20 junio 1985

El diario EL PAÍS calificó el reportaje como ‘terrorismo televisivo’

Indignación en Alianza Popular por un reportaje de TVE contra Fraga en el telediario de Sopena, autorizado por Calviño

Hechos

  • El 19 de junio de 1985 en el telediario de las 9:00 de La 1 de TVE incluyó un reportaje de 4 minutos sobre la etapa en que el líder de Alianza Popular, Manuel Fraga. fue ministro de la Gobernación durante seis meses en el periodo 1975-1976. Alianza Popular protestó por aquella misión.

Lecturas

Como presidente de Alianza Popular y líder de Coalición Popular, Manuel Fraga era el líder de la oposición al Gobierno de Felipe González (PSOE), Gobierno que al tener mayoría absoluta en el Congreso, tenía el control sobre Radio Televisión Española (RTVE) y los telediarios. Era al Gobierno de Felipe González y Alfonso Guerra, el que había nombrado director general de RTVE a José María Calviño y era José María Calviño el que había nombrado a Enric Sopena director de los Servicios Informativos de TVE.

En aquel momento el terrorismo atacaba brutalmente en toda España y era tristemente célebre el ‘comando Madrid’ (liderado por asesinos como Iñaki de Juana y Antón Troitiño a las órdenes de Santi Potros). Manuel Fraga culpó al Gobierno de ‘debilidad’ y afirmó que si él fuera presidente del Gobierno acabaría con el terrorismo en seis meses.

En respuesta de eso, el director de los Informativos, Enric Sopena, emitió en el telediario de las 21:00 del día 19 de junio de 1985 un reportaje recordando que Manuel Fraga había estado en el Gobierno durante seis meses en 1976 y no había conseguido acabar con el terrorismo, precisamente: en esta etapa se produjeron tragedias como las de Vitoria (huelguistas asesinados a tiros por la policía) o Montejurra (carlistas asesinados por ultras). La locución del reportaje decía literalmente: “En ese periodo fueron aplastadas sin contemplaciones las manifestaciones proamnistía y en favor de las libertades públicas”. El reportaje también recordó la frase que se atribuyó en aquella época a Fraga titulado ‘la calle es mía’. En resumen, que se daba la peculiar circunstancia de que el Telediario de la única televisión existente en aquel momento, TVE, se convertía en portavoz del Gobierno para replicar al líder de la oposición. Los dirigentes de Alianza Popular expresaron su protesta y sus representantes en el consejo de RTVE dimitieron en señal de protesta.

Pese a ello, Enric Sopena, en declaraciones a EL PAÍS dejó claro lo satisfecho que estaba de su reportaje:

‘El reportaje era periodísticamente oportuno e impecable, toda vez que Manuel Fraga, había dicho, en tres días consecutivos, que tenía la fórmula para acabar con el terrorismo en seis meses. Nosotros hemos contrastado esta afirmación con lo que Manuel Fraga realizó durante los casi siete meses en que fue ministro de Gobernación, en el ejercicio de su cargo. Entiendo que el Grupo Popular proteste y que se produzcan dimisiones porque el reportaje no sea de su agrado. (…) Es posible que estas informaciones sorprendan porque todavía estamos acostumbrados a un periodismo de estereotipos. Hemos de intentar hacer periodismo libre y creo que desde el punto de vista periodístico el reportaje era impecable”.

A pesar de que EL PAÍS estaba constantemente acusado de ser el diario ‘gubernamental’ (pro-PSOE), el diario – dirigido por Juan Luis Cebrián, cuyo editorialista era Javier Pradera, publicó un editorial contra el Gobierno socialista, al que acusó de estar detrás de la actitud de Enric Sopena.

