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La oposición (PSOE, PP y PRC) incapaz de consensuar un recambio

Hormaechea dimite como Presidente de Cantabria tras ser condenado por corrupción, pero seguirá ejerciendo en funciones

HECHOS

El 5.11.1994 D. Juan Hormaechea dimitió como Presidente de Cantabria tras ser condenado por malversación de caudales públicos, pero seguiría ejerciendo hasta junio de 1995.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en una sentencia de la que fue ponente el juez Claudio Movilla, condenó a seis años y un día de prisión mayor y 14 años de inhabiitación por un delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación.  En el mismo juicio fueron condenados el vicepresidente D. Roberto Bedoya y los ex consejeros D. José Parra y D. David Puebla a siete años de inhabilitación. Era la primera vez que un presidente en el ejercicio de Gobierno era condenado por corrupción.

ACUSADOS Y SENTENCIAS

JuicioHormi001 D. Juan Hormaechea (líder UPCA, ex PP) – Presidente de Cantabria – Condenado a 6 años de prisión y a siete años de inhabilitación.

JuicioHormi002 D. Roberto Bedoya (Unión por Cantabria, ex PP y ex UPCA) – Ex consejero de presidencia – Condenado a siete años de inhabilitación.

JuicioHormi007 D. José Parra (Unión por Cantabria, ex PP y ex UPCA) – Condenado a siete años de inhabilitación.

JuicioHormi006 D. David Puebla – Ex consejero de Hacienda – Condenado a siete años de inhabilitación.

JuicioHormi005 D. Gonzalo Piñeiro (PP) – Absuelto.

JuicioHormi004 D. Vicente de la Hera (UPCA) – Absuelto.

JuicioHormi003 D. Dionisio G. Cortazar – Absuelto.

25 - Octubre - 1994

La hora de Hormaechea

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria contra el presidente de esta comunidad autónoma, Juan Hormaechea, es buena prueba de que, pese a sus carencias, el poder judicial puede cumplir el papel de contener y sancionar las prácticas corruptas en la Administración. Al final de un arduo y laborioso proceso de cuatro años de, duración, en el que no han faltado los desplantes y los pulsos de poder a poder, el dirigente cántabro ha si do condenado a seis años y un día de prisión, mayor por un delito de malversación de caudales públicos y a dos penas de siete años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por malversación y prevaricación.Hormaechea no ha salido, pese a la rotundidad de la condena, todo lo malparado que podía haberse esperado. El tribunal no ha aceptado todos los cargos de malversación y de prevaricación que le imputaba el ministerio fiscal -y por tanto, tampoco las penas solicitadas-, y además se ha mostrado particularmente benevolente con el condenado al poner al Gobierno en el trance de indultar una parte sustancial de la pena de cárcel con el inequívoco propósito de evitarle su ingreso en prisión.

La decisión del tribunal puede resultar polémica. Pero no se sale de los parámetros en los que se mueven los tribunales cuando consideran que la pena impuesta conforme a la ley resulta en exceso rigurosa en relación con los hechos. En el caso de Hormaechea, la malversación de caudales públicos es por un importe no superior, a los dos millones y medio de pesetas. Y no hay que olvidar que la inhabilitación suele ser más temida que las condenas de cárcel por quienes delinquen en el ejercicio de un cargo público.

En todo caso, es un signo de salud del sistema democrático que delitos que todos saben que existen, pero que tan poco se persiguen, como la prevaricación, el cohecho ola malversación de fondos públicos en la esfera del poder político, o los llamados de cuello blanco en la esfera del poder económico, dejen de ser una excepción en el ejercicio de los tribunales de justicia. Sobre todo; cuando tales prácticas no acaban de encontrar la respuesta que se merecen por parte de las instancias políticas que deben ¡mpedirlas o corregirlas de inmediato.

El caso Hormaechea es un buen ejemplo de esta lenidad y complacencia, en la exigencia de responsabilidades políticas. ¿Habrá llegado, finalmente, la hora de que el Partido Popular se desmarque explícitamente de un aliado que ha llegado a insultar a sus dirigentes y que no ha dudado en traicionarles cuando lo ha creído conveniente a sus intereses? Y, sobre todo, ¿considerará Aznar que es el momento de llevar a la práctica el bello principio de “no cambiar dignidad por poder” que anunció una vez como referente ético a seguir en sus relaciones con Hormaechea?

