José María Aznar concede su última entrevista como Presidente del Gobierno a Alfredo Urdaci (TVE)

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer el decreto de disolución de las Cortes y el de convocatoria de nuevas elecciones. Con tal motivo, el presidente saliente hizo tres cosas: leyó una declaración institucional, dio una conferencia de prensa y ocupó el prime time de la televisión oficial con una entrevista a su mayor gloria. En la declaración habló como jefe del Gobierno, refiriéndose a los 25 años de democracia constitucional como los mejores de la historia de España, a la par que se mostraba satisfecho por su gestión. Ese tono relativamente comedido fue incapaz de mantenerlo luego ante los periodistas. Al igual que en su última intervención parlamentaria, Aznar desaprovechó una nueva oportunidad de demostrar una cierta altura de miras, ahora que está a punto de dejar el cargo.

A punto no significa que se haya retirado. No sólo es un político en activo, sino que, según ha anunciado su partido, va a participar muy activamente en la campaña del candidato del PP. Por ello, carece de justificación la iniciativa de la entrevista en la televisión -y en la radio- pública. Si el motivo era la retirada de Aznar, la entrevista debió haberse pospuesto a después de las elecciones; si era una entrevista electoral, debió plantearse de acuerdo con la normativa propia de ese periodo. El estilo deferente y entregado del entrevistador, que más que preguntar pedía confirmación a las razones que él mismo adelantaba contra eventuales críticas a la gestión del entrevistado, contribuyó a acentuar el contraste entre el pretexto institucional y el contenido partidario. El resultado fue un reflejo bastante fiel no tanto de la personalidad de Aznar como de la imagen que tiene de sí mismo: la de un hombre de palabra, que cumple, de talante moderado y dialogante.

Ha sido un hombre de palabra en una cuestión importante: dijo que no estaría más de ocho años y que se retiraría del todo, y lo ha cumplido. Su satisfacción por la gestión realizada está justificada en el terreno de la economía y la creación de empleo, aunque haya descuidado la competitividad. También en materia de lucha antiterrorista, su principal bandera, aunque la haya utilizado en demasiadas ocasiones de forma partidista. La experiencia le ha dado la razón en la iniciativa de ilegalización del brazo político de ETA y acoso a su entorno, de acuerdo con las teorías del juez Garzón.

En otros terrenos el balance es negativo, incluyendo el de la cohesión territorial. La responsabilidad principal del deterioro del consenso sobre el Estado autonómico es de los nacionalistas vascos, cuya deriva rupturista carece de justificación política. Pero un gobernante responsable lo es también de intentar que los conflictos no se hagan irreversibles, manteniendo lazos institucionales y buscando acuerdos que refuercen la unidad de Gobierno y oposición frente a los desafíos. Aznar más bien ha hecho lo contrario: en la rueda de prensa ulterior a la declaración institucional se ciñó al argumentario de campaña acusando al PSOE de haber «dejado de ser un partido nacional para asumir tesis de los independentistas».

Hay una grave contradicción en el discurso de Aznar. Orgulloso de la firmeza y coherencia del Gobierno del PP en la defensa de la cohesión territorial, la hace depender de algo tan coyuntural como la victoria electoral de su partido, se supone que por mayoría absoluta. Pobre unidad y pobre democracia son las que dependen de una elección y de un partido, que se convierte en último dique de contención de la disgregación que Aznar vaticina en caso contrario. Proyectada

a todos los terrenos -crecimiento económico, empleo, estabilidad institucional- y garantizada sólo si gana Rajoy, Aznar considera que habrá que elegir «entre estabilidad y aventura». El bronco dilema entre el PP o el caos que propone no se corresponde tampoco con la imagen de sí mismo como persona dialogante, sostenible en algunos aspectos en la primera legislatura, pero increíble a la luz de lo ocurrido en los últimos cuatro años, incluyendo la ruptura, por primera vez desde la transición, del consenso en política exterior.

Especialmente preocupante es su sectarismo ante la iniciativa de Zapatero de comprometerse a no gobernar (mediante acuerdos a todas las bandas) si el PSOE no es la fuerza más votada. Lo esencial del compromiso es la renuncia a entrar en una subasta de concesiones a posibles aliados nacionalistas, regionalistas y otros, en caso de que ninguno de los dos grandes partidos alcance la mayoría absoluta. De acuerdo con la preocupación de Aznar por la cohesión territorial, debería ser una iniciativa por la que felicitarse. Su reacción ha sido decir que Zapatero carece de credibilidad. Una reacción que cuadra mal con la imagen de dirigente centrado, reformista y dialogante que se arroga.

En el Reino Unido o en Francia sería inimaginable que el director de informativos de la televisión pública continuara en su puesto tras haber sido condenado judicialmente por manipular una noticia. Una sentencia de la Audiencia Nacional, de 23 de julio de 2003, condenó a TVE por la cobertura tendenciosa que había dado a la huelga general del 20 de junio de 2002. Casi siete meses más tarde, el director de informativos, Alfredo Urdaci, sigue en su puesto y sobre él recae, en la campaña electoral que se avecina, la obligación constitucional de garantizar el acceso a la televisión pública de «los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad» (artículo 20.3 de la Constitución Española).

Hace unos días, el director de los informativos de France 2 -el canal público francés- dimitió porque uno de sus telediarios dio una noticia errónea sobre el porvenir político de Alain Juppé. El Urdaci francés no necesitó ninguna sentencia judicial para asumir sus responsabilidades. Poco antes habían dimitido el presidente y el director general de la BBC tras la resolución de lord Hutton que censuraba a la televisión pública británica por el tratamiento dado al caso Kelly. Aunque hay razones para discrepar del fallo de lord Hutton, la BBC lo aceptó con deportividad. Las diferencias con TVE son sangrantes.

La Constitución obliga a los medios de comunicación de titularidad pública a expresar de forma imparcial la diversidad política, social y cultural de nuestro país, lo que no ha impedido que todos los Gobiernos de la democracia hayan tenido una lamentable tendencia a utilizar TVE como instrumento partidista. Pero la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional carece de precedentes. Tan grave es el asunto vigente que 506 trabajadores de los servicios informativos de TVE, sobre un censo de 1.304, están impulsando un organismo para poner coto a lo que tildan de «creciente manipulación que está mermando gravemente la credibilidad de la cadena pública y de sus trabajadores».

Obligado a leer en directo la sentencia condenatoria, Urdaci lo hizo al final de un telediario, deletreando para mayor escarnio las siglas del sindicato demandante. Impertérrito, el director de informativos se mantiene en su puesto haciendo apología del Gobierno, actuando eventualmente como entrevistador áulico de Aznar. No es de extrañar que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa citara el mes pasado a TVE como ejemplo de «manipulación informativa». España, según el Consejo de Europa, forma parte del grupo de países donde los medios de comunicación públicos siguen bajo el «control político directo» del Gobierno. ¿Tiene algo que decir al respecto el nuevo líder del PP?