21 Junio 1985

TERRORISMO TELEVISIVO

Editorial (Director: Juan Luis Cebrián)

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La emisión en la noche del miércoles, en el telediario de más audiencia, de un reportaje retrospectivo sobre la actuación de Manuel Fraga en su época de ministro de la Gobernación del Gabinete Arias fue una demostración más de los niveles de manipulación, falta de profesionalidad, ausencia de respeto a los ciudadanos, sumisión al poder político e incapacidad de gestión que la televisión oficial ofrece a diario. Porque ese reportaje no conculcó sólo -ni principalmente- los derechos del líder de la oposición, sino también la dignidad de todos los ciudadanos. La declaración de Manuel Fraga de que acabaría con el terrorismo en seis meses si fuese presidente del Gobierno es tan absurda que ni siquiera resulta irresponsable: demuestra simplemente la incapacidad actual de este viejo corredor de fondo de la política española, que ya no sabe a qué recurrir para ocultar su falta de ideas. Por lo demás, la promesa de estados de excepción a gogó constituye la mejor garantía para los socialistas de que la derecha presidida por Fraga no es una alternativa de poder. Pero el líder de Alianza Popular tiene pleno derecho a decir estas cosas, por torpes, burdas y lamentables que resulten, sin sufrir la agresión unilateral de un medio que presumiblemente debe ser de todos.

No hemos visto todavía a los telediarios comparar las promesas realizadas hace tres años por Felipe González sobre la OTAN con sus actuales pronunciamientos sobre la Alianza Atlántica. No hemos visto a la televisión gubernamental recordar qué decía el programa electoral del PSOE sobre un problema concreto cada vez que el Gobierno hace exactamente lo contrario de lo prometido por los socialistas hace dos años y medio. Hay hemeroteca suficiente en TVE sobre los aspavientos pasados de los actuales gobernantes. Pero nadie recuerda en los telediarios que los mismos socialistas que convocaron en 1977 un pleno de las Cortes por un empujón dado por la policía de Santander a un diputado del PSOE callan ahora ante las denuncias de malos tratos o se niegan a investigar las acusaciones de espionaje policial sobre los partidos. No estamos solicitando el imposible de que lo hagan. Pedimos únicamente que la televisión pública no se convierta en un patio de monipodio; que los telediarios no se dirijan con el exclusivo ánimo de halagar a la Moncloa (por más que así sólo logren perjudicarla); que la información no se manipule; que Televisión Española no sea de un partido (ya lo fue de UCD, y menos que hoy lo es del PSOE, y recuérdese de qué les sirvió a los centristas), y que los profesionales de la información se respeten a sí mismos. Para conseguirlo deben empezar por aceptar que no es lo mismo un medio de propiedad estatal que un medio privado; que no es lo mismo un medio institucional que una radio libre; que no es lo mismo una televisión que un periódico o una revista, y que no se puede pretender ganar credibilidad informativa a base de hacer propaganda de partido y de poner chicas guapas a leer noticias que no comprenden.

Por lo demás, está claro que Fraga no acabaría con el terrorismo ni en seis meses, ni en seis años, ni en seis lustros. Pero si el Gobierno socialista no acaba con el terrorismo informativo en los medios públicos, habrá que suponer entonces que da órdenes para practicarlo. Muchos ciudadanos demócratas, progresistas y liberales, que consideran justificadamente a Manuel Fraga como el emblema de la reacción, se sintieron la otra noche, sin embargo, tan agredidos en su dignidad por Televisión Española como el líder de Alianza Popular. Ocho años después de las primeras elecciones democráticas, en la fecha de incorporación a la Europa de Occidente, Televisión Española ha vuelto a rendir homenaje a las prácticas totalitarias de una propaganda que no desprestigia al adversario al que directamente ataca sino al gobernante al que indirectamente adula.

21 Junio 1985

FRAGA, ETA y TVE

Federico Jiménez Losantos

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La próxima vez que Felipe González pida responsabilidad y restricciones a los medios de comunicación habrá que responderle que controle él primero su televisión privada – la que pagamos todos -. Porque cosas como la campaña emprendida por TVE contra Fraga tras su desafortunada, aunque legítima proclama electoral de los ‘seis meses y un día’ para acabar con ETA, convierten un servicio público en una empresa de publicidad partidista. La representante de AP en el consejo de administración de TVE ha dimitido con toda la razón, porque la peliculita informe del telediario del 19 fue de antología.