Hormaechea ha pasado de la situación de procesado, amparado por la presunción de inocencia, a la de condenado. Y aunque la sentencia vaya a ser recurrida, los hechos declarados probados hablan por sí mismos sobre su forma de gobernar: la utilización de fondos públicos en operaciones propagandísticas de carácter personal y la adjudicación a dedo de una contrata pública a la empresa de un amigo personal. Ahora no existe pretexto alguno para que los grupos políticos cántabros más responsables sigan aparentando estar adormecidos por las artes de un gobernante considerado nefasto y que, según han denunciado más de una vez públicamente, ha dirigido toda su estrategia política “en un sentido contrarío al del interés general de los cántabros”.

No es un asunto meramente partidario el que está en juego, sino el prestigio y el buen nombre de las instituciones. Porque debiera ser difícilmente soportable para una sociedad medianamente sana que un Gobierno esté presidido por quien ha sido condenado por una probada gestión delictiva al frente del mismo, corno lo es también que una Asamblea regional cuente entre sus miembros con cuatro condenados por el mismo tipo de gestión.

06 - Noviembre - 1994

El muro de Hormaechea

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

EL tenaz y tozudo político cántabro tiene un apellido de origen eúskaro, nacido de la yustaposición de dos palabras: etxea, que quiere decir «casa», y horma, que significa «muro». Nada más adecuado: contra el muro del bastión de Juan Hormaechea parecen destinados a estrellarse, uno tras otro, todos los intentos de normalizar la vida política cántabra. También posiblemente -por desgracia- el que se inició al mediodía de ayer con la presentación de su dimisión formal. Porque, en contra de aquello para lo que suelen servir por norma general las dimisiones, él no ha presentado la suya para irse, sino para quedarse.

Le bastará para ello con que, como es probable, ninguno de los candidatos que serán propuestos para sustituirlo obtenga los votos precisos para acceder al cargo. Dada la distribución de escaños del Parlamento cántabro (dieciséis diputados del PSOE, nueve del PP, ocho de la UPCA de Juan Hormaechea, cuatro que rompieron con él para formar su propio grupo y dos regionalistas), sólo una nueva alianza -difícil de concebir- entre el PP y los seguidores del presidente dimisionario o un entendimiento entre el PP y el PSOE -que no parece más probable- permitirían designar otro presidente. A falta de lo cual, y habida cuenta de la imposibilidad legal de disolver la cámara y convocar elecciones anticipadas, Hormaechea podrá seguir en la Presidencia de la Diputación regional «en funciones» hasta que se celebren los próximos comicios, en mayo de 1995. La dimisión le habrá servido así para mantenerse al mando de la comunidad autónoma sin tener que afrontar las mociones de censura que habían presentado tanto el PP como el PSOE y que debían empezar a debatirse mañana. Y le servirá también para preparar su presentación como candidato a las elecciones venideras, a las que piensa acudir sin preocuparse ni poco ni mucho por los problemas que su reelección podría acarrear a Cantabria, en la muy verosímil perspectiva de que el Tribunal Supremo confirme finalmente su condena.

Sólo hay un modo de echar por tierra la astuta maniobra continuista de este atrabiliario político. Es el que señaló ayer el diputado regionalista Rafael de la Sierra: que el PSOE y el PP se pongan de acuerdo para reemplazarlo. ¿Cómo? De la única forma posible: renunciando a que la Presidencia regional la ocupe un militante de uno de los dos partidos -cosa que el otro no podría aceptar-, y poniéndola en manos de un independiente que sea aceptable tanto para populares como para socialistas y que se limite a encabezar un gobierno de gestión durante el corto periodo -apenas cinco meses- que resta hasta la convocatoria de las próximas elecciones.

Claro que para llegar a esa solución haría falta que ambos partidos decidieran dar prioridad a los intereses de la región sobre los partidistas. Y no parece que ése sea el punto fuerte de ninguno de los dos.

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