera división de los españoles hoy en día es la que se advierte entre los indignados, en sus diversas formas, que llega hasta el pasotismo y la indiferencia, y los que, amarrados a la legitimidad de los votos, saben ligar sus intereses con aquellos que logran obtenerlos. Al reconocer de hecho la disonancia entre los votos y la corrupción, la política se convierte en lucha abierta por el poder, de la que han desaparecido las ideas y, sobre todo, la in dignación como impulso ético. Lo que caracteriza a las luchas intestinas en el PSOE es que los bandos en liza no se distinguen por las ideas que defienden, o por la indignación que puedan producirles las historias conocidas. Hasta ahora nadie se ha su bido a la tribuna para exigir transparencia y responsabilidad por los casos de corrupción detectados. Esta España de pandereta, dividida hoy entre los acérrimos defensores del presidente y sus no menos obstinados detractores -en esto han quedado las dos Españas famosas-, dicen que, también es el país de Europa con mayor número de insumisos y con cientos de personas acampadas por el 0,7%. Así que no perdamos la esperanza.

LA DIMISIÓN de Juan Hormaechea hace decaer las mociones de censura y plantea en términos nuevos la sucesión del ex presidente de Cantabria. Ya no es imprescindible la mayoría absoluta. Para que prospere la investidura de un candidato basta, en segunda con vocatoria, con que recoja más votos a favor que en contra. Salvo un acuerdo entre el PSOE y el PP, Hormaechea podría, bloquear cualquier elección y con ello perpetuarse en funciones hasta las elecciones de mayo. Justamente eso es lo que están obligados a impedir los dos partidos nacionales. Aunque sea al precio de que los socialistas faciliten la elección de un candidato popular. Hormaechea cuenta actualmente con ocho escaños, por nueve del PP -tres de ellos, tránsfugas- Si los demás se abstuvieran -PSOE (16), regionalistas (2) y tránsfugas (4)-, ese único voto de diferencia bastaría para investir al candidato del PP. Sería un presidente elegido por poco más de la quinta parte de los parlamentarios. Resulta inexplicable que los dos principales partidos nacionales sean incapaces de ponerse de acuerdo para remediar la parálisis de una comunidad en la que ni siquiera han podido aprobarse los Presupuestos de 1994.

Pero, tal como están las cosas, y a la vista de la negativa del PP a pactar cualquier acuerdo con el PSOE, la alternativa sería la, continuidad de Hormaechea. Éste sostiene que la sentencia ha sido injusta, y espera que el Supremo la revoque. Invoca para ello la falta de neutralidad de dos de los jueces del tribunal, por su pasado político de izquierdas. Si cabe entender que un político profesional -debutó como concejal en 1974, en el crepúsculo del franquismo- utilice todas las argucias a su alcance para prolongar su carrera, se comprende peor el empecinamiento del PP por hacer siempre aquello que favorezca esa continuidad. Alguien que ya como alcalde acumuló una docena de condenas por diversas infracciones administrativas, que había sido condenado otras dos veces por insultos, que todavía hoy sigue justificando la utilización de fondos públicos para difundir anuncios ofensivos contra sus rivales políticos, no puede ser sostenido por un partido serio.

Alegar que existe una «mayoría natural» de centroderecha no basta para justificar esa actitud. El PP no puede pretender a la vez romper con Hormaechea y recabar para sí los votos obtenidos por ese personaje. Por ello, el ultimátum lanzado por el PP -Vallines o nada- es claramente abusivo teniendo en cuenta que obtuvo 60.000 votos menos que los socialistas. Pero si éstos fueran hábiles, aceptarían el desafilo y permitirían la investidura del candidato del PP. Porque es la única manera realista de desbloquear la situación. Y porque sólo quienes demuestren estar dispuestos a supeditar sus intereses a los de Cantabria podrán salir con bien.

Una ley no escrita de la lucha política asegura que nunca hay que ceder ante el rival, porque ello produce sensación de debilidad. Tal vez ése sea el motivo de la resistencia de los socialistas cántabros a aceptar la recomendación de la dirección nacional de su partido. Sin embargo, el desprestigio que afecta a todo el personal político de la región aconseja romper esa norma. En la encuesta del CIS sobre autonomías de noviembre de1992, los políticos cántabros de todos los partidos eran los peor valorados de España (aunque, ciertamente, el que peor puntuación obtenía en la región era Vallines).

Seguramente no puede separarse esto de la demostrada incapacidad de esos políticos para supeditar sus intereses personales o de partido a los de la región. Éstos pasan ahora por evitar que un condenado por la justicia, responsable de una gestión aventurera y de atraer un descrédito sin precedentes sobre las instituciones, consiga su objetivo de seguir mandando, aunque sea en funciones. Y por eso es posible que, esta vez, el que sepa ceder sea a la larga el vencedor.