La imagen de Fraga siendo ministro de Gobernación consistió en tres bloques: policías golpeando a manifestantes que pedían libertad, fotos de asesinados por ETA, sucesos de Vitoria y Montejurra y expresivas imágenes de grupos fascistas por la calle. El toque genial fue sacar a Cherid en Montejurra, vinculando así, subliminalmente, a Fraga con el GAL. Todo fue muy sutil, pero la impresión que creaba – al menos en mí – era que la fórmula de Fraga contra ETA sería una mezcla de brutalidad policial y terrorismo parapolicial

Los esforzados Calviños se han pasado para satisfacer a su jefe Guerra. Olvidan que en el debate sobre las fuerzas de seguridad en el País Vasco, fraguistas y socialistas votaron juntos pero, lo más importante, aun así quedaron en minoría. En la lucha contra ETA tanto Gobierno como oposición deben actuar juntos, y sin felonías que sólo benefician a los terroristas y a su estrategia. Los propagandistas de TVE deben saber que para Herri Batasuna, Fraga y Barrionuevo son perfectamente intercambiables. Pero si TVE nos convence de que el enemigo de la democracia es Fraga y no ETA, no hay más que hablar.

Federico Jiménez Losantos

11 Julio 1985

Un problema jurídico... ...Y un problema polític

EL PAÍS (Editorialista: Javier Pradera)

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EL JUEZ César Uriarte ha desestimado la demanda presentada por Manuel Fraga para que Televisión Española fuese obligada a emitir un vídeo de rectificación sobre un reportaje ferozmente crítico con la etapa durante la que el presidente de Alianza Popular y jefe de la oposición parlamentaria fue ministro de la Gobernación. Sobre la oportunidad política de este reportaje ya tuvimos ocasión de opinar en su día. Hoy es preciso decir que nos satisface esta sentencia, argumentada de forma impecable por el magistrado Uriarte. Éste señala que el procedinúento de rectificación le impide «entrar en consideraciones sobre la intención, finalidad u oportunidad» del reportaje de Televisión. Indica que el contenido del documental contiene «hechos que aluden al actor, que él puede considerar inexactos y cuya divulgación puede causarle perjuicios», razón por la cual -dice- el demandante tendría derecho en principio a rectificar la información. Pero establece que el contenido del vídeo remitido por Fraga a RTVE con ese aparente propósito «nada tiene que ver con la información a rectificar», y no encaja, por consiguiente, en el ámbito delimitado por la ley orgánica del Derecho a la Rectificación, de la que quedan excluidas las opiniones y los juicios de valor.Esta sentencia tiene el indiscutible valor de hacer una aplicación estricta de la ley orgánica de 1984, reguladora del derecho de cualquier persona natural o jurídica a «rectificar la información, difundida por cualquier medio de comunicación social, de hechos que la aludan que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicios». No vamos a defender la existencia de una ley que nos parece altamente dañina para la libertad de expresión, que obliga a cumplir de hecho la pena -hacer pública la rectificación- antes de que se interponga apelación contra ella y que deposita en las manos de los jueces responsabilidades que no les son propias respecto al contenido de los medios de comunicación social. Pero en tanto la ley exista, bienvenida sea una interpretación como ésta, que tiende a no lesionar los principios de libertad de expresión.

Decimos esto porque, aunque durante la tramitación parlamentaria de este desventurado proyecto de ley algunos grupos intentaron meter de matute formulaciones equívocas que hubieran permitido ampliar su ámbito para incluir críticas y opiniones, finalmente quedaron tan sólo los hechos como materia susceptible de rectificación. Sin embargo, los juzgadores con dificultades para distinguir entre los juicios de realidad y los juicios de valor siempre podrán caer en el error de ordenar la rectificación de una opinión a la que hubieran confundido con un hecho. Baste para comprobarlo otra curiosa sentencia en la que el magistrado-juez Rafael Gómez-Chaparro obliga a EL PAÍS a publicar la rectificación remitida por un heredero de Santiago Ramón y Cajal a propósito de un artículo de colaboración firmado por Sacramento Martí. Aunque ese escrito -enviado bajo los cuidados del ultraderechista Blas Píñar en su calidad de notario- había sido ya publicado en la sección Cartas al Director, el puntilloso demandante exige para su texto iguales caracteres tipográficos que el artículo criticado, y el puntilloso magistrado le ha dado la razón.

Para justificar su veredicto, el magistrado-juez Gómez-Chaparro, en una de las sentencias más coloridas que quepa encontrar en las colecciones jurisprudenciales, aduce que Santiago Ramón y Cajal «obtuvo premios, honores y condecoraciones a tono con su categoría y ciencia» dato especialmente meritorio en una época «en la que la investigación era ciencia ignorada en España». A Rafael Gómez-Chaparro le resulta «doloroso y sorprendente» que la colaboradora de EL PAÍS, «con falta de respeto, desconsideración y propiciando una revisión en sentido negativo hacia tan ilustre persona», haya aludido al complejo de Edipo de Santiago Ramón y Cajal «y a otra serie de consideraciones que deberían provocar, según la escritora, una minusvaloración del ilustre médico». No debe saber el juzgador que Edipo era un rey colmado de honores, poder y fuerza y que, sin embargo, padecía el complejo al que ha dado nombre científico. Pero más sorprendente y absurdo resulta que el juzgador obligue a rectificar como hechos lo que la propia sentencia califica literalmente como opiniones. Rafael Gómez-Chaparro reconoce que «la expresión cínico» supone «un juicio de valor» y que el trabajo contiene «expresiones no afortunadas» destinadas a «enjuiciar» a «tan ilustre investigador»; y en la obstinada persecución de opiniones que pudieran ser rectificadas como si se tratara de hechos, el juzgador llega incluso a la conjetura de que Sacramento Martí utilizó la expresión «sabio nacional» en un «sentido peyorativo».

De la lectura de las sentencias dictadas por César Uriarte y Rafael Gómez-Chaparro se desprende que la distinción entre los hechos y las opiniones puede sembrar el desconcierto en nuestra carrera judicial. Pero el verdadero problema reside en que la ley orgánica del Derecho a la Rectificación, norma que acatamos como cualquier otra promulgada por un parlamento democrático, invade el ámbito de la libertad de expresión desde el momento en que concede a los jueces, no la facultad para sancionar eventuales delitos cometidos a través de los medios de comunicación, sino la capacidad para sustituirse en el lugar de los directores de los periódicos e imponer a los ciudadanos la lectura de los textos que consideren oportunos. Vista la sentencia del magistrado Gómez-Chaparro, preocupado incluso por los caracteres tipográficos de los textos y las secciones donde se incluyen, no resulta demasiado exagerado suponer que cunda la zozobra ante la eventualidad de que algunos jueces utilicen esa norma para convertirse en directores de periódico aficionados. La única manera eficaz de evitar esos nada improbables riesgos sería derogar la ley orgánica del Derecho a la Rectificación. Los lectores de EL PAÍS se hubieran enterado, por lo demás, de la opinión respecto a su padre, y la relación con el complejo de Edipo, que el hijo del ilustre sabio tiene, pues ya se publicó en su día, sin jueces ni leyes de por medio, en este diario.

PERO VOLVIENDO al comienzo de esta larga historia, la denegación de la demanda presentada por Fraga para conseguir que Televisión Española proyectara un vídeo sobre su etapa como ministro de la Gobernación agota el aspecto jurídico, pero no la dimensión política del problema creado.La manipulación informativa de Televisión Española en beneficio del poder no es un invento, ni mucho menos, de los socialistas, sino una constante de nuestra reciente historia política. Puesto a hacer el vídeo de Fraga, Televisión Española podía haber recordado también que éste heredó el monopolio de Gabriel Arias Salgado para potenciar la adulación al dictador y el linchamiento moral de los discrepantes entre 1962 y 1969. En la España democrática, Televisión Española ha estado al servicio de los sucesivos Gobiernos centristas, incluida la etapa en que Carlos Robles Piquer hizo compatible el apoyo al presidente Calvo Sotelo con el fortalecimiento de Alianza Popular, partido en el que hoy ocupa una elevada responsabilidad. Cuando los socialistas -entonces en la oposición- iniciaron, con motivo de una auditoría, una querella criminal contra Rafael Ansón y Fernando Arias Salgado, directores de RTVE con Adolfo Suárez, el trasfondo político de la acción penal apenas quedó disfrazado. Y si Fernando Castedo fue destituido como director del Ente Público RTVE por Leopoldo Calvo Sotelo, las claves de esa destitución tuvieron también carácter partidista y electoralista. Sin embargo, que Manuel Fraga haya sido objeto de uno de esos tratamientos a los que nos tenía acostumbrados Prado del Rey cuando el actual agredido era ministro de Información muestra hasta qué punto las antiguas víctimas pueden interiorizar en sus conciencias los principios y las pautas de conducta de sus antiguos verdugos. Una transición como la española, que se ha hecho desde la reconciliación, no debe olvidar este carácter esencial del proceso, y una televisión que es monopolista y estatal no puede comportarse con semejante prepotencia en una democracia.La pretensión de Manuel Fraga de poner su vídeo frente al vídeo de los otros era inadmisible, y responde a las pulsiones autoritarias de siempre conocidas en él. La petición de destitución del actual director general de RTVE por el Gobierno, en estricto cumplimiento del Estatuto de Televisión, es en cambio razonable si se quiere garantizar que estos atropellos políticos no vuelvan a repetirse -contra Fraga, o contra el PCE, o contra Pujol, o contra Boyer, o contra Suárez, o contra quien sea- en la próxima campaña electoral. El artículo 12 de esa norma establece que «el Gobierno podrá cesar al director general, oído el consejo de administración, mediante resolución motivada» por causa de «incompetencia manifiesta o actuación contraria a los criterios, principios u objetivos» definidos en los artículos 3º y 4º del estatuto. No sólo los socialistas tienen mayoría absoluta en el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, sino que además dos consejeros que militan en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) -Elena Vázquez y Luis Enciso- han estado a punto de ser expulsados de su partido precisamente por ser pioneros de las críticas a Calviño. En cuanto a las razones que avalarían la destitución del actual director general, el estatuto ordena que la actividad de los medios de comunicación social del Estado se inspiren en los principios de «objetividad, veracidad e imparcialidad de la información», de «separación entre informaciones y opiniones», de «respeto al pluralismo político» y a «cuantos derechos y libertades reconoce la Constitución». Tras la lectura de esas líneas, ¿puede afirmar alguien sin que se le caiga la cara de vergúenza que el estatuto de RTVE impide o dificulta al Gobierno, previo informe preceptivo y no vinculante del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, destituir a Calviño?, ¿cabe entonces alguna duda de la parcialidad que inspiró el reportaje en cuestión? El justo triunfo de TVE ante los tribunales es un triunfo para todos. Pero es el Gobierno y no los jueces quienes deben poner coto a una situación política que desdice del respeto a las más elementales normas y al funcionamiento de la democracia que unos gobernantes elegidos por el pueblo deben guardar.

El Análisis

¿DEBE TVE REPLICAR AL JEFE DE LA OPOSICIÓN?

JF Lamata

¿Era verdad que el Sr. Fraga había sido ministro e Interior, cuando este ministerio se llamaba Gobernación? Lo era. ¿Y que en ese momento no había sido capaz de acabar con el terrorismo? También. Montejurra y Vitoria también dos tristes realidades que el político gallego tuvo que arrastrar para el resto de su vida.

Por tanto TVE no dijo ninguna mentira. Lo original es que TVE estaba replicando al Sr. Fraga. El líder de la oposición había dicho que si él estuviera en el Gobierno acabaría con el terrorismo y en vez de salir D. Alfonso Guerra a recordarle que ya había estado en el Gobierno sin conseguirlo, quien replicó fue TVE, los informativos del Sr. Sopena con el visto bueno del Sr. Calviño. Aquel día ambos hicieron un gran favor a aquellos que les presentaban como propagandistas del Gobierno socialista.

J. F. Lamata